Jesús Gerardo Ocejo Galeana

Expediente 880/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
880/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • Jesús Gerardo Ocejo Galeana

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo, por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista las partes.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial a que alude la cuenta, se advierte la imposibilidad para notificar al quejoso ********************, el auto de diecinueve de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Atento a lo anterior y, considerando que no se advierte diverso domicilio que haya señalado el promovente para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele éste y dicha resolución mediante la lista que se fije en los estrados de este juzgado; en el entendido de que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán en esos términos. Notifíquese: por lista al quejoso, el auto de diecisiete de julio, éste y, en su caso, los subsecuentes. Por lo anterior, se ordena notificar por lista a la parte quejosa el auto de diecinueve de julio del año en curso, el cual a la letra dice: "Naucalpan , México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ****** por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Acto reclamado El proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio administrativo relativo al expediente ********************en el que la responsable determinó inadmitir una prueba ofrecida por el quejoso. Autoridades responsables Segunda Sala Regional en Naucalpan del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Director General de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61, se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. En el entendido, que la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el quejoso señala como acto reclamado el proveído emitido en etapa de ejecución de sentencia consistentes en el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio administrativo relativo al expediente ********************en el que la responsable determinó inadmitir una prueba ofrecida por el quejoso. Sin embargo, resulta evidente que ese acto no constituye la última resolución dictada en el juicio de origen, pues no se trata de la resolución que apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, los actos que reclama el quejoso se llevan a cabo en la etapa de ejecución de sentencia de un procedimiento administrativo. Por lo que sólo podrá ser impugnado hasta que se controvierta la última resolución que se dicte en el juicio de origen o procedimiento de remate, momento en el cual el quejoso podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase procesal, que la hubiesen dejado sin defensa. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Por lo que hace al correo electrónico que proporciona para tal efecto, dígase al quejoso que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no se encuentra previsto por la ley de la materia como medio para llevar a cabo notificaciones procesales, por lo que sólo puede ser considerado como medio de contacto para realizar notificaciones no procesales. En ese tenor, considerando que el quejoso tiene como domicilio particular el ubicado en ********************se tiene éste, como domicilio para oír y recibir notificaciones. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notificación personal Dada la trascendencia de la presente determinación, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio supracitado y la notifique personalmente al quejoso ******************** Autorización consulta expediente electrónico Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona el quejoso para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Se tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona el quejoso. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Captura de resolución en el SISE y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Orden de supresión de datos personales En atención a la petición del quejoso, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente al quejoso."

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan , México, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. V i s t a la demanda de amparo de cuenta se provee: téngase por presentado a ****** por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Acto reclamado El proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio administrativo relativo al expediente ********************en el que la responsable determinó inadmitir una prueba ofrecida por el quejoso. Autoridades responsables Segunda Sala Regional en Naucalpan del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Director General de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Fórmese expediente impreso y electrónico. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En ese contexto, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la fracción XXIII del citado artículo 61, se desprende que establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, constitucional y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comente no es limitativo sino enunciativo. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. En el entendido, que la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de garantías. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el quejoso señala como acto reclamado el proveído emitido en etapa de ejecución de sentencia consistentes en el proveído de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia del juicio administrativo relativo al expediente ********************en el que la responsable determinó inadmitir una prueba ofrecida por el quejoso. Sin embargo, resulta evidente que ese acto no constituye la última resolución dictada en el juicio de origen, pues no se trata de la resolución que apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, Sin que pase desapercibida la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de Alto Tribunal, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Sin embargo, en el caso no se configura el supuesto de excepción al que se refiere dicha jurisprudencia, en virtud de que las condiciones que establece para que proceda el juicio de amparo en tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, son las siguientes: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos. Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, laudo o convenio, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso concreto, los actos que reclama el quejoso se llevan a cabo en la etapa de ejecución de sentencia de un procedimiento administrativo. Por lo que sólo podrá ser impugnado hasta que se controvierta la última resolución que se dicte en el juicio de origen o procedimiento de remate, momento en el cual el quejoso podrá reclamar las violaciones suscitadas durante esa fase procesal, que la hubiesen dejado sin defensa. En tales condiciones, dado que en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones personales Por lo que hace al correo electrónico que proporciona para tal efecto, dígase al quejoso que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que no se encuentra previsto por la ley de la materia como medio para llevar a cabo notificaciones procesales, por lo que sólo puede ser considerado como medio de contacto para realizar notificaciones no procesales. En ese tenor, considerando que el quejoso tiene como domicilio particular el ubicado en ********************se tiene éste, como domicilio para oír y recibir notificaciones. Se hace de su conocimiento que en caso de que deba realizársele alguna notificación personal durante el trámite de este juicio y se encuentre alguna imposibilidad para realizarla en el citado domicilio, la notificación se realizará por lista que se fija en los estrados de este juzgado. Lo anterior, en términos el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notificación personal Dada la trascendencia de la presente determinación, se comisiona a uno de los actuarios de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio supracitado y la notifique personalmente al quejoso ******************** Autorización consulta expediente electrónico Por otro lado, se tiene por autorizada su solicitud de consultar el expediente electrónico con el usuario que proporciona, siempre y cuando efectivamente se encuentre registrado en la página relativa al "Sistema de Consulta de Expediente Electrónico". Por consiguiente, se ordena a la analista jurídico SISE efectuar el registro interno del usuario que proporciona el quejoso para que consulte el expediente electrónico del presente juicio. Exhorto para seguir la tramitación del juicio vía línea Se exhorta a las partes que no lo hubieran hecho con anterioridad para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea", esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Medios de contacto Se tiene como medio de contacto el correo electrónico que proporciona el quejoso. Autorizados En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; a las restantes, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Captura de resolución en el SISE y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Orden de supresión de datos personales En atención a la petición del quejoso, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los numerales 16, 55, 56, 57 y 58 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente al quejoso.

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