Jesús Garcia Martinez

Expediente 991/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
991/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
15/12/2020

Partes del expediente

  • Jesús Garcia Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 991/2020 En quince de diciembre de dos mil veinte, la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, certifica: el plazo de cinco días, previsto por el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda, transcurrió para el quejoso del ocho al catorce de diciembre de dos mil veinte, previo descuento de días inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues fue notificado el cuatro de diciembre de dos mil veinte; sin que a la fecha lo hubiera hecho. Asimismo, se hace constar que dentro del plazo antes computado, no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho auto. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria da cuenta a la jueza con la certificación que antecede y el estado procesal del expediente. Conste. Puebla, Puebla, quince de diciembre de dos mil veinte. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo; sin embargo, el quejoso no se inconformó contra el auto de tres de diciembre de dos mil veinte, dictado en este juicio, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. La notificación al quejoso del referido auto, se realizó el cuatro del mismo mes y año, por lo cual la notificación surtió efectos al día siguiente, de manera que el plazo para impugnarlo transcurrió del ocho al catorce de diciembre del año en curso. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Luego, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Incidente de suspensión. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, debido a que se desechó la demanda, se descarta realizar mayor pronunciamiento al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la caratula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la Analista Jurídica SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 991/2020 En tres de diciembre de dos mil veinte, la secretaria da cuenta a la jueza con una demanda de amparo presentada de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, signada por ++++, por su propio derecho, recibida en su versión electrónica el día hábil anterior a la fecha y registrada con el folio de control interno 15567. Conste. Puebla, Puebla, tres de diciembre de dos mil veinte. Formación de expediente Se recibe la demanda de amparo (en su versión digitalizada) promovida por +++, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Fiscalía General de la República y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Integración de la demanda original al expediente. En virtud de las cuestiones de logística adoptadas ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2. Para demostrarlo, basta indicar que dichos actos estriban en los siguientes: ".I. De las autoridades responsables reclamo indistintamente los siguientes actos: a) La orden o instrucción para el aseguramiento, detención, citación o comparecencia del hoy quejoso con motivo de cualquier carpeta de investigación o actuación, llevadas a cabo sin mi conocimiento y sin respetar mi garantía de audiencia, con motivo de presuntos ilícitos fiscales o financieros y a través de una denominada Policía Federal Ministerial que no tiene existencia jurídica. b) La posible instauración de una carpeta de investigación sin mi conocimiento y sin existir motivo alguno. c) Cualquier procedimiento de investigación instaurado en mi contra, en mis papeles y derechos, sin el debido procedimiento legal y sin que se me haga saber con antelación y dentro del procedimiento investigativo, fundada y motivadamente la causa del mismo, a efecto de hacer valer mi defensa dentro de dicho procedimiento, si fuere el caso." Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados la orden de instrucción para el aseguramiento, detención, citación o comparecencia (señalados en el inciso a). Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo3. Para explicar lo anterior se toma en consideración que la regulación de la presentación a la audiencia de formulación de imputación (citación y comparecencia) está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales4. Luego, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación o comparecencia de la persona investigada en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. De ahí que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]"6. Por otra parte, debe tomarse en cuenta que una orden de citación, comparecencia ante un agente del ministerio público -como la reclamada por el quejoso- no puede implicar la restricción de la libertad de una persona cuya comparecencia se dispone, pues dicha situación únicamente se da con la aprehensión, la detención por caso urgente, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la presentación. Además, es menester precisar que la actuación emitida por la autoridad ministerial, en la que ordena la citación de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución General de la República, toda vez que a virtud de la orden de citación, solamente se impele al inculpado a comparecer ante la fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de citación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquel se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de citación de esa naturaleza no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una indagatoria, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Misma situación ocurre en relación a la orden de detención (aseguramiento) que reclama el quejoso, ello es así, porque al comparecer ante el agente ministerial, derivado del cumplimiento de dicha orden, es con el fin de que en su caso, declare dentro de una indagatoria, empero no tiene como propósito lograr su detención, sino que el quejoso acuda ante la autoridad ministerial a declarar y, una vez finalizada la diligencia que motiva su presencia, pueda retirarse libremente del lugar para que regrese a sus actividades cotidianas. Pues en el caso no se trata de una orden de detención, por notoria urgencia previamente emitida por el Ministerio Público, en los términos constitucionalmente previstos, pues dicha orden de detención reclamada solo se comprende dentro de las detenciones ordenadas por autoridades administrativas en la integración de carpetas de investigación o averiguaciones previas. Por otra parte, se advierte que el quejoso reclama la posible instauración de una carpeta de investigación o cualquier procedimiento de investigación instaurado en su contra (señalados con los incisos b y c). Respecto de tales actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la sola integración de la averiguación o carpeta de investigación que trascienda a órdenes de investigación, obedecen al mandato que tiene el Ministerio Público de esclarecer los hechos delictivos, como lo ordena el artículo 21 de la constitución federal. Sirven de sustento a lo anterior las tesis de rubros: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE INVESTIGACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA"7 e "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO".8 Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra los actos citados en párrafos anteriores, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. Inclusive, los hechos por los que se le investiga puede desvirtuarlos el quejoso o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes, lo que abona a un estado de certidumbre jurídica; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Máxime que la etapa de investigación tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Por tanto, con fundamento en la fracción XII9, del artículo 61, con relación al numeral 107, fracción V, así como el diverso 5, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, así como la diversa fracción XXIII del numeral 61 con la fracción IV del diverso 107, a contrario sensu, ambos también de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso +++, por propio derecho, debido a las razones expuestas con antelación. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Domicilio. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el indicado en el escrito de demanda - ubicado en la colonia +++ de la ciudad de Puebla- y queda autorizado en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a ++++, ello porque su cédula profesional se encuentra registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia; una vez termine la situación de contingencia generada por el virus COVID- 19. Acceso a la información. Con fundamento en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma, habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Sin embargo, se ordena a la actuaria encargada del presente juicio, que adopte todas las medidas de protección sanitaria como el uso de cubrebocas y careta, si en algún momento fuera necesario que acudiera a un inmueble que señalara el quejoso como domicilio procesal. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal10, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto11 a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que revise las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las partes en el presente juicio. Lo anterior, para maximizar la impartición de justicia protegida en el artículo 17 de la constitucional federal (pronta, oportuna y expedita). Notifíquese; en forma personal al quejoso y cúmplase__

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