Jesús Girón Arvayo Mendoza
Expediente 895/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesús Girón Arvayo Mendoza
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de mayo de dos mil quince. Se ordena agregar a los autos el oficio signado por Presidente de la Junta especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la razón actuarial de veintisiete de mayo de dos mil quince, de la cual se desprenden las razones por las cuales no puede dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por consiguiente, se requiere a la junta responsable, para que dentro del término de cinco días, siguientes a la notificación del presente auto remita copia certificada del acuerdo que haya recaído a la razón actuarial de veintisiete de mayo de dos mil quince. Apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 237 de la ley de la materia, con relación con el diverso artículo 259. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 2240/2014-II, promovido por la persona moral denominada "ARCOS SERCAL INMOBILIARIA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado legal, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el once de septiembre del dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado federal, la persona moral quejosa "ARCOS SERCAL INMOBILIARIA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Presidente Municipal de Cuautla, Morelos, Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos, Tesorero Municipal de Cuautla, Morelos y Comisión Federal de Electricidad. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de septiembre del dos mil catorce se admitió a trámite la demanda de garantías; se registró con el número 2240/2014-V; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación la intervención legal que le compete; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, primer párrafo, y 107 de la Ley de Amparo vigente; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, punto segundo, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, de que en la especie se promovió juicio de amparo contra una ley de observancia general en materia administrativa de aplicación en el Estado de Morelos, donde este juzgado tiene su residencia. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de forma clara y precisa los actos que en el presente juicio se reclaman, analizando en forma integral la demanda de amparo, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar la presente sentencia, tal como lo permite la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en abril de dos mil, visible a tomo XI, página 32; del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Se precisa que en capítulo relativo a los actos reclamados y del estudio integro de la demanda de garantías, la quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Del Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos. La intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, respecto a la expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 8, numeral 8.1 e inciso C), de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce. Los artículos 126, fracción VII, 128 inciso A), subinciso e), y 144 a 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Del Presidente, Cabildo y Tesorería, todos del municipio de Cuernavaca, Morelos, y de la Comisión Federal de Electricidad. La aplicación de los numerales impugnados. El cobro del derecho de alumbrado público consignado en el aviso recibo con número de servicio 297 101 139 401. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Presidente, Cabildo y Tesorería, todos del municipio de Cuautla, Morelos Morelos, consistentes en la aplicación de las leyes tildadas de inconstitucionales y el cobro del derecho de alumbrado público, no obstante que los hayan aceptado al rendir informe justificado. Lo anterior, por así desprenderse del mencionado aviso recibo del número de servicio 297 101 139 401, ya que de su texto se obtiene que lo expidió un organismo descentralizado y que no intervinieron las autoridades citadas; sin prueba en contrario presentada por la peticionaria de amparo. Documental que obra en original, valorada conforme a los artículos 133, 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. De igual forma, debe tenerse como inexistente el acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, consistente en la aplicación de los artículos 126, fracción VII y 128, inciso A), subinciso e), de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, y 8° numeral 8.1 e inciso c), de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, en virtud de que la hipótesis establecida en los primeros numerales no corresponde al entero por la contribución denominada "derecho de alumbrado público"; además porqué del aviso recibo de referencia no se advierte que dicha autoridad haya aplicado el relativo de la Ley de Ingresos, pues como más adelante se expondrá, debe considerarse que la cantidad líquida determinada por el concepto materia de análisis no corresponde al resultado de alguna de las fórmulas establecidas en dicha Ley. Por ende, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías por las autoridades y actos precisados, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Morelos, relativos a su participación en el proceso legislativo de las leyes tildadas de inconstitucionales, en su ámbito de competencia, pues así lo afirmaron al rendir sus correspondientes informes. También deben considerarse como ciertos los actos reclamados al Secretario de Gobierno de ese Estado, puesto que, pese a que recibió el oficio mediante el cual se le requirió su informe justificado, fue omiso en rendirlo; por lo tanto, conforme lo establece el artículo 117, tercer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se presumen ciertos tales actos. Además, al reclamarse la inconstitucionalidad de normas generales, éstas no son objeto de prueba, pues la certeza de ellas no depende del contenido de los informes de las responsables, pues basta que estén publicadas en el Diario o en el Periódico Oficial correspondiente para tener por acreditada su existencia, así como para que las autoridades estén obligadas a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad y en consecuencia, a conocer su contenido y alcance. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, Agosto de 2000, en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Asimismo, sirve de apoyo el criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, sustentado en la tesis VII.3o.C.16 K, publicada en la página 1343, Tomo XVIII, Septiembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por otra parte, también son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, quien rindió informe justificado por conducto del Jefe Jurídico de la Zona Cuautla de la División de Distribución Centro Sur, consistentes en el cobro del derecho de alumbrado público (DAP), según el importe plasmado en el aviso-recibo del servicio de energía eléctrica número 297 101 139 401, no obstante que lo haya negado, desvirtuándose dicha negativa con la documental que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo; así como a la aplicación de los arábigos 144 a 146 Bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. QUINTO. Causas de improcedencia. Una vez que se fijaron claramente los actos reclamados y se acreditó la existencia de algunos, corresponde analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las hagan valer las partes o, incluso, que se adviertan de oficio, pues son de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que, en atención a la técnica que impera en el juicio constitucional, tratándose del ejercicio de la acción de amparo en contra de una ley con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa; en principio, debe analizarse si el juicio es procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, esto es, que no se actualice alguna causa de improcedencia al respecto. Lo anterior en virtud que, de acontecer así, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto del acto de aplicación y hacerse extensivo a la norma legal impugnada. Caso contrario, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de las disposiciones impugnadas determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a éstas, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en contra del acto de aplicación. Esto, según puede leerse en la jurisprudencia 2ª. J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, agosto del 2000, tomo XII, página 235 (No. Registro: 191,311), que dice lo siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la intelección de este precepto, se deriva que para impugnar una ley en virtud de un acto concreto de aplicación, es menester que se acredite la existencia de ese acto. Luego, si no existe el acto de aplicación, la quejosa está imposibilitada para combatir la ley; puesto que es requisito indispensable que demuestre la existencia de la aplicación de la norma en su perjuicio, ya que ese acto materializa la oportunidad de combatir la ley. En lo conducente, es aplicable la tesis IV.2o.A.31 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 2684 (Registro: 176538), que dice lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA LEY AUTOAPLICATIVA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE ÉSTE EN SU PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA. De los artículos 21, 22 y 73, fracciones VI y XII de la Ley de Amparo, el juicio de garantías promovido contra una ley autoaplicativa puede interponerse en dos oportunidades: la primera, dentro de los treinta días contados desde que entró en vigor; la segunda, dentro de los quince días a partir del siguiente al en que tuvo lugar el primer acto de aplicación. Con base en ello, puede establecerse que si el juicio se interpone contra una ley autoaplicativa dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que entró en vigor, según el citado artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico quedará acreditado si demuestra haberse ubicado en el supuesto de la norma, ya que sólo así puede concluirse que la ley desde el momento de su iniciación de vigencia afecta los intereses jurídicos del