Jesús Garza Cantú

Expediente 1279/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1279/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • Jesús Garza Cantú

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 389/2021-C, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en la sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, terminada de engrosar el catorce del propio mes y año, dictada dentro de la queja civil 176/2021, de su índice, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En consecuencia, acúsese recibo de estilo a la superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguese a los autos la ejecutoria de mérito para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. ... Notifíquese. ...

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 5350/2021, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa la admisión a trámite del recurso de queja hecho valer por el quejoso Jesús Garza Cantú, en contra del auto de dieciocho de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del presente asunto; en ese contexto, tómese nota de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, y se está en la espera de la resolución relativa al aludido medio de impugnación. Finalmente, hágase de conocimiento de las partes que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio SEADS/1151/2021, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, funge como titular de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, el suscrito Juez Juan Fernando Alvarado López.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, el escrito firmado por el quejoso Jesús Garza Cantú, por medio del cual interpone recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre del presente año, a través del cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja hecho valer por la agraviada. En tal virtud, remítase el original del escrito de agravios, así como copia certificada del escrito de demanda de amparo, del auto recurrido y su notificación, para la substanciación del citado medio de impugnación, y ríndase el informe materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto atribuido a este órgano jurisdiccional, por cuanto hace a la emisión del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo; sin embargo, se estima que tal auto se encuentra ajustado a derecho. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, secretaria en funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe. @ldemar.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Garza Cantú, contra un acto del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo y regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1279/2021-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la lectura del numeral citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS.". Esencialmente, la tesis en cuestión, explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Dicho lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo se obtiene, que el solicitante de amparo Jesús Garza Cantú, reclama en esta instancia constitucional, el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, promovido en el juicio 27/2013, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diecinueve de agosto del presente año. Al respecto, el promovente estima que el Juez Familiar responsable vulnera sus derechos fundamentales, pues previo a solicitar el avaluó del bien sujeto a remate en el incidente de liquidación de origen, debió solicitar la exhibición del certificado de gravamen respectivo, y proceder en términos del artículo 695, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas. Partiendo de esa premisa, este juzgado federal advierte que en el caso en concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De lo antes trascrito, se obtiene que la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que puede afirmarse, que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal, estableció que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente, revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no, a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual, sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En apoyo a lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).". En ese tenor, debe concluirse que tratándose de actos dentro del juicio, y a su vez se emitan dentro de un procedimiento incidental, es decir, que se haya emitido previo a que se dicte la interlocutoria correspondiente, también resulta aplicable dicha regla para la procedencia del amparo, esto es, que con el acto de autoridad se afecten derechos fundamentales. De ahí, que si el acto en estudio consiste en el auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, en el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, promovido en el juicio 27/2013, que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el diverso proveído de diecinueve de agosto del presente año, tenemos que esa actuación no satisface los supuestos descritos en el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional. Contrario a lo que afirma el solicitante de amparo, se considera que la resolución reclamada no origina una vulneración directa e inmediata en algún derecho sustantivo de éste, requisito que se requiere para que el juicio de amparo resulte procedente, puesto que, el que no se haya regularizado el procedimiento del incidente de liquidación de origen, para los fines antes apuntados, no implica que debiera ser analizada esa circunstancia en este momento procesal a través del juicio de garantías bi-instancial, pues el único efecto que tiene el acto reclamado, es la preparación para el remate del aludido bien. Esto, porque se trata de un acto de naturaleza procesal -incidental- que no causa una afectación material a un derecho sustantivo, es decir, no tiene la naturaleza de ser un acto irreparable, sino que se trata de un derecho procesal que se encuentra dentro de la categoría de derechos mínimos o garantías judiciales que propician el debido acceso a la justicia. Así, podrá ser analizado y, en su caso, restituido al momento en que se emita la interlocutoria que resuelva el incidente de origen, circunstancia que aún no acontece según lo señalado en la demanda de garantías. Es así, ya que será hasta que se emita la resolución correspondiente cuando, en caso de que ésta fuera favorable a los intereses del promovente Jesús Garza Cantú, quedaría resarcida la afectación a los derechos procesales ocasionada con el acto de autoridad; incluso, hasta antes de la venta del bien, el Juez de primer grado podrá solicitar el certificado del Registro Público de la Propiedad, en el que consten los gravámenes que reporte el inmueble, tal y como lo establece el artículo 701, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dice: "ARTÍCULO 701.- El remate judicial de inmuebles deberá prepararse en la forma siguiente: I.- Antes de ordenarse la venta, deberá exhibirse un certificado del Registro Público de la Propiedad, en el que consten los gravámenes que reporte el inmueble. El certificado deberá comprender un período de diez años a la fecha en que se expida." (.) Es aplicable a lo antes establecido, la jurisprudencia I.6o.C. J/28, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1696, del tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190054, que establece: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO.". Igualmente, la jurisprudencia número P./J. 38/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190037, cuyo título estatuye: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA.". Por lo expuesto, como se indicó no se encuentra justificado hasta este momento el menoscabo en su esfera jurídica que produzca un daño irreparable y por tanto nos lleve a considerar procedente el presente juicio. En ese contexto, al quedar actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso numeral 107 fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se determina desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Garza Cantú, contra un acto del Juez Segundo de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que se indica en la demanda, y, como autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mayra Marina Alejandro Ochoa y Alejandro Moctezuma Andrade Zumaya, por no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se tiene al ocursante proporcionando la cuenta de correo electrónico mayra_alejandro@hotmail.com, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, Secretaria en Funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Issac Paulino Martínez Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

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