JESÚS GARCÍA BAUTISTA y Otros.
Expediente 1370/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1370/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- JESÚS GARCÍA BAUTISTA y Otros.
- Jesús García Bautista
Actuaciones
- Principal
MESA VI B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA y PARTE QUEJOSA ESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Toda vez que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra el fallo protector pronunciado en autos, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Ahora, ya que por auto de once de noviembre del actual, se reservó proveer lo conducente en relación al oficio del Encargado de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la CFE, Suministrador de Servicios Básicos, Zona Comercial, Oaxaca, por el que en relación a la sentencia dictada en este juicio de amparo, remitió el oficio: ***.......*, de siete de noviembre del actual; hasta en tanto transcurriera el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, lo que en la especie aconteció. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo agregados en proveído de once de noviembre del actual, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ***************..............*********San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta secretarial que inmediatamente antecede, se provee: Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por********************, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presentes las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1370/2022. Acto reclamado y autoridad En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal ********************por el cual, se negó a suspender la audiencia para que el Representante Social obtuviera la autorización de llevar acabo la salida alterna consistente en el procedimiento abreviado. Desechamiento Ahora, antes de admitir a trámite la demanda de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, es pertinente examinar si existe alguna causa de improcedencia que, por ser manifiesta e indudable, haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito, establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal, no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente improcedentes. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y en los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Asimismo, es de invocarse la diversa tesis I.16o.A.11 K (10a.), de registro 2012418, sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 2534, libro 33-agosto de 2016, tomo IV, materia común, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA, ÚNICAMENTE DEBE ADVERTIRSE DE SU CONTENIDO, SUS ANEXOS Y, EN SU CASO, DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS, SIN NECESIDAD DE CONOCER EL INFORME JUSTIFICADO O CONTAR CON MAYORES PRUEBAS PARA DEFINIR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO. El precepto citado establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano; de ahí que cuando éste se advierta de manera notoria será factible desechar dicha instancia constitucional, entendiéndose que esas características se dan cuando la improcedencia no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios, sin necesidad de conocer el informe justificado de las autoridades responsables o contar con mayores elementos de prueba para definir la procedencia del juicio, pues si para ello es menester conocer o contar con éstos, lo prudente y razonable es admitirla a trámite, brindando así la oportunidad al accionante de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo, en caso contrario, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior, atento a una interpretación conforme del citado artículo 113, según el diverso artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el principio pro persona que prioriza la interpretación más favorable al gobernado." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el artículo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre será improcedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, es pertinente examinar si en la especie existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. Así, en ejercicio de la facultad que a este juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda, conforme a lo que enseguida se expone. Al analizar íntegramente la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Ahora, considerando lo anterior y la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal ********************por el cual, se negó a suspender la audiencia para que el Representante Social obtuviera la autorización de llevar acabo la salida alterna consistente en el procedimiento abreviado. Expuesto lo anterior, a consideración de quien aquí resuelve, se estima que procede desechar de plano la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, toda vez que se advierte que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitividad previo a la promoción del juicio de amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El principio de definitividad exige que previa a la instauración del juicio de amparo, el agraviado debe agotar todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que en contra de ese acto procedan, como anteriormente quedó expuesto. Dicho de otra forma, el citado precepto legal dispone la improcedencia del amparo respecto de resoluciones provenientes de autoridades judiciales, tribunales administrativos o del trabajo, cuando la ley que los rija prevea algún medio de defensa legal susceptible de modificarlas, revocarlas o nulificarlas, siempre que no se trate de resoluciones que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro y, en general, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; incluyendo aquellos que afecten la libertad (en las distintas modalidades señaladas en la fracción en comento); de igual forma, no se tendrán que agotar esos medios ordinarios de defensa, cuando se trata de personas extrañas al procedimiento, autos de vinculación a proceso o, cuando para la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, en este último caso, el quejoso estará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por tanto, para poder atender sobre la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, se deben de atender a los elementos de ésta, y de la forma en cómo se satisfacen para que la misma prospere. Así, de la simple lectura de la fracción en comento, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causa de improcedencia a que se ha hecho referencia, que: a) El acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que ese medio de defensa tenga por objeto modificar, revocar o nulificar la recurrida; e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Por lo tanto, en el caso en estudio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al reunirse sus elementos, a saber: a) El acto reclamado es una determinación proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En efecto, la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal ********************por el cual, se negó a suspender