Jesús García Martínez

Expediente 959/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
959/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
03/07/2018

Partes del expediente

  • Jesús García Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    "...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental..."

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Agréguese la comparecencia del quejoso, en la que en cumplimiento a lo ordenado en auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, ratifica como suya la firma que calza el escrito registrado con el folio interno 14913; en consecuencia se provee: DESAHOGO Téngase por recibido el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Jesús García Martínez, a través del cual desahoga el requerimiento efectuado el doce de junio del presente año; por tanto se provee: ACTO RECLAMADO Al analizarse de manera íntegra la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de ocho de mayo del año en curso, en los autos del juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009. El auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009. DESECHAMIENTO Al respecto este juzgador estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, segundo párrafo de la fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a que el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de origen, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Ahora bien, la "última resolución" que se dicte dentro del procedimiento de ejecución del juicio del que provenga el acto reclamado es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, pues así lo establece la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, pues esto tiene el fin de que se evite el abuso del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución", es decir, la determinación que contenga el acuerdo conclusivo de la ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página treinta y uno, tomo XIII, de abril de dos mil uno, la cual indica: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/29, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página un mil seiscientos setenta y dos, tomo XXIX, de febrero de dos mil nueve, que indica: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." Así, la parte quejosa reclama en el presente sumario de amparo, la sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de ocho de mayo del año en curso, emitido en los autos del juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009, en el cual la autoridad responsable resolvió revocar el auto recurrido, para que en su lugar se dictara otro, en la cual dejara sin efecto la suspensión ordenada en auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, en virtud de que en el juicio de que se trata, ya se había declarado firme la sentencia de adjudicación. Sirve de apoyo, a lo anterior, la tesis I.3o.C.439 C, visible en la página 1546, Tomo XIX, Enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, registro: 182385, que dice: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". Por tanto, los actos reclamados no son la "última resolución" dentro del juicio de origen, en contra de la cual proceda el juicio de amparo; es decir, es un acto emitido en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por lo que no puede ser señalado como una determinación judicial en la que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, la finalidad de lo anteriormente expuesto es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como facultad del Estado para tutelar la impartición de justicia, pues como ya se señaló, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el inicio del procedimiento respectivo, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Se sostiene lo anterior, tomando como base la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 28/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página sesenta, tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, la cual refiere: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Por otro lado, es necesario mencionar que si bien, por regla general tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, existen casos de excepción a dicha regla, pues aunque la fracción IV es autónoma, lo cierto es que no existe impedimento para leerla de manera relacionada con la fracción V, ya que ésta contiene un supuesto de procedencia más amplio, por tanto, existen ciertos actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia que excepcionalmente admiten en su contra el juicio de amparo indirecto, sin tener que esperar para controvertirlos como violaciones procesales en la demanda de amparo contra la última resolución de dicho procedimiento, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación por afectar de manera inmediata derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, o bien cuando los actos reclamados pretendan impedir, obstaculizar o interrumpir la ejecución de la sentencia. Es ejemplificativo de lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así, los actos reclamados consistentes en la sentencia interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de ocho de mayo del año en curso, en los autos del juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009; y el auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009, se estima no satisfacen los requisitos para la procedencia del juicio de amparo previsto en la fracción IV del precepto 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que no son la última resolución dictada en la etapa de ejecución en el juicio de origen. En ese sentido, se advierte que no es la última resolución dictada en la etapa correspondiente, pues en su caso, ésta será la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo condenado en la sentencia emitida, o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, lo que en el caso, como vimos, no sucede. Por tanto, una vez que se cumpla la sentencia dictada en el juicio de origen, la autoridad responsable emitirá la resolución correspondiente en la que determinará si ésta se encuentra o no cumplida o declarará su imposibilidad para cumplirlo y, en su caso, ordenará el archivo del asunto; y es esa determinación la que la parte quejosa podrá combatir mediante el juicio de amparo, en el que podrá hacer valer todas las violaciones que considere se hayan cometido en su perjuicio durante el trámite de la ejecución. Además, el acto reclamado no encuadra en algún supuesto de excepción a la regla general prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues no afecta de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen, ya que el acto reclamado es uno tendente a cumplir con la sentencia condenatoria emitida en su contra. Luego, al ser un auto dictado durante el trámite de la ejecución de sentencia, se reitera, lo deberá combatir junto con las demás violaciones acaecidas durante dicho procedimiento, mediante el juicio de amparo indirecto que en su caso promueva en contra de la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia; o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación en relación con el 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    "...Agréguese el escrito de quien dice ser...por medio del cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de doce de junio de este año. No obstante, de manera evidente se advierte falta de identidad entre la firma que aparece en dicho escrito y la plasmada en la demanda; por tanto, requiérase a dicho promovente para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado con identificación oficial a ratificar tanto la firma, como el contenido del ocurso de cuenta; apercibiéndolo, que para el caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado. Lo anterior, sin perjuicio que, si al ratificar la firma del ocurso de cuenta, se advierta una diferencia notoria entre ésta y la plasmada en la demanda, así como en la diligencia de ratificación, este órgano podrá ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad y con ello, la procedencia del juicio de amparo. Determinación que guarda sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal en el país, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15 h, de rubro y texto siguientes: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada..."

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de junio de dos mil dieciocho. ANOTACIONES Vista la demanda de cuenta promovida por Jesús García Martínez, por propio derecho, se ordena registrarla bajo el número de juicio de amparo 959/2018-I-A. PREVENCIÓN Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierten diversas inconsistencias en su forma, que impiden a este órgano federal resolver lo que en derecho corresponde. Por tanto, lo conducente es prevenir a la parte quejosa, a fin de que en términos del artículo 108, fracción IV y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II, y IV, de la Ley de Amparo, dentro del término de CINCO DÍAS legalmente computados, realice lo siguiente: 1.-Manifieste el estado procesal que guarda el juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009, es decir, en qué sección se encuentra la referida sucesión, si en la etapa de sucesión, de inventario y avalúos, de administración y de partición, toda vez que la parte quejosa manifiesta que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, se celebró audiencia de remate de un bien inmueble a la cual asistió. 2.- Indique si es parte en la sucesión intestamentaria y en qué calidad se ostenta, así como también si compareció a alguna de sus etapas, lo anterior a fin de que este juzgador interprete en forma integral la demanda. 3.- Asimismo, deberá transcribir el auto de ocho de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio de sucesión intestamentaria a bienes de Mario García Gasca, en el expediente 62/2009, que fue objeto del recurso de revocación, así como de la resolución del citado medio de impugnación emitida el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, o bien los exhiba en copia. 4.- Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber a la parte agraviada que del escrito en que dé cumplimiento a la presente determinación deberá exhibir los juegos de copias necesarios para cada una de las partes. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de las prevenciones que se le formulan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Y se tienen como autorizados a las personas que indica en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho y, en caso contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. Notifíquese personalmente.

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