JesùS Fidel Ajuech Lugo
Expediente 171/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- JesùS Fidel Ajuech Lugo
- Director del Centro Federal de Readaptación Social Michoacán (Cefereso 17).
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo que remite la Secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 918/2023 (453/2023), derivado del acuerdo de cuatro de septiembre del año en curso, en el que se solicitó que en auxilio de las labores este órgano jurisdiccional notificara al quejoso ******************** la sentencia de treinta de agosto del año en curso, dictada en el juicio de amparo en que se actúa; lo cual aconteció el ocho de septiembre del año en curso, como se advierte de las constancias que adjunta al oficio de cuenta. Sin que sea el caso enviar acuse de recibo, toda vez que el oficio y los anexos de cuenta fueron remitidos vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para tal efecto se lleva en este juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
treinta de agosto de dos mil veintitrés Acto continuo, el Secretario hace constar que en los presentes autos obra: Escrito de demanda de amparo. Auto de veinte de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se admitió a trámite la demanda de amparo. Notificación en la que se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. Por otra parte, el Secretario certifica: que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de la inexistencia de la autoridad responsable siguiente: No Autoridades oficio 1 Coordinador General del Centro Federal de Readaptación Social Michoacán (CEFERESO 17), con residencia en Buenavista, Tomatlán 13312/2023 Transcurrió del catorce al dieciséis de agosto de la anualidad que transcurre, sin que hubiese hecho manifestación al respecto. Certificación que se levanta para los efectos legales conducentes. En ese tenor, continuando con la relación de constancias, se cuenta con el informe justificado conjunto de la autoridad responsable siguiente: No Autoridad responsable Sentido 1 Director General del CEFERESO número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán Niega con manifestaciones Finalmente, se hace constar que la parte quejosa no manifestó si se oponía o no, a que se publiquen sus datos personales. A lo anterior la Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que anteceden para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por rendido el informe justificado que rinde conjuntamente la autoridad citada en el segundo de los recuadros que anteceden. Ahora, dada la inexistencia de la autoridad citada en el primero de los recuadros, la misma no será tomada en consideración al resolver el presente juicio de amparo. Se tiene por concluida esta etapa y se ordena la apertura de periodo probatorio. Se declara abierto el período probatorio: El Secretario hace constar que la autoridad responsable ofreció en copia certificada las documentales que obran en el expediente personal del quejoso Jesús Fidel Ajuech Lugo como medios de prueba. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas relacionadas con anterioridad; y por perdido el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas, con lo que se cierra esta etapa, con lo que se cierra esta etapa. Y se ordena abrir la etapa de alegatos. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario certifica que el acto que se reclama en el presente asunto es: "INCOMUNICACIÓN, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL, FUERA DE PROCEDIMIENTO, PELIGROS DE LA VIDA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, FISICOS Y PSICOLOGICOS Y AMENAZAS.". Acto reclamado que ES de los señalados por el artículo 15 de la ley de amparo; asimismo, se hace constar que las demás partes no formularon durante el juicio alegatos por escrito. Al efecto la Jueza acuerda: con las certificaciones anteriores, y toda vez que el acto que se reclama en ese juicio de amparo es de los establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos al no haberlos presentado por escrito y no haber comparecido a la presente audiencia, cerrándose así este período. Acto seguido, el Secretario HACE CONSTAR: Que hasta este momento ninguna de las partes comparecieron a este Órgano Jurisdiccional al desahogo de la audiencia constitucional, pese haber sido citados oportunamente. La Jueza acuerda: Al haberse concluido las etapas de pruebas y de alegatos, se procede a dictar la siguiente sentencia: Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 171/2023, que promovió Jesús Fidel Ajuech Lugo, contra actos que le atribuye al Director del Centro Federal de Readaptación Social Michoacán, (CEFERESO 17), con residencia en Buenavista, Tomatlán y otras autoridades. