Jesús Gaspar Mendoza
Expediente 847/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 847/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesús Gaspar Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, no se ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la constancias actuarial de catorce de julio de dos mil veintitrés, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente al quejoso Jesús Gaspar Mendoza, por las razones que señala en la misma, hágase del conocimiento del fedatario adscrito que en proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se ordenó que, las notificaciones a la parte quejosa se realizaran por lista. En consecuencia se ordena al actuario de la adscripción realice tal formalidad encomendada en términos de lo ordenado en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil veintitrés Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, tal y como se observa de la constancia de notificación que obra en autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese personalmente Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de junio de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran, sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Por lo tanto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por José Salinas López, para que las autoridades responsables, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, en caso de no haberlo hecho: Realicen las gestiones necesarias para que con plenitud de jurisdicción, resuelvan de manera fundada, motivada y congruente la solicitud de pensión presentada mediante escrito de siete de abril de dos mil veintiuno, y lo notifiquen en términos de las leyes y normatividad aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a las autoridades responsables a que provean necesariamente de conformidad con lo solicitado por la promovente -aquí quejosa-, sino que están en libertad de resolver con base en los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. ...". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. Así, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio LV/SSLyP/DJ/2023 de once de mayo de dos mil veintitrés, donde acreditar dar respuesta a la petición del quejoso de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, misma que fue notificada el diez de mayo de dos mil veintitrés, donde se le hace saber del decreto con número 854, por el cual conceden su pensión por jubilación a José Salinas López; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, tal como se advierte de su oficio LV/SSLyP/DJ/2023 de once de mayo de dos mil veintitrés, refiere que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dio respuesta a la petición del quejoso, misma que fue notificada el diez de mayo de dos mil veintitrés, donde se le hace saber del decreto con número 854, por el cual concede pensión por jubilación a José Salinas López, tal como se advierte de las constancias que adjuntó la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realice las gestiones necesarias para que con plenitud de jurisdicción, resuelvan de manera fundada, motivada y congruente la solicitud de pensión presentada mediante escrito de siete de abril de dos mil veintiuno, y lo notifiquen en términos de las leyes y normatividad aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a las autoridades responsables a que provean necesariamente de conformidad con lo solicitado por la promovente -aquí quejosa-, sino que están en libertad de resolver con base en los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que realizó las gestiones y trámites necesarios para dar respuesta a la solicitud de la parte quejosa para proveer sobre la solicitud de pensión jubilatoria, lo que se corrobora con el decreto con número 854, por el cual concede pensión por jubilación a José Salinas López. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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