Jesús Fernando Gallegos Barriguete
Expediente 819/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 26/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesús Fernando Gallegos Barriguete
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por José Hetzel Neria Salazar, delegado de la autoridad responsable, Ayuntamiento de Aguascalientes, quien refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y acredita que la transferencia del pago de derecho de alumbrado público debidamente actualizada fue efectuada con fecha veinte de septiembre del año en curso, como se aprecia del estado de cuenta donde se refleja el pago en favor de la parte quejosa. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio y anexos registrado con el folio 23103, así como con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 819/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Jesús Fernando Gallegos Barriguete, reclama del Fiscal General del Estado de Morelos, Fiscal Regional Metropolitano, Director Regional Metropolitano de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, Agente del Ministerio Público titular de la fiscalía de Xochitepec Morelos y Comandante de la Policía Ministerial a Cargo del Municipio de Xochitepec, Morelos, la orden de arresto, detención, retención, presentación y/o aprehensión. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables antes citadas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jesús Fernando Gallegos Barriguete respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
- Incidental
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, RUFINO MORALES GOMEZ solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, y Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos. Acto reclamado: ".La omisión injustificada por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de realizarme el pago por concepto de pensión por incapacidad permanente total que me fue otorgada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa.". SEGUNDO. Previo auto aclaratorio el tres de diciembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de la parte quejosa, radicó el asunto con el número de expediente 1036/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa señaló también como autoridad responsable al Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, que por proveído de dieciocho de marzo siguiente, esta autoridad, admitió, y requirió el informe justificado respectivo, y la audiencia constitucional, inició en términos del acta que antecede; y, Posteriormente, el trece de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó sentencia, misma que fue recurrida por la parte quejosa a través del recurso de revisión, y remitido para su conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativas del Décimo Octavo Circuito, el cual resolvió el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, dentro del amparo en revisión 8/2022: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento, a efecto de que, se dicte la sentencia que corresponda, con la única limitante de que sea en un día hábil.", por lo que en proveído de quince de junio del presente año, este órgano jurisdiccional dejó sin efectos la sentencia definitiva dictada el trece de agosto de dos mil veintiuno, y turnó los autos del presente juicio al Secretario correspondiente para la elaboración del nuevo proyecto de resolución, con la única limitante de que sea en un día hábil. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La omisión de acordar el escrito de dos de octubre de dos mil veinte, recibido por la responsable Departamento de Pensiones el dos y cinco de octubre de ese año. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La responsable Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir el informe justificado manifestó que no es cierto el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado esa negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la responsable Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, pues así lo reconoció en su informe con justificación, y anexó constancias relacionadas con el acto reclamado, documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, Tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." QUINTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten tales supuestos; situación que se hace constar por ser de análisis oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión de acordar el escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, recibido por la autoridad responsable el dos y cinco de octubre de ese año, por el que solicita información referente a su pensión otorgada desde mil novecientos noventa y uno, dejada de pagar en el año dos mil. Asiste razón a la parte quejosa, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quién se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". De lo transcrito se colige, que cuando se presente algún escrito ante alguna autoridad, ésta debe acordarla y hacer conocer en breve término la respuesta a la parte interesada. Ahora bien, la parte quejosa por escrito de dos de octubre de dos mil veinte, solicitó ante la responsable porque le fue dejada de pagar en dos mil, su pensión permanente otorgada desde el año mil novecientos noventa y uno, y refiere no se ha dado respuesta congruente fundada y motivada. Por su parte la responsable refiere que mediante citatorio de veinte de octubre de dos mil veinte, dirigido al quejoso, lo citó en un plazo de tres días a su recepción con el objeto de atender su petición, así no ha dado un respuesta congruente, fundada y motivada a la petición elevada. En virtud de lo anterior, para quien resuelve, se infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se ha dado una respuesta congruente fundada y motivada a lo solicitado, es decir, no se ha emitido una contestación a todo lo peticionado de manera completa y congruente dirigida a la parte quejosa. Lo anterior es así, pues únicamente la responsable se limita a decir que giró citatorio al quejoso a efecto de atender su petición, sin precisar ni acreditar qué actuaciones ha realizado para ello, sin que obste que haya manifestado en su informe que la pensión concedida al quejoso es provisional lo que no demuestra con las constancias remitidas -dictamen de incapacidad permanente-, lo cierto es que desde su presentación la responsable no ha dado respuesta a la petición elevada. Por tanto, resulta claro que se ha violado lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley Fundamental, en perjuicio de la parte quejosa. Razón por la cual, es necesario que el quejoso cuente con todos los elementos de la contestación que recaiga a esa petición, para entonces sí, en un posterior acto, analizar (en caso de ser procedente) la constitucionalidad de la respuesta y la legalidad de la determinación del Instituto Mexicano del Seguro Social en relación a su pensión. SÉPTIMO. Efectos del juicio de amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a Rufino Morales Gómez, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, dé contestación por escrito, en forma congruente fundada y motivada con la documentación que así lo acredite a la petición realizada por escrito de dos de octubre de dos mil veinte, y notificarlo como legalmente procesa. En apoyo se cita la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.), Registro 2015181, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, página 1738, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a Rufino Morales Gómez, respecto del acto reclamado al Departamento de Pensiones de la Subdelegación Cuernavaca, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Morelos, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito que recibió el dos y cinco de octubre de dos mil veinte, para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy siete de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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