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. La demanda de amparo suscrita por Claudia Patricia García Gutiérrez en favor del quejoso Jesús Fidel Ajuech Lugo se recibió por este Juzgado al con carácter urgente, posteriormente se comunicó su recepción a la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, y con la cual se solicitó en favor del quejoso, la protección constitucional en contra de autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Turno. La demanda, correspondió por razón de la semana de turno, conocerla a este Juzgado, la cual se registro como juicio de amparo 171/2023, y se otorgó la suspensión de plano; y se ordenó notificar al directo quejoso de la promoción de la demanda, a efecto de conocer, si la ratificaba o no. TERCERO. Admisión, trámite y audiencia constitucional. En auxilio de la justicia federal, la actuaria adscrita al Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, recabó la ratificación de la demanda que realizó el directo quejoso, y, por auto de veintitrés de ese mes, este juzgado admitió a trámite la demanda, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, la debida intervención en el asunto, se recibieron los informes justificados; tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se tratan de acto reclamados, respecto de los cuales de existir, tendrían ejecución, dentro del territorio sobre el cual este Juzgado tiene competencia y ejerce jurisdicción, en el caso, en Buenavista Tomatlán, Michoacán. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y al atender a los antecedentes marcados en la demanda de amparo, así como a las constancias que integran el sumario, la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, los actos consistentes en: "INCOMUNICACIÓN, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL, FUERA DE PROCEDIMIENTO, PELIGROS DE LA VIDA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, FISICOS Y PSICOLOGICOS Y AMENAZAS.". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamado. Se tiene que el Director, Titular de Área Jurídica, Titular del Área Técnica, Titular del Área de Seguridad y Guarda, Titular del Área Administrativa y Consejo Técnico Interdisciplinario, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", negaron la existencia de los actos reclamados, negativa que no fue desvirtuada por la parte quejosa. Lo anterior es así, en razón a que, por un lado, las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamado, consistente en incomunicación, peligros de la vida, tratos crueles, inhumanos y degradantes, físicos y/o psicológicos, amenazas y cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro lado, la parte quejoso, no señaló, concretamente, a qué actos se podía referir que constituyeran los tratos crueles, inhumanos y degradantes, físicos y/o psicológicos reclamados. Es decir, ni en la demanda de amparo, ni al momento de la ratificación de esta por el quejoso -el veintiuno de marzo de dos mil veintitrés- indicó objetivamente cuáles fueron los actos que las autoridades responsables le infringieron materia de tortura o malos tratos; por el contrario, es de tomarse en cuenta la diligencia de ratificación de la demanda de amparo, la cual llevó acabo la actuaria judicial del orden común y en auxilio de este juzgado asentó: ".La oye, firma y manifiesta que se da por enterado que lo que se notifica es el contenido íntegro del auto que antecede, asimismo, manifiesta que si ratifica la demanda de amparo, presentada a su favor, por Claudia Patricia García Gutiérrez, asimismo el quejoso se encuentra ubicado en el módulo I, denominada unidad de ingresos U-I, asimismo la suscrita doy Fe que el quejoso no presenta lesiones de violencia, malos tratos y tortura, asimismo el quejoso manifiesta que si autoriza las peticiones que señala su promovente y también señala como autorizado en términos de la ley de amparo a Yolanda Rodríguez Moreno y los señalados en el presente, así como también otorga a Claudia Patricia García Gutiérrez, la autorización para consultar el expediente electrónico, manifestando el quejoso también que hasta la fecha no ha tenido comunicación con mis familiares y con mis licenciados y tampoco me ha proporcionado mi medicamento el cual se encuentra registrado en mi expediente médico". Diligencia que cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por haber sido realizada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Esto es, no se advierte de qué manera las autoridades responsables, previo a la presentación de la demanda de amparo, y posterior a ello, infringieran actos de tortura o malos tratamos al quejoso, incluso, se reitera de la propia demanda de amparo, no se hace a una sola referencia al respecto, porque, se limitan a exponer el desconocimiento temor de los familiares del quejoso, respecto a las condiciones en las cuales éste se encontraba en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" a partir de su ingreso, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, y a partir de ello, generaron su temor de posibles actos físicos o psicológicos de tortura. Empero, dicha violencia como tortura, no se acreditó, de ahí que prevalece la negativa de las autoridades responsables. Luego, en ese mismo sentido, destaca que las autoridades responsables rindieron su informe justificado, en el caso, el Director, Titular de Área Jurídica, Titular del Área Técnica, Titular del Área de Seguridad y Guarda, Titular del Área Administrativa y Consejo Técnico Interdisciplinario, todas