Jesús Gontran Celaya Pino

Expediente 672/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
672/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2019

Partes del expediente

  • Jesús Gontran Celaya Pino

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que en catorce de diciembre de dos mil diecisiete (foja 27), se ordenó el archivo del presente asunto, en el que se hizo el acotamiento que el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción a partir del quince de diciembre de dos mil veintidós. Sin embargo, con fundamento en la fracción I, del punto vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece como fecha para su destrucción a partir del quince de junio de dos mil dieciocho.

  2. Principal

    JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN TIJUANA, ACUSA RECIBO DE EXPEDIENTE Y ACEPTA COMPETENCIA. ARCHIVESE.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo indirecto presentada por , con la cual promueve juicio de amparo indirecto; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 672/2017-4. -Análisis de demanda - Del análisis integral de la demanda en cuestión, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE." IV.- ACTOS RECLAMADOS: ÚNICO.- Se reclama la omisión de la Autoridad Responsable, el señalar dentro de los plazos y términos previstos por la ley para que tenga verificativo la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES, transgrediendo y vulnerando el artículo 873 y demás relativos aplicables de la ley Federal del Trabajo, ya que ha pasado en exceso el término de ley que prevén los numerales antes referidos, violando los plazos y términos que dispone la ley de la Materia, por lo que obstaculiza la impartición de justicia en forma expedida y pronta como lo dispone la carta Magna." Al respecto, debe establecerse como premisa de partida que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el amparo, por tanto no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. Ello fue así interpretado en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Sobre el tema, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." *Énfasis añadido. El precepto constitucional trascrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En concordancia con el precepto constitucional indicado, el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo dispone, en lo que aquí interesa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal, derivan las siguientes reglas de competencia que rigen en materia de amparo: a) Por regla general la competencia se determina con base en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutar en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro; será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior tenemos que si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que tenga jurisdicción del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto reclamado, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, en el particular, el quejoso señaló como autoridades responsables al Presidente de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de quien reclamó el acto consistente en el señalamiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fuera del término establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que, lo que reclama la parte promovente es que la Junta responsable señaló la citada audiencia en contravención a las formalidades previstas en la ley de la materia, por lo que la audiencia señalada para que tenga verificativo en la fecha que se presume fuera del término legal, se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California, ya que es ante dicha ciudad donde se tramita el juicio laboral 993/2017, de donde deriva las violaciones destacadas; por lo que, el Juez competente será el del lugar en donde se va a llevar a cabo la referida ejecución, esto es, la materialización de los actos jurisdiccionales que debe llevar a cabo la responsable en el juicio de origen, es en aquella entidad. Para sustentar lo anterior, es pertinente citar la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/2004-PL, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, en la parte que interesa, lo siguiente: ".Los criterios legales contenidos en el artículo 36 de la Ley de Amparo, ponen de relieve un interés especial del legislador en determinar la competencia territorial de los Jueces de Distrito conforme a razones de índole funcional, que permitan realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz. Es decir, el legislador eligió como factores que deben considerarse preferentes para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito en materia de amparo, entre varias opciones, criterios relacionados con la ejecución del acto y, en su caso, con la residencia de la autoridad responsable, atendiendo a razones de práctica, vinculadas con la eficacia y prontitud en el despacho de los asuntos, así como, evidentemente, a la efectividad y cercanía de los medios para lograr el cumplimiento, que en su caso se requiera, de la sentencia que culmine el proceso. (.) El punto concreto de contradicción radica en qué Juez de Distrito resulta competente para conocer de la constitucionalidad de la resolución dictada en segunda instancia que ordena reponer una fase procedimental llevada a cabo en primera instancia, a partir de lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Amparo. Para resolver dicho problema interpretativo es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el artículo 36 de la Ley de Amparo resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. El acto reclamado en los juicios de garantías que dieron origen a la presente contradicción es de carácter jurisdiccional, porque se trata, en ambos casos, de una resolución dictada por un tribunal de segunda instancia que ordena la reposición de una fase procedimental de primera instancia. (.) Con esa base procesal de derecho común, es posible estudiar con mayores elementos las particularidades de las resoluciones que ordenan reponer el procedimiento. Podría pensarse que las decisiones que ordenan la reposición del procedimiento han sido caracterizadas como decisiones declarativas, porque a través de ellas: 1) se declara la existencia de una violación durante el procedimiento de primera instancia; y, 2) a través de ellas no se reemplaza directamente el acto procesal ilegal por parte del tribunal de segunda instancia. (.) La demanda que tiene por objeto demostrar una violación trascendente en el procedimiento jurisdiccional de primera instancia no presenta únicamente por objeto obtener un pronunciamiento jurisdiccional en el que sólo se declare la existencia o inexistencia de la violación procesal. Ese tipo de demandas no sólo busca la declaración de la existencia de la violación procesal alegada, sino también obtener del órgano jurisdiccional de segunda instancia una orden dirigida al Juez de primera instancia para que se verifique una restitución de los derechos transgredidos. Es decir, las causales de ilegalidad previstas