la audiencia para que el Representante Social obtuviera la autorización de llevar acabo la salida alterna consistente en el procedimiento abreviado, fue dictada por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, luego, es evidente que se encuentra impugnando una determinación proveniente de un tribunal judicial, como lo es un juez de control que conoce del proceso, el cual se encuentra regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales. b) La ley concede contra el acto reclamado, un recurso ordinario. Ello es así, ya que de la interpretación armónica de los preceptos legales 456, 457, 465 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los recursos a través de los cuales, es factible impugnar las resoluciones judiciales, es decir, contra la resolución reclamada en esta instancia constitucional, procede el recurso de apelación. c) El recurso que en contra del acto aquí reclamado resulta procedente se encuentra previsto dentro del procedimiento en el que se emitió la resolución reclamada. En efecto, el recurso de apelación es procedente, pues como lo establece el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son apelables las resoluciones emitidas por el juez de control, entre otras, la relativa a la negativa de abrir el procedimiento abreviado, que a la letra dispone: Reglas generales de la apelación Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; (.) d) La resolución judicial reclamada puede ser modificada, nulificada o revocada mediante el recurso ordinario. El recurso de apelación tiene por objeto que el Juez de control, confirme, revoque o modifique la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal ********************por el cual, se negó a suspender la audiencia para que el Representante Social obtuviera la autorización de llevar acabo la salida alterna consistente en el procedimiento abreviado, aquí reclamada. Conforme a esas premisas normativas y atento a que el acto se hace consistir en la resolución dictada en audiencia de ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************en la que se negó a que se suspendiera la audiencia a efecto de que el Representante Social obtuviera la autorización de llevar acabo la salida alterna del procedimiento abreviado; es claro, que dicho acto de autoridad es susceptible de ser combatido por los medios legales que establecen las leyes ordinarias, previo a la interposición del juicio de amparo, en particular a través del recurso de apelación, previsto en el artículo 467, fracción IX del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así ya que el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su artículo 467 el recurso de apelación, el cual procede contra determinaciones específicas emitidas por el Juez de Control, entre las que se encuentra la negativa de abrir el procedimiento abreviado solicitado por alguna de las partes en la causa de origen, por lo que, en contra de la determinación recurrida emitida en la audiencia del ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************la parte quejosa debió interponer dicho medio de impugnación, previo a la presentación del presente juicio de amparo; ello, porque es el medio idóneo procedente para que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Se afirma lo anterior, pues de resultar fundados los motivos de disenso que en su caso alegara el quejoso, en el recurso de apelación, el tribunal de alzada puede modificar o revocar el acto que reclama en esta instancia, dictando la resolución que en derecho corresponda; por lo que, es claro que los solicitantes de amparo al tener el carácter de parte procesal (acusados) y estar legitimados para interponer el recurso de apelación, tienen la obligación de agotar el medio ordinario de defensa correspondiente, en contra del acto que consideran violatorio de derechos, previo a la promoción del juicio de amparo. Es aplicable la tesis II.2o.P.74 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 2018005, de rubro: "PROCEDIMIENTO ABREVIADO. LOS REQUISITOS PARA SU APERTURA, INCLUYENDO LA CALIFICACIÓN DE LA OPOSICIÓN DE LA VÍCTIMA, FORMAN PARTE DEL ESTUDIO QUE LA SALA DEBE REALIZAR AL RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN AQUÉL, Y SU INOBSERVANCIA DA LUGAR A QUE EN EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SE CONCEDA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL PARA QUE SE CUMPLA CON ESA EXIGENCIA". Por lo que, al no haberlo hecho así, se insiste, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues no se observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. e) Que no se surta en la especie alguna de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto jurídico. Así, el acto que se reclama en este juicio debe impugnarse previamente a través del recurso previsto en la legislación de la materia (apelación), pues, además, no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; ya que no se trata de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Aunado a lo anterior, el quejoso no es tercero extraño al procedimiento penal de origen, ya que de acuerdo a los hechos narrados en la demanda se advierte que tuvo conocimiento del acto al comparecer a la audiencia del ocho de noviembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************como acusado. En apoyo a lo anterior, en lo que interesa, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 9/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Abril de 2012, con registro digital 2000619, cuyo rubro y texto se transcriben: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De ahí que, se concluye, al no agotar la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, ni encontrarse en los casos de excepción a que se refiere el artículo 61 fracción XVIII, incisos a, b, c y d, de la Ley de Amparo, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Además, la procedencia del recurso de apelación no se encuentra sujeta a una interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que el artículo 467, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece claramente y sin lugar a dudas la procedencia de dicho medio de impugnación, en contra de la negativa de abrir el procedimiento abreviado. De ahí que, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario establecido por la ley que rige el acto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior tiene sustento en el criterio de jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017117, de rubro: "DEFINITIVITAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda, y por autorizado sin las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala, por así solicitarlo expresamente. Correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, de conformidad con el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado por el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; instrúyase al Actuario que podrá emplear dicho medio en caso excepcional como comunicación procesal, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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