Jesús Francisco Javier Rodríguez Flores
Expediente 1313/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1313/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Francisco Javier Rodríguez Flores
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que acompaña al oficio de cuenta. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y la documental anexa, a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y la causa de sobreseimiento a que se refiere la fracción IV del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" El primero de los preceptos normativos expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que, para la actualización de dicha causa, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, uno de los actos reclamados a la autoridad responsable, consiste en lo siguiente: 1) La omisión de la responsable de certificar que en el expediente de origen 13/13JEU, no quedan pruebas pendientes por desahogar. En efecto, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia aludida, toda vez que con el actuar de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la omisión que dio motivo a la demanda de amparo, pues de la documental exhibida, se advierte que el veintiuno de octubre del año en curso, dictó un acuerdo del que se desprende que no existen pruebas pendientes por desahogar en el juicio de origen 13/13JEU, y otorgó a las partes el termino de tres días para que formulen los alegatos correspondientes; pronunciamiento que restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violentado, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Por otra parte, también señaló como actos reclamados, los siguientes: 2) Cerrar instrucción, y; 3) dictar el laudo. En relación con tales actos, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que mediante proveído de veintiuno de octubre, se abrió el periodo para formular alegatos en el juicio de origen. Lo cual fue notificado en esa fecha a las partes mediante lista de acuerdos publicada. En consecuencia, los actos reclamados en mención resultan inexistentes, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de septiembre del año en curso-, el juicio laboral 13/13JEU, no se encontraba en condiciones de decretar el cierre de la instrucción y menos aún, para el dictado del laudo respectivo. Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 122, Tomo XV, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Registro 209220, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto el artículo 61, fracción XXI, y la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a saber, las nueve horas con cuarenta y tres minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció las documentales que se encuentran anexas al escrito inicial de demanda; así como las documentales que remitió la responsable al rendir su informe justificado. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 19/2020; y, Resultandos. Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, remitido por razón de turno el mismo día, a este órgano jurisdiccional, Ismael Alonso García Guerra, Isabel Cristina Ulloa Méndez y Jesús Martín Gallegos Ceceña solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Consejo de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, con sede en ciudad de México, y otras autoridades. Por proveído de trece de enero de dos mil veinte, se tuvo a la Unidad de Asuntos Contenciosos del Centro Nacional de Control de Energía -CENACE-, con sede en la ciudad de México, interponiendo recurso de queja en contra del auto de trece de enero de dos mil veinte; y, en proveído de doce de marzo de dos mil veinte, se ordenó suspender el procedimiento hasta en tanto se resolviera dicho medio de impugnación. Luego, por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el requrso de queja administrativa 1692/2021, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxuiliar de la Primera Región, concede en la ciudad de México, de la que se advierte que se declaró infundado el referido recurso de queja; por lo que se ordenó reanudar el procedimiento y continuar con la secuela procesal, por lo que se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, misma que concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Considerandos. I. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: El contenido, términos y sentido del oficio CENACE/DAF-SAJURH/616/2019, de veinte de diciembre de 2019, el cual establece que a partir de la catorcena número 26/2019 deberá dejarse de efectuar el pago por concepto denominado "despensa jubilados", en virtud que no está previsto en los contratos colectivos de trabajo CENACESUTERM correspondientes a 2016-2018 y 2018-2020, ni en el Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, vigente a partir del 28 de junio de 2018. III. Inexistencia del acto reclamado El acto reclamado atribuido a las autoridades responsables -en su respectiva denominación correcta- 1. Consejo de Administración del Centro Nacional de Control de Energía, 2. Director General del Centro Nacional de Control de Energía, 3. Director de Administración de Finanzas del Centro Nacional de Control de Energía, los tres con residencia en la Ciudad de México y 5. Gerencia de Control Regional Noroeste del Centro Nacional de Control de Energía, con sede en esta ciudad, resulta inexistente. Es así, pues el apoderado legal del Centro Nacional de Control de Energía, en el informe justificado rendido en representación de tales potestades, negó el acto materia de reclamo y los quejosos no aportaron prueba alguna que desvirtúe esa negativa, por tal razón cobra vigencia la hipótesis contenida en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. El precepto referido señala lo siguiente: "ARTÍCULO 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV.- De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Esta porción normativa, contiene dos párrafos, en ellos se hace referencia a dos supuestos de sobreseimiento, a saber: a) el que esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y b) cuando no se probare su existencia. Por tanto, la prueba de la inexistencia conduce al sobreseimiento, al igual que la falta de prueba respecto de su existencia, lo que ocurre generalmente cuando la autoridad señalada como responsable niega la existencia del acto siempre que sea de naturaleza positiva y esa negativa no es desvirtuada. En el caso se surten ambas hipótesis, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto reclamado y la parte quejosa no aportó medio de prueba alguno con el que desvirtúe esas negativas, razón por la cual cobra vigencia la causa de sobreseimiento prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo cual procede sobreseer en el presente juicio. Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, correspondía a los quejosos la carga de la prueba a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado, sin embargo, no colmaron tal extremo con pruebas certeras y eficientes. IV. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad 4. Jefa de Unidad de Recursos Humanos del Centro Nacional de Control de Energía con residencia en la Ciudad de México, pues así lo convino expresamente quien rindió el informe justificado en su representación. Por tanto, las manifestaciones formuladas por quien representa a la autoridad responsable constituyen una confesión expresa, que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Certeza que se hace patente con la copia certificada del oficio CENACE/DAF-SA-JURH/616/2019, de veinte de diciembre de 2019, remitido por la autoridad responsable; documental que a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse de un documento expedido por autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones, mismo que a continuación se inserta para mayor claridad. V. Causas de Procedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. En el caso, quien esto resuelve advierte de oficio la actualización de la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista por el artículo 61 fracción XIII en relación con el diverso numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no demostró que le haya deparado perjuicio alguno en su persona. En el caso, los quejosos combaten de manera destacada la emisión, contenido, términos y sentido de dicho oficio por considerar que vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 5°, 14, 16, 123, Apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la parte quejosa carece del interés jurídico exigido para la procedencia del juicio de amparo, porque no acreditó el perjuicio que le generó el oficio reclamado, tomando en cuenta que no se encuentra dirigido a ella sino que constituye una comunicación entre autoridades administrativas, a saber, entre la Jefa de Unidad de Recursos Humanos y los diversos Directores, Subdirectores, Gerentes Regionales, del Centro Nacional de Control de Energía y del centro Alterno del CENACE, por lo que su sola emisión, contenido, términos y sentido no incidió en su esfera de derechos, siendo que lo que causará el agravio reclamado, en todo caso, será la aplicación de la disposición combatida. En efecto, en el oficio reproducido con antelación, se advierte que la Jefa de Unidad de Recursos Humanos comunicó a otras autoridades administrativas del CENACE, que los aspectos que fueron objeto de cambio en la herramienta tecnológica respecto a circunstancias específicas de las prestaciones y beneficios contempladas en la normatividad de "recursos humanos" son, entre otros, el concepto "despensa a jubilados", el cual no está previsto en los contratos colectivos de trabajo CENACE-SUTERM correspondientes a 2016-2018 y 2018-2020, ni en el Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía vigente a partir del veintiocho de junio de dos mil dieciocho, por lo que dejará de pagarse ese rubro a partir de la catorcena número 26/2019, con el propósito de evitar un retraso en su aplicación. De ahí que la lectura del oficio permite concluir, por un lado, que se trató de una comunicación interna entre autoridades ejecutoras del gasto, con el objeto de hacer de su conocimiento los aspectos fundamentales que fueron objeto de cambio respecto a prestaciones y beneficios del Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, aprobado el cuatro de junio de dos mil diecinueve. Entonces, si el oficio no se encuentra dirigido a los trabajadores servidores públicos de la dependencia ni, en particular, a los aquí quejosos, es dable deducir que constituye una mera comunicación con efectos declarativos, emitida con el solo objeto de informar a diversas autoridades administrativas, las modificaciones del citado Manual. Dicho