particular. En cambio, cuando se impugna la norma autoaplicativa dentro de los quince días siguientes al primer acto concreto de aplicación, según lo establece el invocado artículo 73, fracción XII, segundo párrafo, esto es, cuando se reclama con motivo de un acto concreto de aplicación después de transcurrido el término de treinta días para impugnarla por su sola entrada en vigor, el interés jurídico del quejoso quedará acreditado no solamente con probar que se encuentra en el supuesto de la norma, sino además deberá acreditar que efectivamente le fue aplicado dicho dispositivo mediante un acto que le genera perjuicio, pues si conforme a los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías se seguirá sólo a instancia de parte agraviada, aunque aquél acredite estar en los supuestos normativos, si el acto no contiene la aplicación del precepto en su agravio, no lo habilita entonces para combatir la ley con ese motivo. Lo anterior no implica que en esta hipótesis de impugnación en el amparo contra leyes, el acto de aplicación se convierta en la fuente del perjuicio al interés jurídico, no obstante que la norma desde su entrada en vigor genera agravio en la esfera jurídica del quejoso; sino la sujeción a lo dispuesto por el legislador en los mencionados artículos 21, 22 y 73, fracción XII, referentes a las oportunidades que el gobernado tiene para impugnar la ley autoaplicativa, concretamente cuando lo hace dentro de los quince días siguientes al acto concreto de aplicación; pues dichos dispositivos sujetan la procedencia de la acción constitucional a la demostración de que el acto de aplicación se ha producido en agravio del quejoso. No basta pues argüir que como la ley es autoaplicativa debe deducirse o suponerse su aplicación, dado que esa presunción sólo opera cuando la impugnación se efectúa dentro de los primeros treinta días de vigencia. Así pues, para que resulte de observancia la hipótesis legal y jurisprudencial relativas a que las leyes autoaplicativas en todo caso pueden ser combatidas dentro de los quince días siguientes del primer acto de aplicación, es requisito indispensable que el quejoso demuestre la existencia del acto de aplicación en su perjuicio, pues es éste el que materializa la oportunidad de combatir ese tipo de normas, por tanto, dicha carga probatoria le compete al propio agraviado. Entender lo contrario, sería tanto como hacer nugatorio y dejar sin efecto lo expresamente señalado por los preceptos constitucionales y legales citados, y sobre todo la regulación que establecen respecto a las dos oportunidades de las que dispone el quejoso para ejercitar la acción constitucional, tratándose de una ley de la naturaleza referida, dado que implicaría concluir innecesario el requisito de la existencia de un acto concreto de aplicación y pasar por alto el principio básico en el juicio de amparo, de instancia de parte agraviada". Es aplicable al asunto la Jurisprudencia 2a./J. 76/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, enero de 1998, página 374 (Registro: 196955), que dice lo siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE IMPUGNAN POR SU PRETENDIDA APLICACIÓN Y NO POR SU APLICACIÓN CONCRETA, EL JUICIO DE AMPARO RESULTA IMPROCEDENTE. Si se reclama la expedición, promulgación y publicación de una ley porque con base en ella se pretende cobrar a la quejosa determinados derechos, aun cuando los actos de las autoridades se hayan tenido por presuntivamente ciertos, si no se señala el acto de aplicación, sino simplemente se expresa que las ejecutoras tratan de aplicar la ley, como no se impugna propiamente el mencionado cuerpo legal por su aplicación concreta al caso especial de la quejosa, sino por su pretendida aplicación, sin que ésta se haya demostrado, debe sobreseerse en el juicio". Para demostrar la conclusión a que se arribó, es menester dejar asentado lo que dispone el artículo 8° numeral 8.1 e inciso c) de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce impugnado, el cual en lo conducente dice: "ARTÍCULO 8º.- LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN CONFORME A LA SIGUIENTE: CONCEPTO CUOTA 8.1.- POR SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, USUARIOS DEL RELLENO SANITARIO Y POR LOS SERVICIOS OTORGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS A PARTICULARES EN LA PODA Y TALA DE ÁRBOLES. A) POR LA LIMPIEZA DE TERRENOS BALDÍOS POR CADA 100 M2 O FRACCIÓN 50 SMDV B) SERVICIOS POR LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN EVENTOS PÚBLICOS: 1.- POR BAILES PÚBLICOS 50 SDMV 2.- POR FERIAS (POR DÍA) 10 SDMV 3.- POR CIRCOS (POR DÍA) 10 SDMV 4.- POR PALENQUES O JARIPEOS (POR DÍA) 10 SDMV C) LA PRESTACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE CAUSARÁN ANUALMENTE Y SE PAGARÁN BIMESTRALMENTE, APLICÁNDOLE A LA BASE A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL SUJETO, OBJETO, ÉPOCA DE PAGO, TARIFA Y BASE GRAVABLE SIGUIENTE: SE ENTIENDE POR "DAP" LOS DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN CON EL CARÁCTER DE CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, POR PROPIETARIOS, TENEDORES, POSEEDORES DE INMUEBLES O BENEFICIARIO DIRECTO O INDIRECTO DEL MISMO, DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTIENDE POR ALUMBRADO PÚBLICO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN QUE SE PRESTA DE MANERA ARTIFICIAL EN LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE CARÁCTER MUNICIPAL Y DE USO GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON EL FIN DE QUE PREVALEZCA LA SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO EL TRÁNSITO SEGURO DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS. DE LAS LUMINARIAS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS SIGUIENTES: TRANSFORMADORES, CABLES SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE CONCRETO, BRAZOS, ABRAZADERAS, COMPONENTES DE LUMINARIAS, BALASTROS FOCOS, FOTOCELDAS, ILUMINACIONES FESTIVAS POR TEMPORADA, SEMÁFOROS, ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE FUENTES ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE ACTUANDO CONJUNTAMENTE LOS ANTERIORES ELEMENTOS SE PUEDE PRODUCIR LA ILUMINACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE CONSTITUYEN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL DEBE OPERAR DE MANERA REGULAR, CONTINUA Y UNIFORME PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE CAUSARÁ DE FORMA MENSUAL Y SUS PAGOS PODRÁN SER MENSUALES, BIMESTRALES, SEMESTRALES, ANUALES, O CUALQUIERA OTRO QUE EL CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL AYUNTAMIENTO, NO PUDIENDO SER EN MÁS DE DOCE EXPOSICIONES Y OBLIGÁNDOSE A LIQUIDAR POR ADELANTADO, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS NATURALES EN QUE INICIE DICHO PLAZO. EL PAGO DEL DERECHO ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ INDISTINTAMENTE POR LOS ORGANISMOS QUE EL AYUNTAMIENTO DESIGNE, EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES, O CUALQUIER OTRA CON LAS QUE REALICE CONVENIOS. EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER: DE MANERA MENSUAL O BIMESTRAL CUANDO SE REALICE POR MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. DE MANERA MENSUAL CUANDO SE REALICE A TRAVÉS DEL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE. DE MANERA SEMESTRAL CUANDO SE REALICE POR LA TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO; Y OTRO, QUE ACUERDE EL CONTRIBUYENTE CON EL MUNICIPIO, EN LA TESORERÍA MUNICIPAL. LA BASE GRAVABLE DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO ES LA CONTRAPRESTACIÓN POR EL APROVECHAMIENTO U OBTENCIÓN DIRECTA O INDIRECTA DEL BENEFICIO QUE OTORGA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Y QUE DEBE INCLUIR PARA SU DETERMINACIÓN TODOS AQUELLOS GASTOS QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EROGA PARA LOGRAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN TODOS LOS PUNTOS DE LUZ DE SU JURISDICCIÓN O COMPETENCIA, SIEMPRE EVALUADOS EN DINERO. ÉSTOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES RUBROS: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO. EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO. RECURSO HUMANO UTILIZADO. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, PREVENTIVA Y CORRECTIVA. MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN. ENERGÉTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO. AMPLIACIÓN DE COBERTURA, DEL SERVICIO. MODERNIZACIÓN DE LOS EQUIPOS DE ILUMINACIÓN. COSTOS FINANCIEROS POR LAS INNOVACIONES DE LOS EQUIPOS. EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN QUE CADA SUJETO PASIVO DEBE APORTAR AL MUNICIPIO COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE DETERMINA POR LA FÓRMULA SIGUIENTE: PARA SUJETOS PASIVOS QUE TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A SU CASA, HASTA ANTES DE 200 METROS LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN, PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU PROPIEDAD O PREDIO. PARA SUJETOS PASIVOS QUE NO TENGAN ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A SU CASA, DESPUÉS DE 200 METROS LINEALES EN CUALQUIER DIRECCIÓN PARTIENDO DEL LÍMITE DE SU PROPIEDAD O PREDIO. MDSIAP=Frente*(CML.P UBLICOS) +CU DONDE: MDSIAP.- ES EL MONTO DETERMINADO EN MONEDA NACIONAL DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO EVALUADO DE FORMA MENSUAL, EN TODO EL TERRITORIO MUNICIPAL. FRENTE.- ES LA CANTIDAD DE METROS LINEALES DE CARA A LA VÍA PÚBLICA QUE EL PREDIO DEL SUJETO PASIVO TENGA, SIENDO EL MÍNIMO EL QUE SE ESPECIFICA EN EL CUADRO UNO PARA CUALQUIER MODALIDAD QUE SEA DE DIFICULTAD PARA LA DETERMINACIÓN DE SU FRENTE, O BIEN QUE SEA EN TIPO CONDOMINIOS. CML.PÚBLICOS.- ES EL COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA DE LOS GASTOS POR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS ÁREAS DE LOS SITIOS PÚBLICOS DE ACCESO GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, COMO SON PARQUES PÚBLICOS, BULEVARES, EDIFICIOS PÚBLICOS, SEMÁFOROS, CANCHAS DEPORTIVAS, ILUMINACIONES FESTIVAS, ILUMINACIONES ESPECIALES, SUSTITUCIONES DE CABLES SUBTERRÁNEOS O AÉREOS, ILUMINACIÓN DE MONUMENTOS, ENERGÍA DE LAS FUENTES, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTE A ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS, QUE CORRESPONDE AL PROMEDIO DE DISTANCIA INTERPOSTAL DE LUMINARIAS. CML. COMÚN.