Jesús Gerardo Estrada Ríos

Expediente 402/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
402/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
27/04/2018

Partes del expediente

  • Fiscal General del Estado de Querétaro
  • Jesús Gerardo Estrada Ríos

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de DESTRUCCIÓN de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula...II

  2. Principal

    Agréguese al escrito signado por el quejoso, por medio del cual cumple con la prevención de cuatro de abril de dos mil dieciocho; en esa virtud, al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO En ese sentido, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De igual forma, es aplicable la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En ese contexto respecto de los actos reclamados al Fiscal General del Estado de Querétaro, esta Juzgadora considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que regulan el juicio de amparo. Tales preceptos legales establecen: "Artículo 61.- . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la anterior transcripción se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto de autoridad no causa una afectación real y actual al quejoso. En efecto, el principio de agravio personal y directo implica que la afectación debe ser resentida exactamente por la persona que promueva la demanda respectiva, debiendo derivarse tal afectación precisamente del acto reclamado. Así pues es procedente el juicio de amparo cuando existe una afectación o lesión en la persona de un gobernado, alterando su patrimonio o sus derechos personales en forma inmediata el acto reclamado. Ante todo, conviene distinguir entre perjuicio (ahora afectación), e interés jurídico, pues mientras este último lo constituye la titularidad del derecho afectado, el perjuicio lo constituye la existencia de la afectación en esa esfera de derechos. Resulta aplicable la tesis con número de registro 334092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que a la letra reza: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejos causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de surte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente." Ahora bien, el supuesto básico de procedencia del juicio de amparo es que se acredite la titularidad de un derecho legítimamente tutelado, y así la afectación a su esfera jurídica de los actos reclamados. En efecto, constituye un presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o la ley reclamada en un juicio de garantías cause perjuicio al quejoso. En el caso concreto los actos que en esta vía constitucional se reclaman no causan un agravio directo e inmediato en la esfera jurídica de la parte peticionaria de garantías, puesto que un acto reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona ya sea física o moral mediante la lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es sólo hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de incoar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de amparo, pero de ninguna forma como acontece en la especie, toda vez que el promovente Jesús Gerardo Estrada Ríos, aduce en lo conducente que el acto reclamado lo constituye en sí, la integración de la averiguación previa 917/2015. En esa razón, en el caso concreto los actos que en esta vía constitucional se reclaman no causan un agravio directo e inmediato en la esfera jurídica del peticionario del amparo, puesto que un acto reclamado mediante el juicio de amparo, debe causar perjuicio a una persona ya sea física o moral mediante la lesión directa de sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es sólo hasta entonces cuando nace precisamente la posibilidad de incoar la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, pero de ninguna forma como acontece en la especie, toda vez que el promovente Jesús Gerardo Estrada Ríos, manifestó que es su deseo señalar esencialmente como acto reclamado destacado, la integración de alguna averiguación previa instruida en su contra por parte del Fiscal General del Estado de Querétaro. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, con número de registro 2012423, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto 2016, tomo IV, Materia común, visible en la página 2592, que a la letra enuncia: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." De igual forma, respecto de la orden de reaprehensión dictada dentro de la causa penal 60/2016, por el Juez Cuarto de Primera Instancia Penal de Querétaro, se estima que también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la materia, que dispone literalmente lo siguiente: "61. El juicio de amparo es improcedente: (..) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; Por su parte, los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Dicho lo anterior, como ya se anticipó, la demanda de amparo que nos ocupa es extemporánea. Lo anterior se considera así, pues el promovente de amparo Jesús Gerardo Estrada Ríos, manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de los actos que les reclama al Juez responsable, y en esencia de la orden de reaprehensión de que se duele desde el mes de diciembre de dos mil dieciséis, sin especificar día, confesión que hace prueba plena en su contra, que es admisible en el juicio de amparo y goza de valor probatorio pleno, en razón de lo establecido por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que establecen. "Artículo 199.- La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ellas las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio.". "Artículo 200.- Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Apoya lo anterior, por los datos que informa, la jurisprudencia 27/1996, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 294, Tomo LXXXIX, correspondiente a la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "AMPARO, CONFESION EN EL.- Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúa". Circunstancia que se corrobora con las actuaciones del juicio de amparo 1917/2016-V del índice de este juzgado, que se tienen a la vista; documento público que merece pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sin embargo, cabe hacer la aclaración de que en sí, del acto reclamado tuvo conocimiento desde once de enero de dos mil dieciocho, fecha en que le fue notificada la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se dictó la orden de reaprehensión, en cumplimiento a lo ordenado por este juzgado el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en que se le puso a la vista el oficio y resolución, con los que se posteriormente se tuvo por cumplida la sentencia en el amparo referido. Por lo que, bajo esas premisas debe considerarse como fecha de conocimiento del acto reclamado el once de enero de dos mil dieciocho, que es la que más le favorece a la parte quejosa. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 1ª. J, 48/2015, que sustento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice. "FORMAL PRISIÓN. SI LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LA DECRETA SE LLEVÓ A CABO EN DIVERSAS FECHAS AL INCULPADO Y A SU DEFENSOR, RESPECTIVAMENTE, EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE PRACTICÓ LA ÚLTIMA. De la interpretación conforme de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de un acto privativo de libertad derivado de un procedimiento penal, como el auto de formal prisión, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, y que existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días para la presentación de la demanda respecto al acto o resolución que reclame el quejoso, una de ellas es a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto. En ese sentido, a la luz del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la legislación adjetiva aplicable posibilita que una determinación adversa al inculpado, pueda impugnarse por él o por su defensor, cuando la notificación de un auto de formal prisión al inculpado y a su defensor se llevó a cabo en diversas fechas, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo debe computarse a partir de que se practicó aquella que le genere mayor beneficio al promovente privado de su libertad, es decir, la última de ellas, esto con la finalidad de maximizar la protección a favor del procesado y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona." Ahora, el artículo 17 de la ley de Amparo, establece que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual le es aplicable a los actos reclamados. En tanto, que el diverso 18 previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo; La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. Dicho lo anterior, la parte quejosa se encuentra en la primera de las hipótesis, esto es, se contará el término a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley del acto. Por su parte, los artículos 53 y 54 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Querétaro, aplicable en ese momento, decían: "Artículo 53. (Cómputo de los plazos). Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo las excepciones que este Código señale expresamente. Los plazos se contarán por días hábiles, excepto aquellos que por disposición legal deban contarse por horas, pues éstos se computarán de momento a momento." "Artículo 54. (Términos). Los términos se fijaran por día y hora; se notificarán cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación al día y hora en que se hayan de celebrar las actuaciones a que se refieran, salvo el caso de renuncia de dicho plazo." De lo cual se colige que las notificaciones en materia penal, en los casos que se suscitaran bajo la vigencia de dicho ordenamiento, surtían sus efectos el día en que se practicaban, y los plazos se computaban a partir del día hábil siguiente en que se hubiese realizado la notificación respectiva. Luego, se colige que el término de quince días a que se refiere el numeral 18 de la Ley de Amparo para la interposición del juicio de amparo, corrió desde el día siguiente hábil en que se notificó por lista de acuerdo de este órgano jurisdiccional, el auto en el que se decreta la orden reclamada; es decir, desde el quince de enero al dos de febrero del presente año, (sin que se contabilicen los días inhábiles que median en dicho periodo de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo). Por lo que en esas circunstancias, si el solicitante de amparo, no reclamó el acto dentro de los quince días siguientes al en que se le notificó el auto combatido, dictado dentro de los autos de la causa penal 60/2016 del índice del otrora Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, sino hasta el tres de abril del presente año, en que presentó su escrito de demanda, según se desprende del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es evidente, que en esa fecha ya feneció el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, por lo que, es de inferirse que tácitamente consintió los actos reclamados, al presentar en forma extemporánea su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis XXX.1o.8 P (10a.), que sustento el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página 1583, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice. "AMPARO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE PROMOVERSE EN EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS. Antes de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, se establecía que los actos que afectan a la libertad personal quedaban exceptuados del término de quince días, previsto en el artículo 21 de la ley de la materia, vigente hasta el 2 de abril de 2013, para promover el juicio de amparo, por lo que la demanda podía presentarse en cualquier tiempo, conforme a su artículo 22, fracción II; sin embargo, este tipo de determinaciones queda excluida de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17, fracciones II y IV, de la actual ley, que prevén, la primera, que contra las sentencias definitivas de condena que impongan pena de prisión, el juicio de amparo podrá promoverse en un plazo de hasta ocho años; en tanto que la segunda, si bien se refiere a actos que atacan a ese derecho fundamental, éstos deben ocurrir fuera de procedimiento para que puedan impugnarse en cualquier tiempo; de ahí que ambas fracciones excluyan al auto de formal prisión; por tanto, el juicio en su contra debe promoverse en el término de quince días." De igual forma la tesis que se lee así: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla." Así como la tesis que se lee así: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS.- No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuando un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera que sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sido consentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto y, por ende, define qué se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." (Jurisprudencia 13, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo VI, Común, Sección Precedente relevante S.C.J.N., Séptima Época, Apéndice 1917-2000) Asimismo, la tesis que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 165, Tomo VI, Común, Sección Precedente relevante T.C.C., del Apéndice 1917-2000, Octava Época) Y la diversa que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.- Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." (Tesis 193, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 165, Tomo VI, Común, Sección Precedente relevante T.C.C., del Apéndice 1917-2000, Octava Época) Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo promovida de que se trata, en términos del artículo 113 ibídem....ii

  3. Principal

    REGISTRO DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del Estado de Querétaro y otra autoridad, con fundamento en los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 402/2018-II, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN En esa virtud, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con el siguiente requerimiento: 1.- Como requisito previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente, deberá ABUNDAR, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en el entendido de las penas en que incurren quienes afirman hechos falsos u omiten los que les corresponde en términos del artículo 261 fracción I de la Ley de Amparo, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad lo siguiente: a) Indicar la fecha exacta en que tuvo conocimiento el acto reclamado, esto es, cuando tuvo conocimiento de la orden de privarlo de su libertad derivada de la causa penal que refiere; b) si la orden privativa de libertad que combate ya fue cumplimentada; y, c) si actualmente se encuentra recluido o gozando de su libertad, pues omitió señalar tales situaciones. 2.- Finalmente, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de especial a los licenciados que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos, salvo los considerados sensibles. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...II NP

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