Jesús Francisca Canizalez Retana

Expediente 19/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
19/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
31/03/2022

Partes del expediente

  • Jesús Francisca Canizalez Retana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En resolución de diez de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jesús Francisca Canizales Retana, para los efectos siguientes: QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración del acto reclamado y la etapa procedimental en que se ubica el juicio laboral 9-1721/2020, la concesión de amparo se otorga para efectos que la Junta responsable: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral. En cumplimiento a lo anterior, la responsable remitió el oficio 1196-A, al que anexó copia con firmas autógrafas del laudo de veintidós de febrero del año en curso; asimismo, ordenó su notificación. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que refiere la razón de cuenta, de la cual se desprende que ninguna de las partes recurrió la sentencia emitida en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en la que sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Junta Local de Conciliación Arbitraje, con sede en esta ciudad, dé cumplimiento al fallo protector dentro del plazo de treinta y tres hábiles legalmente computado; para lo cual deberá remitir las constancias con las que acredite el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Apercibido que en caso de desacato sin causa justificada, con sustento en los numerales 192 y 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización en términos del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su respectiva consignación. Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral. Así entonces, al tomar en cuenta la complejidad o dificultad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo, es que se tomó como el término de treinta y tresdías hábiles para el debido cumplimiento al fallo protector, de conformidad con el numeral 192, último párrafo, y 193, párrafo tercero, de la ley en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las once horas treinta minutos del diez de febrero de dos mil veintidós, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 19/2022, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informe justificado. El Juez acuerda: Téngase hecha la anterior relación de constancias. Se abre el periodo de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales allegadas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de su naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 19/2022. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el siete de enero de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Jesús Francisca Canizalez Retana solicitó el amparo y protección de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad y Actuario de su adscripción. SEGUNDO. Trámite. En auto de doce de enero siguiente se admitió la demanda de amparo, se ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó hora y día para la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama omisión de dictar laudo. SEGUNDO. Autoridad responsable y acto reclamado. De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad: Omisión de emitir laudo en el juicio laboral 9-1721/2020. Del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad: Omisión de notificar a las partes el laudo en el juicio laboral de origen. TERCERO. Inexistencia de acto. Respecto de la omisión de notificar a las partes el laudo dictado en el juicio laboral 9-1721/2020 que se reclama al Actuario responsable es inexistente. Lo anterior, ya que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (siete de enero de dos mil veintidós), no está demostrado que se hubiera emitido laudo; por ende, el actuario no se encontraba en aptitud de realizar las notificaciones correspondientes. Sirve de apoyo la tesis 2ª/J 99/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el libro 59, octubre de 2018, tomo I, página 926, registro 2018110, que establece: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de tal acto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada de dictar laudo a la Junta responsable, ya que así se advierte del contenido de su informe justificado. QUINTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación. De conformidad con el artículo 17 Constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial; el numeral en cita consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuya finalidad es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia las controversias que se les presenten. Establecido lo anterior, resulta oportuno destacar que de los numerales 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo se advierten los plazos siguientes: diez días siguientes contados a partir del cierre de instrucción para que el Auxiliar formule por escrito el proyecto de laudo; cinco días para que alguno de los miembros de la junta solicite la práctica de diligencias que juzgue convenientes y ocho días más para su desahogo, en su caso; otros diez días para la discusión y votación del proyecto, a cuyo efecto, el Presidente de la Junta deberá citar a los miembros en órgano, diligencia en la cual, si fuese aprobado el proyecto sin modificaciones ni adiciones, se elevará a la categoría de laudo, y se firmará de inmediato; y si se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al Secretario que inmediatamente lo redacte, de acuerdo con lo aprobado; y una vez engrosado, él mismo recabará las firmas de los miembros de la junta, y después se turnará al Actuario para que lo notifique de manera inmediata y personal a las partes. Conforme a lo expuesto, la responsable vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, en atención a que ha incumplido con su obligación de realizar los actos tendentes al laudo después de cerrada la instrucción en el expediente de origen, a pesar de haber trascurrido en exceso los términos fijados en las disposiciones legales antes precisadas. Del informe justificado la Junta responsable se advierte cierto la omisión de dictada laudo, aunado que remitió copia certificada del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral 9-1721/2020 en el que declaró cerrada la instrucción y se turnaron los autos a proyecto de resolución en forma de laudo. Por tanto, desde el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno a la presentación de la demanda de amparo en siete de enero de dos mil veintidós, ha transcurrido en exceso el plazo legal para el dictado del laudo sin que la responsable hubiese realizado los actos tendentes a su emisión. Luego, la responsable no atendió los plazos establecidos por la Ley Federal del Trabajo para realizar los actos tendentes para dictar el laudo; de ahí, lo fundado del motivo de disenso en análisis. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal. QUINTO. Efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En consideración del acto reclamado y la etapa procedimental en que se ubica el juicio laboral 9-1721/2020, la concesión de amparo se otorga para efectos que la Junta responsable: Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral. Por lo expuesto y fundando, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo en que se actúa respecto del acto y autoridad precisada en el tercer considerando de esta sentencia. SEGUNDO. Con la salvedad anterior, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jesús Francisca Canizales Retana por vicio de fondo. Notifíquese.

  4. Principal

    Culiacán, Sinaloa, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguense los informes justificados rendidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad. Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con esos informes documento de referencia dese cuenta y háganse relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

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