Jesús Francisco Badiola Fierro

Expediente 373/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
373/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
17/09/2019

Partes del expediente

  • Jesús Francisco Badiola Fierro
  • Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito. del Estado de Nuevo León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Apareciendo dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, por tanto, se declara la misma ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido.

  2. Incidental

    se establece que el original del presente incidente de suspensión, carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, toda vez se concedió de manera provisiona y definitiva la medida cautelar a la parte quejosa y no existen documentos originales en el mismo. Respecta al duplicado de esta incidencia, procédase a su destrucción dentro del término de seis meses del dictado de la resolución incidental.

  3. Principal

    ..... Bajo ese contexto, al actualizarse en el caso concreto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, resulta procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. . Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS. MSN- SMG. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte, mediante escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunal Unitarios con sede en Monterrey y Cadereyta, Nuevo León, por Jesús Francisco Badiola Fierro, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades denominadas: ? Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito del Estado de Nuevo León. ? Juez Sexto de Distrito en Materia Penal, del Cuarto Circuito en el Estado de Nuevo León. ? Alcaide del Centro de Reinserción Social "Topo Chico". Por su parte, la parte agraviada reclamó de las aludidas potestades, los siguientes actos: ? La indebida fundamentación y motivación de la resolución de dos mil diecinueve, dictada en el toca penal 24/2019, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el ocursante, contra la resolución incidental dictada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal, en la cual, declaró infundado el incidente no especificado de revisión y situación de medida cautelar (prisión preventiva), dentro de la causa penal 23/2018 de su índice. ? El exceso en el cumplimiento a la resolución dictada en el toca penal 24/2019 por el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito del Estado de Nuevo León, al exigirle, más requisitos que las señaladas en las leyes para garantizar la MEDIDA CAUTELAR de GARANTÍA ECONÓMICA, y que fue propuesta por el peticionario de derechos y que se denomina "HIPOTECA", dado en determinación de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, notificada en la misma fecha al abogado, indicó la medida que denominó "HIPOTECA", no le produce "plena convicción y certeza" respecto al real "valor fiscal" o "valor catastral" del inmueble sobre el cual se constituyó el contrato unilateral de hipoteca, debidamente notariado. Posteriormente, en proveído de veintiocho de junio pasado, el Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Cuarto Circuito, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, declinó la competencia por lo correspondiente al segundo de los actos precisados previamente, ordenando su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en esta ciudad. Así, el uno de julio siguiente, este órgano de control constitucional recibió el oficio 1280/2019, al que se acompañó copia autorizada de la demanda presentada por Jesús Francisco Badiola Fierro, por lo que previo requerimiento, el once de dicho mes y año, se procedió admitir la demanda de amparo, únicamente por lo que respecta al Juez Sexto de Distrito en Materia Penal, del Cuarto Circuito en el Estado de Nuevo León y Alcaide del Centro de Reinserción Social "Topo Chico", de quienes impugnó: ? El exceso en el cumplimiento a la resolución dictada en el toca penal 24/2019 dictada por el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito del Estado de Nuevo León, al exigirle, más requisitos que las señaladas en las leyes para garantizar la MEDIDA CAUTELAR de GARANTÍA ECONÓMICA, y que fue propuesta por el quejoso y que se denomina "HIPOTECA", otorgada en determinación de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, notificada en la misma fecha al abogado, se indicó la medida que denominó "HIPOTECA", no le produce "plena convicción y certeza" respecto al real "valor fiscal" o "valor catastral" del inmueble sobre el cual se constituyó el contrato unilateral de hipoteca, debidamente notariado. Se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables, fijó fecha para la audiencia constitucional y se le dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Bajo ese contexto, la autoridad responsable Secretaria General del Centro Preventivo de Reinserción Social "Topo Chico", al rendir su comunicado de ley negó la existencia del acto reclamado, por ende, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer respecto a dicha potestad. Es aplicable la Jurisprudencia por reiteración, número VI.2o.J/20, publicada en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Ahora, como cuestión preliminar, es preciso mencionar, el hecho la invocada legislación establezca diversas causales motivan la improcedencia de la acción constitucional no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, en su vertiente del recurso judicial efectivo, toda vez dicha prerrogativa está condicionada o limitada a los plazos y términos fijados en las leyes; de modo, en éstas pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para los tribunales se encuentren en condiciones de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida. Cierto, las causales de improcedencia comprendidas en la legislación aplicable a la materia tienen una existencia justificada, pues atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios reguladores, surge la inviabilidad para examinar el fondo del asunto, lo cual en modo alguno lesiona el derecho a la administración de justicia. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, relativa al Caso de los Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, determinó en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran las formalidades a observarse para avalar el acceso a ellas; por razones de seguridad jurídica, para la correcta administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole. También puntualizó, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver en forma efectiva el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar siempre y en cualquier caso, los tribunales internos deben pronunciarse sobre el fondo, sin importar la verificación de presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Entonces, a la luz de las anteriores consideraciones es dable concluir, las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo constituyen, por regla general, parámetros objetivos cumplen a cabalidad con el estándar internacional y no configuran una denegación de justicia; antes bien, de permitir al gobernado acudir al juicio de amparo bajo ninguna condición racional, podría propiciarse un retardo generalizado en la administración de justicia a causa de la interposición de interminables juicios biinstanciales. Valida lo expuesto la tesis CCLXXVI/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XV, diciembre de 2012, tomo 1, página 530, intitulada: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Y la diversa III.2o.C.3 K (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, foja 2066, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." La causal de improcedencia que, a criterio de este órgano jurisdiccional, adquiere vigencia en el asunto concreto, es la estipulada en la fracción XXII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y; [.]" Atinente a dicha causa de improcedencia existe la Jurisprudencia 2a./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, Novena Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS.- En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En principio es pertinente precisar siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esas prerrogativas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia de ese Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que, en su caso, llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Asimismo señaló, que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, en la cual el legislador tomó en cuenta que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad, cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de que se concluyera que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de los derechos que se estimen violados o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En la especie, en la presente instancia constitucional se combate el exceso en el cumplimiento a la resolución dictada en el toca penal 24/2019 por el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito del Estado de Nuevo León, al exigirle, más requisitos que los señalados en las leyes para garantizar la MEDIDA CAUTELAR de GARANTÍA ECONÓMICA, y que fue propuesta por el quejoso y que se denomina "HIPOTECA", otorgado en determinación de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, notificada en la misma fecha al abogado, en la que se estatuyó la medida que denominó "HIPOTECA", no le produce "plena convicción y certeza" respecto al real "valor fiscal" o "valor catastral" del inmueble sobre el cual se constituyó el contrato unilateral de hipoteca, debidamente notariado. Luego, al momento de rendir su informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, toda vez el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, dictó un proveído en autos del incidente no especificado de revisión y modificación de medida cautelar de prisión preventiva, derivado del proceso penal 2/2019, promovido por el impetrante de amparo Jesús Francisco Badiola Fierro. En el que se le indicó que para satisfacer las medidas cautelares impuestas en la resolución de apelación, pronunciada el cinco de junio de dos mil diecinueve, por el Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del toca penal 24/2019 y, estar en aptitud de sustituir la "prisión preventiva" a la que se encuentra sujeto, por una combinación de diversas menos gravosas, era necesario presentara documentos con la finalidad de satisfacer las diversas de "garantía económica", "prohibición de salir del país y del Estado de Nuevo León", "localizador electrónico o brazalete" y "prohibición de acercarse a las víctimas". Sin que la información proporcionada por el agraviado, resultara suficiente para satisfacer las exigencias antes descritas, pues en términos del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 172 y 173 fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales; 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2904 y 2917, del Código Civil Federal; 405 y 408 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1º, 2º, 3º, 4º fracción I, 12, 12-bis fracción I, 17 fracciones VI y IX, 18, 26, 28 y 49 de la Ley de Catastro para el Estado de Oaxaca. Por lo que consideró jurídicamente admisible sostener el "valor fiscal", "catastral" y "comercial", del inmueble exhibido, era insuficiente para garantizar los $36,707,968.62 (treinta y seis millones setecientos siete mil novecientos sesenta y ocho pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional), fijados por la autoridad de alzada como "garantía económica", por lo que estableció no había lugar a tener legalmente constituida la "hipoteca" propuesta sobre el inmueble. Ulteriormente, por oficio 25346/2019, el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, comunicó, por resolución dictada el diecinueve de los corrientes, dentro de la causa penal 2/2019, instruida contra Jesús Francisco Badiola Fierro, determinó la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta con motivo del auto de formal prisión, imponiéndole en su lugar diversas medidas no privativas de libertad consistentes en una "garantía económica", "prohibición de salir del país y del Estado de Nuevo León", "localizador electrónico o brazalete" y "prohibición de acercarse a la víctima", ello al exhibir las instrumentales idóneas para dicho otorgamiento; por ende, ordenó la inmediata libertad del agraviado, allegando las constancias respectivas para acreditar su dicho. De ahí que, aun cuando llegara a concluirse el acto reclamado en el presente juicio de amparo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estimen violados, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Se afirma lo anterior, en razón de que si bien subsiste el acto atribuido al Juez responsable, también lo es que éste ya no tendrá efectos legales o materiales que surtir, toda vez con la diversa determinación emitida el diecinueve de los cursantes, los efectos del acto reclamado, en esta vía constitucional, ya no lastiman la esfera jurídica del quejoso; por tanto, aun en el supuesto de que se concluyera los actos son constitucionales o no, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria que se llegase a dar, pues los efectos del acto impugnado a la autoridad no se concretarán. Así, para que el juicio de amparo sea procedente, además el acto reclamado esté subsistiendo, debe tener un efecto legal o material sobre la esfera jurídica del quejoso; esto es, que sus efectos legales se concreten conforme a las reglas del procedimiento que lo rigen, pues de no ser así, en virtud de alguna modificación en el entorno procesal en que se emitió, jurídicamente sería imposible restituirles en el goce de sus derechos, pues la sentencia de amparo no tendría ningún efecto jurídico. Así, en la fracción XXII antes transcrita, el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dado en caso de concluirse el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica de Jesús Francisco Badiola Fierro. Bajo ese contexto, al actualizarse en el caso concreto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, resulta procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Cabe señalar, no representa obstáculo la falta de celebración de la audiencia de ley, en virtud de autos se advirtió la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable y con ningún medio de prueba se puede desvirtuar. Valida tal argumento, la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 366, tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.

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