Jesús González Román

Expediente 1404/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1404/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Jesús González Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE, ASÍ COMO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE SE HUBIESE RECURRIDO LA SENTENCIA AUTORIZADA EL DOCE DE FEBRERO ANTERIOR, EN LA QUE, POR UNA PARTE, SE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO Y POR OTRA SE NEGÓ EL AMPARO. SE DECLARA QUE LA MISMA HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LEY. REALÍCENSE ANOTACIONES Y, ARCHÍVESE EL PRESENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN.

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN El suscribe secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, certifico: Que los autos del expediente 1404/2018, se encuentran integrados por lo siguiente: 1) Los informes justificados requeridos a las responsables; 2) El emplazamiento de la tercero interesada Raquel Mendoza González; 3) Las pruebas documentales ofertadas por las responsables en apoyo a sus informes con justificación; y, 4) La prueba documental ofertada por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zapopan, Jalisco, doce de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe. Jorge Armando Núñez Yáñez. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Zapopan, Jalisco, a las nueve horas con veinte minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve, en el expediente relativo al juicio de amparo indirecto 1404/2018, promovido por Jesús González Román, el juez Fernando Alcázar Martínez, titular del juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa asistido de Jorge Armando Núñez Yáñez, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia constitucional fijada para este día y hora, sin asistencia personal de las partes. ABIERTA LA AUDIENCIA: El secretario da lectura a la demanda, hace una relación de constancias y da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos. EL JUEZ ACUERDA: Ténganse por reiterados los proveídos de veinte de diciembre de dos mil dieciocho y quince de enero de dos mil diecinueve, por los que se tuvieron por recibidos los informes con justificación de las responsables. ABIERTO EL PERIODO PROBATORIO: El secretario da cuenta con las pruebas documentales ofertadas por el quejoso en su escrito inicial de demanda, así como las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes con justificación. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas y desahogadas en este acto las probanzas relacionadas por el secretario judicial de la adscripción, atento a su propia y especial naturaleza. Ahora, sin más pruebas que recibir ni desahogar, se declara concluido el presente periodo. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: Ténganse por reproducidas las manifestaciones formuladas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través del pedimento 451/2018. EL JUEZ ACUERDA: Ténganse por reproducidas las manifestaciones realizadas por el Fiscal Federal adscrito, las cuales serán tomadas en consideración al resolver el presente expediente. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. ACTO CONTINUO. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se procede a emitir la resolución que en derecho corresponda; y, V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 1404/2018; y, R E S U L T A N D O: I. Demanda de amparo. Jesús González Román solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el seis de diciembre de dos mil dieciocho, contra actos de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y dirección general del Hospital Civil de Guadalajara, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 8°, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Fijación del acto reclamado. A fin de colmar los extremos previstos por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a sintetizar el acto reclamado, el cual deriva del expediente 227/2018/11-F del índice de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mismo que se hizo consistir en: La falta de convocatoria como beneficiario del extinto trabajador Guillermo González Díaz, para ejercitar los derechos correspondientes; y, En vía de consecuencia, la declaración de beneficiario decretada a favor de Raquel Mendoza González. III. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco conocer de la demanda de amparo, misma que se admitió en proveído de diez de diciembre de dos mil dieciocho; se requirió a las responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención que legalmente le corresponde a la representación Social de la Federación adscrita, quien se apersonó al presente procedimiento a través del pedimento 451/2018. Seguido el juicio por todos sus trámites legales, en esta propia data tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en los términos a que se contrae el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer del presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 35 y 37, de la Ley de Amparo; 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal "relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales"; lo anterior, en virtud de que se reclama un acto de una autoridad laboral, con ejecución en la circunscripción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. La existencia de los actos reclamados se encuentra acreditada con las copias certificadas que remitió la presidente auxiliar de la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco. TERCERO. Causas de improcedencia. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas de oficio al constituir una cuestión de orden público, tal como lo ordena el artículo 62 de la legislación en consulta. En ese sentido, este juzgador advierte que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada por el apoderado legal de la autoridad responsable Hospital Civil de Guadalajara prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en cuanto a los actos que le fueron atribuidos. En efecto, los artículos en cuestión señalan: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". ".Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Del último de los numerales trascritos, se desprende que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, la actualización de la causa de improcedencia respecto de los actos atribuidos al organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, se actualiza en la medida en que éste, dentro del procedimiento natural figura como patrón del extinto trabajador Guillermo González Díaz y, en esa medida, éste no emitió, ordenó u ejecutó el acto que creó, modificó o extinguió una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis III.4o.C.10 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que en su epígrafe y contenido establecen: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad.". Por ende, lo que en la especie procede es sobreseer en el presente sumario constitucional de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, únicamente respecto de los actos reclamados al organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. CUARTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se encuentran contenidos en la demanda de amparo, cuya trascripción se omite en este fallo por no existir obligación de realizarla por parte de este órgano jurisdiccional, sin que ello transgreda los principios de exhaustividad y congruencia. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Análisis de la cuestión planteada. Analizadas las actuaciones que integran el procedimiento laboral y los conceptos de violación, se estima que los mismos resultan infundados. A fin de arribar a la anterior determinación, es menester tener en consideración que la parte quejosa reclama, de manera substancial: La omisión en que refiere, incurrió la junta responsable de convocarle como beneficiario del extinto trabajador Guillermo González Díaz, para ejercitar los derechos correspondientes; ello, en autos del expediente 227/2018/11-F. Por su parte, de las actuaciones que integran el procedimiento del que derivan los actos reclamados destaca: Raquel Mendoza González solicitó la declaración como única y legítima beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de Guillermo González Díaz y, entre otras, exhibió el pliego testamentario folio 3947. La demanda fue radicada por la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco bajo expediente 227/2018/11-F y, con fundamento en el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, se iniciaron las investigaciones correspondientes y, además, se fijó la convocatoria para que se hicieran valer los derechos que estimaran correspondientes. Concluido el trámite correspondiente, se emitió la resolución en la que se declaró a Raquel Mendoza González, como beneficiaria de los derechos adquiridos por Guillermo González Díaz. De los antecedentes señalados, se desprende que el quejoso no fue parte formal ni material en el juicio de origen; por tanto, le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento que fue con el que compareció a instar la acción constitucional. Precisado lo anterior, debe tenerse presente que el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo estípula: "Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio." Énfasis añadido. El precepto trascrito establece que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar acciones y continuar juicios sin necesidad de radicar un juicio sucesorio. En esa medida, si como en el caso acontece, la actora en el natural Raquel Mendoza González fue designada como única beneficiaria del extinto trabajador Guillermo González Díaz, es incuestionable que a ésta contaba con legitimación para accionar la declaratoria de beneficiarios. Además, la citada beneficiaria acreditó ante la autoridad laboral que, con posterioridad a la designación realizada a su favor en el pliego testamentario en cuestión, contrajo nupcias con el extinto Guillermo González Díaz; cuestión que debía reconocerse, como así lo hizo, por la junta responsable, tal como lo sostiene la tesis I.13o.T.29 L (10a.), cuyo rubro y texto establecen: "DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBEN RECONOCER LO ASENTADO EN LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO FORMALMENTE SU NULIDAD. De la interpretación de los artículos 776, 777 y 779 de la Ley Federal del Trabajo se concluye que los beneficiarios del trabajador fallecido pueden aportar en el procedimiento laboral todo tipo de pruebas que no sean contrarias a la moral o al derecho y que resulten pertinentes para demostrar el vínculo civil que los unió con dicho trabajador, a fin de acreditar su derecho a obtener las diferentes prestaciones establecidas en las normas jurídicas que prevean un derecho de esa naturaleza. Por otro lado, de conformidad con el diverso numeral 795 del mismo ordenamiento, los documentos públicos son aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones, los que al ser expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, hacen fe en juicio sin necesidad de legalización. En congruencia, si bien las Juntas de Conciliación y Arbitraje están facultadas para apreciar la relación de parentesco sin sujetarse a las pruebas que conforme al derecho común lo acreditan, no pueden dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil, cuando éstas se presentan por el interesado, y su contraparte no demuestra su nulidad o la del acto que en ellas se consigna, al tratarse de un documento público, cuya formulación está encomendada por ley a un funcionario investido de fe pública.". Lo anterior se explica, toda vez que la autoridad laboral para determinar en el procedimiento especial de declaratoria de beneficiarios debe