Jesús Girón Arvayo Mendoza
Expediente 681/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/06/2016
Partes del expediente
- Jesús Girón Arvayo Mendoza
- Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno Altiplano, con sede en Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Director General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado, toda vez que mediante proveído de nueve de los cursantes se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DEICISÉIS POR MEDIO DELISTA: "Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el treinta y uno de marzo de dos mil catorce, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Concepción Hernández Hernández (fojas 51 a 61). 2. Resolución que causó estado el veintiuno de noviembre de dos mil catorce; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] De cumplimiento al auto de requerimiento de pago de seis de agosto de dos mil trece, emitido dentro del expediente laboral 2887/2006, por el Presidente de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fijó en cantidad líquida la condena impuesta en el laudo de quince de junio de dos mil diez, con independencia de que la peticionario de amparo promueva ante ese órgano laboral la actualización de la suma relativa a las prestaciones adeudadas y éste se pronuncie al respecto. En caso de que el ayuntamiento responsable se declare insolvente, en términos del párrafo segundo del artículo 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y Municipios, el Presidente Municipal deberá solicitar el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación relativa a la ejecución del laudo ,que nos ocupa, lo que se justificará con el acta de sesión del Ayuntamiento responsable, por lo que hace, tanto a la insolvencia del Municipio como al establecimiento de la partida presupuestal en cita, en términos del artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, debiendo contar para ello con el informe contable relativo suscrito por el Tesorero municipal; y, En virtud de que, conforme a lo previsto en el artículo 125, cuarto párrafo, de la Constitución Local, es obligación del Ayuntamiento realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para, en el caso, incorporar a su presupuesto de egresos el laudo condenatorio en comento, con el objeto de que se cumplido, por ende, en términos de la fracción del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dicha autoridad responsable deberá acreditar ante este juzgado federal que tanto en la formulación del proyecto de presupuesto de egresos como en su aprobación, se contempló la partida presupuestal específica para la liquidación de la sentencia laboral que nos ocupa. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, mediante oficios TECA400F/104010/A.I./3127/2014, TECA400F/104010/A.I./3221/2014, TECA400F/104010/A.I./220/2015, TECA400F/104010/A.I./294/2015, TECA400F/104010/A.I./438/2015, TECA400F/104010/A.I./489/2015, TECA400F/104010/A.I./610/2015, TECA400F/104010/A.I./643/2015, TECA400F/104010/A.I./826/2015, TECA400F/104010/A.I./909/2015, TECA400F/104010/A.I./943/2015, TECA400F/104010/A.I./1072/2015, TECA400F/104010/A.I./1133/2015, TECA400F/104010/A.I./1316/2015, TECA400F/104010/A.I./1516/2015, TECA400F/104010/A.I./1556/2015, TECA400F/104010/A.I./1592/2015, TECA400F/104010/A.I./1597/2015, TECA400F/104010/A.I./1803/2015, TECA400F/104010/A.I./323/2016, TECA400F/104010/A.I./359/2016, TECA400F/104010/A.I./409/2016, TECA400F/104010/A.I./466/2016 y TECA400F/104010/A.I./488/2016, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector, y adjuntó copias certificadas de las constancias relativas. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Ahora bien, para dejar establecido si la autoridad responsable cumplió con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es menester establecer cuáles fueron los parámetros de la concesión del mismo, así pues, se estableció que: a) El artículo 17 constitucional otorga a gobernado el derecho a reclamar una impartición de justicia pronta y expedita, lo que implica que el desarrollo del proceso en que se ventile la controversia se debe llevar en los plazos y términos que las leyes establecen; por consiguiente, cuando la autoridad encargada de impartir justicia no desarrolla el procedimiento de ejecución en los términos establecidos en la Ley aplicable, en el caso la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, omite proveer lo conducente para su buena marcha y desenvolvimiento, es evidente que infringe este precepto constitucional, porque omite contribuir a fin de que se logre la ejecución del laudo; b) Luego, si mediante laudo de quince de junio de dos mil diez, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje condenó al Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, al pago de ciertas prestaciones a favor de la quejosa, y por ese motivo dictó autos de requerimiento de pago, previa petición de la actora desde el dieciocho de abril y veintiocho de septiembre de dos mil once, siete de junio de dos mil doce diecinueve de febrero y seis de agosto de dos mil trece, es evidente que el tribunal responsable ha sido omiso hacer cumplir lo resuelto en el laudo, lo cual demuestra una negligencia en la impartición de justicia de manera pronta en agravio de la quejosa; c) Es inconcuso que la autoridad responsable con las actuaciones