del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán" negaron la incomunicación alegada por la parte quejosa, a saber: El Encargado de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", por sí y a nombre de las autoridades de ese Centro y señaladas como responsables, informó, que no era cierto el acto reclamado, en virtud de que el aquí quejoso ingresó a ese Centro Federal el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; es decir, tres días antes a la presentación de la demanda -diecinueve de marzo de dos mil veintitrés-, por lo que el referido Ajuech Lugo se encontraba en un proceso de clasificación, de conformidad con lo estipulado en el numeral 37 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, además, que en la misma data entabló comunicación con la señora Judith Huerta Tapia, esposa del quejoso directo, circunstancia que puede corroborarse con el informe de llamadas realizada por el quejoso y, respecto del cual la responsable allegó en copia certificada a través de su informe justificado. Asimismo, indicó en relación a la comunicación con su defensa, que la persona privada de la libertad, cuenta con su libre albedrío, para registrar y proponer ante el área de trabajo social, con quien es su deseo realizarla, toda vez, que de acuerdo a los registros que obran, no ha propuesto o autorizado para realizar la comunicación con su defensa, motivo, por el cual, el centro responsable se encuentra imposibilitado de realizar la mismo. Para acreditar su negativa, la responsable allegó copia certificada del expediente personal del quejoso ante dicha institución administrativa, documental pública que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Así, se tiene que, en dichas copias certificadas, obra constancia relacionada al derecho del quejoso para entablar comunicación, misma que se advierte, realizó una llamada telefónica con una persona al exterior del citado centro penitenciario, pero de fecha previa a la presentación de la demanda de amparo, en el caso, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, iniciando a las trece horas con cincuenta y dos minutos, que en términos de esa constancia, entabló comunicación con quien dijo ser su esposa, lo cual implica que no fue incomunicado, ni se advierte de la propia narrativa de la demanda de amparo que las autoridades responsables llevaran a cabo diligencias o acciones tendientes a coartar el derecho de comunicación del quejoso. Incluso, resulta un hecho notorio que el quejoso ha recibido visitas carcelarias por actuarios judiciales, encomendados a llevar acabo diligencias con dicha persona privada de la libertad, mismas que se han desahogado en tiempo y forma, sin impedimento, así como recibir diversas notificaciones por parte del personal de este juzgado, relativo al expediente en que se actúa, mismas que se pueden corroborar en los autos de este juicio de amparo Por tanto, a consideración de la suscrita, todo lo anterior, permite establecer que los actos reclamados, que dieron origen a la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, tienen origen en el hecho que el aquí quejoso Jesús Fidel Ajuech Lugo se encontraba en un proceso de clasificación ante las autoridades responsables dado su ingreso a esa unidad administrativa, pero sin que ello significara actos de incomunicación, porque, tal y como ya se corroboró, al quejoso se le ha permitido tener ese derecho desde el primero día de su internamiento, expresado así en la propia demanda de amparo. Consecuentemente y, toda vez que la parte quejosa, no aportó prueba tendente a desvirtuar las referidas negativas, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos que se atribuyen a las citadas autoridades. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". De igual forma, conviene citar la tesis jurisprudencial 18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.- Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo que se promovió en favor de Jesús Fidel Ajuech Lugo, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Michoacán, (CEFERESO 17), con residencia en Buenavista, Tomatlán; y otras, señaladas en el considerando tercero de esta sentencia y, por las razones que este contiene. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
Uruapan, Michoacán, siete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio registrado bajo el consecutivo 12309 de cuenta que remite el Director General del Centro Federal de Readaptación Social CEFERESO No. 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buenavista, Tomatlán, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele cumpliendo a lo ordenado en autos y por ende rindiendo su informe relativo a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Asimismo, se le tiene informando que instruyó a las áreas que conforman dicha institución, la continuidad en el trato digno y la protección de la integridad física y mental de la parte quejosa. De igual forma, la autoridad oficiante informa que la autoridad señalada por la parte quejosa como COORDINADOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL MICHOACÁN (CEFERESO 17) requerida mediante el oficio 13312/2023 no existe con tal denominación dentro del organigrama estructural de ese centro de reclusión. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa proporcionar con precisión la denominación exacta de las autoridades que señaló como responsables, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga respecto de la denominación correcta de la citada autoridad; BAJO APERCIBIMIENTO que de no hacerlo, se dejará de tener como autoridad responsable y se suspenderá con ella toda comunicación oficial. En términos de los artículos 9 y 28, fracción II, de la ley de la materia, téngase a la autoridad responsable señalando como delegados y domicilio para recibir notificaciones, los que precisa en el informe de mérito. Finalmente, toda vez que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas del diez de agosto de dos mil veintitrés, y es evidente que resultará jurídica y materialmente imposible integrar el presente juicio para esa data, por tanto, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO A LA REPRESENTANTE LEGAL DEL QUEJOSO Y PERSONAL A ESTE ÚLTIMO EN EL LUGAR EN EL QUE GUARDA RECLUSIÓN.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación a los actos de los que está siendo objeto en el lugar donde se encuentra recluido. En atención a lo anterior, ha de decirse a la parte quejosa que mediante auto de veinte de marzo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano del acto reclamado que se hicieron consistir en: "INCOMUNICACIÓN, ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL, FUERA DE PROCEDIMIENTO, PELIGROS DE LA VIDA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS Y DEGRADANTES, FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS Y AMENAZAS." Medida cautelar que se concedió para los siguientes efectos: "SUSPENSIÓN DE PLANO. En lo concerniente a los citados actos reclamados que son prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, peligros de la vida, tratos crueles, inhumanos y degradantes, físicos y psicológicos y amenazas y cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que de inmediato cesen los mismos; de igual forma, deberá de brindar la atención médica adecuada que en su caso requiera el quejoso. En el entendido que el citado Director General deberá tomar la adopción de las medidas necesarias para vigilar que se ejecuten en sus términos esta suspensión de plano." De lo anterior, se tiene que este órgano jurisdiccional, al recibir el escrito de demanda, se pronunció en relación a los actos que el quejoso reclamó y que según se trata de los prohibidos por los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se ordenó suspender de plano dichos actos en contra del promovente del amparo. Por lo que, ha de decirse al quejoso que sobre los actos reclamados por los que se concedió la suspensión de plano, no resulta factible realizar nuevo pronunciamiento, como así se solicita en el escrito que se provee. No obstante lo anterior, REQUIÉRASE a las autoridades responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS que se le conceden contado a partir de la legal recepción del oficio correspondiente, informen las gestiones que han y/o están realizando a fin de acatar la suspensión de plano otorgada al quejoso; ello, atendiendo a que en el escrito que se acuerda, el promovente del amparo, sigue insistiendo que en la actualidad sigue siendo objeto de los actos prohibidos señalados en los artículos 15 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; SE APERCIBA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES que en caso de ser omisos se les impondrá una MULTA por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Además, se hace del conocimiento a las autoridades responsables que la desobediencia del auto de suspensión de plano se considera un delito especial y se sanciona con una pena de tres a nueve años de prisión, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, según lo prevé el artículo 262, fracción III, ambos numerales de la Ley de Amparo. Por otro lado, en relación a los diversos actos que señala el quejoso en el escrito que se provee y que se hacen consistir en: "Dejarlo sin visita el veintidós de junio de dos mil veintitrés, medida de cinco minutos una llamada por semana y atención médica." En relación a lo cual, ha de decirse al quejoso que lo peticionado, se encuentra encaminado a evidenciar cuestiones propias de internamiento; de ahí que en todo caso su solicitud deberá plantearla ante el juez de control o de ejecución según corresponda; ello, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que con la entrada en vigor de dicha ley, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento. Con todo lo anterior, se ordena dar vista a la licenciada Judith Purisima Huerta Tapia, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de que pueda asesorar al quejoso directo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en el lugar donde guarda reclusión, por oficio a las autoridades responsables y al usuario "JUDITH09".
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