Jesus Gonzalez Otero
Expediente 591/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesus Gonzalez Otero
- Viviana Cruz Ortega
- Adolfo Avila Piñarrieta
- Magistrado Titular de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada por ese cuerpo Colegiado el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, dentro del recurso de queja 206/2017, en la cual en sus puntos resolutivos determinó: ".ÚNICO: Es infundado el recurso de queja propuesto.". Acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. Notifiquese Personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos de los cuales se advierte que las autoridades responsables, Raúl Tadeo Nava, y Gabriel Campos Torres, en su carácter de Presidente y Tesorero ambos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, no atendieron el requerimiento que les fue formulado en proveído de nueve de mayo del año en curso; se les hace efectiva la medida de apremio decretada en dicho auto, esto es, se les impone una multa consistente en cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237 fracción I y 258 ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "1" con sede en Morelos, para que haga efectiva la multa impuesta a las autoridades antes señaladas, Raúl Tadeo Nava, y Gabriel Campos Torres, en su carácter de Presidente y Tesorero ambos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, lo que deberá informar a la brevedad posible, remitiendo las constancias respectivas. Atento a lo anterior, a fin de efectuar el cobro de la multa realizada por este Juzgado Federal, se le hace de su conocimiento a la autoridad recaudadora que se cuenta con la siguiente información: Nombre: Raúl Tadeo Nava en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Nombre: Gabriel Campos Torres en su carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. Ambos con domicilio en: Portal Morelos 1, Colonia Centro, Cuautla, Morelos, C.P. 62740. Sin que sea óbice proporcional el RFC de las autoridades responsables aludidas, en virtud de que este órgano jurisdiccional no cuenta con ese dato, toda vez que el Instituto de Transparencia e Información Pública, resolvió que dicha información es confidencial y solo pueden tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello, tal como lo refiere el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ahora bien, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a Raúl Tadeo Nava, y Gabriel Campos Torres, en su carácter de Presidente y Tesorero ambos del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento en que queden legalmente notificados del presente proveído, acrediten con constancia idónea haber realizado el pago a la parte quejosa en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibidas las responsables para el caso de ser omisas de cumplir con lo aquí solicitado, se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de seis de junio de dos mil diecisiete, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil diecisiete. Vista la razón secretarial con que se da cuenta; en términos de lo dispuesto en los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso JESÚS GONZÁLEZ OTERO, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 12 y 97 fracción I, inciso a), se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de veintiséis de mayo del año en curso, por el que se desechó la presente demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 101, de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito en turno, el original del escrito de agravios por el que interpone la parte quejosa recurso de queja, el informe sobre la materia de la queja y constancias necesarias para resolver lo conducente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, la comparecencia de ratificación y firma de veinticuatro de mayo último, mediante la cual la parte quejosa Jesús González Otero, ratifica la firma que obra el escrito registrado en la oficialía de este Juzgado con folio 10653, y su contenido; por lo anterior, se tiene al quejoso en comento desahogando la prevención formulada, ahora bien, de la prevención en comento se desprende que se requirió al quejoso para el efecto de que manifestara en forma concreta si la demanda de amparo fue promovida por propio derecho o en representación de Adolfo Ávila Piñarrieta, toda vez que de su escrito inicial se advierte que también este suscribe la demanda; por lo que, de las manifestaciones de Jesús González Otero al momento de subsanar la demanda, se desprende que únicamente le asiste el carácter de quejoso en el presente juicio de amparo a Jesús González Otero; por lo anterior se le tiene subsanando la demanda de amparo en comento. Por tanto, una vez cumplido con lo solicitado por auto de veintisiete de abril último, este Juzgado se pronuncia en relación a su contenido. Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Así, tomando en consideración que el promovente del amparo en su demanda de amparo, señaló como acto reclamado lo siguiente: ".EL ACUERDO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, DONDE DETERMINA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD SIGNADO POR EL QUEJOSO DE FECHA TRECE DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD.". Por ende, y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que en contra del acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de nulidad signada por el quejoso de trece de marzo de dos mil diecisiete, procede el recurso de reclamación previsto en el artículo 137, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Dentro del cuerpo de principios fundamentales que rigen este medio de control constitucional existe el denominado principio de definitividad, consagrado en la fracción III, inciso a) tercer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por tanto, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, las cuales son, principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. Es aplicable la jurisprudencia de la literalidad siguiente: Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". El principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que ésta es una vía extraordinaria de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. De ahí que si existiese la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad se desnaturalizaría el segundo al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el juicio de amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado; si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por el interesado todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación con el que pueda combatirse el acto reclamado, que tengan como finalidad, modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Así, sólo puede promoverse el juicio de amparo cuando la legislación que norma el acto reclamado no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. En ese contexto, de la interpretación literal de la referida causal se advierte que el juicio de amparo es improcedente tratándose de actos administrativos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando el acto de autoridad deba revisarse de oficio, o bien, proceda en su contra algún medio de defensa a instancia de la parte agraviada, que lo modifique, revoque o anule. Asimismo el principio en mención prevé diversas excepciones, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, y; d) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. En este caso, el gobernado quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el artículo 137, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos prevé: "Artículo 137.- El recurso de reclamación procede en contra de las providencias o acuerdos que dicte la propia Sala." El precepto transcrito, prevé un medio de defensa que procede en contra de los acuerdos de trámite emitidos, entre otros, por el Magistrado Titular de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (autoridad señalada como responsable); por ende, debe determinarse si el acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de nulidad promovido por el quejoso, se ubica en el supuesto de acuerdo de trámite. Entonces, si el acto reclamado encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 137, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y, por tanto, el quejoso debió agotar el recurso de reclamación, previamente a la interposición del juicio de amparo, ya que aquél tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el acuerdo de quince de marzo de dos mil diecisiete, correspondiendo su conocimiento y resolución a la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. En esta tesitura, la parte agraviada no puede abandonar la defensa ordinaria establecida en la ley que regula el acto que impugna y promover el juicio de amparo, sino que debe agotar la jurisdicción ordinaria combatiendo el auto por medio del recurso de reclamación mencionado, por lo que al no hacerlo, el juicio de amparo que se promueve es improcedente. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 982, visible a fojas 674 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, Octava Época, que al rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES ADMINISTRATIVOS O DE TRABAJO.- La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Así como la tesis jurisprudencial número 968, visible en la página 678 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que al rubro dice: "RECURSOS ORDINARIOS QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO." Así, al existir medios ordinarios que establece la ley que norma el acto reclamado, como es el recurso de reclamación, es inobjetable que si no se agota el acuerdo impugnado en esta vía no tiene el carácter de definitivo, debido a que ese medio ordinario de defensa tiene como efecto revocar, modificar o nulificar el acto que se impugna. Aunado a lo anterior, no se surte alguna de las excepciones al principio de definitividad, ya que el acto no se ubica en los supuestos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque deriva de un juicio en materia administrativa que tuvo como origen la declaración de nulidad del oficio por el que se impusieron a la parte actora multas en materia fiscal. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni es una resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquiera que afecte la libertad del quejoso, como ya se estableció. Finalmente, el medio de defensa está previsto en la ley que rige el juicio de nulidad, es decir, en la de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, específicamente en el artículo 137, que prevé las hipótesis de procedencia, de ahí que el quejoso estuviera obligado a observarlo y, por ende, combatir el acuerdo reclamado en la vía ordinaria procedente. Por lo analizado, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, inciso a) tercer párrafo del artículo 107, se desecha la demanda de amparo promovida por Jesús González Otero contra actos del Magistrado Titular de la Quinta Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Morelos y otro. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa con la Secretaria MARIA DEL ROSARIO GARCIA JIMENEZ, que autoriza. Doy fe.
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