Jesús Gerardo Navarro Hernández

Expediente 787/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
787/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Jesús Gerardo Navarro Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    isto lo de cuenta, agréguese para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdirector de Cumplimiento de Ejecutorias de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual atiende el requerimiento formulado en auto de tres de los actuales. En atención a su contenido, se provee: Solicitud de incorporar a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural para el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. La autoridad oficiante solicita que se regularice el procedimiento para que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo sea requerido a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para ello, se le emplace por conducto de su nueva titular. En atención a ello, dígasele nuevamente que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por las razones expuestas en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte; el cual se le comunicó mediante oficio 15633. Gestiones para cumplimiento. Por otra parte, téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones tendentes al cumplimiento de la sentencia de amparo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Estese en espera de que remita las constancias que acrediten el total cumplimiento a la ejecutoria, para acordar lo que en derecho corresponda. Notificación a la autoridad oficiante. omuníquese la presente determinación, vía electrónica, a la autoridad oficiante para los efectos a que haya lugar. .

  3. Principal

    Visto el oficio 3905 con anexos, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite: Copia certificada del oficio JOFAI/6997/2021; Oficio JOFAI/6724/2021 que contiene el informe justificado rendido por Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; Original y tres copias de la demanda de amparo signada por el quejoso Jesús Gerardo Navarro Hernández; Constancias de emplazamiento; Escrito suscrito por la tercera interesada Monserrat Flores Sánchez; Copia certificada del expediente F1455/2017, en un tomo; Sobre con documentos Disco compacto; Lo anterior, toda vez que el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, dictó el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo directo civil 480/2021 del índice de dicho tribunal, en el que declinó la competencia para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad. Este juzgado determina continuar con el conocimiento del asunto; en consecuencia, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 787/2021-V. Genérese el acuse de recibo de estilo. Desechamiento de plano Ahora bien, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. El promovente del amparo reclama la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno dictada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en el expediente 1455/2017, la cual declaró fundado el incidente de ejecución de convenio promovido por Ma. Monserrat Flores Sánchez contra el aquí quejoso. Por tanto, el juzgado responsable ordenó al quejoso a que reincorpore a la menor de iniciales H.M.N.F. con su madre y actora incidentista, aquí tercera interesada. Al respecto, el juicio de amparo es improcedente por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, debe desecharse la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. Al respecto, los artículos 17, 18 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" [Énfasis añadido] El primer artículo contiene la regla genérica para la promoción del amparo (plazo de quince días); asimismo, contempla excepciones a dicho término: - Treinta días: norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición. - Ocho años: sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. - Siete años: actos de afectación colectiva en materia agraria. - Cualquier momento: actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada, los prohibidos por el artículo 22 constitucional (pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o cualquier otra pena inusitada y trascendente) e incorporación forzosa a las fuerzas armadas. El artículo 18 de la ley de la materia impone la forma de contar dichos plazos: a) día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; b) día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; y c) día siguiente a aquél que se ostente sabedor del acto o su ejecución, salvo tratándose de leyes autoaplicativas, el cual se computará a partir de la entrada en vigor de ésta. Dichas previsiones normativas contienen la improcedencia del juicio relativa a los actos consentidos tácitamente, calificando a aquellos que no son reclamados en los plazos previstos por los 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, excepto en casos previstos por las fracciones l, ll, ll y IV del numeral citado en primer término. Los artículos citados tienen los siguientes elementos: a) Consentimiento tácito de los actos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo. b) El término perentorio de quince días para interponer la demanda de amparo en contra del acto de autoridad que afecta al quejoso (término aplicable en el presente caso). c) Forma de contabilizar el término concedido para la promoción del juicio. La interpretación de dichas reglas permite establecer el siguiente razonamiento: Cualquier persona que resienta una lesión en sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, tiene acceso a la justicia a través de este mecanismo de regularidad constitucional (juicio de amparo), con el objeto de proteger sus derechos. La promoción de tal mecanismo tiene un plazo perentorio determinado por la norma jurídica. Si la persona que resintió la lesión dejó pasar el plazo previsto para promover su demanda de amparo, se infiere que está conforme con el acto reclamado. Entonces, el término de quince días es improrrogable y, por tanto, fatal para la parte quejosa, pues cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela su conformidad con el acto. En el caso, el quejoso no cumplió con la previsión normativa de promover el juicio de amparo indirecto para defender los derechos que aduce lesionados, en el término de quince días, pues reclama la resolución de veintidós de abril de dos mil veintiuno dictada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, en el expediente 1455/2017, la cual, de conformidad con la certificación asentada por la autoridad responsable en la demanda de amparo, se advierte que le fue notificada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Entonces, la presentación de la demanda de amparo es extemporánea, pues ocurrió después del término legal para acudir a esta instancia constitucional. Lo anterior, ya que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que el quejoso controvirtiera la resolución reclamada, transcurrió del veintiocho de abril al diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en el entendido de que se consideran días inhábiles y, por tanto, no se tuvieron en cuenta para el cómputo de dicho término, los días sábados y domingos que mediaron en ese periodo, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el cinco de mayo; por tanto, en esas fechas no transcurrieron términos en los asuntos de este juzgado federal. En tal virtud, si la demanda de amparo fue recibida en la Secretaría de la autoridad responsable, el catorce de junio del actual año, como se desprende del sello de recepción y de la certificación de la responsable, entonces es extemporánea, por haber consentido tácitamente la resolución reclamada. Cabe destacar que en este caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción del plazo genérico de quince días aludido, pues el quejoso no reclama alguna norma general; procedimiento de extradición o sentencia penal condenatoria; actos que puedan afectar el disfrute de los derechos agrarios de los núcleos ejidales o comunales; así como alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, mayo de 2015, tomo I, materia común, página 38, registro 2009174, rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia analizada; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en el momento procesal oportuno, archívese este asunto como concluido.

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