- ES EL COSTO POR METRO LINEAL OBTENIDO DE LA SUMA DE LOS GASTOS POR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DE LOS ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN, ADEMÁS DE LOS ENERGÉTICOS DE LOS SITIOS GENERALES DEL MUNICIPIO QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN CML. PÚBLICOS, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE LUMINARIAS QUE PRESTEN ESTE SERVICIO, EL RESULTADO SE DIVIDE ENTRE LA CONSTANTE DE VEINTE METROS DE DISTANCIA PROMEDIO INTERPOSTAL DE LUMINARIAS. CU.- ES EL COSTO UNITARIO POR LOS GASTOS GENERALES DEL SERVICIO, QUE SE OBTIENE DE LA SUMA DE LOS GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SERVICIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE TRABAJO, INVERSIONES EN INVESTIGACIÓN Y MEJORA QUE REALICE EL MUNICIPIO, DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE SUJETOS PASIVOS REGISTRADOS EN EL CATASTRO. EL AYUNTAMIENTO DEBERÁ PUBLICAR, PREVIO A CADA EJERCICIO FISCAL, LOS VALORES DE CML. PÚBLICOS, CML. COMUNES Y CU EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EL AYUNTAMIENTO PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, QUE TENDRÁN POR OBJETO QUE COBRE EL MONTO MÍNIMO DE LA CONTRIBUCIÓN DETERMINADO EN LA TABLA DE MONTOS MÍNIMOS DE PAGOS DADO EN METROS, QUE LOS SUJETOS PASIVOS DEBEN PAGAR AL MUNICIPIO POR EL APROVECHAMIENTO Y/O USO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. DE IGUAL FORMA, EL MUNICIPIO PODRÁ CONVENIR CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD QUE LOS EXCEDENTES DE LA RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE DAP SEAN DEVUELTOS AL MUNICIPIO PARA QUE ÉSTE LOS APLIQUE EN EL MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA TESORERÍA MUNICIPAL DEBERÁ ASIGNAR EL MONTO TOTAL DEL DINERO EXCEDENTE ÚNICAMENTE PARA LA CONSTANTE MODERNIZACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO DE ACLARACIÓN EN CASO DE QUE ALGÚN SUJETO PASIVO ESTÉ INCONFORME CON LA CUOTA QUE ESTABLECE SU TARIFA POR METRO LINEAL O CON LA TOTALIDAD O PARCIALIDAD DE LOS BENEFICIOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, PODRÁ OCURRIR ANTE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, QUIEN PODRÁ ORDENAR QUE SE RECTIFIQUE EL NÚMERO DE METROS LINEALES DE SU INMUEBLE Y SE REAJUSTE SU MONTO A CONTRIBUIR. EL QUEJOSO, DENTRO DE LOS PRIMEROS TREINTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE OCURRIÓ EL ACTO POR EL CUAL SOLICITA LA ACLARACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO SU RECURSO DE ACLARACIÓN EN DONDE EXPRESE: NOMBRE COMPLETO, DOMICILIO OFICIAL PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y TELÉFONO(S); CARTA PODER O PODER NOTARIAL EN CASO DE SER PERSONAS MORALES O MENCIÓN DE PROMOVER EL RECURSO POR SU PROPIO DERECHO; EL NÚMERO DE MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SU INMUEBLE; LOS HECHOS EN QUE FUNDE SU DICHO; LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN QUE FUNDE SU DICHO; EL DERECHO RECLAMADO; Y LAS PRUEBAS DOCUMENTALES, PÚBLICAS Y PRIVADAS, EN QUE FUNDE SU DICHO. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE PRESENTÓ EL RECURSO DE ACLARACIÓN, DEBERÁ RESOLVER DE FORMA ESCRITA Y POR NOTIFICACIÓN PERSONAL AL RECURRENTE, PREVIA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR EL RECURRENTE, SI HA PROBADO O NO SU DICHO Y EN SU CASO, EL REAJUSTE DE SU MONTO DE CONTRIBUCIÓN. EN CASO DE NO RECIBIR LA NOTIFICACIÓN A QUE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL RECURRENTE PODRÁ SOLICITARLA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA RECURRIDA, QUIEN DEBERÁ HACERLO ENTONCES, DENTRO DE LOS TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SEGUNDA SOLICITUD. D) POR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA SE CAUSARÁN DERECHOS CONFORME A LO SIGUIENTE: 1.-EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, DISTRIBUIDORAS Y COMISIÓNISTAS POR SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN SU DOMICILIO, POR CADA TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA. 6 SMDV 2.- LAS EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR SERVICIOS ESPECIALES POR RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO TÓXICOS Y RESIDUOS PROVENIENTES DE RASTROS Y HOSPITALES PAGARÁN POR TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, PREVIA INSPECCIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO Y/O CERTIFICADO CRETIB 6 A 10 SMDV 3.- LAS EMPRESAS, ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PARTICULARES QUE SOLICITEN EL SERVICIO ESPECIAL DE RECOLECCIÓN DE BASURA EXCLUSIVAMENTE DE HOJAS DE PLANTAS, RAMAS Y TRONCOS, DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO PAGARÁN POR TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA 5 SMDV 4.- LOS ESTABLECIMIENTOS QUE DEPOSITEN BASURA EN CONTENEDORES UBICADOS EN LOS DIFERENTES MERCADOS O LUGARES PÚBLICOS PAGARÁN POR TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, PREVIA INSPECCIÓN POR EL H. AYUNTAMIENTO. 0.5 A 2 SMDV 5.- POR DISPOSICIÓN FINAL Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RASTROS ESTABLECIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO POR TONELADA. (SUJETO A CONVENIO FIRMADO CON EL H. AYUNTAMIENTO). 3 SMDV 6.- POR TRANSPORTACIÓN DE RESIDUOS EN RASTROS ESTABLECIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO POR TONELADA. (SUJETO AL CONVENIO FIRMADO CON EL H. AYUNTAMIENTO). 10 SMDV E) POR USUARIOS DEL RELLENO SANITARIO: DOMICILIARIA COMERCIAL, INDUSTRIAL O DE SERVICIOS 1.- LOS PARTICULARES CONCESIONADOS POR EL AYUNTAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE BASURA DENTRO DEL MUNICIPIO PAGARÁN POR TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA, QUE DEPOSITEN EN EL RELLENO SANITARIO. 2.- LOS USUARIOS QUE TIREN BASURA EN EL RELLENO SANITARIO, TRANSPORTADA POR ELLOS MISMOS, PAGARÁN POR TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA. 3.- LOS USUARIOS QUE TIREN DESECHOS NO TÓXICOS, PROVENIENTES DE RASTROS Y HOSPITALES EN EL RELLENO SANITARIO, POR TONELADA O FRACCIÓN, TRANSPORTADA POR ELLOS MISMOS, PREVIA INSPECCIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO. 4.- CUANDO MEDIANTE CONVENIO Y/O CONTRATO DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES CON EL H. AYUNTAMIENTO, DEPOSITEN BASURA QUE PROVENGA FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO EN EL RELLENO SANITARIO PAGARÁN POR TONELADA O FRACCIÓN. 5.- CUANDO MEDIANTE CONVENIO CON OTROS AYUNTAMIENTOS DEPOSITEN BASURA EN EL RELLENO SANITARIO PAGARÁN POR TONELADA. LA FRACCIÓN EN PESO SE PAGARÁ EN LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA. 6.- CUANDO SE TRATE DE BASURA EXCLUSIVAMENTE DE HOJAS DE PLANTAS RAMAS Y TRONCOS PAGARÁN POR TONELADA O FRACCIÓN (SEGÚN VEHÍCULO): PARA TODA BASURA INDUSTRIAL SOLICITAR SU CERTIFICADO CRETIB LAS TARIFAS ANTERIORES DEBERÁN SER APLICADAS POR EL PESO DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE Y VERIFICADO POR LA AUTORIDAD. F) POR EL SERVICIO DE TALA O DERRIBO DE ÁRBOLES, OFICIO DE CONDICIONAMIENTO Y/O AUTORIZACIÓN DE AFECTACIÓN ARBÓREA Y POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A PARTICULARES. 1.- POR EL PERMISO DE TALA O DERRIBO DE ÁRBOLES EN VÍA PÚBLICA E INTERIOR DE PREDIOS, PREVIA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL: A) PERMISO DE TALA POR UNIDAD DE 5 A 40 CM. DE DIÁMETRO. 10 A 25 SMDV B) PERMISO DE TALA POR UNIDAD DE 40.1 CM. EN ADELANTE. 25 A 50 SMDV 2.- POR EL PERMISO DE PODA DE ARBOLES EN VÍA PUBLICA O INTERIOR DE PREDIOS PREVIA INSPECCIÓN Y AUTORIZACIÓN. A) PERMISO DE PODA DE ÁRBOLES EN LA VÍA PUBLICA SIN COSTO B) PERMISO DE PODA DE ÁRBOLES EN EL INTERIOR DEL PREDIO 2 A 10 SMDV 3.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE NO AFECTACIÓN ARBÓREA A PARTICULARES QUE DESARROLLEN CONJUNTOS HABITACIONALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES, DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CARÁCTER PRIVADO, DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, INSTALACIÓN DE IGLESIAS Y/O TEMPLOS, HOSPITALES DE ÍNDOLE PRIVADO Y DE CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIOS QUE TENGA FINES DE LUCRO. EL IMPORTE ESTARÁ EN FUNCIÓN DE LA SUPERFICIE QUE SE PRETENDA AFECTAR EN PROPORCIÓN DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 26, DEL REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA. 2% AL 10% 4.- CERTIFICADO DE AFECTACIÓN ARBÓREA EN TÉRMINOS DE REGULARIZACIÓN 10 A 50 SMDV 5.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN AUDITIVA POR FUENTE FIJA O MÓVIL, POR CADA LOCAL COMERCIAL O CADA UNIDAD MÓVIL, PREVIA MODULACIÓN DE DECIBELES. A) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN AUDITIVA EN FUENTE FIJA O MÓVIL POR EVENTO Y POR CADA UNIDAD O LOCAL. 3 SMDV B) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN AUDITIVA EN FUENTE FIJA POR EVENTOS CALENDARIZADOS, POR MES Y LOCAL. 10 SMDV C) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN AUDITIVA EN FUENTE MÓVIL POR AÑO Y POR CADA UNIDAD O LOCAL. 20 A 40 SMDV 6.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN VISUAL DE OBRAS, ACTIVIDADES Y ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN LOS CENTROS DE POBLACIÓN. A) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN VISUAL POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA O REMODELACIÓN EN EL CENTRO HISTÓRICO. 15 A 20 SMDV B) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN VISUAL POR CONSTRUCCIÓN DE OBRA O REMODELACIÓN FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO 10 A 15 SMDV C) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN VISUAL POR DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD. 5 A 10 SMDV D) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN VISUAL POR LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS EN EL CENTRO HISTÓRICO 5 A 10 SMDV E) CONSTANCIA AMBIENTAL DE NO AFECTACIÓN VISUAL POR LA INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS FUERA DEL CENTRO HISTÓRICO 5 A 10 SMDV 7.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA AMBIENTAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO O INDUSTRIA CON ACTIVIDAD DE RIESGO O BAJO RIESGO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 151, DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MORELOS. 