Jesús García Rojas López
Expediente 1354/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán
- Jesús García Rojas López
Actuaciones
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de doce de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veinte al veintisiete de diciembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental ; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente, así también que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
,,,Oficio destacado...
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29, 30, fracción II, y 31 fracción II, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa Jesús García Rojas López, así como a sus autorizados, el acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: ...MORELIA, MICHOACÁN, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la demanda de amparo promovida por JESÚS GARCÍA ROJAS LÓPEZ, contra actos del Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relació con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, de rubro y texto siguientes: Así, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En la especie el quejoso, hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: "1. Delegado Administrativo: la omisión de efectuar las acciones en el ámbito de su competencia como titular de la Dirección de Administración del Personal, del Departamento de Relaciones Laborales y del Departamento de Pagos, a efecto de que se realice el pago de las percepciones que he devengado desde la quincena diecinueve a la veintidós, los bonos correspondientes a las aludidas quincenas, así como la primera parte del aguinaldo, todos de la presente anualidad. 2. Director de Educación Primaria: a) La omisión de efectuar las acciones en el ámbito de su atribución, para que se realice el pago de las percepciones que he devengado desde la quincena diecinueve a la veintidós, los bonos correspondientes a las aludidas quincenas, así como la primera parte del aguinaldo, todos de la presente anualidad. b) La falta de notificación sobre el acto que llevó a la omisión de pago de mí salario. 3. Subsecretario de Educación Básica: a) La omisión de efectuar las acciones en el ámbito de sus atribuciones, para que se realice el pago de las percepciones que he devengado desde la quincena diecinueve a la veintidós, los bonos correspondientes a las aludidas quincenas, así como la primera parte del aguinaldo, todos de la presente anualidad. b) La falta de notificación sobre el acto que llevó a la omisión de pago de mí salario. 4. Director de Administración de Personal: a) La omisión de efectuar las acciones en el ámbito de su competencia, para que se realice el pago de las percepciones que he devengado desde la quincena diecinueve a la veintidós, los bonos correspondientes a las aludidas quincenas, así como la primera parte del aguinaldo, todos de la presente anualidad. b) La falta de notificación sobre el acto que llevó a la omisión de pago de mí salario. 5. Jefe del Departamento de Pagos: la omisión de efectuar las acciones en el ámbito de su atribución, para que se entregue el pago de las percepciones que he devengado desde la quincena diecinueve a la veintidós, los bonos correspondientes a las aludidas quincenas, así como la primera parte del aguinaldo, todos de la presente anualidad". De conformidad con lo establecido por los artículos 103 constitucional y 1º de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procederá contra actos de autoridad, atento a lo cual, es preciso determinar el contenido y alcance de ese concepto. En ese sentido, la evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la divulgada en el propio medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que para los efectos del juicio de amparo, son autoridades responsables todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho y que están en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser de esa naturaleza la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número 42, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo contenido dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Igualmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó las notas distintivas del concepto de autoridad responsable, en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 , que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, del análisis del contenido del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable, previamente aludido, para los efectos del juicio de amparo, que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado numeral, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del precepto en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Por tanto, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: 1) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. 2) Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Del contenido de los artículos antes mencionados, de las características que debe reunir un particular con calidad de autoridad se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al supuesto de que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien, de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y que además afecten los derechos supremos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que aquellos actos emanados de relaciones de supra ordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Lo anterior, lleva al conocimiento que, en efecto, los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque los actos consistentes esencialmente en la omisión de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado, que señala como responsables, de realizar las acciones necesarias para que le sean pagados los sueldos y bonos y primera parte del aguinaldo que estima tiene derecho a recibir en su calidad de prestador de servicio de dicha secretaría, pues señala que como maestro de grupo tiene la clave 076912E0281000007751, y que posteriormente le fue asignada la diversa clave 076912E0221000000108 con motivo de su ascenso como director de escuela primaria, desempeñando a la vez la función de maestro en su turno, y que posteriormente fue comisionado por ascenso como supervisor escolar, derivan precisamente de los derechos que los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación, lo que pone en evidencia que provienen de la aplicación de la ley que los