Jesús Flores Pérez

Expediente 439/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
439/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Jesús Flores Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que el proveído de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ------- y ------------ todos por propio derecho, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el Libro respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento a los artículos 6, fracción II1, y 21, 1Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: inciso b2, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo, dejando sin efectos la suspensión de plano otorgada a los peticionarios de amparo, el diecisiete de mayo de la presente anualidad, por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo indirecto 309/2021-I, de su índice, por los motivos ahí expuestos. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del acuerdo de mérito, no tiene valor jurídico o histórico para su conservación; en consecuencia, no es considerado como un asunto relevante. Notifíquese por lista a las partes, en términos de lo que establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 17159/2021 signado electrónicamente por el Secretario y Titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual remite el juicio de amparo indirecto 309/2021-I, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ---------,---------, --------- y ---------, todos por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos" en el Estado de México y otra autoridad; lo anterior, toda vez que mediante determinación de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ese Juzgado declinó competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno; correspondiendo conocer de la presente demanda de amparo a este Juzgado Federal por razón de turno. En relatadas circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada y este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de mérito; por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por ---------,---------, --------- y ---------, todos por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social Juan Fernández Albarrán "Barrientos" en el Estado de México y otra autoridad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 439/2021-I. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ello, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la Constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales del quejoso. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3°, 6° y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberlo presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica de la parte promovente. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que, es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que se revele la voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa de la parte interesada o, en ciertos casos, la impresión de la huella digital, o como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medio electrónico. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por el directo quejoso, representante legal o apoderado, de forma impresa o por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por Firma Electrónica a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el caso en concreto, la demanda de amparo presentada vía electrónica presuntamente por Jesús Flores Pérez, Santiago Elizalde Germán Everardo, Israel López Hinojosa y Daniel Pérez Muñoz, carece de su firma electrónica. Lo anterior, ya que, incluso, así lo certificó el Secretaria adscrito al Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el diecisiete de mayo de la presente anualidad. De esta manera, no se advierte la manifestación de voluntad de los directos quejosos de acudir a la presente instancia constitucional; siendo que, tratándose del juicio de amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Bajo la exposición que antecede, es inconcuso que no se le puede otorgar valor alguno a la demanda de cuenta, por haber sido presentada sin firma electrónica (evidencia criptográfica) de Jesús Flores Pérez, Santiago Elizalde Germán Everardo, Israel López Hinojosa y Daniel Pérez Muñoz. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma de los promoventes, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro sesenta y dos, Enero de dos mil diecinueve, Tomo I, página cinco, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE.". Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo, toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente analizada, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por ---------,---------, --------- y ---------, todos por propio derecho, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6° y 108, párrafo primero y 113, todos de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se deja sin efectos la suspensión de plano otorgada a los peticionarios de amparo, el diecisiete de mayo de la presente anualidad, por el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo indirecto 309/2021-I, de su índice, debido a que la Primera Sala del Alto Tribunal abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.)], de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.". Lo anterior, se advierte de la tesis aislada 1a. XXI/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo título establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]." Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los quejosos, el ubicado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. ------------ Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al fedatario para que realice las notificaciones que derivan del presente trámite aún en días y horas inhábiles. Se hace del conocimiento al Actuario Judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En el entendido de que el actuario no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, signada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. También, en términos del numeral 13, de la Ley de Amparo, se tiene como representante común en el presente asunto al quejoso Jesús Flores Pérez, sin perjuicio de que nombren a diverso quejoso en la sustanciación del juicio. Por otro lado, de conformidad con la Circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a la quejosa para los fines que precisa. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a los quejosos por conducto de su representante común --------, en el lugar donde se encuentran recluidos

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