20 A 30 SMDV 8.- POR EL PERMISO DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DEL MUNICIPIO. A) PERMISO A PARTICULARES PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS NO DOMICILIARIA DENTRO DEL MUNICIPIO POR MES. 10 A 20 SMDV B) PERMISO A PARTICULARES PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DENTRO DEL MUNICIPIO POR MES. 10 A 20 SMDV 9.- POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PARTICULARES POR EL AYUNTAMIENTO PREVIA INSPECCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE: A) PODA DE ÁRBOL POR UNIDAD DE MENOS DE 5 MTS. DE ALTURA 10 SMDV B) PODA DE ÁRBOL POR UNIDAD DE MÁS DE 5 MTS. DE ALTURA 20 SMDV C) DERRIBO DE ÁRBOL POR UNIDAD HASTA 40 CM. DE DIÁMETRO. 40 SMDV D) DERRIBO DE ÁRBOL POR UNIDAD DE 40.1 CM. EN ADELANTE. 60 SMDV E) BANQUEADO DE ÁRBOLES. (EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS GENEREN DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA URBANA, SE COBRARA EL VALOR DE LOS DAÑOS GENERADOS) 100 A 500 SMDV F) RETIRO DE PODA DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y MALEZA POR VIAJE. 20 SMDV G) RETIRO DE TALA DE ÁRBOLES POR VIAJE. 30 A 50 SMDV LAS DISPOSICIÓNES NO CONTEMPLADAS EN LA PRESENTE LEY, SE SUJETARÁ A LO DISPUESTO EN EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO Y AL REGLAMENTO DE ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE, AMBOS DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA. De la intelección del precepto trascrito, se obtiene que establece el pago de la contribución denominada "derechos de alumbrado público (DAP)" a favor del municipio de Cuautla, Morelos, y para su cálculo, se prevén tres supuestos normativos. En el primero, para los contribuyentes que tienen alumbrado público frente a su casa, hasta doscientos metros lineales en cualquier dirección del límite de su propiedad, conforme a la formula siguiente: "MDSIAP= Frente* (CML. Públicos + CML. Común) + CU". En el segundo supuesto, se prevé el pago respecto de los contribuyentes que tienen alumbrado frente a su casa más allá de doscientos metros lineales, en cuyo caso la exacción se calcula según la formula siguiente: "MDSIAP=Frente*(CML. Públicos) + CU". En el tercero de los supuestos, se prevé el cálculo de la contribución conforme al monto mínimo determinado en la "tabla de montos mínimos de pagos dado en metros, que los sujetos pasivos deben pagar por el aprovechamiento y/o uso del servicio de alumbrado público". Se advierte entonces que la ley de ingresos impugnada dispone tres mecanismos de cálculo de la contribución denominada "derechos de alumbrado público (DAP)", pero no se prevé un supuesto normativo único para la determinación de esa exacción ni tampoco un porcentaje para su cálculo. Por su parte, los numerales 126, fracción VII y 128 inciso A), subinciso e, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, establecen: "ARTICULO 126.- Los propietarios o poseedores de predios, en su caso, pagarán las cuotas de cooperación que establece este título, por la ejecución de las obras públicas de urbanización siguientes: (.) VII.- Alumbrado público;" "ARTICULO 128.- Las cuotas de cooperación para obras públicas conforme a las siguientes reglas: A.- Por metro lineal de frente cuando se trate de las siguientes: OBRAS: (.) e).- Instalación de Alumbrado Público." Del análisis de los arábigos transcritos, se desprende que contemplan el cobro de contribuciones de cooperación para obras públicas, dentro de las cuales se establece el alumbrado público, las que deberán ser enteradas por los propietarios o poseedores de predios por la ejecución de las obras públicas de urbanización al inicio de la obra o dentro del plazo en que se realice. En el caso concreto, para demostrar el acto de aplicación de los preceptos que se impugnan, la parte quejosa exhibió un "aviso recibo" expedido por la Comisión Federal de Electricidad, en el que se contiene la leyenda "Derecho de Alumbrado Público" (foja 60); pero tal documento es insuficiente para demostrar la aplicación de los preceptos mencionados. Cierto, los numerales 126, fracción VII y 128 inciso A), subinciso e), de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, se encuentran contemplados en el capitulo único del título tercero denominado "CONTRIBUCIONES DE COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS", el cual atiende a un tributo distinto al analizado (derechos por servicio de alumbrado público), pues las cuotas a que se alude en los preceptos en cita, atienden a una cooperación que deben erogar los propietarios o poseedores de predios, por la "ejecución de las obras públicas de urbanización", entre las que destaca, el alumbrado público, las cuales en cada caso deben pagarse, distribuyendo el costo de la obra, conforme a las reglamentaciones respectivas, contribuciones que deberán ser pagadas al inicio de la obra o dentro del plazo en que se realice. Por ello, si la empresa quejosa impugnó los numerales de referencia, por considerar que éstos atienden al cobro del derecho por servicio de alumbrado público, es evidente la falta de aplicación de los arábigos aludidos, en virtud de que, se insiste, atienden a una contribución diversa a la prevista en la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, que da origen al entero por el derecho de alumbrado público. Por otra parte, del análisis de la referida instrumental, no se advierte que se haya realizado el cálculo conforme alguna de las fórmulas que prevé el artículo 8°, numeral 8.1 e inciso c) de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, para instituir la contribución en estudio, pues únicamente se asentó: "Derecho de Alumbrado Público 2,627.75"; de ahí, que no puede establecerse fehacientemente que se haya aplicado en su contra el precepto en cita. Caso contrario sería si la ley de ingresos reclamada previera un supuesto normativo único, porque a pesar que el recibo en que se alega su aplicación no contuviera mayor referencia al cálculo, no habría duda sobre la actualización de la hipótesis legal. Por tanto, si el contenido del recibo exhibido como prueba de la aplicación de la norma no permite, por sí, dar a conocer cuál fue el sistema utilizado para el cálculo de la contribución, se desconoce cuál fue la norma o hipótesis legal específica que sirvió de base para el cálculo y, por ende, no es posible abordar su estudio. Lo anterior, porque la norma reclamada establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el recibo de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada. Sirve de apoyo a esta consideración la Jurisprudencia 2a./J. 191/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 209 (No. Registro: 173,713), de rubro y texto siguientes: "PREDIAL. LA APLICACIÓN DEL FACTOR 10.0 ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 149, FRACCIÓN II, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, DERIVA DE LA DECLARACIÓN DE PAGO EN LA QUE SE ADVIERTA QUE EL VALOR CATASTRAL DEL INMUEBLE SE DETERMINÓ CON BASE EN LAS CONTRAPRESTACIONES GENERADAS POR EL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DEL INMUEBLE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 43/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 112, con el rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS.", sostuvo que la declaración de pago de un impuesto puede acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en ella, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en la declaración, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre cuál fue la norma que sirvió de base para el cálculo de un determinado concepto, como acontecería, verbigracia, cuando establezca diversos sistemas y los datos asentados en la declaración no permitan por sí solos dar a conocer cuál fue el sistema utilizado y, por ende, la norma aplicada. Por lo que se concluye que si en el artículo 149 del Código Financiero del Distrito Federal sólo se contempla un procedimiento para determinar el valor catastral de un inmueble con base en las contraprestaciones que genere el otorgamiento de su uso o goce temporal, a saber, el establecido en su fracción II, consistente en multiplicar el total de las contraprestaciones que correspondan a un bimestre por el factor 38.47 y el producto así obtenido multiplicarlo a su vez por el factor 10.0, bastará demostrar que el impuesto predial se pagó conforme al valor catastral determinado acorde con dicho procedimiento para tener por acreditada la aplicación del factor 10.0 para efectos de la procedencia del juicio de amparo en su contra, al ser este factor una etapa de dicho procedimiento, aunque en el recibo de pago del impuesto predial que se aporte al juicio no conste de manera gráfica ni expresa la aplicación del factor 10.0, si el resultado final que se asienta como valor catastral del inmueble sólo puede explicarse mediante la multiplicación que la aplicación del referido factor implica". También resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 43/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, mayo de 2000, página 112, que dice lo siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE SUS HIPÓTESIS NORMATIVAS Y LA CONSECUENTE AFECTACIÓN AL INTERÉS JURÍDICO, SE PUEDE ACREDITAR CON LA RESPECTIVA DECLARACIÓN DE PAGO, SI LOS RESULTADOS PLASMADOS EN ELLA SE SUSTENTAN INDEFECTIBLEMENTE EN LO PREVISTO EN AQUÉLLAS. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para acreditar una afectación al interés jurídico del gobernado, que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta necesario que se compruebe, fehacientemente, que a través de dicho acto la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de garantías o en los diversos escritos presentados durante la tramitación del juicio sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. En tal virtud, a través del formato de declaración de pago de uno o varios impuestos, es factible acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en él, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en el mismo, lo que no acontece si los datos reportados no generan convicción al órgano de control constitucional sobre la norma que sirvió de base al cálculo de un determinado concepto, situación que puede suceder cuando la ley correspondiente establece diversos sistemas y, por ende, diferentes hipótesis o porciones normativas, que regulan disímiles procedimientos para obtener el mismo concepto, por lo que, en tales casos, para acreditar el respectivo acto de aplicación no bastará, por sí solo, el formato de declaración de pago, ya que será necesario el desahogo de la prueba idónea para acreditar el sistema utilizado y, por ende, la norma jurídica efectivamente aplicada". No se soslaya el contenido de la Jurisprudencia 2a./J. 113/2006, de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS" donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el aviso recibo que expide la Comisión Federal de Electricidad constituye el acto concreto de aplicación de las normas que establecen los derechos por el servicio de alumbrado público, porque en él se encuentran especificadas la determinación y cuantificación de los referidos derechos. Sin embargo, como se advierte del recibo presentado por la parte quejosa, en el monto consignado de los "derechos de alumbrado público" solamente se aprecia una cantidad líquida sin que se precise cuál fue su origen, lo que de modo alguno podría considerarse que actualiza alguna de las tres hipótesis contenidas en la ley de ingresos impugnada, al no expresarse sobre qué tasa se obtuvo ese resultado. Acceder a examinar la constitucionalidad de las leyes reclamadas en los términos propuestos por la parte quejosa, sin acreditar plenamente cuál fue la hipótesis legal que se aplicó en su contra, podría derivar en la concesión del amparo por una norma que no le cause ningún perjuicio, ya que necesariamente sólo pudo actualizarse uno de los tres supuestos legales para el cálculo del derecho de alumbrado público, por lo que no habría sustento para conceder la protección constitucional en forma abstracta en contra de las hipótesis normativas no actualizadas; de proceder así, se vulnerarían los principios de instancia de parte agraviada y de relatividad de las sentencias. Sustenta esta consideración la Jurisprudencia 3a./J. 45/90, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, primera parte, julio-diciembre de 1990, página 199, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohiben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados". Lo que genera incertidumbre en este Juzgador para considerar que efectivamente se aplicó el precepto legal mencionado, en virtud de que, como se insiste, dicho numeral prevé diversos supuestos para realizar el cálculo del derecho por servicio de alumbrado público. Más aún, porque el arábigo 8° numeral 8.1 e inciso c), de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, tuvo una afectación por una reforma legal; en efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio para este Juzgador, que mediante Decretos 1367 y 1643, publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el veintiocho de mayo de dos mil catorce, con vigencia a partir del uno de abril de esa anualidad, y el diverso de fecha ocho de octubre de dos mil catorce, con vigencia a partir del uno de julio de dos mil catorce, se reformó el sistema de aplicación del cobro de los derechos de alumbrado público, como se advierte en su artículo Décimo Cuarto Transitorio, del que se vislumbra que el cobro del derecho de alumbrado público se efectuaría aplicando las tarifas determinadas en el ejercicio fiscal dos mil trece, de acuerdo al texto siguiente: "ARTÍCULO *DÉCIMO CUARTO.- EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, HASTA EN TANTO SE AUTORICEN Y PUBLIQUEN LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES, Y SE CELEBREN LOS CONVENIOS NECESARIOS, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA, MIENTRAS TANTO EL COBRO SE EFECTUARÁ CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2013. NOTAS: REFORMA VIGENTE.- Reformado por artículo ÚNICO del Decreto No. 1643, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5224 de fecha 2014/10/08. Vigencia 2014/07/01. Antes decía: EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERÍODO DE CIENTO OCHENTA DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO CON BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA. REFORMA SIN VIGENCIA.- Reformado por artículo Segundo del Decreto No. 1367, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" No. 5188 de fecha 2014/05/28. Vigencia 2014/04/01. Antes decía: EN LO RELATIVO AL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL AYUNTAMIENTO PROMOVENTE CONTARÁ CON EL DERECHO DE VACATIO LEGIS, POR UN PERIODO DE NOVENTA DÍAS NATURALES, EN RAZÓN DE QUE PUEDA CELEBRAR LOS CONVENIOS NECESARIOS CON LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE CONCRETAR EL COBRO RESPECTIVO EN BASE A LA FÓRMULA DETERMINADA." De ahí, que en modo alguno puede establecerse que al realizar el cálculo de la cantidad que debía enterarse por el concepto en estudio, el numeral tildado de inconstitucional (8° numeral 8.1 e inciso c), de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce), se haya aplicado, en virtud de que a la fecha "2014-08-08 T15:50:30" que se expidió el aviso recibo en mención, había sido reformada su aplicación. En razón de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio respecto de los actos legislativos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en los arábigos 8°, numeral 8.1 e inciso c), de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal del año 2014 y 126, fracción VII, 128 inciso A), subinciso e), de la Ley General de Hacienda Municipal de esa entidad. Sin embargo, respecto al acto reclamado consistente en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, respecto a la expedición, promulgación, refrendo y publicación de los artículos 144 a 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, la empresa quejosa tiene interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad. Para demostrar la premisa descrita, es menester transcribir los numerales mencionados, los cuales dicen: "ARTICULO 144.- Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público, el que el Municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y lugares de usos común. Los ingresos que se perciban por este concepto se destinarán al pago, mantenimiento y mejoramiento del servicio de alumbrado público que proporcione el Ayuntamiento. ARTICULO 145.- Son sujetos de este derecho los propietarios y poseedores de predios urbanos y rústicos ubicados en el área territorial Municipal. ARTICULO 146.- La base para el cálculo de este derecho será la que se apruebe por el Congreso del Estado, a propuesta de los municipios, dentro de cada una de las leyes de ingresos municipales, respetando el principio de proporcionalidad y equidad que debe imperar entre el costo por el servicio que preste el municipio y la contraprestación que eroguen los ciudadanos. ARTICULO 146 BIS.- Los derechos consignados en este capítulo serán cubiertos en forma bimestral, dentro de los primeros quince días de cada mes, en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, en las oficinas de la Tesorería Municipal o en las Instituciones autorizadas para tal efecto. Para el cobro de este derecho los ayuntamientos podrán celebrar convenios con las compañías o empresas suministradoras del servicio de energía eléctrica. En estos casos, se deberá incluir el importe de este derecho, en el documento que para tal efecto expida la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por esta última". De la exégesis de dichos preceptos, se advierte que establecen el objeto y sujetos que deben enterar la contribución relativa al "derecho de alumbrado público", el cual será cubierto en forma bimestral en las oficinas de la Tesorería Municipal respectiva o en las Instituciones autorizadas para tal efecto. De igual forma, señala que para el cálculo de este derecho se aplicará la base que apruebe el Congreso del Estado, a propuesta de los municipios, dentro de cada una de las leyes de ingresos municipales, respetando el principio de proporcionalidad y equidad que debe imperar entre el costo por el servicio que preste el municipio y la contraprestación que eroguen los ciudadanos, es decir, que el ordenamiento en cita hace remisión a la ley tributaria municipal respectiva, para establecer la fórmula que debe aplicarse para que se entere la contribución aludida. En ese contexto, si la quejosa demostró con el aviso-recibo con número de servicio 297 101 139 401, que enteró una cantidad líquida por concepto de "derecho de alumbrado público", es evidente que sí se aplicaron los numerales 144 a 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, en virtud de que regulan el pago por el derecho mencionado. Empero a juicio de quien resuelve, se estima que en contra de dicho acto, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la empresa quejosa no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué esos artículos, vulneran algún precepto constitucional, esto es, omite señalar mediante argumentos lógico-jurídicos en qué consiste la violación que le causan dichos dispositivos legales. En efecto, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en sus motivos de disenso esencialmente señala: a) Que los artículos que impugna son contrarios a los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y equidad tributaria, consagrados en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución, toda vez que con su aprobación, expedición, promulgación, publicación e inminente ejecución, crean una norma que invade esferas competenciales sobre una carga impositiva denominada "Derecho de Alumbrado Público". b) De la interpretación literal del precepto 73, fracción XXIX, sección 5a., inciso a), Constitucional, se advierte que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión establecer contribuciones en materia de energía eléctrica, por lo que las legislaturas locales están impedidas para ejercer tal atribución. c) De igual forma señala que si bien es cierto que el numeral 115, fracción III, inciso b), de nuestra Carta Magna prevé que el municipio tendrá a