Jesús Francisco Vera Domínguez

Expediente 736/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
736/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2019

Partes del expediente

  • Jesús Francisco Vera Domínguez

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el oficio de la Jueza Primera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; registrado en oficialía de partes con el número 6733/2019, mediante el cual remite cuaderno de amparo que contiene original del escrito de presentación y de la demanda de amparo promovida por ...; constancias de embargo, con copia; escrito del quejoso, sobre que contiene credencial de elector; proveído de veintitrés de septiembre pasado, constancia de emplazamiento al tercero interesado; diverso escrito del nombrado y acuerdo que le recayó; asimismo, remite seis copias de la demanda de derechos, oficio 2358/2019, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, y el expediente 336/2014; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Luego, en el caso a estudio el suscrito estima carecer de competencia por razón de la vía para conocer sobre el juicio constitucional promovido. Para evidenciar lo antes afirmado resulta necesario precisar, que el solicitante del amparo, señaló como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: "III. Autoridades responsables. Como ordenadora el JUEZ PRIMERO CIVIL del distrito Judicial de Pachuca Hidalgo, con domicilio ampliamente conocido en el lugar donde públicamente ejerce sus funciones.__ Como ejecutora los ACTUARIOS adscritos a la coordinación de Actuarios de este Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, con domicilio ampliamente conocido en el lugar donde públicamente ejerce sus funciones.__ IV. Acto reclamado. Del JUEZ PRIMERO CIVIL del distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, se reclama la ilegal notificación y diligencia de emplazamiento y embargo de fecha 4 de Junio de 2014, el auto de fecha 12 de Julio del presente año, donde se faculta al ACTUARIO a que me requiera para que haga entrega a la actora mi casa, y el requerimiento de desocupación y entrega del inmueble de fecha 5 de Septiembre del presente año, derivado de los autos del expediente 336/2014, relativo del Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ... en contra del quejoso, así mismo se reclama como consecuencia de la ilegal diligencia de emplazamiento y embargo la nulidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en dicho juicio.". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte, que ..., demandó en vía ejecutiva mercantil a .... En mérito de lo anterior, el veintiocho de agosto de dos mil catorce, la Jueza Primera Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dictó sentencia definitiva en los autos del expediente 336/2014, de su índice. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, tomada como un todo, se aprecia, que el quejoso Jesús Francisco Vera Domínguez, manifiesta lo siguiente: "(.) se reclama la ilegal notificación y diligencia de emplazamiento y embargo de fecha (.) Se violan en mi perjuicio los artículos 14, (.), en razón de que las autoridades señaladas como responsables violan en mi perjuicio las garantías de audiencia y legalidad, porque amenazan con desposeerme de mi único patrimonio que es nuestra casa habitación donde vivo con mi familia antes descrita, sin que exista juicio alguno donde haya sido oído y vencido y en el que se cumplieran con las formalidades esenciales del procedimiento conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los actos reclamados.__ (.).". Inconforme con lo anterior, ..., promueve juicio constitucional en la vía directa, reclamando entre otras cosas, el ilegal emplazamiento al juicio de origen; cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo establecen, que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En ese tenor, tomando en consideración que el impetrante de garantías hace consistir el acto reclamado en el ilegal emplazamiento; luego entonces, el conocimiento del amparo en este supuesto corresponde a un juez de Distrito y no a los tribunales colegiados de circuito, toda vez que el quejoso en el amparo indirecto tiene la posibilidad de aportar ante el juzgado federal las pruebas necesarias para demostrar tal circunstancia, o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevenida por la ley; en cambio, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, por regla general, las pruebas sólo pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por tanto, se le dejaría en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada y, por ende, nos lleva a la exigencia de aplicar la hipótesis fáctica establecida en el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), de la ley de la materia. No es óbice a lo así determinado, que los artículos 34 y 172, fracción I, de la ley de la materia, establezcan como violación procesal atacable en amparo directo, la ausencia o ilegalidad de emplazamiento, ya que no es posible aplicar tales dispositivos cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación, y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del llamamiento a juicio. Sirve de apoyo a lo así resuelto, el criterio jurisprudencial sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados de Circuito de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; toda vez que el quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio se realizó en forma distinta a la prevista en la ley, siempre y cuando el quejoso haya promovido la demanda de amparo dentro del término que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, pues ello no hace que pierda su calidad de tercero extraño al juicio, pues la violación cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra. Sin que tampoco sea obstáculo el que los artículos 158 y 159, fracción I, de la Ley de Amparo, establezcan como violación reclamable en amparo directo esa falta o ilegalidad del emplazamiento, ya que no es posible aplicar esos dispositivos legales cuando el quejoso es persona extraña al juicio por equiparación y de hacerlo, se le dejaría en estado de indefensión, porque no se le daría oportunidad de acreditar la irregularidad del emplazamiento.". De ahí que si no reúnen los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita, como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas, y como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, con fundamento en los artículos 1º, 3º, 9º, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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