Jesús Geovanni Sánchez Pineda
Expediente 1454/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Geovanni Sánchez Pineda
Actuaciones
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo concedido para hacer valer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de diciembre de la presente anualidad, en el cual se desechó demanda de amparo, sin que se hubiese hecho valer en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y en lo conducente el diverso 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el referido acuerdo. Archivo. Por tanto, toda vez que en este expediente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, de conformidad con el inciso a), del artículo 21, del referido Acuerdo General y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y la carátula. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Registro de demanda Con la demanda de amparo que promueve **********, por conducto de su apoderada legal **********, contra actos de los Miembros de la Junta Especial Dos Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 1454/2022. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en el juicio laboral ********, mediante la cual se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos a la Junta Especial de Tehuantepec, Oaxaca, para que se avoque al conocimiento. Al respecto, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.). VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y (.)". En principio se debe precisar que los problemas de competencia implican necesariamente dos resoluciones emitidas por diferentes autoridades, de las cuales sólo una debe analizarse en cuanto a su legalidad, dado que esta podría, en todo caso, causar una afectación de derechos sustantivos. Así, se tiene que la primera resolución es aquella emitida por un órgano jurisdiccional que declina el ejercicio de su potestad para conocer y resolver un juicio, mientras que la segunda, es la de otro que acepta la competencia para sustanciar y decidir la controversia planteada. En ese sentido, esta última determinación es la que, en todo caso, podría ocasionar una afectación real y directa a la esfera jurídica del quejoso y, por tanto, es susceptible de analizarse en cuanto a su legalidad. Lo anterior se estima así, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, preveía la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo cierto era que no podía entenderse en su literalidad, ya que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produjera una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurriría una vez que el órgano a favor del que se declinaba la aceptara (incompetencia por declinatoria); o bien, cuando accediera a inhibirse del conocimiento del asunto (competencia por inhibitoria), porque era cuando se producían todas las consecuencias del acto impugnado y un afectación personal y directa al agraviado. En el caso, es importante señalar que mediante la declinatoria, la autoridad que conoce primigeniamente las pretensiones de una de las partes en el juicio, se declara incompetente para conocer de las mismas y remite los autos a la autoridad que considera legalmente competente para conocer de la demanda del justiciable; sin embargo, debe indicarse que la determinación en la cual, una autoridad decide no conocer de un asunto y enviarlo a quien considera debe conocer, no integra por sí solo la figura de la declinatoria, sino que es tan sólo la parte con la que inicia la misma, decisión que además no es definitiva ni obliga a la autoridad a la que se le remiten los autos a conocer forzosamente de la demanda del justiciable, pues todavía se requiere la aceptación de la competencia por esta última, para estar en posibilidad de concluir que lo relativo a la competencia de la autoridad ha sido agotada. En ese orden, si en el caso concreto, el quejoso reclama la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Junta Especial Número Dos Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en el juicio laboral ********, mediante la cual se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y ordenó remitir los autos a la Junta Especial de Tehuantepec, Oaxaca, para que se avoque al conocimiento; es claro que tal declaración unilateral no constituye un acto definitivo para los efectos del supuesto de procedencia del juicio a que se contrae el artículo 107, en su fracción VIII, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 17/2015, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 21, tomo I, agosto de dos mil quince, página cinco, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En esa tesitura, se arriba a la conclusión de que en el caso se actualiza la causa de improcedencia precisada en líneas anteriores; por ende, con fundamento en el ordinal 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo a que este expediente se refiere. Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a J**********, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito"; y, por autorizados para oír y recibir notificaciones, a las restantes personas que señala para tal efecto, por así haberlo solicitado expresamente. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "jcesarmorales", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados, de los que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente vía electrónica al quejoso.
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