su cargo el servicio público de alumbrado, también lo es que dicha facultad no se extiende para que este nivel de gobierno pueda a través de su Ley de Ingresos cobrar contribuciones al consumo de energía eléctrica, toda vez que dichas normas al conformar la base del gravamen de acuerdo al importe del consumo de energía eléctrica, trastocan los preceptos constitucionales citados, pues no se está pagando por la prestación del servicio que el Municipio otorga en sus funciones de derecho público, sino en relación a lo que el contribuyente consume de energía eléctrica. d) También argumenta que esa circunstancia tiene mayor relevancia si se toma en consideración que una vez determinada la base, se le debe aplicar la tarifa -OM, HM, HS, HSL y HTL o 01, 1ª, 1B, 1C, 02, 03 y 07- dependiendo del rango en que se ubique el contribuyente, además del pago del 4% y 8% por concepto de la tasa por el consumo generado, por lo que al tener el dispositivo que se combate parte de los elementos del tributo, en relación con los demás artículos de la Ley de Ingresos Municipal, es que se arriba a la conclusión que a través de éstos no se está cobrando un derecho, sino una contribución. e) De ahí que, insiste la impetrante, si la legislatura de Morelos con la emisión de los numerales 126, fracción VII, 128 inciso A-E, 144, 145, 146 Bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, así como el artículo 8, de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil catorce, establece una contribución al consumo del fluido eléctrico, es incontrovertible que desborda el marco de sus atribuciones y, por ende, invade la esfera de la competencia exclusiva del Congreso de la Unión. f) Finalmente, argumenta que el aviso recibo carece de una debida fundamentación y motivación, toda vez que no se establecen los elementos del tributo, a saber, objeto, sujetos, base, tasa y época de los pagos; no obstante que dicho requisito debe cumplirse a cabalidad, de ahí que sea un cobro arbitrario, pues dicha omisión genera incertidumbre en el contribuyente, ya que en el citado aviso-recibo no se advierte que se haya realizado la medición a que hace referencia la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, sobre todo en lo que respecta a la constante de medición denominada "FRENTE". Como se vio, de dichos motivos de inconformidad no se advierte que exponga razonadamente el por qué estima que los arábigos que tilda de inconstitucionales, se contraponen a los principios previstos en el numeral 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna; pues sus asertos se encuentran encaminados a dejar patente que el actuar del legislador al establecer en leyes locales el entero de una contribución federal, invade esferas, así como que el cobro respectivo por el derecho mencionado es ilegal por fundarse en dispositivos declarados inconstitucionales. En este contexto, si la parte quejosa no relata la causa de pedir que debe contener todo concepto de violación, a fin de demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 144 a 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, pues no expone la antinomia que en su caso existiera entre éstos y el numeral 31, fracción IV, constitucional, que prevé los principios tributarios que menciona; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, y como consecuencia debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, únicamente respecto del acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad de los numerales citados al inicio de este párrafo. Sirve de sustento a lo anterior la tesis emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dieciocho, del Volumen 74, Quinta Parte, Séptima Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION, FALTA DE EXPRESION DE LOS. DEBE SOBRESEERSE Y NO NEGARSE EL AMPARO. Los conceptos de violación deben precisar la razón por la cual estima el peticionario que la autoridad responsable comete la violación, puntualizando dicha infracción, y por ende concretizando en qué consiste la ilegalidad que le causa perjuicio, a fin de que el tribunal de amparo tenga las bases indispensables para el estudio de las alegadas transgresiones a las garantías individuales, ya que de lo contrario es imposible el análisis constitucional del acto reclamado, toda vez que en ese caso propiamente no se expresan conceptos de violación, y por tanto, debe sobreseerse y no negarse el amparo, pues esta negativa implica el estudio previo de la constitucionalidad y, en cambio, el sobreseimiento se abstiene de tal estudio, en los términos de los artículos 166, fracción VI, en relación con el 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad aduce que no reúne las características para ser considerada autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que al recaudar los derechos por concepto de servicio de alumbrado público actúa como particular, pues realiza esa actividad como auxiliar del ayuntamiento y conforme al convenio firmado con base en la ley de ingresos respectiva; consideración que sustenta en la Jurisprudencia 112/2006 del Máximo Tribunal del País. No asiste razón a la dependencia señalada como responsable y para demostrarlo, es necesario citar el contenido de los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dicen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La lectura de estos preceptos permite afirmar que la procedencia del juicio de garantías se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen, en un primer supuesto, provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que con apoyo en la ley emite actos unilaterales y obligatorios por los que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan a los gobernados; por lo que en una segunda hipótesis, también se considera como autoridad a los particulares que realicen actos equivalentes a los detallados, cuyas funciones se contemplen en normas generales. Sobre el tema específico de la actuación de la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todos los actos que realiza en ese sentido son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, por lo que son impugnables en sede administrativa o mediante juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y, en caso de reclamarse las normas que rigen esa actuación, mediante el juicio de amparo. Lo anterior, conforme a la tesis 2a. CVI/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes diecisiete de octubre de dos mil catorce, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007678, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales". De las consideraciones del amparo directo en revisión 30/2013 que dio origen al precedente trascrito, cabe resaltar que el Máximo Tribunal del País refirió que adquiere relevancia el que la Comisión Federal de Electricidad es el único organismo que presta el servicio de energía eléctrica y, por tanto, el usuario debe someterse por completo a las disposiciones que dicten las autoridades en los contratos, pues de lo contrario no podrían obtener el servicio de energía eléctrica que en la actualidad constituye un servicio de primera necesidad. También destacó que la obligación de pago de las tarifas eléctricas deriva del contrato que al efecto celebre la Comisión Federal de Electricidad con cada uno de sus consumidores, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y que los ingresos que de dichos pagos se obtienen, pasan a formar parte del patrimonio del organismo descentralizado encargado de la prestación del servicio, aunado a que la fijación de las tarifas de energía eléctrica no depende de la voluntad de los consumidores, sino que son fijadas unilateralmente por el Estado. De lo anterior, se pone de manifiesto la calidad de supra a subordinación de la paraestatal respecto de los usuarios, ya que cuenta con facultades derivadas de una ley, como único organismo en el ramo, facultado para proporcionar de forma obligatoria a quien lo solicite, el servicio de energía eléctrica; de ahí que ese organismo tenga la naturaleza de autoridad porque sus actos derivan de una potestad constitucional y legal cuyo ejercicio es irrenunciable, incluso obligatorio. Esas mismas consideraciones son aplicables al asunto que nos ocupa, en tanto que la Comisión Federal de Electricidad está facultada para cobrar el "derecho de alumbrado público" a sus usuarios con base en la Ley de Ingresos de esa ciudad, por lo que los particulares se sometieron por completo a esa disposición, aplicada precisamente por esa entidad en los avisos recibos que expide a tal efecto; máxime que no se advierte que se deje al arbitrio de los usuarios cubrir o no el derecho respectivo. Ahora bien, tanto en la ley de ingresos como en la de hacienda municipal, se prevé que el cobro del derecho de alumbrado público lo realice precisamente la Comisión Federal de Electricidad y, para demostrarlo, se trascriben a continuación los textos conducentes: Ley de Ingresos del municipio de Cuautla para el ejercicio fiscal 2014. ".EL PAGO DEL DERECHO ESTABLECIDO SE RECAUDARÁ INDISTINTAMENTE POR LOS ORGANISMOS QUE EL AYUNTAMIENTO DESIGNE, EN LAS ENTIDADES PARAESTATALES, O CUALQUIER OTRA CON LAS QUE REALICE CONVENIOS. EL COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO PODRÁ SER: DE MANERA MENSUAL O BIMESTRAL CUANDO SE REALICE POR MEDIO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. Ley General de Hacienda Municipal del Estado. "ARTICULO 146 BIS. Para el cobro de este derecho los ayuntamientos podrán celebrar convenios con las compañías o empresas suministradoras del servicio de energía eléctrica. En estos casos, se deberá incluir el importe de este derecho, en el documento que para tal efecto expida la compañía o la empresa, debiéndose pagar junto con el consumo de energía eléctrica, en el plazo y en las oficinas autorizadas por esta última". De la disposición literal de estos numerales, resulta evidente que se faculta a la Comisión Federal de Electricidad para cobrar, en cada recibo que expida, la tarifa correspondiente al monto del derecho de alumbrado público, de lo que se sigue que la actuación de ese descentralizado es de orden público y se entiende desplegada por el Estado, debido a que impone a los particulares