Jesús Galicia Hernández

Expediente 349/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
349/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
20/06/2018

Partes del expediente

  • Jesús Galicia Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinte de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto que sobresee fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho auto. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo, es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales.

  2. Principal

    Ciudad de México, a primero de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que el promovente de amparo ratifica los escritos presentados en este juzgado el veintinueve de mayo pasado. En atención al primer ocurso de cuenta, se tienen por hechas las manifestaciones del quejoso en el sentido de que en los procesos penales seguidos en su contra, además de los nombres con los que promovió el presente controvertido, se encuentran registrados los diversos de Jesus Santiago Galicia Hernandez y Juan Carlos Garcia Solano, lo que se robustece con las constancias allegadas al expediente. En relación con el segundo de dichos escritos, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la ampliación de demanda formulada por el amparista, respecto de la autoridad señalada como Subsecretario de Sistema Penitenciario de esta ciudad, sin que haya lugar a requerirle informe justificado, por las razones que se expondrán más adelante. Ahora, de la revisión de las constancias remitidas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, a criterio de este juzgado en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque dicho supuesto se actualiza cuando el acto reclamado es idéntico al señalado en otro juicio, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y que se encuentre en trámite, pues para que opere la litispendencia como causa de improcedencia de la acción constitucional que regula dicha norma legal, basta que contra un acto impugnado se haya promovido otro juicio de amparo, considerando que la finalidad que se busca es evitar la emisión de sentencias contradictorias, lo que en el caso sucede. En efecto, en el juicio en que se actúa el acto reclamado lo constituye la orden de traslado ejecutada, con motivo de la autorización emitida por el Subsecretario de Sistema Penitenciario, contenida en el oficio SG/SSP/2240/2018 de veinticuatro de abril del año en curso y su ejecución que se atribuye al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y Director Ejecutivo del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, todos de esta ciudad. Acto que también fue controvertido en el diverso juicio de amparo 369/2018 del orden del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, promovido por Jesus Santiago Galicia Hernández o Juan Carlos García Solano, respecto de dichas autoridades, tal como se corrobora con las constancias remitidas por el citado juzgador. Por tanto, válidamente se puede concluir que se encuentran satisfechos los requisitos para que se actualice la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, abril de 2014, de rubro: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS". No se soslaya que en el presente controvertido el quejoso además de las autoridades antes mencionadas, señaló como autoridades responsables al Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (en su denominación correcta); Jefe de la Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación de Tratamiento; Jefe de Gobierno; y Subsecretaría del Centro Varonil de Seguridad Penitenciario I, todos de esta ciudad; sin embargo, se precisa que aun cuando exista diferencia respecto de estas autoridades, es procedente que la causa de improcedencia se actualice en tanto que la finalidad del legislador se centró en evitar que respecto del mismo acto y misma autoridad ordenadora se tramiten dos juicios de amparo, y ello estriba en que finalmente, las autoridades ejecutoras sólo pueden realizar lo que la ordenadora indique, salvo que su ejecución se reclame por vicios propios, lo que en el caso no acontece. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, ya que con ningún medio de prueba se desvirtúa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el diecinueve de junio de dos mil dieciocho a las diez horas con cuarenta minutos.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta. En atención a sus términos, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene. Dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que menciona la autoridad responsable y como domicilio para recibir notificaciones el que señala. Ahora, en cuanto a la solicitud de la autoridad signante, respecto a que se le permita el uso de medios electrónicos, dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios que refiere única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este expediente. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede. Por otra parte, glósense a los autos los escritos y anexo de cuenta, cuya firma que los autoriza se atribuye al quejoso; sin embargo, aun sin tener conocimientos expertos, es evidente que tales firmas difieren notoriamente de la que consta en el escrito inicial de demanda. En consecuencia, a fin de proveer lo conducente y en razón de que el quejoso manifestó estar interno en el Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I, se comisiona al actuario correspondiente adscrito a este juzgado, para que se constituya en dicho centro de reclusión, y con copia simple de los ocursos de cuenta, requiera al amparista para que al momento de la notificación de este acuerdo, manifieste si reconoce como propias las firmas de los escritos de referencia y si ratifica su contenido, apercibido que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrán por no presentados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, enero a junio de 1989, que establece: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA".

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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