Jesús Francisco Hernández Hernández
Expediente 796/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 796/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Francisco Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el te´rmino de cinco di´as a que se refiere el arti´culo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el provei´do emitido el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el cual se desecho´ de plano la demanda de amparo intentada por la parte quejosa Jesús Francisco Hernández Hernández, transcurrió´ del veintitrés al veintinueve del mes y año actual, sin que haya interpuesto el recurso de queja que preve´ el arti´culo 97, de la citada Ley; por tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el arti´culo 356, fraccio´n II, del Co´digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacio´n supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, ha´ganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archi´vese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoracio´n, depuracio´n, destruccio´n, digitalizacio´n, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los o´rganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres an~os a partir de la presente fecha, se proceda a su destruccio´n, por actualizarse la hipo´tesis del arti´culo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulacio´n del acta y relacio´n correspondiente para la plena identificacio´n del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, ha´gase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrara´n materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, debera´ comparecer a este juzgado dentro del te´rmino de noventa di´as a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podra´n ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; con la demanda de cuenta se tiene a Jesús Francisco Hernández Hernández, por propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Director del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental Villahermosa, residente en esta ciudad, y otras autoridades, con sede en esta ciudad, que estima violatorios de los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 796/2021-2. DESECHAMIENTO De acuerdo al numeral 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo indiscutible, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia I.13o.A. J/6, con número de registro 180663, de materia común, sostenida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte promovente hace consistir el acto reclamado en: La posible expulsión, destitución de su internado, realizando un montaje de actas administrativas acumulativas las cuales no han pasado a través de un órgano modulador, sancionador o aparato de justicia adecuado que sea imparcial, y de mayor importancia es el acto que pretenden realizar de darlo de baja de su residencia médica de psiquiatría, de manera sumarísima. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En el caso concreto, a criterio del suscrito se actualiza la causal de improcedencia derivada de la interpretación, a contrario sensu, de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [...]" De los numerales transcritos destaca como uno de los objetos del juicio de amparo la resolución de controversias generadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, en razón de lo cual tal medio de control constitucional únicamente resulta procedente cuando el ente a quien se atribuye la calidad de autoridad goza de los rasgos distintivos contemplados en el normativo 5, fracción II, trascrito, con independencia de su naturaleza formal. La esencia de esas notas características consiste en: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho respecto al cual un particular adquiere una posición de supra a subordinación. b) Que dicha relación emerja de la ley, dotando al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de ello emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni el consenso del afectado. Bajo ese contexto, de no reunirse la totalidad de dichos requerimiento no podrá considerarse que el acto reclamado haya sido emitido por una autoridad, al menos para efectos del amparo, resultando improcedente el juicio biinstancial. Apoya lo anterior la jurisprudencia 164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, localizada en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, al analizar el aspecto destacado en el inciso a) deberá verificarse que no se esté en presencia de una relación de coordinación, que son las entabladas entre particulares colocados en un mismo plano, esto es, en condiciones de igualdad; puesto que para la resolución de las controversias suscitadas en ese nivel debe acudirse a los procedimientos ordinarios legalmente establecidos en disposiciones de naturaleza civil, mercantil, agraria y de trabajo, por virtud de las cuales ante el sometimiento de las partes a una instancia judicial, coactivamente se imponen consecuencias jurídicas, lo que se traduce en la existencia de bilateralidad. En el caso, resulta necesario establecer que la parte promovente esencialmente se duele de la posible expulsión, destitución o baja de su internado como médico residente de psiquiatría. Tal carácter -médico residente- se corrobora de la manifestación expresa que hace el impetrante de amparo, bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, al expresar que sus derechos son violentados por el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental Villahermosa, al pretender realizar su suspensión por medio intrahospitalario, con envío a la Dirección de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a posgrado. Ahora, los artículos 353-A a 353-I de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: I.- Médico Residente: El profesional de la medicina con Título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica Receptora de Residentes, para cumplir con una residencia. II.- Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento hospitalario en el cual se pueden cumplir las residencias, que para los efectos de la Ley General de Salud, exige la especialización de los profesionales de la medicina; y III.- Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un Médico Residente en período de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de postgrado, respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas. Artículo 353-B. Las relaciones laborales entre los Médicos Residentes y la persona moral o física de quien dependa la Unidad Médica Receptora de Residentes, se regirán por las disposiciones de este Capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, en cuanto no las contradigan. Artículo 353-C. Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deberán consignarse en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta Ley, los siguientes: I.- Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la Residencia. II.- Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece este Capítulo. Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes: I.- Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo con el programa docente académico que esté vigente en la Unidad Médica Receptora de Residentes; II.- Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concerniente a aquél y a éste. III.- Cumplir las disposiciones internas de la Unidad Médica Receptora de Residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta Ley; IV.- Asistir a las conferencias de teoría sesiones clínicas, anatomoclínicas, clinicorradiológicas, bibliográficas y demás actividades académicas que se señalen como parte de los estudios de especialización; V.- Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en los términos del artículo siguiente; y VI.- Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y destreza adquiridos, de acuerdo a las disposiciones académicas y normas administrativas de la Unidad correspondiente. Artículo 353-E. Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para disfrutar de reposo e ingerir alimentos. Artículo 353-F. La relación de trabajo será por tiempo determinado, no menor de un año ni mayor del período de duración de la residencia necesaria para obtener el Certificado de Especialización correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las causas de rescisión señaladas en el artículo 353. G. En relación con este Capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 39 de esta ley. Artículo 353-G. Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón, además de la que establece el artículo 47, las siguientes: I.- El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III y VI del artículo 353.D; II.- La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el funcionamiento de la Unidad Médica Receptora de Residentes en la que se efectúe la residencia; III.- La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, consignados en el Reglamento Interior de Trabajo de la Unidad Médica Receptora de Residentes. Artículo 353-H. Son causas de terminación de la relación de trabajo, además de las que establece el artículo 53 de esta Ley: I.- La conclusión del Programa de Especialización; II.- La supresión académica de estudios en la Especialidad en la rama de la Medicina que interesa al Médico Residente. Artículo 353-I. Las disposiciones de este Capítulo no serán aplicables a aquellas personas que exclusivamente reciben cursos de capacitación o adiestramiento, como parte de su formación profesional, en las instituciones de salud." De la transcripción anterior se pone de relieve la intención del legislador de que la relación del residente con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, pues aun cuando las actividades del médico tengan una finalidad de adiestramiento, por lo que en cierto modo puede ostentar la calidad de alumno, tal circunstancia no disuelve la relación que subyace. Además, porque el contenido de dichos normativos lleva implícita una relación de subordinación mediante el establecimiento de prestaciones como una jornada, una remuneración por el servicio prestado, la obligación de acatar instrucciones y el deber de cumplir con los deberes que les son impuestos -laborales y académicos-. De ese modo, ante la existencia de un vínculo laboral, ambas partes se encuentran sometidas a las previsiones del derecho laboral. Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2/2017, visible en la página 608, Libro 38, enero de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular." Así, se está en presencia de un acto entre particulares circunscrito en una relación de coordinación que no es susceptible de análisis constitucional per se, toda vez que, al menos para efectos del juicio de amparo que insta el quejoso de mérito, los entes señalados como responsables carecen de los atributos inherentes a una autoridad. Luego, en virtud de la naturaleza de la relación de origen, la parte impetrante tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante las instancias correspondientes, pues el acto impugnado no puede ser objeto de examen constitucional en tanto ello es propio de una controversia ordinaria al emanar de un ente que actuó como figura patronal. Al respecto es aplicable la tesis sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a fojas 347, Tomo III, abril de 1996, Materia Laboral, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." En tales condiciones, al no constituir el acto reclamado uno de autoridad para efectos del amparo, dado que su naturaleza y origen versa acerca de una relación entre patrón y trabajador en su carácter de "alumno", pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico, es inconcuso que la demanda de que se trata, es improcedente. Cobra aplicación el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 329, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia Laboral, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretados, estos dos últimos en sentido contrario y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jesús Francisco Hernández Hernández. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, de Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, con el rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, como forma para establecer comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se les encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este juzgado federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a éste, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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