Jesús Florentino de Jesús

Expediente 1120/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1120/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Jesús Florentino de Jesús

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de tres de agosto de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual, rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias del expediente 107/2015, de su estadística, de las que se desprende que el siete de julio de dos mil dieciséis, se dictó el laudo dentro del citado juicio laboral, mismo que fue notificado personalmente a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, aquí quejoso, el doce de julio de dos mil dieciséis; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Jesús Florentino de Jesús acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente 107/2015, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pero aclaró que el siete de julio de dos mil dieciséis dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral 107/2015, mismo que fue notificado personalmente a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, el doce de julio de dos mil dieciséis. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 107/2015 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del laudo de siete de julio de dos mil dieciséis y la constancia de notificación del citado laudo a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictara el laudo respectivo dentro del expediente laboral 107/2015 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el siete de julio de dos mil dieciséis, la junta responsable emitió dicha resolución dentro del juicio de origen, mismo que fue notificado personalmente el doce de julio de dos mil dieciséis a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, aquí quejoso. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual, rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias del expediente 107/2015, de su estadística, de las que se desprende que el siete de julio de dos mil dieciséis, se dictó el laudo dentro del citado juicio laboral, mismo que fue notificado personalmente a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, aquí quejoso, el doce de julio de dos mil dieciséis; al respecto, se provee: Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Jesús Florentino de Jesús acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente 107/2015, de su estadística. Ahora bien, la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a través de su Presidenta, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pero aclaró que el siete de julio de dos mil dieciséis dictó el laudo respectivo dentro del expediente laboral 107/2015, mismo que fue notificado personalmente a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, el doce de julio de dos mil dieciséis. Para corroborar lo anterior, la junta responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 107/2015 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del laudo de siete de julio de dos mil dieciséis y la constancia de notificación del citado laudo a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la nueva Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla dictara el laudo respectivo dentro del expediente laboral 107/2015 de su estadística, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el siete de julio de dos mil dieciséis, la junta responsable emitió dicha resolución dentro del juicio de origen, mismo que fue notificado personalmente el doce de julio de dos mil dieciséis a Juan Francisco López Pérez, en su carácter de apoderado de Jesús Florentino de Jesús, aquí quejoso. Por consiguiente, se ha restituido al solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, sin que ello implique dejar en estado de indefensión al quejoso, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe. En la misma fecha se pasan los autos al actuario notificador. Conste.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término que se concedió a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para rendir su informe justificado Lo anterior es así, en virtud de que en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, resulta un hecho notorio que la citada autoridad, se encuentra gozando del período vacacional correspondiente a la segunda quincena del mes de julio de dos mil dieciséis. En consecuencia, para dar oportunidad a que dicha autoridad responsable rinda su informe justificado, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

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