Jesús García Arellanes
Expediente 1177/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús García Arellanes
- Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el diez de diciembre feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintinueve de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por Jesús García Arellanes, apoderado legal de Emilio Bartolo Castillo, personalidad que conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida en términos del instrumento notarial que anexa al presente escrito; en atención a su contenido, se le tiene por desahogada la prevención formulada por este juzgado en proveído de dieciocho de noviembre del año en curso. Ahora bien, puesto que el escrito que se provee fue presentado mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el día veinticinco de noviembre, esto es, dentro del plazo conferido para ello, según se desprende de la certificación con la que se me da cuenta, en consecuencia, se tiene al promovente presentando en tiempo su desahogo a la prevención efectuada por parte de este juzgado, y puesto que cumple con el punto materia de la prevención se le tiene por desahogada cabalmente. Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional: de la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la resolución de quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro del toca 990/2021, en la que determinó confirmar el auto de uno de marzo de dos mil veintiuno; del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, el auto apelado de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el expediente 3104/2017, por medio del cual indica que la demanda fue contestada de manera extemporánea. Esto pone de manifiesto que las posibles infracciones cometidas por las autoridades al emitir la resolución, sólo es susceptible de afectar derechos procesales, ya que esto no se traduce por sí en la afectación de un valor substancial, pues no afecta ni pone en peligro de manera directa e inmediata la vida de los afectados, su patrimonio, su familia, etcétera. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SU PREVISIÓN CONSTITUCIONAL NO CAMBIA SU CARÁCTER DE DERECHOS PROCESALES. En el segundo párrafo del artículo 14 constitucional se distinguen claramente los derechos sustantivos de los procesales, pues en primer término se hace una relación enunciativa y genérica de los primeros, como aquellos susceptibles de privación, consistentes en la libertad, la propiedad, la posesión u otros derechos semejantes, por ejemplo, los derechos de familia, los que nacen de las relaciones de trabajo, los de los consumidores, los de la personalidad, etcétera; y por otra parte, se establecen los derechos que tienen los gobernados antes de ser objeto de dicha privación, que son la existencia de un juicio, que el juicio sea seguido ante tribunales previamente establecidos, que en él se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y que todo se lleve a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos que sirvan de base a la privación. En esta segunda parte se prevé el derecho al proceso y sus caracteres fundamentales, que constituye el conjunto esencial de los derechos procesales, y ahí se ubican las formalidades esenciales del procedimiento, conocidas como del debido proceso, en la doctrina y otras latitudes, e inmerso en ellas el derecho de aportar pruebas en los juicios en que alguien sea parte, los cuales constituyen derechos típicamente procesales. Por tanto, la diferencia entre derechos sustantivos y derechos procesales no radica en que unos estén previstos en la ley superior y otros en leyes ordinarias, sino en la calidad de los valores protegidos, de los primeros, y de los medios o instrumentos para la protección de éstos en un proceso jurisdiccional, que distingue a los segundos, independientemente de la jerarquía de las leyes en que estén consignados unos y otros". De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una sentencia favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haber declarado contestada de manera extemporánea la demanda, pero de no obtener sentencia favorable, dicho acto podría hacerse valer como una violación procesal en el amparo directo que, en su caso, se intente en contra de dicha resolución. Entonces, de no tener una resolución favorable puede ser combatida como violación procesal en la vía de amparo directo, de acuerdo a lo que establece los artículos 170, fracción I, 171, 172 y 174 de la Ley de amparo, en virtud de que al tenerse por contestada la demanda en forma extemporánea -en materia familiar- la falta de contestación a la demanda no produce la confesión ficta, sino que se entienden por contestados los hechos en sentido negativo, lo que integra una violación procesal reclamable a través del amparo directo hasta que se resuelva en definitiva el procedimiento de origen, y al no obtener sentencia favorable, trae como consecuencia que dicha violación afecto sus defensas, al haber trascendido al resultado del fallo; lo que se concluye, que el acto reclamado implica una infracción a los derechos adjetivos con efectos intraprocesales. Sirve de apoyo la siguiente tesis de rubro siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EXTEMPORÁNEAMENTE, AL CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). No pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado de Circuito que, de acuerdo con los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 107, fracción V, 170, fracción I, 171, 172 y 174 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, procede el amparo directo, siempre que éstas afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden considerarse como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. En consecuencia, el auto que tiene por contestada la demanda extemporáneamente no debe reclamarse en amparo indirecto, pues no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados de obtener sentencia favorable; máxime que al tenerse por contestada la demanda extemporáneamente, no implica una sentencia condenatoria porque -en materia familiar- la falta de contestación a la demanda no produce la confesión ficta, sino que se entienden contestados los hechos en sentido negativo, lo cual implica revertir la carga de la prueba a la contraria, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; de ahí que el acuerdo que tiene por contestada la demanda extemporáneamente dictado en forma ilegal, por sus consecuencias jurídicas, constituye una violación procesal reclamable a través del amparo directo, hasta dictar sentencia definitiva adversa al afectado, pues es innegable que esta violación, afectaría sus defensas, trascendiendo al resultado del fallo. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Verónica Yazmín Bautista Soto, con quien actúa y da fe.
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