Jesús González Nicolás

Expediente 166/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
166/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Jesús González Nicolás

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    I. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  2. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Jesús González Nicolás, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en auto de dieciséis de abril del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, la intervención que tuvo el Agente del Ministerio Público en la restitución del inmueble materia del acto reclamado, asimismo, que se generó el número único de caso 1004202106102, número de expediente URU/102/00914/2021, derivado de la denuncia que presentó ante dicha autoridad; de igual forma, manifiesta que no es su deseo señalar al citado Representante Social como autoridad responsable. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es en su carácter de: AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA.- EL CONSEJO COMUNAL DENOMINADO "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", integrado por los señores: [.] OTRAS AUTORIDADES EJECUTORAS: El director, jefe o Encargado de la Policía de la Ronda o comunitaria, de la población de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán, del distrito judicial de Uruapan, Michoacán [.]. El director, jefe o Encargado de la Policía Michoacán, DESTACAMENTADO EN LA POBLACIÓN DE TINGAMBATO, MICHOACÁN. [.]". "IV. ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye: "LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN ILEGAL INCONSTITUCIONAL Y ARBITRARIA DE PRIVAR DE MI PROPIEDAD PRIVADA AL SUSCRITO. QUE A LA POSTRE, ES UN ASEGURAMIENTO DE INMUEBLE, SIN DERECHO PARA EL SUSCRITO Y FAMILIARES DE PODER INGRESAR AL MISMO, O, BIEN, SE TRATA DE UN DELITO DE DESPOJO." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De acuerdo con lo anterior, este Juzgado estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que en el caso, el acto reclamado al Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", no constituyen actos de autoridad, por lo que no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo que ahora se intenta. Al respecto los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 5º, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para efectos del juicio de amparo, se entiende por autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, el juicio de amparo únicamente será procedente contra los actos u omisiones de autoridad que se ubiquen en dichos supuestos, pues, de lo contrario, se actualiza la hipótesis de inejercitabilidad contenida en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo que implicaría un impedimento legal para estudiar la constitucionalidad de una conducta que no fue emitida por una autoridad. Ahora bien, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de estos últimos el juicio de amparo será procedente. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable ha sufrido una importante transformación a través de los tiempos, quedando ahora a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal definición. En efecto, tradicionalmente se ha sostenido el criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tal como se advierte de la tesis que aparece publicada con el número 300, en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, correspondiente a los años 1917-1988, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." El criterio supraindicado se basa a su vez en el concepto de "imperio" entendido como la potestad o parte de la fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia, bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto. De esta manera, los tribunales del Poder Judicial de la Federación sostuvieron inicialmente el criterio de que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispusieran de la fuerza pública y estuvieran en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio. No obstante la definición anterior, diversos tratadistas establecieron distintos conceptos sobre el tema en estudio, que revelaron la necesidad de ajustarlo a las nuevas realidades del actuar del Estado Mexicano, de los cuales se formuló un nuevo concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, que partía de señalar que se trata de un órgano del Estado, sin destacar la cuestión relativa al uso de la fuerza pública como distintiva de la misma e insistía como características de su actuar la unilateralidad, las facultades de decisión y ejecución y, sobre todo, el hecho de que incidan en la esfera jurídica del gobernado, tales como las entidades paraestatales. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano incrementaron con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho se pasó a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que motivó cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escaparon al concepto tradicional de autoridad. En consecuencia, la aplicación generalizada del concepto tradicional de autoridad para efectos del juicio de amparo, condujo a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que lleguen a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican, o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, ejercen facultades decisorias que les fueron atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Las consideraciones vertidas anteriormente dieron origen a la tesis del Tribunal Pleno P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, correspondiente al mes febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, tal como se expuso al principio de este fallo, y a fin de realizar una adecuada distinción de dichos actos, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Y por último, las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta necesario analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. El análisis anterior, concluyó con la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 307, tomo IX, del mes de marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En este orden de ideas, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, únicamente cuando la une con la parte quejosa, una relación de supra a subordinación, en la que ésta tiene incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que la ubican en una específica situación jurídica que le permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Acorde a lo anterior, conviene