Jesus Garcia Alamilla

Expediente 1113/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1113/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
05/10/2018

Partes del expediente

  • Jesus Garcia Alamilla
  • JESUS GARCIA ALAMILLA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; cinco de octubre de dos mil Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que no se interpuso el recurso de revisión contra la sentencia de dieciocho de septiembre del año en curso, en la que se negó el amparo y protección solicitada por ******* se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos correspondientes. ANOTACIONES Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece que: 1. El juicio principal es susceptible de depuración, dado que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal 2. El presente expediente carece de relevancia documental. 3. Se hace la indicación que en el presente juicio, no se aperturó incidente de suspensión. Atento a lo anterior, una vez transcurrido el plazo de tres años, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en la carátula del expediente, anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es depurable, así como la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, se estima que el presente asunto carece de él. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Villahermosa, Tabasco, siendo las once horas del dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública *************, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco asistido de la Secretaria de Juzgado con quien actúa, *****************, procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo 1113/2018-V-5, promovido por **********************La Secretaria hace constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. A continuación, el Juez ordena a la Secretaria de Juzgado hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se da cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación practicada al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y a la autoridad responsable; d) pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; e, f) informe justificado rendido por la autoridad responsable. Acto seguido, el juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Antes de continuar, se considera importante mencionar que no es motivo para diferir esta audiencia el hecho de que la parte tercera interesada no haya sido emplazada al juicio; pues de la lectura integral de la demanda, se aprecia que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral 130/2013 del índice de la autoridad responsable. Por tanto, es inconcuso que ningún perjuicio le depararía el sentido de la resolución que se dicte en el presente asunto, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, entre otros supuestos, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por todo lo anterior, se continúa con la celebración de la audiencia constitucional previamente abierta, pues de otra forma traería consigo el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo el derecho fundamental consagrado en el precepto constitucional citado. PERÍODO PROBATORIO Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que la Secretaria de Juzgado da cuenta con las documentales que anexó la autoridad responsable consistente en copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente laboral 130/2013 de su índice (fojas 20 a 23 y 29 a 48). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba de referencia, en razón de su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se cierra la presente etapa. PERÍODO DE ALEGATOS Enseguida, se abre el período de alegatos, por lo que la Secretaria hace constar que la parte quejosa no hizo uso de ese derecho y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado sí formuló los mismos (fojas 14 a 16). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen tales alegatos. Con lo anterior, se cierra la presente etapa. Por tanto, al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1113/2018-V-5 promovido por **************************contra un acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que hizo consistir en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 130/2013. A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Trámite del Juicio. Mediante auto de trece de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A C I O N E S Y F U N D A M E N T O S PRIMERO. Acto reclamado. Del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dictar laudo en el juicio laboral 130/2013. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Sirve de apoyo la tesis siguiente: *****************. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos reclamados; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado; documental pública, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. TERCERO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia ni opera alguna que deba estudiarse de oficio. CUARTO. Estudio del fondo del asunto. Respecto del acto reclamado, resulta infundado los conceptos de violación, atento a lo que enseguida se expondrá. La parte quejosa reclama la falta del dictado del laudo en el expediente 130/2013, de donde emana el acto reclamado. Ahora, el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, para evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no permite que la autoridad encargada de la administración de justicia, pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendientes a hacerla pronta y expedita. En ese sentido, el dictado del laudo en un juicio laboral debe hacerse dentro de los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el caso, no procede la aplicación de los artículos 885 a 889 del citado ordenamiento legal, puesto que la omisión reclamada deriva de un procedimiento burocrático local y para ello es aplicable la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 52/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *********************************). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia". Ahora, para poder considerar que el citado expediente laboral se encuentra en estado de resolución y, en consecuencia, que el Tribunal responsable está en posibilidad de emitir el laudo respectivo, debe tomarse en consideración lo ordenado por los artículos 106, 108 y 109 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. De los numerales citados de la ley burocrática local se advierte que, el procedimiento para resolver las controversias que se someten al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, se reducirá a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos; y, se pronunciará resolución, salvo cuando, a juicio del propio Tribunal, se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará el laudo correspondiente. Si bien es cierto, a diferencia de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, el legislador tabasqueño no consideró necesario establecer en la ley burocrática local que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, también es verdad que la ausencia de tales formalidades no conllevan, por sí, un desconocimiento del asunto y una falta de ponderación de las pruebas por parte de los integrantes del tribunal, al ser jurídicamente válido que, atendiendo a la complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la audiencia relativa. Sin embargo, la posibilidad de dictar el laudo en una fecha posterior a la celebración de la única audiencia prevista por la legislación local, sin que ésta regule algún término para su dictado, no faculta al Tribunal responsable para emitir el pronunciamiento conducente en un momento indefinido a su discrecionalidad. Ahora, de la documental remitida por la autoridad responsable, en copia certificada por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, que tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de acuerdo con el numeral 2º, se advierte que aún quedan pruebas por desahogar, conforme el auto de veintidós de agosto del actual. En ese orden de ideas, es infundado lo aducido por la parte quejosa, ya que el expediente 130/2013, cuya negativa de dictar laudo se reclama en esta vía constitucional, a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (once de agosto de dos mil dieciocho), no se encontraba en estado de cierre de instrucción y por consiguiente de dictar el laudo correspondiente, en virtud de que aún quedan pruebas por desahogar; por tanto, no existían las condiciones procesales necesarias (al momento de presentar este juicio de amparo) para que la responsable procediera a elaborar un proyecto de resolución en forma de laudo. Bajo esa tesitura la negativa de dictar laudo, reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no atenta contra el derecho fundamental de pronta y expedita administración de justicia otorgada por el artículo 17 Constitucional, en consecuencia, se está en el caso de negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Al haberse desestimados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal solicitada a *****************, en relación al acto reclamado consistente en la negativa de dictar laudo en el juicio 130/2013 del índice de la responsable. Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *************************, contra la omisión de dictar laudo en el expediente 130/2013, reclamada al Tribunal Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; ello, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco; treinta de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese y dese vista a las partes con el oficio signado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintidós del presente mes y año, remite copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 130/2013 a partir del proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, mismas que remite como complemento a su informe justificado. De conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas la documentales que anexa la autoridad responsable de referencia, mismas que se tienen por desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de dar nueva cuenta con ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Eduardo Alberto Osorio Rosado, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Sergio Manuel López Hernández, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco; veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable únicamente remitió copia certificada del auto de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, emitido en el expediente 130/2013. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, a efecto de estar en aptitud de emitir una sentencia ajustada a derecho, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 130/2013, a partir del proveído de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, a la fecha en que tenga conocimiento del presente auto; o, en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello. Apercibido que, en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en términos del artículo 237, fracción I y 259 de la ley de la materia. Finalmente, se advierte que las partes no cuentan con el plazo legal de ocho días para que se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, para su celebración, se fijan las ONCE HORAS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.Notifíquese. Así lo acordó y firma Herminia de los Ángeles Bobadilla Bolívar, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, encargada del despacho por vacaciones del titular, quien actúa en compañía del Secretario, Sergio Manuel López Hernández, que autoriza y da fe.

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