efectuadas después del dictado del laudo no ha dictado las medidas necesarias para que de manera pronta y expedita se pague lo condenado, es decir, tal circunstancia no ha acontecido, pues la responsable ha incurrido en una demora excesiva, primeramente, en acordar las promociones que presentó la quejosa para tal efecto y, en segundo término, al no haber hecho efectivo ninguno de los medios de apremio que para tal efecto le concede la legislación burocrática de la entidad, dejando en estado de indefensión a la solicitante de amparo; d) Además de ello, es dable precisar que se entenderá que se ha resarcido al justiciable cuando se haya cumplido con el pago total de lo conseguido en el laudo respectivo, pues de lo contrario, en nada serviría que el tribunal laboral emita una sentencia, con la cual se pretenda impartir justicia de manera pronta, si ésta no se hace cumplir por la autoridad laboral; e) Por tanto, si en lugar de observar lo dispuesto en los numerales referidos, el ayuntamiento responsable se ha negado en diversas ocasiones en pagar a la actora las cantidades a que fue condenada en el laudo, así como a que se realice el embargo correspondiente, utilizando para tal efecto incluso a elementos de la policía municipal a su cargo, ello se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; f) Por lo que la autoridad responsable deberá acordar las promociones presentadas por las partes dentro de los plazos que para tal efecto le conceden las leyes laborales, asimismo, atendiendo a las múltiples peticiones de la trabajadora, aquí quejosa y, en breve, el presidente del tribunal responsable dicte las medidas de apremio que considere necesarias para lograr la pronta ejecución del laudo dictado el quien de junio de dos mil diez, evitando evasivas y trámites inútiles e innecesarios tomando las acciones adecuadas para lograr la ejecución efectiva, a fin de restituir a la quejosa en el goce de su garantía violentada con el retardo de dicha ejecución; g) En el entendido, además, que dichas acciones deben ser prontas y expeditas, o sea, como se dijo, ágiles y sin obstáculos, lo que propicia que entre una y otra actuación se respete el derecho efectivo a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal; además, no se dará por cumplida la sentencia de amparo, hasta en tanto se ejecute en su totalidad el laudo dictado en el expediente del cual emana el acto reclamado; y, h) Es decir, no se dará por cumplida la presente resolución, con el simple impulso o medidas que tome para acatar el laudo, sino hasta que se tenga por cabalmente ejecutado el laudo; asimismo, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo el incumplimiento extemporáneo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad penal, también se le hace ver a la responsable, conforme al 2º párrafo del artículo 193 de la citada ley, que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable, mediante oficios TECA400F/104010/A.I./3127/2014, TECA400F/104010/A.I./3221/2014, TECA400F/104010/A.I./220/2015, TECA400F/104010/A.I./294/2015, TECA400F/104010/A.I./438/2015, TECA400F/104010/A.I./489/2015, TECA400F/104010/A.I./610/2015, TECA400F/104010/A.I./643/2015, TECA400F/104010/A.I./826/2015, TECA400F/104010/A.I./909/2015, TECA400F/104010/A.I./943/2015, TECA400F/104010/A.I./1072/2015, TECA400F/104010/A.I./1133/2015, TECA400F/104010/A.I./1316/2015, TECA400F/104010/A.I./1516/2015, TECA400F/104010/A.I./1556/2015, TECA400F/104010/A.I./1592/2015, TECA400F/104010/A.I./1597/2015, TECA400F/104010/A.I./1803/2015, TECA400F/104010/A.I./323/2016, TECA400F/104010/A.I./359/2016, TECA400F/104010/A.I./409/2016, TECA400F/104010/A.I./466/2016 y TECA400F/104010/A.I./488/2016, comunicó las gestiones tendentes a dar cumplimiento al fallo protector, pues ordenó al Actuario de su adscripción que se constituyera en el domicilio de la demandada para requerirle el cumplimiento de pago, o en su caso, el embargo, estableció las medidas de apremio para su cumplimiento y ordenó diversas fechas para llevar a cabo diligencias en lo atinente a su ejecución; asimismo, realizó diversos apercibimientos al demandado, embargó cuentas a su nombre y giró los oficios recordatorios al representante legal de la Institución denominada BBVA Bancomer a efecto de que dejara a disposición de ese Tribunal la cantidad que garantizara el crédito laboral e hizo efectivos los apercibimientos decretados en contra de la institución bancaria referida; igualmente, requirió a la parte demandada (Ayuntamiento de Huixquilucan), para que en caso de que se declara insolvente, realizara las adecuaciones presupuestarias necesarias para incorporar a su presupuesto de egresos el laudo condenatorio. Ahora bien, el apoderado legal de BBVA Bancomer, informó que las cuentas embargadas se encuentran sin saldo, por lo que la responsable, en proveído de ocho de abril de dos mil dieciséis requirió nuevamente a la actora para que realice el pago de las prestaciones a las que fue condenado en el laudo de origen, o bien se le embarguen bienes suficientes para garantizar el crédito laboral. Ahora bien la parte quejosa, mediante escrito presentado el veinte de abril de la presente anualidad, sustancialmente aduce que aún no se cumple con el núcleo esencial de la sentencia constitucional, puesto que el laudo de origen no se encuentra ejecutado. Establecido lo anterior, al