rige, respecto de lo cual el quejoso pretende que las autoridades realicen acciones para que les sean pagados esos bonos y sueldo, lo que permite establecer que no se trata de actos y omisiones unilaterales emitidas u omitidas en un plano de supra a subordinación, sino que derivan de la aplicación de la ley que establece la forma en la cual se deben realizar el pago de los sueldos, los bonos y demás prestaciones a que se tenga derecho conforme a la ley. Por tanto, tales actos surgen en una relación de coordinación, entre el ahora quejoso y las autoridades que señala como responsables, es decir, de igual a igual, atento a que el aquí quejoso es empleado de la Secretaría de Educación en el Estado, en específico, como supervisor escolar, de la zona escolar número 146 C.C.T. 16FIZ0146P, turno matutino de la Localidad de Ario de Rosales, Michoacán, con claves presupuestales 076912E02210000000108 y 076912E02810000007751, como lo acredita con la constancia de servicios, expedida por el Jefe de Sector, número 38, con sede en Santa Clara del Cobre Municipio de Salvador Escalante, Michoacán y con el último talón de cheques, que exhibió con su demanda, lo que conduce a establecer que al perteneciente a esa secretaría y reclamar actos relacionados con los derechos que se tienen para percibir los sueldos y demás prestaciones como trabajador de dicha dependencia, es evidente que tales actos derivan de la relación patronal que tiene la Secretaría de Educación con el aquí quejoso, esto es, los actos aquí reclamados derivan de una relación burocrática-laboral, cuyos conflictos derivados del cumplimiento parcial o del incumplimiento de los requisitos que se deban o no reunir para que le sean pagadas esas prestaciones, lo cual debe resolverse en la jurisdicción ordinaria, a través de la acción burocrática-laboral correspondiente. Es así, porque los actos reclamados proviene de la aplicación de la ley que regula esas prestaciones, que se insiste, deriva únicamente de su relación laboral con la parte patronal que reglamentan precisamente los requisitos y procedimiento para que esos docentes reciban tales prestaciones en los términos que establece la ley de la materia, como empleados de esas escuelas normales. Lo que pone de manifiesto que los actos reclamados no cumplen con los requisitos necesarios para considerar que la actuación u omisión de las responsable impliquen un acto equivalente a los de autoridad para efectos del amparo, pues emana precisamente de la relación de coordinación que existe entre el peticionario del amparo y la Secretaría de Educación, con motivo de que le fue conferida una clave presupuestal para desempeñarse como empleado de dicha dependencia; en el entendido de que las consecuencias de tales actos reclamados no tienen los mismos efectos que los de un acto de autoridad, precisamente porque no obligan a terceros. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que las relaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y sus trabajadores se rigen por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en términos de sus artículos 1° y 3°, por lo que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dilucidar los conflictos que se susciten entre dichas partes; tal como aparece de la tesis CII/99, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN CONOCER DE LAS DEMANDAS FORMULADAS POR TRABAJADORES INCORPORADOS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN ESTATAL EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ENTIDAD. Toca al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán conocer de la demanda sobre prestaciones derivadas de la relación laboral entablada por un trabajador de la Secretaría de Educación del Estado, que con anterioridad pertenecía a la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal, ya que de conformidad con el artículo 96 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus Municipios, en ese tribunal recae la competencia para conocer de los conflictos individuales suscitados entre las dependencias estatales y sus trabajadores, en razón de que al suscribirse el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio correspondiente el dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, la secretaría estatal adquirió el carácter de patrón sustituto de los trabajadores que laboraban en los planteles escolares federales que fueron incorporados al sistema educativo estatal, subrogándose en las obligaciones laborales que tenía la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal con esos empleados. Además, en el proceso ordinario ante la autoridad jurisdiccional laboral burocrática, el quejoso puede hacer efectivos los derechos fundamentales que estima vulnerados, ya que la protección de derechos fundamentales no sólo puede hacerse valer en un plano vertical, esto es, en relaciones de supra a subordinación, sino también en un plano de horizontalidad, en el entendido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, queda evidenciado que los actos reclamados son de naturaleza laboral; por ende, la relación entre el peticionario y las citadas autoridades responsable se ubica en un plano de coordinación entre trabajador y patrón, ya que las normas de esa naturaleza son las que se encargan de regular cualquier situación derivada de la prestación del trabajo, entre ellas el otorgamiento de beneficios laborales, tales como el estímulo al desempeño docente, ya que tal aspecto se relacionaría, en todo caso, con la vulneración a sus derechos laborales, motivo por el cual aquéllas no resultan ser autoridades para efectos de este juicio de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como medio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal y todo tipo de documentos, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario ABOGKAPA, de conformidad con el artículo 30, fracción II y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene autorizando para oír y recibir notificaciones a Karla Gabriela Padilla Alfaro, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 4104103, que acredita al referida autorizada como licenciada en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibirlas a Silvia Pérez Torres, toda vez que en esos términos fue autorizada. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...
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