Jesus Flores Rodriguez

Expediente 1412/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1412/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
20/12/2016

Partes del expediente

  • Jesus Flores Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con doce minutos del día quince de noviembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien legalmente actúa, procede a dar inicio la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1412/2016, promovido por Jesús Flores Rodríguez, sin la asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se destacan por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Se procede a abrir el periodo probatorio. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que anexó a su informe justificado el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, a través de su presidente y secretaria general. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede abrir el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló, motivo por el cual se procedió a cerrar el período de alegatos. Consecuentemente, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, levantándose la presente acta, y se procede al dictado de la sentencia de ley. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1412/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Jesús Flores Rodríguez, mediante escrito de demanda presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos. "IV.- ACTOS RECLAMADOS.- PRIMERO.- La dilación del procedimiento laboral número 01/121/12, por parte de la responsable con motivo de la falta de contestación al escrito presentado con fecha 23 de mayo del 2016 mediante el cual se le da impulso procesal al procedimiento de ejecución forzosa del laudo. SEGUNDO.- El retardo injustificado por parte de la responsable para hacer cumplir de manera inmediata el laudo dictado en el expediente laboral número 01/121/12 y por tanto la ejecución del mismo, en contravención a lo que dispone el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo. TERCERO.- La obstaculización en la ejecución del laudo dictado en el expediente laboral número 01/121/12 en el que se declaró la verdad legal en beneficio del suscrito." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales violadas, las contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda de garantías fue recibida en este Juzgado de Distrito el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis; el veintinueve del mismo mes y año, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos; y se llevó a cabo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo, así como los artículos 48, en relación con el 55, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, del Acuerdo General 3/2013 y 32/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en: 1. La omisión por parte de la responsable de acordar el escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al expediente 01/121/12, mediante el cual el apoderado legal del aquí quejoso solicita de nueva cuenta se señale día y hora para la materialización de la reinstalación. 2. La negativa de la autoridad responsable de desahogar el procedimiento de ejecución de laudo (actos subsecuentes), dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de manera conjunta con la Secretaria General, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia de los actos reclamados, sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con las manifestaciones que realizan en los citados informes; en ese sentido se tiene por cierto el acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por lo que hace al acto reclamado, consistente en la negativa de la autoridad responsable de desahogar el procedimiento de ejecución de laudo (actos subsecuentes), dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, realizan manifestaciones encaminadas a negar su existencia. Ahora, en relación al citado acto, se advierte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado, es inexistente, pues tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantías. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello, que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 117 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: en primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza; y si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Por tanto, como se dijo, el acto reclamado consistente en la negativa de la autoridad responsable de desahogar el procedimiento de ejecución de laudo (actos subsecuentes), dentro de los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, es jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, en razón de que el Presidente Ejecutor, en la etapa de ejecución forzosa del laudo, no se encuentra constreñido para que de manera genérica provea lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y plazos legales, dicha ejecución, en los términos que indican los artículos 950, 954, 955, 957, 965 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, por lo que es inconcuso, que se actualiza la causa de sobreseimiento señalada en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la ejecutoria de diecinueve de octubre de dos mil once, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 339/2011, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio origen a las jurisprudencias con rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez trascurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez trascurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Así como, en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 47, tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 225377, que a la letra dice: "ACTOS FUTUROS PROBABLES, LA PRESUNCION DE CERTEZA POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO NO OPERA TRATANDOSE DE. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO. En virtud de que a través del informe justificado se van a determinar dos supuestos diferentes (existencia del acto reclamado -constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo-) el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo establece dos cargas probatorias diversas, cuya actualización dependerá de la falta de rendición de dicho informe. Así, la falta de informe justificado entrañará la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario que se derive de las constancias procesales que obren en autos con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen la inconstitucionalidad del acto que se presume cierto, salvo que dicho acto sea violatorio de garantías en sí mismo. Ahora bien, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia sustentada por los tribunales federales se ha distinguido entre los actos futuros inminentes y los actos futuros probables o remotos, para establecer la procedencia del juicio de garantía. En el primer caso, es decir, tratándose de actos futuros inminentes su existencia es indudable y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecute, resultando