consecuencias jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En efecto, fue la Comisión Federal de Electricidad quien dictó el acto reclamado, es decir, determinó y cobró mediante un aviso-recibo el derecho de alumbrado público; con lo que creó una situación jurídica, esto es, concretó y delimitó la obligación contributiva en la esfera jurídica de la empresa quejosa al liquidar el adeudo y requerir su pago dentro de un plazo determinado; sin necesidad de que concurriera la voluntad del particular, por lo que puede presumirse que fue el organismo descentralizado quien determinó el monto a pagar. Entonces, el aviso recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad, relativo al número de servicio 297 101 139 401 respecto del periodo del ocho de julio al siete de agosto de dos mil catorce, es una manifestación de la potestad del Estado, ya que en él se impuso a la empresa quejosa el cobro del derecho de alumbrado público; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia en estudio. Sin que obste a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 112/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, agosto de 2006, página 293, emitida bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, tesis cuyo rubro y textos dicen: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. Cuando la Comisión Federal de Electricidad, en observancia de lo dispuesto en la Ley de Ingresos Municipal respectiva y conforme al acuerdo o contrato celebrado con el Ayuntamiento, determina y recauda el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, emitiendo el aviso-recibo correspondiente, no realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque no crea, modifica o extingue, unilateralmente, una situación que afecte la esfera legal del particular, sino que actúa en un plano de coordinación como particular en auxilio de la administración pública municipal, toda vez que ni del artículo 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica ni de la legislación municipal aplicable se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tenga facultades coercitivas para exigir al contribuyente el pago de los derechos por el servicio de alumbrado público, sino que se establece cierto procedimiento administrativo de ejecución por parte de las autoridades municipales." Este criterio resulta inaplicable dado que derivó de la interpretación de la abrogada ley de la materia y porque esa misma Segunda Sala se apartó de esas consideraciones al tenor del criterio judicial arriba trascrito. No obsta a la anterior consideración el que se haya sobreseído en este caso por lo que respecta a las normas impugnadas, puesto que no es posible considerar que el referido principio subsiste por lo que respecta al acto de aplicación, ya que no puede analizarse aisladamente la ley y el acto. Sustenta esta determinación la tesis 1a. I/97, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, enero de 1997, página 187, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES, CUANDO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, TRATANDOSE DE. Si conforme a la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo se reclama la inconstitucionalidad de una ley, en virtud de su primer acto de aplicación, es optativo para el interesado el agotar o no los recursos ordinarios procedentes en contra de aquél de manera que si opta por reclamar la inconstitucionalidad de la ley desde luego, no opera el principio de definitividad, el que sólo se actualiza en el caso contrario; luego es inexacto que atento a lo dispuesto en la fracción de referencia, en el primer supuesto siga vigente la observancia del principio de definitividad, sólo en relación con el acto de aplicación, conclusión que además de inadecuada resulta incongruente, pues de sobreseerse en lo que ve a tal acto, necesariamente deberá también sobreseerse respecto de la ley que, por sí sola, no le causa perjuicio al quejoso. Es verdad que los aspectos de legalidad y de constitucionalidad son dos cuestiones distintas, pero ello no significa que en el supuesto de que se reclame la ley por su primer acto de aplicación, pueda analizarse aisladamente la ley y el acto, de manera que el principio de definitividad opere sólo en cuanto a este último, contrariando así el sentido del tercer párrafo de la fracción XII del multicitado artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, al desvincular el estudio de la ley de su acto de aplicación concreto". Del análisis de las constancias, no se advierte que se actualice alguna otra causa de improcedencia, por lo que este juzgador atenderá el fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa se tienen por reproducidos en este apartado, con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830 (Registro No. 164618), de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, relacionados con el acto reclamado consistente en el cobro del derecho de alumbrado público del aviso recibo con número de servicio 297 101 139 401, expedido por la Comisión Federal de Electricidad, a nombre de la persona moral quejosa, aunque para ello deban ser suplidos en su deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo. Sustenta esta consideración la Jurisprudencia P./J. 104/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, diciembre de 2007, página 14, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Debe suplirse la queja deficiente respecto del acto concreto de aplicación de una norma legal, que si bien no ha sido específicamente declarada inconstitucional a través de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ingresa sin mayor dificultad dentro del ámbito de regulación de una jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, entendida ésta como aquella referida a los actos legislativos que no pueden realizarse válidamente. Esta conclusión se justifica por las siguientes razones: 1) el Juez constitucional tiene el deber de hacer prevalecer la Constitución en cuanto ley suprema, además tiene facultades propias y autónomas para decidir si un acto o una ley viola alguna norma constitucional, con el efecto de inaplicarlo en el caso concreto, y para casos futuros en relación con el quejoso, por lo que, por mayoría de razón, tiene facultades para ejercer un prudente juicio de analogía con el objeto de verificar la aplicabilidad directa del principio contenido en la jurisprudencia al caso de su conocimiento; 2) de actualizarse el juicio de analogía, se surte la aplicabilidad del principio general contenido en la jurisprudencia, dando lugar en consecuencia al surgimiento del deber del juzgador para hacer prevalecer el derecho fundamental o la norma constitucional cuyo alcance ha sido definido; 3) el Juez constitucional tiene el deber de evitar la subsistencia de actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales, con independencia de la no impugnación o el consentimiento de éstas, porque dichos actos al constituir una individualización de la norma legal, contienen necesariamente los vicios de inconstitucionalidad que la ley les ha trasladado, además de los posibles defectos propios de ilegalidad que en consecuencia se producen; y 4) el Juez constitucional tiene el deber de actuar conforme a derecho, lo que no ocurre si mediante su actuación impide la plena eficacia de la jurisprudencia temática invocada, pues ello implicaría la violación de los derechos fundamentales tutelados a través del orden jurídico". En relación con el tópico de la imposición de la contribución relativa al derecho por servicio de alumbrado público, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los códigos y leyes locales que calculen el tributo en cita, tomando como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad establecen un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho, pues no existe relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público; por lo que, legislar en ese supuesto trae como consecuencia una invasión en la esfera de facultades exclusivas de la Federación, contraviniendo así la Constitución General de la República. Consideraciones que se encuentran inmersas en la Jurisprudencia P. 6, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 2-6, marzo-julio de 1988, página 17 (Registro: 820237) que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". En este contexto, se estima inconstitucional la liquidación tributaria relativa al cobro del servicio de alumbrado público realizada a través del aviso recibo con número de servicio 297 101 139 401 del periodo del ocho de julio al siete de agosto de dos mil catorce, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la empresa quejosa, en virtud de que la norma que se aplicó como referencia para el cálculo del derecho encuadra en la descripción de la jurisprudencia temática mencionada. Para demostrar, lo anterior conviene trascribir el artículo 31 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, que contempla la imposición de un pago por servicio de alumbrado público: "8.1.