en la legislación procesal civil y en la normatividad procesal de los juicios agrarios, que sirvieron de base en los juicios naturales que originaron la presente contradicción de tesis para emitir las respectivas resoluciones de reposición de procedimiento, tienen por objeto que se repare la violación respectiva en orden a restaurar el estado jurídico de las cosas en beneficio de la parte respectiva. En esa medida, las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento pueden caracterizarse como decisiones jurisdiccionales declarativas de violaciones que, sin embargo, presentan como un diverso elemento una orden de hacer dirigida al órgano jurisdiccional de primera instancia, tendente a restaurar la situación procesal declarada contraria a derecho. Como se ha dicho, una decisión jurisdiccional conlleva un principio de ejecución material cuando, ante el incumplimiento del obligado, sea necesaria la realización efectiva del mandato jurídico, a través de un conjunto de actos dirigidos a ese fin, a efecto de que lo ordenado por el juzgador encuentre lugar en la realidad. En esa virtud, porque las resoluciones jurisdiccionales de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento conminan u ordenan al órgano de primera instancia a un hacer procesal, presentan un principio de ejecución en el plano jurisdiccional, ya que su efectividad precisa de un conjunto de actos tendentes a que lo ordenado por el tribunal revisor encuentre lugar en la realidad en beneficio de la parte afectada. Las razones expuestas generan que los juicios de amparo contra las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento de primera instancia deban ser del conocimiento del Juez de Distrito más cercano al órgano jurisdiccional de primera instancia que debe realizar los actos procesales tendentes a cumplir con la orden de reposición de procedimiento respectiva, con el fin de lograr la eficacia del proceso de amparo y facilitar, en su caso, el cumplimiento de la sentencia que se dicte, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia que haya dictado la resolución de reposición reclamada." (énfasis añadido). De la trasunta ejecutoria, emergió la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, marzo de 2005, novena época, localizable en la página 229, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL. Las resoluciones de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento tienen ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, los juicios de amparo en contra de dichas resoluciones, deben ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden de reposición del procedimiento respectivo, con independencia del lugar donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 36 de la Ley de Amparo." En tal virtud, conforme a la citada regla de competencia, el acto que se reclama en el presente juicio de amparo, tendrá ejecución en Tijuana, Baja California, lugar donde la responsable ya emitió el auto materia de reclamo; aunado que tendrá ejecución material fuera de la jurisdicción de este órgano constitucional, cada vez que realice una actividad jurisdiccional dentro del juicio de origen; por tanto; es competente para conocer del juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se va a ejecutar y se ejecutarán las violaciones que en esta vía se reclaman. En estas condiciones, se actualiza la hipótesis prevista en el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado habrá de tener ejecución en Tijuana, Baja California; por lo que de conformidad con el acuerdo general 3/2013 modificado por el diverso 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos que tendrán ejecución dentro del ámbito de competencia del órgano de control constitucional en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado en turno, que tenga jurisdicción en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; consecuentemente, es competente para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, el juez de distrito en turno con sede en dicha ciudad. Es aplicable por analogía, la tesis 2a./J. 47/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 201, del Tomo XXIII, Abril de 2006, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ EL LUGAR EN QUE SE HAYA REALIZADO DICHA APLICACIÓN. De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por la parte quejosa contra el primer acto de aplicación del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, con motivo de la prestación del servicio público de despacho o trámite aduanero realizado por operaciones reguladas en la Ley Aduanera, es aquel bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se hayan realizado los actos de las autoridades aduaneras, consistentes en: a) la recepción del pedimento de importación donde consta el pago del derecho de trámite aduanero; b) la revisión del pedimento y del pago respectivo; y, c) la práctica del reconocimiento aduanero". Asimismo, cobra aplicación, por las razones que la conforman, la tesis que obra en la página 97, del Informe 1972, Parte II, Materia Común, Informes, Séptima Época, de contenido siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Además, de acuerdo con las indicadas reglas, sobre la competencia en amparo, de la interpretación teleológica de las mismas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales. A las consideraciones anteriores, es aplicable la Tesis I.15o.A.41 K, publicada en la página 2288, del Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." Por lo tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo en vigor y el Acuerdo General 03/2013, apartado cuarto fracción XV, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, se declara legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo promovida por Jesús Gontran Celaya Pino, pues considera que le corresponde conocer al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en Turno, con residencia en Tijuana; por tanto infórmese de dicha determinación al citado Juez, para que, en términos del precepto legal mencionado en primer lugar, tenga a bien comunicar a este órgano jurisdiccional si acepta o no la competencia declinada en su favor, en la inteligencia que deberá enviarse el original de la demanda interpuesta y copias de traslado, previa la formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a efecto de que se provea lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del ordinal 12, de la Ley de Amparo, a Jesús Alberto Tirado Vega, Raúl Fernando Villalobos Pacheco, Yahira Yuliana García Angulo y Yerardin Servín De la Mora Castro y únicamente para oír y recibir notificaciones a Jaime Anibal Luna. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Habilitación- En aras de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos de lo que ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente, incluyendo el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental. En cumplimiento al presente proveído, se gira el siguiente oficio: 19607

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