Jesus Gonzalez Trinidad
Expediente 180/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 180/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Jesus Gonzalez Trinidad
- H. Junta Local Conciliacion Y Arbitraje de Iguala, Guerrero,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se tiene por recibido el oficio enviado por la presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Pruebas. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las documentales que remite. Es aplicable la tesis aislada I.5o.C.2 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de agosto de 1995, página 594, Novena Época, con número de registro 204 616, que establece: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado." Anexo. Dada la voluminosidad de las constancias que remite la autoridad responsable, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones vía electrónica, fórmese el anexo I, el que deberá estar debidamente identificado y digitalícese en el apartado de anexos de la promoción de cuenta a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., para la consulta de las partes en el expediente electrónico, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 3 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de conformidad con lo establecido en los artículos 74, fracción I y 77, de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto reclamado, por lo que para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada y determinar con exactitud la intención del quejoso, se deben armonizar todos los datos de la demanda de amparo, interpretándola en un sentido amplio y no restrictivo. En ese sentido, después del minucioso examen a la demanda de amparo, se obtiene que el presente juicio de amparo, se admitió a trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en: La omisión de dictar la resolución interlocutoria relativa al incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el expediente laboral 397/2017, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el trece de junio de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria cuya omisión se reclama, en la que se declaró improcedente el incidente de personalidad planteado por la parte actora. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional advierte que en el presente asunto, han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza de firma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)" Del anterior dispositivo se advierte que el juicio constitucional es improcedente cuando el acto reclamado ha cesado, lo que significa que la autoridad a quien se atribuyó el mismo dejó de afectar la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos que en algún momento estuvieron vulnerados como si se hubiere concedido el amparo y protección federal. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, que es de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el particular, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable al oficio de cuenta, se desprende que el trece de junio de dos mil veintitrés, dictó la resolución interlocutoria relativa al incidente de falta de personalidad planteado por la parte actora en el expediente laboral 397/2017, del que emana el acto reclamado. En esas condiciones, se reitera que el acto de omisión reclamado ha cesado en sus efectos, al haberse dictado dicha determinación cuya omisión se se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó la causa de improcedencia como estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción se plasmó en identidad de términos en la que se encuentra vigente, por lo que resulta aplicable la jurisprudencia número 59/99, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa la diversa jurisprudencia 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En razón de lo expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas del diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguense a los autos las razones de cuenta, de las que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita para notificar a la parte quejosa los proveídos de dieciséis y veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictados en el presente juicio de amparo, por los motivos que expone. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario" En ese sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista los proveídos de dieciséis y veintinueve de junio de dos mil veintitrés y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS ACUERDOS DE VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Agréguese a los autos la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita para emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados ******************** y ********************por conducto de quien legalmente los represente, por los motivos que expone. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario" En esas condiciones, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y el diverso 297, fracción II, del código supletorio, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días legalmente computados, proporcione el domicilio actual y correcto de los mencionados terceros interesados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se decretarán las medidas que se estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio actual y correcto a fin de emplazarlos al presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Agréguese a los autos la razón de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita para emplazar al presente juicio de amparo a los terceros interesados ******************** y ********************por conducto de quien legalmente los represente, por los motivos que expone. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario" En esas condiciones, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y el diverso 297, fracción II, del código supletorio, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días legalmente computados, proporcione el domicilio actual y correcto de los mencionados terceros interesados, con el apercibimiento que de no hacerlo, se decretarán las medidas que se estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio actual y correcto a fin de emplazarlos al presente juicio de amparo. Notifíquese en términos de ley.
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