Jesus Girón Arvayo

Expediente 1095/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 105 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1095/2016
Año
2016
Actuaciones
105
Última actuación
16/05/2019

Partes del expediente

  • Jesus Girón Arvayo
  • Comandante Del Area De Seguridad Y Custodia Del Centro Federal De Readaptación Del Centro Federal De Readaptación Social Numero Uno Altiplano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 105.

  1. Principal

    III) Toluca, Estado de México; dieciséis de mayo de dos mil diecinueve. Vista la constancia de notificación personal practicada por el actuario de la adscripción el catorce de mayo pasado, de la que se advierte que al momento de hacer del conocimiento del quejoso la determinación emitida el diez anterior, este manifestó lo siguiente: "INTERPONGO RECURSO DE QUEJA CONTRA LA NEGATIVA DE EXPEDIRME DICHAS COPIAS DE MANERA GRATUITA". A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, en razón de tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación de cuenta, y en conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Con copia de la constancia de notificación de cuenta, notifíquese a las partes la interposición del recurso citado y requiéraseles para que en el plazo de tres días, señalen las constancias certificadas que deben remitirse para la resolución del medio de impugnación. Una vez transcurrido dicho plazo, con fundamento en el ordinal mencionado en último término, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, envíese la constancia de notificación señalada, copia autorizada de la determinación impugnada, y en su caso, las constancias necesarias para su resolución. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    III. Toluca, Estado de México; diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción notificó al quejoso la determinación de siete de mayo pasado, en la que realiza la manifestación siguiente: "HAGO DE SU CONOCIMIENTO A SU SEÑORIA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS PARA SOLVENTAR DICHAS COPIAS, MOTIVO POR EL CUAL SOLICITO RESPETUOSAMENTE SE ME EXPIDAN DE MANERA GRATUITA MUCHAS GRACIAS" A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en atención a las aludidas expresiones se tiene que en el proveído de siete de mayo pasado le fueron autorizadas las copias solicitadas a su costa, esencialmente porque el presente asunto se encuentra concluido, pero ante su insistencia dígasele que no se acuerda de conformidad la solicitud de copias gratuitas. Ello, pues precisamente al tratarse de un juicio de amparo indirecto que ya fue substanciado en todas sus etapas, en las que en todo momento tuvo acceso a la información contenida en el expediente o dicho en otras palabras conoció de todas las actuaciones judiciales desahogadas en su tramitación, no tuvo impedimento alguno para su defesa. Consecuentemente, resultaría infructuoso otorgarle las copias que requiere de todo lo actuado bajo el argumento de tutelarle el derecho a una adecuada defensa, dado que la ejecutoria de amparo dictada en este sumario en la que se sobreseyó ya es cosa juzgada, ya que así se decretó en auto de dos de mayo de dos mil diecinueve (foja 1365 a 1366), y en atención al principio de certeza jurídica que rige todas las actuaciones judiciales la situación legal del impetrante por cuanto hace a este juicio deberá prevalecer. Entonces, no hay medio de defensa que en la actualidad pueda hacer valer ni actuación judicial que deba conocer respecto del trámite pues el juicio ha sido resuelto, de ahí que su solicitud sea improcedente. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2014 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Página: 347, Décima Época, Materia(s): Común, Registro: 2006793, de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES PROCEDENTE LA ENTREGA DE LAS MISMAS EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. La gratuidad de la justicia que consagra el artículo 17 constitucional consiste en que las personas no tienen que efectuar ninguna erogación a los tribunales por la impartición de la justicia, lo cual genera como efecto la prohibición para que éstos exijan retribución por la función que desempeñan dentro del Estado. Este principio constitucional busca evitar que los obstáculos económicos vulneren el derecho de tutela judicial efectiva, los que han de entenderse como todos aquellos costos que los justiciables deben afrontar para acceder a la tutela jurisdiccional, los cuales dificultan el ejercicio del derecho fundamental. En ese tenor, si bien el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo abrogada, es claro al imponer al interesado la obligación de cubrir a quien las solicita el costo de las copias certificadas, en aras de respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para la emisión de su determinación, en respuesta a la petición formulada. De manera que si el quejoso comparece a manifestar su impedimento para cubrir tal gasto y tanto de su afirmación como de autos, se desprende que se encuentra privado de su libertad con motivo de la imposición de una pena, pues su condición jurídica ocasiona la suspensión de derechos políticos y civiles, es obvio que, salvo prueba en contrario, no cuente con ingreso alguno; por tanto, el cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios, será gratuita con la condición de que con claridad se soliciten las constancias respecto de las que requiera copias y sean de utilidad para su defensa, quedando a criterio del juzgador la determinción de ser o no conducentes. Asimismo, si el peticionario de garantías manifiesta, sin que de autos se advierta lo contrario, que no tiene designada persona autorizada para las actuaciones judiciales derivadas del proceso, hace evidente su impedimento físico de allegarse por su cuenta de las copias certificadas solicitadas, por lo que resulta materialmente imposible que tenga a la vista las referidas documentales, puesto que al estar recluido y no contar con persona autorizada para imponerse de los autos, no es factible que consulte los mismos de forma personal como tampoco que acuda a recibir los documentos solicitados en caso en que hubiera sido obsequiada su petición. Por tanto, procede que se ordene entregar dichas copias en el lugar donde se encuentra recluido.". Máxime que los órganos del Poder Judicial de la Federación se rigen por el principio de austeridad, por lo que se debe procurar el ahorro de recursos materiales, pues se insiste, para el caso de decretar procedente tal solicitud se atentaría en contra de ello, al tratarse de un juicio concluido en el que el impetrante no tiene recursos o medios de defensa que agotar, y dicha circunstancia por sí es motivo suficiente para sostener la idea de que la concesión de las mismas en nada beneficia a su situación legal. Notifíquese y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    III. Toluca, Estado de México; siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, a través de la cual el actuario de la adscripción notificó al quejoso la determinación de dos de mayo pasado, en la que realiza la manifestación siguiente: "SOLICITO SE ME EXPIDA COPIA DE TODO LO ACTUADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO MUCHAS GRACIAS" A dicha razón se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del referido código supletorio, ya que al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia publicada con el número 563, página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Al respecto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón actuarial referida para los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente, bajo su costa, las copias que solicita previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida de la persona que autorice para tal fin, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente. Lo anterior en base a que no se viola el principio de defensa adecuada del quejoso, pues el juicio de amparo es un asunto concluido, y del que se advierte que en todo momento tuvo acceso a la información contenida en el expediente y se le proporcionó las copias necesarias que solicitó. Notifíquese.

  4. Principal

    III. Toluca, Estado de México; dos de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tienen por hechas las certificaciones precedentes, para conocimiento de las partes. La certificación de cuenta evidencia la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el nueve de abril de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues en el presente asunto se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin embargo se concedió la suspensión de plano del acto reclamado (punto vigésimo primero, fracción III, segundo y cuarto). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. 4. El cuaderno de antecedentes derivado del cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues encuadra en la hipótesis prevista en el Punto Vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo del acuerdo general conjunto de mérito. Procédase a la destrucción de las copias simples remitidas por la Directora de Especialidades Médico Forenses adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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