Jesús Francisco Valenzuela

Expediente 768/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
768/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Jesús Francisco Valenzuela
  • magistrados integrantes de la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, y al efecto, allega las constancias con las que refiere acreditar su aserto. En consecuencia, con el contenido de las documentales relativas al acato del fallo protector, dese vista a las partes por el plazo de tres días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez trascurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad vinculada; lo anterior, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente al quejoso y por medio de oficio a la parte tercero interesada.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, mediante el cual informa lo relativo al acatamiento del fallo protector, lo cual será tomado en consideración al calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] para el efecto de que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali: 1. Deje insubsistente la determinación reclamada. 2. Atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, emita una nueva que purgue los vicios denotados estudiando los agravios efectivamente planteados y sin suplirlos en su deficiencia; y, 3. Hecho lo anterior, remita la determinación respectiva a este órgano jurisdiccional. La concesión de trato se hace extensiva a los actos de ejecución respectivos, en razón de que fueron reclamados en vía de consecuencia y no por vicios propios." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, dé cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o no manifestar el impedimento que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el término concedido a la autoridad responsable, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Competencia Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado fue dictado en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que dilucide el controvertido de derechos humanos propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Fijación y certeza de lo reclamado El peticionario reclama la resolución dictada el seis de octubre de dos mil veintiuno, en el toca penal N-223/2021, de la estadística de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, así como su ejecución; actuar demostrado al tenor de las manifestaciones vertidas por el órgano colegiado responsable en su informe, así como con las constancias relativas al expediente de origen que acompañó al mismo, que merecen valor pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y de las que se colige la existencia del acto ordenador, así como de la ejecución que al mismo deben darle las autoridades de orden ministerial y policiaco señaladas como responsables. Examen de fondo del asunto Analizados de manera exhaustiva los autos, se concluye que asiste la razón a la parte peticionaria. El acto reclamado es una sentencia de apelación en la que se decidió revocar el sobreseimiento decretado en la causa penal 3873/2019, del conocimiento del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, instruida en contra del aquí quejoso, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en los artículos 123, 126, 147, 148, fracciones II y IV, 149 y 208 Ter, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Baja California. En la primera instancia, el juez de referencia consideró actualizada la hipótesis prevista en el artículo 327, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tal decisión se adoptó durante el desahogo de la audiencia intermedia atinente a tal procedimiento. La sala responsable revocó tal decisión porque no se notificó a la parte ofendida de la solicitud de sobreseimiento planteada, considerando que tal circunstancia dejó en estado de indefensión a tal sujeto procesal, por no otorgarle el derecho de ser escuchada y oponerse a la petición de la defensa. Quien solicita la protección constitucional aduce que la resolución reclamada viola en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la constitución, dada la inobservancia de los principios rectores que rigen el sistema penal acusatorio y oral, y se vulneraron sus prerrogativas de presunción de inocencia y libertad personal, pues al revocar la resolución de sobreseimiento apelada, se ordenó su reaprehensión. Es sustancialmente fundado lo alegado por el quejoso, supliéndose sus argumentos en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En primer término, este órgano jurisdiccional advierte que al dictar el acto reclamado, la resolutora adoptó una postura metodológica del examen de los agravios formulados por la representación social apelante que se desapega de lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho dispositivo establece los parámetros de revisión de los actos sujetos a escrutinio en la vía recursal, y norma expresamente que el tribunal de alzada que deba resolver una vía impugnativa -como en el caso lo es un recurso de apelación-, sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión cuestionada a aspectos no planteados en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. Así, cuenta habida que la responsable estableció que su conclusión, consistente en decretar la reposición del procedimiento en la causa de origen, se realizaba supliendo la deficiencia de los agravios formulados por la parte apelante, a saber, la Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida, de esta ciudad, es palmario que el fallo reclamado se dictó en contravención a lo dispuesto en el artículo 461 de la mencionada codificación, y tal circunstancia conduce a concluir que el acto reclamado es inconstitucional por cuanto hace a tal aspecto. Se estima aplicable la jurisprudencia PC.I.P. J/52 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. POR REGLA GENERAL, NO OPERA RESPECTO DE LOS AGRAVIOS FORMULADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN, AUN CUANDO A LAS VÍCTIMA U OFENDIDOS DEL DELITO NO SE LES RECONOZCA LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). El objeto de estudio en el recurso de apelación y en el juicio de amparo -directo o indirecto- es esencialmente distinto, pues el primero tiene como fin examinar si en la resolución recurrida se aplicó exactamente la ley, se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba o se alteraron los hechos respecto de la sentencia de primera instancia con el propósito de confirmarla, revocarla o modificarla y que los agravios, tratándose del Ministerio Público, sean estudiados de estricto derecho, sin abarcar más aspectos que los factores de legalidad esgrimidos. En cambio, el campo de análisis del juicio de amparo -directo o indirecto- es más amplio, porque en él se examina el acto reclamado no sólo desde un ámbito de legalidad, sino también de constitucionalidad, para examinar si fueron violentados los derechos fundamentales reconocidos a las víctimas u ofendidos como parte en el proceso penal. En esas condiciones, el examen constitucional realizado en el juicio de amparo