Jesús Girón Arvayo Mendoza

Expediente 314/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
314/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
25/04/2019

Partes del expediente

  • Jesús Girón Arvayo Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    II. Toluca, Estado de México; veinticinco de abril de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió al auto de tres de abril de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el acuse de recibo de cuenta, del cual se aprecia que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dio vista a diversa representación social con copia certificada del expediente en que se actúa, pues de la intervención que se le dio en proveído de doce de marzo del año en curso, advirtió que en su escrito de demanda el quejoso expresó haber sufrido tortura física y psicológica. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese a los autos la constancia de notificación practicada al quejoso Jesús Girón Arvayo Mendoza, por el actuario judicial de la adscripción, de la cual se advierten las siguientes manifestaciones: "EN ESTE ACTO RUEGO A SU SEÑORIA ADMITA A TRÁMITE EL SIGUIENTE JUICIO DE AMPARO Y NO SE ME DEJE EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, VIRTUD DE QUE NO CUENTO CON OTRO MEDIO PARA PROMOVERLO: [.] II. ACTO RECLAMADO.- "LA ORDEN O AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DEL SUSCRITO A UN DIVERSO CENTRO PENITENCIARIO. [.]". En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en las razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, con número de registro 205152, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 264 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, Materia Común, Novena Época, que establece: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Ahora bien, en relación de las diversas manifestaciones realizadas por el quejoso se advierte que es su deseo promover diverso juicio de amparo, señalando como acto reclamado el traslado a diverso centro penitenciario. En consecuencia, previa copia certificada que obre en autos, remítase la razón actuarial de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a efecto de que proceda a realizar el turno aleatorio correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    II) Toluca, Estado de México; tres de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la notificación de cuenta, a través de la cual el quejoso Jesús Girón Arvayo Mendoza, manifiesta desistirse del presente juicio de amparo. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Ahora bien, en atención a lo manifestado por el quejoso en notificación de dos de abril del año en curso, mediante la cual se desiste del trámite del presente juicio de amparo, es claro que en el presente asunto se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." En tal virtud, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Jesús Girón Arvayo Mendoza, contra actos de la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades, pues emerge la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J.10/2003 publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2003, tomo XVII, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Aunado a que la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, y con la sola declaración de la voluntad, válidamente la parte quejosa puede ceder en cualquier momento, pues el desistimiento de la demanda constituye la renuncia a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional. Es decir, que al expresar el quejoso que se desiste del juicio, ello significa que no es su voluntad continuar con la secuela procesal de éste, por ende, se actualiza como ya quedó precisado, la causa de sobreseimiento inserta en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia 2a./J.33/2000, que se aprecia en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En atención al contenido del presente proveído, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual está prevista para las diez horas con cuarenta minutos del once de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  4. Principal

    II) Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya, Estado de México, a través del cual rinde informe justificado al cual adjunta copia certificada de diversas constancias del archivo general de ese centro de reclusión. Atento a lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de la Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; sin perjuicio de hacer nueva relación del informe en la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que hace a las documentales exhibidas por la autoridad antes citada, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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