procedente el juicio constitucional; en cambio, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), el amparo es improcedente ya que al no producir ningún efecto de derecho, dada su inexistencia material no produce agravios en la esfera jurídica del particular. Así, la distinción entre un acto futuro inminente y un acto futuro probable y remoto, y por lo tanto la procedencia del juicio de garantías, en su caso, radicará, precisamente, en la certidumbre de su realización. Es por ello que la presunción de certeza del acto reclamado establecida en el artículo 149 de la Ley de la materia, no puede operar tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que: En primer lugar, si se presume cierto el acto reclamado por falta de informe justificado, se desnaturalizaría dicho acto (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo precedente un juicio que dada la naturaleza del acto reclamado es improcedente; y, en segundo lugar, porque la propia naturaleza del acto actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. En efecto, si de las afirmaciones realizadas por el quejoso en la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado es un acto futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces dichas manifestaciones actúan como prueba en contrario de la presunción de certeza del mismo. Consecuentemente, la presunción de certeza del acto, es decir su realización cierta, queda desvirtuada cuando no existiendo en el expediente de amparo otras pruebas que acrediten su existencia, de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en la demanda de garantías, se advierte que, lo que el quejoso reclama, es un acto futuro probable o remoto cuya realización no es inminente, ya que dichas manifestaciones constituirán la prueba en contrario de la certeza del acto reclamado. En este orden de ideas, al no operar en el caso, la presunción de certeza del acto reclamado, debe estimarse que tal acto no es cierto para efectos del juicio de garantías, y por lo tanto sobreseer en el mismo con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo." También, la tesis VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 433, tomo VI, Julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, con número de registro 198320, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." TERCERO. Previo el estudio de los conceptos de violación aducidos, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de la responsable de acordar el escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dirigido al expediente 01/121/12, mediante el cual, el apoderado legal de la parte actora, hoy quejosa, solicita de nueva cuenta se señale día y hora para la materialización de la reinstalación, se procede analizar la procedencia del presente juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la citada ley, en la que se establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Del citado precepto legal, se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presentan en el momento en que se constituye una situación jurídica que destruya la que dio motivo a la promoción de la acción de control constitucional, de tal manera que por esa nueva situación se reponga a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, que para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En el presente juicio de garantías, tal causa de improcedencia se actualiza, pues el acto reclamado fue destruido en todos sus efectos en forma total e incondicional, ya que mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la autoridad responsable, emitió el acuerdo por el que da contestación al escrito signado por la aquí quejosa, presentado ante la responsable el veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 01/121/12 (fojas 21 y 22), que refiere el inconforme, había sido omiso el tribunal responsable en acordar, mismo que fue notificado a la parte actora el veintidós de agosto del año en curso, tal como se aprecia de las constancias que en copia fotostática certificada remitió la responsable, a las que, por ser documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, de modo tal, que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiere otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiese vulnerado la esfera jurídica del particular. En apoyo a las anteriores consideraciones, se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 605, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Enero de 2009, Materia Común, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto". Igualmente, tiene sustento la Jurisprudencia ciento tres, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las condiciones relatadas, por lo que hace al acto reclamado precisado, se sobresee en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. CUARTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61 fracción XXI, 62, 63 fracciones IV y V, 73, 74, 75, 76, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Flores Rodríguez, en contra de los actos reclamados a la autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo y resultando primero de este fallo, por las razones expuestas en los considerandos segundo y tercero del mismo. SEGUNDO. Por las razones vertidas en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario José Alberto Tapia Tapia, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    se difiere la audiencia constitucional y se fijan las diez horas con quince minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis, para su desahogo.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que mediante proveído de veintidós de septiembre actual, se dio vista a las partes con el informe justificado que rindió el Presidente y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de manera conjunta con la Secretaria General, con residencia en esta ciudad; en esas condiciones, para dar oportunidad a que las partes se impongan del contenido del mismo y cumplir con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de la Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Robustece lo anterior la jurisprudencia VI.3º.A. J/12, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 667, del Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIO TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS." Finalmente, por lo que hace al presente acuerdo, se estima que el mismo no amerita de notificación personal a las partes, en consecuencia, se ordena practicar la citada notificación y las subsecuentes que no ameriten el citado tratamiento, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal, incluidas las notificaciones a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la legislación federal en consulta, al actualizarse el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con número de registro 2002576 , que establece: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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