atender lo previsto por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron.". Énfasis añadido. De la fracción I de la citada disposición, se desprende que, presentada la solicitud de declaración de beneficiario, la junta deberá 1) iniciar la investigación tendente a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador; y, 2) convocar a los beneficiarios para que comparezcan a defender sus derechos, mediante aviso que se fije en el establecimiento en que prestaba servicios el trabajador. Dichas exigencias fueron cumplidas en el procedimiento natural, toda vez que la junta responsable en acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, determinó en lo que interesa ".se ordena practicar la investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del extinto trabajador [.] ordenándose fijar un aviso en lugar visible del establecimiento señalado así como en los estrados de este tribunal convocando a los beneficiarios."; y, en relación con tal determinación: Mediante oficio CGJ/6018/2018, el jefe del departamento jurídico contencioso del Hospital Civil de Guadalajara informó ".una vez analizado su expediente de antecedentes laborales, se observó que no registró a persona alguna con el carácter de beneficiario de sus derechos laborales."; y, De la convocatoria se desprende que la junta hizo del conocimiento ".Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo, se cita a quienes se crean con derecho de las prestaciones del trabajador fallecido, el C. GUILLERMO GONZÁLEZ DÍAZ, juicio que se tramita ante la ONCEAVA JUNTA ESPECIAL DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE JALISCO [.] bajo el número de expediente al rubro citado, para que en un término de 30 días, contados a partir de la publicación de la presente convocatoria se presenten a ejecutar sus derechos.". Por ello, si el quejoso comparece como descendiente del extinto trabajador a demandar el amparo contra la omisión de llamarle al procedimiento de designación de beneficiarios, debe decirse que no le asiste razón, pues como se evidenció: La autoridad laboral no tenía obligación de llamarle al procedimiento de manera personal, pues su ascendiente otorgó pliego testamentario en el que se designó a Raquel Mendoza González, como su única beneficiaria; La citada Mendoza González justificó haber contraído nupcias con el extinto trabajador, lo que acreditó para demostrar encontrarse en el supuesto previsto por el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; y, En las investigaciones decretadas, no se evidenció que el trabajador le hubiese designado como beneficiario de sus derechos laborales; y, Finalmente, la autoridad responsable llevó a cabo la convocatoria a que alude la fracción I del artículo 503 de la legislación en consulta. En esa medida, es que no asista razón al quejoso al demandar la falta de convocatoria al procedimiento natural, pues como quedó de manifiesto, ésta sí se llevó a cabo, tal como lo establece el artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo. En ese contexto, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, sin que este órgano jurisdiccional advierta violación en perjuicio del quejoso que le hubiese dejado sin defensa, lo procedente es negar la protección constitucional impetrada. Finalmente, indíquese Fiscal Federal de la adscripción que resulta inocuo realizar mayor pronunciamiento respecto de las manifestaciones formuladas en el pedimento 451/2018, toda vez que los alegatos no forman parte de la litis constitucional. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 al 77, 123, 124, 217; y, demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1404/2018, promovido por Jesús González Román, en contra de los actos reclamados a la dirección general del Hospital Civil de Guadalajara, los cuales se precisaron en el resultando segundo y, por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús González Román, en contra de los actos reclamados a la Décimo Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, los cuales se precisaron en el resultando segundo y, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien actúa ante Jorge Armando Núñez Yáñez, secretario que autoriza y da fe. JANY*** El secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, certifico: Que la presente actuación se encuentra incorporada al expediente electrónico respectivo, en términos del artículo 3°, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Doy fe. Jorge Armando Núñez Yáñez. _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ doce de febrero de dos mil diecinueve CERTIFICACIÓN El suscribe secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, certifico: Que los autos del expediente 1404/2018, se encuentran integrados por lo siguiente: 1) Los informes justificados requeridos a las responsables; 2) El emplazamiento de la tercero interesada Raquel Mendoza González; 3) Las pruebas documentales ofertadas por las responsables en apoyo a sus informes con justificación; y, 4) La prueba documental ofertada por el quejoso en su escrito inicial de demanda. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zapopan, Jalisco, doce de febrero de dos mil diecinueve. Doy fe. Jorge Armando Núñez Yáñez.AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

  3. Principal

    POR LAS RAZONES QUE SE EXPONEN SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, FIJANDOSE LAS NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    APODERADO LEGAL DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, RINDE SU INFORME JUSTIFICADO. SE DA VISTA A LAS PARTES PARA EL USO DE SU DERECHO; Y, HÁGASE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SEÑALA DELEGADOS. INVOCA CAUSALES DE IMPROCENCIA, CON LO CUAL SE DA VISTA A LAS PARTES Y HÁGASE RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

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