hacer un análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que asiste la razón a la parte quejosa, puesto que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo aun no cumple con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en los párrafos que anteceden, si bien, ordenó el requerimiento de pago y embargo, estableció las medidas de apremio para su cumplimiento y ordenó diversas fechas para llevar a cabo diligencias, en lo atinente a su ejecución; asimismo, realizó apercibimiento al demandado, ordenó los oficios recordatorios al representante legal de la Institución denominada BBVA Bancomer a efecto de que dejara a disposición de ese Tribunal diversas cantidades y una vez que dicha institución informó sobre la insuficiencia de saldo de las cuentas embargadas, requirió nuevamente a la actora sobre el pago y embargo; empero, lo cierto es que de las constancias que remitió no se desprende que con dichas actuaciones haya obtenido la ejecución del laudo, es decir, que la demandada haya realizado el pago al que se le condenó. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo, lo cual deberán acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas. Razón por la cual, la autoridad en cita se encuentra obligada a: a) Dar cumplimiento al auto de requerimiento de pago de seis de agosto de dos mil trece, emitido dentro del expediente laboral 2887/2006, por el Presidente de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fijó en cantidad líquida la condena impuesta en el laudo de quince de junio de dos mil diez, con independencia de que la peticionario de amparo promueva ante ese órgano laboral la actualización de la suma relativa a las prestaciones adeudadas y éste se pronuncie al respecto. b) En caso de que el ayuntamiento responsable se declare insolvente, en términos del párrafo segundo del artículo 251 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y Municipios, el Presidente Municipal deberá solicitar el establecimiento de una partida presupuestal específica para la liquidación relativa a la ejecución del laudo ,que nos ocupa, lo que se justificará con el acta de sesión del Ayuntamiento responsable, por lo que hace, tanto a la insolvencia del Municipio como al establecimiento de la partida presupuestal en cita, en términos del artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, debiendo contar para ello con el informe contable relativo suscrito por el Tesorero municipal; y, c) En virtud de que, conforme a lo previsto en el artículo 125, cuarto párrafo, de la Constitución Local, es obligación del Ayuntamiento realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para, en el caso, incorporar a su presupuesto de egresos el laudo condenatorio en comento, con el objeto de que se cumplido, por ende, en términos de la fracción del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, dicha autoridad responsable deberá acreditar ante este juzgado federal que tanto en la formulación del proyecto de presupuesto de egresos como en su aprobación, se contempló la partida presupuestal específica para la liquidación de la sentencia laboral que nos ocupa. d) Todo lo anterior, sin perjuicio de que la actualización de las sumas adeudadas por el municipio responsable y hasta en tanto se cumpla el laudo, una vez que respecto de las mismas se haya pronunciado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, sean contempladas en la citada partida presupuestal. e) Remita copia certificada completa y legible de todas las actuaciones relativas a las actuaciones precisadas, con el propósito de verificar los plazos y formalidades inherentes a ellas. Lo anterior, encuentra sustento en la posibilidad que tenga la parte quejosa de conocer oportunamente las determinaciones que se emitan respecto al cumplimiento del laudo emitido. Se apercibe a la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por conducto de su presidente de no hacer lo requerido en el tiempo otorgado (tres días), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Ello es así, ya que por el momento no existe justificación para ampliar el plazo de tres días otorgado en esta actuación. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. Sin perjuicio de lo anterior, y tomando en consideración que la autoridad responsable Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México no tiene superior jerárquico, también se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2 agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, mediante el cual rinde su informe de cumplimiento a la suspensión de plano. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126 de la Ley de Amparo, con el contenido íntegro del oficio descrito en el párrafo que antecede, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, agréguense a los autos, para que surtan los efectos legales conducentes la constancia de notificación de cuenta, realizada al quejoso Jesús Girón Arvayo Mendoza, en las que se advierte que manifestó lo siguiente: "En este acto es mi deseo desistirme del acto reclamado consistente en la omisión de reubicarme a diverso modulo solo de este acto me desisto " En esas condiciones, se tienen por hechas sus manifestaciones y por desistido de dicho acto a su más entero perjuicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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