- POR SERVICIOS PÚBLICOS, MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, USUARIOS DEL RELLENO SANITARIO Y POR LOS SERVICIOS OTORGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS A PARTICULARES EN LA PODA Y TALA DE ÁRBOLES. C) LA PRESTACIÓN DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO (DAP) SE CAUSARÁN Y LIQUIDARÁN DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: LOS DERECHOS POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, SE CAUSARÁN ANUALMENTE Y SE PAGARÁN BIMESTRALMENTE, APLICÁNDOLE A LA BASE A QUE SE REFIERE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS, EL SUJETO, OBJETO, ÉPOCA DE PAGO, TARIFA Y BASE GRAVABLE SIGUIENTE: SE ENTIENDE POR "DAP" LOS DERECHOS FISCALES QUE SE PAGAN CON EL CARÁCTER DE CONTRAPRESTACIÓN POR EL USO Y/O APROVECHAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS, YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA, POR PROPIETARIOS, TENEDORES, POSEEDORES DE INMUEBLES O BENEFICIARIO DIRECTO O INDIRECTO DEL MISMO, DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ALUMBRADO PÚBLICO. PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTIENDE POR ALUMBRADO PÚBLICO EL SERVICIO DE ILUMINACIÓN QUE SE PRESTA DE MANERA ARTIFICIAL EN LUGARES DE DOMINIO PÚBLICO, DE CARÁCTER MUNICIPAL Y DE USO GENERAL A TODA LA POBLACIÓN, CON EL FIN DE QUE PREVALEZCA LA SEGURIDAD PÚBLICA, ASÍ COMO EL TRÁNSITO SEGURO DE LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS. DE LAS LUMINARIAS, ASÍ COMO SUS ACCESORIOS SIGUIENTES: TRANSFORMADORES, CABLES SUBTERRÁNEOS Y AÉREOS, EQUIPOS DE MEDICIÓN, POSTES METÁLICOS Y DE CONCRETO, BRAZOS, ABRAZADERAS, COMPONENTES DE LUMINARIAS, BALASTROS FOCOS, FOTOCELDAS, ILUMINACIONES FESTIVAS POR TEMPORADA, SEMÁFOROS, ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, DE FUENTES ARQUITECTÓNICAS, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA CALIFICADA, EL CONSUMO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN QUE ACTUANDO CONJUNTAMENTE LOS ANTERIORES ELEMENTOS SE PUEDE PRODUCIR LA ILUMINACIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y QUE CONSTITUYEN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO LA ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL DEBE OPERAR DE MANERA REGULAR, CONTINUA Y UNIFORME PARA LA POBLACIÓN EN GENERAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO. EL DERECHO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE CAUSARÁ DE FORMA MENSUAL Y SUS PAGOS PODRÁN SER MENSUALES, BIMESTRALES, SEMESTRALES, ANUALES, O CUALQUIERA OTRO QUE EL CONTRIBUYENTE ACUERDE CON EL AYUNTAMIENTO, NO PUDIENDO SER EN MÁS DE DOCE EXPOSICIONES Y OBLIGÁNDOSE A LIQUIDAR POR ADELANTADO, DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ DÍAS NATURALES EN QUE INICIE DICHO PLAZO." Legislación que es procedente analizar en la especie, no obstante la existencia de una vacatio legis en relación al mecanismo para calcular su aplicación, en virtud de que, como se ponderó anteriormente de esta sentencia, en el artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil catorce, el cobro del derecho de alumbrado público se efectuaría aplicando las tarifas determinadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, esto es, el de dos mil trece. Por ello, si el numeral transcrito prevé el pago por el servicio de alumbrado público en el municipio de Cuautla, Morelos, a cargo de los usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad, cuyo monto máximo a pagar se relaciona con el consumo particular de energía eléctrica de cada contribuyente, es evidente la ilegalidad del cobro del derecho de referencia, toda vez que es claro que la norma que se aplicó establece como referencia para el cálculo del derecho, el monto por el consumo de energía eléctrica, lo que encuadra en la descripción de la jurisprudencia temática mencionada, de lo que se deriva la inconstitucionalidad de esa contribución, al invadir la facultad del Congreso de la Unión para imponer exacciones sobre el consumo de energía eléctrica; tal como lo estableció el Máximo Tribunal del País. De ahí que, se insiste, es inconstitucional la liquidación tributaria relativa al cobro del servicio de alumbrado público, realizada a través del aviso recibo con número de servicio 297 101 139 401 del periodo del ocho de julio al siete de agosto de dos mil catorce, expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre de la empresa quejosa. Por lo anterior, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que se devuelva a la parte quejosa, la suma que ampara el citado aviso recibo, por la cantidad de $2,627.75 (dos mil seiscientos veintisiete pesos 75/100 moneda nacional), relativa al derecho por servicio de prestación de alumbrado público. Respecto a la actualización de la devolución de la contribución pagada, conviene citar al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 13/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada". Devolución que correrá a cargo de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos. En su esencia, tiene aplicación la Tesis Aislada, establecida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 353, Tomo XII, Diciembre de 1993; Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que enseguida se transcribe: "ALUMBRADO PÚBLICO. EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO CORRESPONDE AL AYUNTAMIENTO DEVOLVER LAS CANTIDADES CUBIERTAS POR EL DERECHO RELATIVO (LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991). Si en una ejecutoria de garantías se otorgó la protección constitucional al quejoso contra los artículos 49, 50 y 51 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal de 1991, que establecen el derecho de alumbrado público, corresponde al Ayuntamiento respectivo la devolución de las cantidades cubiertas por el quejoso por tal concepto, pues de conformidad con el artículo 8o. de la Ley citada la recaudación de todas las contribuciones en ella previstas debe hacerse, sin excepción alguna, a través de las oficinas exactoras de la Tesorería Municipal, sin que obste a lo anterior el hecho de que físicamente no hayan ingresado a la hacienda municipal, en virtud de la existencia de un convenio celebrado entre el Gobernador y Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, en representación de los Ayuntamientos de los Municipios de dicho Estado, y la Comisión Federal de Electricidad para que esta última recaudara el derecho de alumbrado público y aplicara tales recursos a cubrir las facturaciones que por consumo de energía eléctrica se adeudaban por los municipios, toda vez que ello no significa que los ingresos recaudados por concepto de derecho de alumbrado público no pasen a formar parte de las haciendas municipales, pues al aplicarse a cubrir los adeudos de ésta tales ingresos integran dichas haciendas, independientemente de quién actúe como recaudadora de la contribución." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XIV/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el tomo V, febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso." También cobra aplicación la jurisprudencia 178, visible en la página 145, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Por lo antes expuesto, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por "ARCOS SERCAL INMOBILIARIA Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Gobierno, todos del Estado de Morelos, consistentes en la intervención en el proceso legislativo, en el ámbito de sus facultades, respecto a la aprobación, refrendo, promulgación y publicación del artículo 8°, numeral 8.1 e inciso C), de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal del dos mil catorce y numerales 126, fracción VII, 128 inciso A), subinciso e), 144 a 146 bis de la Ley General de Hacienda Municipal. Misma determinación, respecto de los actos de aplicación de las citadas normas y cobro del derecho de alumbrado público reclamados al Presidente, Cabildo y Tesorero, todos del municipio de Cuautla, Morelos, y de la Comisión Federal de Electricidad, en términos de la parte considerativa de esta sentencia.. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ARCOS SERCAL INMOBILIARIA Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra los actos que reclamó de la Comisión Federal de Electricidad, consistentes en el cobro del derecho de alumbrado público, según recibo de pago relativo al número de servicio 297 101 139 401, respecto del periodo del ocho de julio al siete de agosto del dos mil catorce, en términos del considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Asimismo, en cumplimiento del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de los sentenciados; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que da fe, hoy dieciocho de mayo de dos mil quince, que lo permitieron las labores de este Juzgado Federal.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de mayo de dos mil quince EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de garantías en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes a las que les asiste el derecho de recurrir la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de marzo de dos mil quince, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia, en la que determinó conceder el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. II.-LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos (ADRIANA FLORES GARZA, para que dentro del término de veinte días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informen a este juzgado sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En el entendido de que el efecto del amparo es para lo siguiente: "En ese orden de ideas, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Yimi Edwin Pérez Rodríguez, para los efectos siguientes: No se aplique al impetrante el artículo 77, fracciones II y IV, de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos; y, Se le devuelvan, con su actualización, las cantidades que amparan los recibos de pago folios 1910301 y 1910302 expedidos por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de la citada entidad federativa, en los que consta el pago correspondiente a los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad e impuesto adicional, este último, en razón de no existir base gravable para su origen. No se le apliquen los artículos 119 a 125 de la Ley General de Hacienda Municipal de esa entidad; y, Se le devuelvan, las cantidades que pagó únicamente por concepto del impuesto adicional sobre adquisición de bienes inmuebles, según consta en el recibo de pago P2-1512. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. IV. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere a los superiores jerárquicos de las autoridades responsables, para que les ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Morelos (GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU), en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, para que dentro del término de VEINTE DÍAS, contados a partir del momento en que esté notificado de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se le impondrá la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Finalmente, vistas las diversas constancias de notificación que anteceden, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda y surtan sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.JC
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