indirecto, bajo la óptica de la suplencia de la queja deficiente, promovido por la víctima u ofendido del delito, contra una negativa de orden de aprehensión no implica, a su vez, suplir la deficiencia de los agravios del Ministerio Público en la apelación. De este modo, el tribunal ordinario de apelación, por regla general, no debe suplir la deficiencia de los agravios formulados por el Ministerio Público, ni siquiera en aquellos supuestos en los que a las víctimas u ofendidos no se les reconozca legitimación para impugnar ciertas determinaciones jurisdiccionales, bajo la idea de que en estos casos la fiscalía es quien asume los intereses de dicha parte procesal, especialmente porque éstas pueden inconformarse por la vía ordinaria o extraordinaria y porque con ello se trastocan las reglas procesales existentes que ordenan que el estudio de los agravios de la representación social, debe realizarse conforme al principio de estricto derecho. Lo anterior, con excepción de supuestos en los que extraordinariamente se otorgue a la representación social la facultad de representar a determinados sujetos de grupos vulnerables, como en el establecido en la tesis aislada 1a. XCVI/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "MENORES DE EDAD VÍCTIMAS DEL DELITO. LEGITIMACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO A SU FAVOR." Aunado a lo anterior, este tribunal advierte un diverso vicio de la materia de reproche que debe ser atendido en este fallo, por ser atinente al sentido de la decisión adoptada por la responsable. El artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, regula la figura del sobreseimiento en los procedimientos de orden acusatorio, normando que el ministerio público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, éste la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente; asimismo, que la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que la autoridad se pronuncie al respecto. Por su parte, los numerales 341 y 344 de la citada codificación, refieren que para llevar a cabo la audiencia intermedia, el juez de control, en el mismo auto en que tenga por presentada la acusación del ministerio público, señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a treinta ni exceder de cuarenta días naturales a partir de presentada la acusación, siendo evidente que las partes deberán ser citadas a la misma. Al inicio de tal actuación el ministerio público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima u ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor; acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que al efecto procedan. Así, es factible concluir que tanto para el verificativo de una audiencia intermedia, como para el desahogo de una audiencia en la que se peticione el sobreseimiento de una causa penal es factible citar a la víctima u ofendido. Además, en atención a que durante la audiencia intermedia las partes pueden deducir las incidencias cuya presentación estimen relevante, es evidente que no existe impedimento legal para que durante el desarrollo de la misma se dilucide una solicitud de sobreseimiento. Ello es concordante con el examen de los artículos 327 y 342 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que norman, tanto en la audiencia intermedia como en la relativa a una solicitud de sobreseimiento de la causa, que la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados, únicamente puede perjudicar a éstos. En el caso, en la audiencia intermedia en la que se decretó el sobreseimiento en la causa penal de origen, que fue materia del recurso de apelación en el que se emitió la determinación reclamada, se dilucidaron aspectos atinentes a la legal citación de la parte ofendida a la actuación que se estaba desarrollando, y el juez del conocimiento no advirtió dinámica de indefensión o imposibilidad de que la parte imputada solicitara el sobreseimiento de la causa. Aunado a lo anterior, la sala responsable asentó en el acto reclamado que el asesor jurídico de la parte ofendida sostuvo que si bien su representado se encontraba debidamente citado a la audiencia intermedia, no fue llamado a una audiencia en la que se fuere a dilucidar una solicitud que conllevare la culminación del procedimiento penal. En tal tesitura, es palmario que si el ofendido en la causa penal de origen se encontraba debidamente citado a una audiencia en la que resultaba probable que la defensa instara un incidente tendente a decretar el sobreseimiento en el expediente, no resultaba factible considerar que debía practicarse acto noticiero adicional para enterarlo del planteamiento incidental de una solicitud de sobreseimiento, en tanto que su ausencia a la audiencia intermedia a la que al efecto fue citado, únicamente puede perjudicar a quien decide no concurrir a tal actuación. Aunado a tal punto, es palmario que los intereses de la parte ofendida se encontraron debidamente representados en la audiencia de origen, pues a la misma concurrió su asesor jurídico. Por ello, si el acto reclamado determinó reponer en el procedimiento de primera instancia por no haberse emitido una citación específica al ofendido en términos del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es palmario que tal determinación se aparta del texto de las porciones normativas analizadas en este fallo, y resulta ilegal. La conclusión anterior conduce a este juzgado de distrito a determinar que la resolución de trato vulnera los derechos del quejoso consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a decretar su inconstitucionalidad. Apoya la anterior conclusión la tesis XXX.3o.6 P (10a.) emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO SE PROMUEVE EN LA ETAPA INTERMEDIA, RESULTA PROCEDENTE Y, POR ENDE, DEBE TRAMITARSE Y RESOLVERSE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 327 A 330 DEL PROPIO CÓDIGO." Concesión de amparo Por lo antes expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali: Deje insubsistente la determinación reclamada; Atendiendo a los lineamientos de esta sentencia, con libertad de jurisdicción, emita una nueva que purgue los vicios denotados estudiando los agravios efectivamente planteados y sin suplirlos en su deficiencia; y, Hecho lo anterior, remita la determinación respectiva a este órgano jurisdiccional. La concesión de trato se hace extensiva a los actos de ejecución respectivos, en razón de que fueron reclamados en vía de consecuencia y no por vicios propios. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos.Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, 79, fracción III, inciso a), y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Para los efectos apuntados en la parte relativa del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Francisco Valenzuela, contra los actos que reclamó de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y de otras autoridades, precisados en esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado. Notifíquese personalmente.

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