citar por identidad de criterio, la tesis aislada 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 39, tomo XIV, del mes de noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, la parte promovente se duele del hecho de que el Consejo Comunal denominado "Comunidad Indígena de San Francisco Pichátaro" sin tener el carácter de autoridad, lo despojó del inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Mariano Álvarez, sin número esquina con mirador, del Barrio de San Miguel, del Poblado de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán; lo anterior, según aduce, sin que haya mediado orden alguna por autoridad competente. Sin embargo de la lectura integral de la demanda de amparo así como de los escritorios aclaratorios respectivos se advierte que dicha desposesión no se desprende de una relación de supra subordinación, sino derivada de un acuerdo de voluntades al cual llegó el ahora quejoso Jesús González Nicolás con el Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", para la realización de la entrega en garantía de pago del inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Mariano Álvarez, sin número esquina con mirador, del Barrio de San Miguel, del Poblado de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán. En efecto, de lo precisado en el párrafo que antecede, se advierte que la desposesión del inmueble que por esta vía se reclama y su ejecución no constituyen actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen, o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte promovente del amparo. Lo anterior, toda vez que la relación entre el Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO" y la parte quejosa no es de supra subordinación, sino de coordinación, pues deriva del acuerdo de voluntades entre las partes con motivo del convenio en el cual, el quejoso otorgó en garantía de pago el inmueble que aduce es de su propiedad ubicado en Avenida Mariano Álvarez, sin número esquina con mirador, del Barrio de San Miguel, del Poblado de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán, por lo que los actos emanados de esa relación se emitieron con base en relaciones coordinadas y no en su carácter de autoridad; y, si bien puede decirse que se trata de un acto unilateral, que puede afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo es en un plano de coordinación, en su carácter de contratantes, no en una relación de gobernante y gobernado. De ahí que la relación que se da entre ambos es de particulares, es decir, en un plano de coordinación. Entonces, si la desposesión reclamada al Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", encuentra su origen en un acuerdo de voluntades, resulta evidente que los actos de las autoridades señaladas como responsables no se emitieron en un plano de superioridad, esto es, de manera unilateral, imperativa y coercitiva para afectar la esfera jurídica del particular, requisitos indispensables para considerarlos como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Aunado a que la parte promovente pretende es que se le restituya el inmueble materia del acto reclamado, esto es, su pretensión tiene como causa las obligaciones recíprocas que adquirieron las partes al celebrar el referido acuerdo de voluntades que culminó con el acto reclamado por el ahora quejoso, por lo que no existe entre las señaladas como responsables y el ahora quejoso una relación de supra a subordinación, sino que se trata de una relación entre particulares, en un plano de coordinación, lo que evidencia que tales cuestiones no pueden ser dirimidas en el juicio de amparo, sino en la vía ordinaria ante la autoridad del orden común que rija las relaciones contractuales de esa naturaleza. Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionado con el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de conformidad con el artículo 113 de la propia ley, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida Jesús González Nicolás. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    I. CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS AUTORIZADOS EL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veintidós de abril de dos mil veintiuno. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por Jesús González Nicolás, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en auto de dieciséis de abril del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, la intervención que tuvo el Agente del Ministerio Público en la restitución del inmueble materia del acto reclamado, asimismo, que se generó el número único de caso 1004202106102, número de expediente URU/102/00914/2021, derivado de la denuncia que presentó ante dicha autoridad; de igual forma, manifiesta que no es su deseo señalar al citado Representante Social como autoridad responsable. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, señala como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es en su carácter de: AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA.- EL CONSEJO COMUNAL DENOMINADO "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", integrado por los señores: [.] OTRAS AUTORIDADES EJECUTORAS: El director, jefe o Encargado de la Policía de la Ronda o comunitaria, de la población de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán, del distrito judicial de Uruapan, Michoacán [.]. El director, jefe o Encargado de la Policía Michoacán, DESTACAMENTADO EN LA POBLACIÓN DE TINGAMBATO, MICHOACÁN. [.]". "IV. ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye: "LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN ILEGAL INCONSTITUCIONAL Y ARBITRARIA DE PRIVAR DE MI PROPIEDAD PRIVADA AL SUSCRITO. QUE A LA POSTRE, ES UN ASEGURAMIENTO DE INMUEBLE, SIN DERECHO PARA EL SUSCRITO Y FAMILIARES DE PODER INGRESAR AL MISMO, O, BIEN, SE TRATA DE UN DELITO DE DESPOJO." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de garantías, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De acuerdo con lo anterior, este Juzgado estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en razón de que en el caso, el acto reclamado al Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", no constituyen actos de autoridad, por lo que no son susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo que ahora se intenta. Al respecto los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 5º, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, para efectos del juicio de amparo, se entiende por autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, el juicio de amparo únicamente será procedente contra los actos u omisiones de autoridad que se ubiquen en dichos supuestos, pues, de lo contrario, se actualiza la hipótesis de inejercitabilidad contenida en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo que implicaría un impedimento legal para estudiar la constitucionalidad de una conducta que no fue emitida por una autoridad. Ahora bien, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de estos últimos el juicio de amparo será procedente. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable ha sufrido una importante transformación a través de los tiempos, quedando ahora a cargo de los tribunales federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal definición. En efecto, tradicionalmente se ha sostenido el criterio en el sentido de que el concepto de autoridad sólo comprende a quienes disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tal como se advierte de la tesis que aparece publicada con el número 300, en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, correspondiente a los años 1917-1988, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.- El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen." El criterio supraindicado se basa a su vez en el concepto de "imperio" entendido como la potestad o parte de la fuerza pública necesaria para asegurar la ejecución de las decisiones y mandatos de la justicia, bajo ese concepto, debe entenderse que el amparo procede, no solamente contra autoridades legítimamente constituidas, sino también contra meras autoridades de facto. De esta manera, los tribunales del Poder Judicial de la Federación sostuvieron inicialmente el criterio de que la autoridad para efectos del juicio de amparo debe ser un órgano del Estado, sea persona o funcionario, o bien, entidad o cuerpo colegiado, que por circunstancias de derecho o de hecho dispusieran de la fuerza pública y estuvieran en posibilidad, por ello, de ejercer actos públicos, esto es, en ejercicio del poder de imperio. No obstante la definición anterior, diversos tratadistas establecieron distintos conceptos sobre el tema en estudio, que revelaron la necesidad de ajustarlo a las nuevas realidades del actuar del Estado Mexicano, de los cuales se formuló un nuevo concepto de autoridad responsable para efectos del amparo, que partía de señalar que se trata de un órgano del Estado, sin destacar la cuestión relativa al uso de la fuerza pública como distintiva de la misma e insistía como características de su actuar la unilateralidad, las facultades de decisión y ejecución y, sobre todo, el hecho de que incidan en la esfera jurídica del gobernado, tales como las entidades paraestatales. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano incrementaron con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho se pasó a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que motivó cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escaparon al concepto tradicional de autoridad. En consecuencia, la aplicación generalizada del concepto tradicional de autoridad para efectos del juicio de amparo, condujo a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que lleguen a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican, o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, ejercen facultades decisorias que les fueron atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Las consideraciones vertidas anteriormente dieron origen a la tesis del Tribunal Pleno P. XXVII/97, visible en la página 118, tomo V, correspondiente al mes febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, tal como se expuso al principio de este fallo, y a fin de realizar una adecuada distinción de dichos actos, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones de coordinación, corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Y por último, las relaciones de supraordinación, que son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Luego, para definir el concepto de autoridad responsable, cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación y debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener el carácter de gobernado, para lo cual resulta necesario analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo, un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. El análisis anterior, concluyó con la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la página 307, tomo IX, del mes de marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En este orden de ideas, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, únicamente cuando la une con la parte quejosa, una relación de supra a subordinación, en la que ésta tiene incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que la ubican en una específica situación jurídica que le permite crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Acorde a lo anterior, conviene citar por identidad de criterio, la tesis aislada 2a. CCIV/2001, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 39, tomo XIV, del mes de noviembre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, la parte promovente se duele del hecho de que el Consejo Comunal denominado "Comunidad Indígena de San Francisco Pichátaro" sin tener el carácter de autoridad, lo despojó del inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Mariano Álvarez, sin número esquina con mirador, del Barrio de San Miguel, del Poblado de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán; lo anterior, según aduce, sin que haya mediado orden alguna por autoridad competente. Sin embargo de la lectura integral de la demanda de amparo así como de los escritorios aclaratorios respectivos se advierte que dicha desposesión no se desprende de una relación de supra subordinación, sino derivada de un acuerdo de voluntades al cual llegó el ahora quejoso Jesús González Nicolás con el Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", para la realización de la entrega en garantía de pago del inmueble de su propiedad ubicado en Avenida Mariano Álvarez, sin número esquina con mirador, del Barrio de San Miguel, del Poblado de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán. En efecto, de lo precisado en el párrafo que antecede, se advierte que la desposesión del inmueble que por esta vía se reclama y su ejecución no constituyen actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen, o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de la parte promovente del amparo. Lo anterior, toda vez que la relación entre el Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO" y la parte quejosa no es de supra subordinación, sino de coordinación, pues deriva del acuerdo de voluntades entre las partes con motivo del convenio en el cual, el quejoso otorgó en garantía de pago el inmueble que aduce es de su propiedad ubicado en Avenida Mariano Álvarez, sin número esquina con mirador, del Barrio de San Miguel, del Poblado de Pichátaro, Municipio de Tingambato, Michoacán, por lo que los actos emanados de esa relación se emitieron con base en relaciones coordinadas y no en su carácter de autoridad; y, si bien puede decirse que se trata de un acto unilateral, que puede afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo es en un plano de coordinación, en su carácter de contratantes, no en una relación de gobernante y gobernado. De ahí que la relación que se da entre ambos es de particulares, es decir, en un plano de coordinación. Entonces, si la desposesión reclamada al Consejo Comunal denominado "COMUNIDAD INDÍGENA DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO", encuentra su origen en un acuerdo de voluntades, resulta evidente que los actos de las autoridades señaladas como responsables no se emitieron en un plano de superioridad, esto es, de manera unilateral, imperativa y coercitiva para afectar la esfera jurídica del particular, requisitos indispensables para considerarlos como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Aunado a que la parte promovente pretende es que se le restituya el inmueble materia del acto reclamado, esto es, su pretensión tiene como causa las obligaciones recíprocas que adquirieron las partes al celebrar el referido acuerdo de voluntades que culminó con el acto reclamado por el ahora quejoso, por lo que no existe entre las señaladas como responsables y el ahora quejoso una relación de supra a subordinación, sino que se trata de una relación entre particulares, en un plano de coordinación, lo que evidencia que tales cuestiones no pueden ser dirimidas en el juicio de amparo, sino en la vía ordinaria ante la autoridad del orden común que rija las relaciones contractuales de esa naturaleza. Por tanto, al quedar demostrado que en el supuesto analizado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo relacionado con el artículo 1, fracción I, y 5, fracción II, de conformidad con el artículo 113 de la propia ley, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida Jesús González Nicolás. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    I. Uruapan, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. DESAHOGA PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso Jesús González Nicolás, a través del cual, en cumplimiento a la prevención formulada en auto de nueve de abril del año en curso, abunda en los antecedentes del acto reclamado, indicando bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados, esto es, el trece de marzo de dos mil veintiuno; de igual forma, exhibe las copias de la demanda requeridas. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. CUESTIÓN PREVIA. Ahora, toda vez que del ocurso aclaratorio de cuenta se advierte que el peticionario del amparo, cumple con la prevención realizada en el citado auto; sin embargo, en la narración de los antecedentes del acto reclamado, en el punto quinto de su escrito, refiere que el diez de febrero de dos mil veintiuno, las autoridades responsables procedieron a desalojarlo de su domicilio ubicado en la Avenida Mariano Álvarez, esquina con mirador, sin número, del Barrio de San José, del Poblado de Pichataro, Municipio de Tingambato, Michoacán, del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por lo cual, acudió ante la Fiscalía de esta ciudad, a levantar la denuncia respectiva en contra de quien resulte responsable, por el delito de despojo del inmueble de su propiedad. Asimismo, que debido a la intervención del Ministerio Público de esta ciudad, se le restituyó en el uso, goce y disfrute de su propiedad. De ahí que se adviertan nuevos aspectos a dilucidar para poder fijar la litis constitucional en el presente juicio. PREVENCIÓN. En principio se precisa que el artículo 114 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la propia ley, no se acompañe el documento que acredite su personalidad o éste resulte insuficiente, no se exprese con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias para el traslado a las partes a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia. De igual forma, en los casos en que del análisis del escrito aclaratorio surjan nuevos requisitos a satisfacer, se podrá realizar una nueva prevención. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la tesis XXVII.3 K, publicada en la página 1121, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVII, Abril de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO EN EL CUMPLIMIENTO A LA PRIMERA APARECEN NUEVOS REQUISITOS A SATISFACER, OPERA UN CASO DE EXCEPCIÓN A LA REGLA DE QUE DEBEN REALIZARSE EN UN SÓLO ACUERDO." Consecuentemente, con fundamento en los artículos 108, fracción III, además del numeral 110, párrafo primero, en relación con el 114, fracciones I y II, todos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al promovente para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Articulo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y" II.." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes, en su caso, e integrar el incidente de suspensión solicitado que se tramita por cuerda separada, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes para cada una de las partes, realice lo siguiente: a) Manifieste qué intervención tuvo el Ministerio Público en la restitución del inmueble materia del acto reclamado, asimismo, si se originó algún número de expediente con motivo de la denuncia presentada. b). De igual forma, manifieste si es su deseo señalar a dicha autoridad como responsable, precisando su denominación correcta y el acto que en concreto le reclame. APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, la tramitación del presente juicio de garantías, en su caso, se seguirá únicamente por lo que ve al acto y autoridades del que se duele, en el respectivo apartado de la demanda. NOTIFÍQUESE personalmente a la parte quejosa.

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