en otras palabras, no fue a través del oficio reclamado que se dejó de efectuar el pago del concepto "despensa a jubilados" por no estar previsto en los contratos colectivos de trabajo aludidos ni en el Manual de Percepciones referido, sino que únicamente se informó que se harían los ajustes necesarios para acatar esa disposición, por lo que, con la sola emisión del oficio, no se vieron modificados o alterados los derechos de la parte quejosa al grado de causarle un agravio susceptible de ser reparado a través de una sentencia de amparo. De manera que, si el oficio controvertido no afectó real y efectivamente algún bien tutelado por el orden jurídico, puede concluirse que no quedó demostrado de manera objetiva el perjuicio alegado, tomando en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Sin que escape a la atención de este Juzgador las documentales aportadas por los quejosos consistentes en los recibos de pago correspondientes a la primera y segunda catorcena de diciembre de dos mil diecinueve, toda vez que en esos comprobantes de salario no se aprecia que tuviesen reconocido el concepto denominado "Despensa a jubilados" y que a partir de la temporalidad señalada en el oficio reclamado hubiesen dejado de percibir ese recurso, de ahí la falta de interés jurídico. Tampoco es suficiente para colmar el interés jurídico las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad que los quejosos expusieron en su demanda de amparo. Aunado a lo anterior, quien esto resuelve considera que el juicio de amparo también es improcedente con respecto a la emisión del oficio CENACE/DAF-SA-JURH/616/2019 de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, porque no puede considerarse un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Los artículos señalados disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no sean de autoridad, siendo ésta la persona que emite o ejecuta un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Los particulares serán autoridades, para efectos del amparo, si sus decisiones son equivalentes al de un sujeto del Estado en sentido estricto y, por el contrario, un funcionario gubernamental deberá ser tratado como un ente de derecho privado en el caso de que lleve a cabo un acto carente de las cualidades de obligatoriedad y unilateralidad. La Segunda Sala del Alto Tribunal, definió las características que distinguen a una autoridad para efectos de la acción constitucional, los cuales implican lo siguiente: 1) haber sido emitidos en ejercicio de una facultad administrativa prevista en una norma, 2) ser unilaterales y crear, modificar, o extinguir, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de derechos de los particulares, y 3) no requerir la intervención de órganos jurisdiccionales. Ahora, si como se analizó, el oficio CENACE/DAF-SAJURH/616/2019 de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, constituye únicamente una comunicación entre autoridades administrativas del CENACE a fin de informar las modificaciones al Manual de Percepciones para el Personal Operativo de Confianza del Centro Nacional de Control de Energía, entre ellos, lo concerniente al concepto denominado "Despensa jubilados"; es factible concluir que no se trató de un acto de autoridad para los efectos de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque no se trató de una decisión unilateral de un ente autoritario que haya creado, modificado o extinguido alguna situación que afecte directa e inmediatamente la esfera jurídica de la parte quejosa, sino de una comunicación entre autoridades con efectos meramente declarativos, emitida en un plano de coordinación entre dichos entes y sobre la base de una relación administrativa, en la cual, cabe mencionar, no forma parte la justiciable. De manera que, con independencia de que la parte agraviada justifique su calidad de pensionado y con ello aduzca acreditar su interés para promover el juicio de amparo en contra del oficio CENACE/DAF-SA-JURH/616/2019 de veinte de diciembre de dos mil diecinueve, lo cierto es que la naturaleza del acto reclamado abordado no cuenta con las características de un acto de autoridad y, por consiguiente, la instancia constitucional resulta improcedente. En razón de ello, procede sobreseer en el juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción II, éstos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Por lo anterior, y al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia, este órgano de Control Constitucional se ve impedido a entrar al estudio del fondo del asunto, según se desprende de la jurisprudencia número 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, tomo VI, Materia Común, registro 394465, página 335, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar las violaciones de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establecen los artículos 103 y 107 Constitucionales, y en los diversos numerales 74, 75 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ismael Alonso García Guerra, Isabel Cristina Ulloa Mendez y Jesús Martín Gallegos Ceceña, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas en el capítulo III y IV, por las razones expuestas en los apartado III y V del presente fallo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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