Jesus Fernandez De Luna

Expediente 1819/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1819/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
02/01/2017

Partes del expediente

  • Jesus Fernandez De Luna

Actuaciones

  1. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; dos de enero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el que sobreseyó el juicio fuera de audiencia (fojas 40 a 42); por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: El presente expediente es susceptible de destrucción, (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. En el entendido de que no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). Además a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que en la demanda de amparo se señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estrados de este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas, que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado conjuntamente por la Directora General y Presidenta del Comité Técnico Interdisciplinario, así como por la Doctora adscrita al Departamento de Servicios Médicos en suplencia de la Jefa de Departamento de Servicios Médicos y por el Comandante adscrito al área de seguridad en suplencia del Encargado del Despacho de la Dirección de Seguridad, todos del del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", mediante el cual rinden informe justificado, sin que haya lugar a dar vista a las partes dado el sentido de la presente determinación. Visto el estado de autos, conviene destacar que la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, del estudio de las constancias que integran el sumario constitucional, se advierte una causa de improcedencia que impide realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando subsiste el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y;" En tanto, que en el presente juicio se aprecia que Jesús Fernández de Luna, acudió a la presente instancia para reclamar el acuerdo de suspender y negar atención y tratamiento médico por un especialista, así como la falta de medicamentos ante el cuadro de hipertensión que presentaba. Ahora, de las constancias que las responsables adjuntaron al informe justificado, consistente en copias certificadas del acta administrativa número trescientos veintidós (322) dos mil dieciséis (2016) "Egreso por Extradición", destaca sustancialmente que a las veintitrés horas con cuarenta minutos del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, se procedió a la excarcelación del quejoso Jesús Fernández de Luna (A) Chuy, derivado de la extradición internacional concedida al Gobierno de los Estados Unidos de América y en atención al oficio número DGPI/3584/16 signado por el licenciado José Manuel Merino Madrid, Director General de Procedimientos Internacionales, en la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías, Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, a través de los cuales se puso a disposición entre otros al impetrante Fernández de Luna (A) Chuy, para dar cumplimiento a los acuerdos que concedieron su extradición. En este orden de ideas, es incuestionable que aun subsistiendo los actos reclamados descritos en líneas que anteceden; a la fecha éstos no pueden surtir efecto legal y material alguno, porque ha dejado de existir el objeto materia de los mismos, a saber, proporcionar atención médica al quejoso Fernández de Luna (A) Chuy, derivado de la extradición internacional concedida al Gobierno de los Estados Unidos de América, de la que ha sido objeto. Así las cosas, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de realizarlo en la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, de Marzo de 2003, Novena Época, con número de registro 184572, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En el libro de gobierno realícense las anotaciones respectivas y comuníquese a las partes que, por las consideraciones expuestas, se deja insubsistente la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cuarenta minutos del veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Finalmente, en otro aspecto, si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe ser en forma personalísima, porque dicha notificación permite que el peticionario de amparo haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las disposiciones judiciales, no menos cierto resulta que en la demanda de amparo señaló como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones los estrados de este juzgado; por tanto, practíquese esta notificación, a través de ese medio informativo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/7478/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    II. Visto el oficio signado por Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Lerma de Villada, México, mediante el cual solicita copia certificada de diversas constancias relativas a este juicio de amparo, para los motivos que expone. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase las copias certificadas que solicita la autoridad oficiante.

  4. Principal

    VII. Toluca, Estado de México; veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Terrón Cruz, en representación de Jesús Fernández de Luna, contra actos de la Directora General y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1819/2016-VII. Ahora, toda vez que el acto reclamado en esta instancia lo constituye el acuerdo o determinación a fin de suspender y/o negar la atención médica al quejoso por un especialista por el cuadro de hipertensión que presenta, así como la negativa de proporcionarle medicamento para su padecimiento, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio, respecto del citado acto. La suspensión concedida, se precisa que es para el efecto de que se otorgue al quejoso el servicio médico que necesite, acorde al estado clínico que presente y de acuerdo con su expediente médico, en términos de las leyes y reglamentos que rigen a los Centros Federales de Readaptación Social; así como para que en su caso cese cualquiera de los actos contenidos en el artículo 22 Constitucional. En el entendido de que queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades responsables la integridad y salud del agraviado. A las autoridades responsables se hace de su conocimiento que de no acatar esta medida suspensional, se harán acreedoras a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, las responsables deberán informar sobre el cumplimiento de esta determinación dentro del plazo de veinticuatro horas; en el entendido de que si al rendirlo afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, será sancionadas en los términos señalados en Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. Dicha suspensión no surtirá efecto alguno, si el acto reclamado por el inconforme no constituye alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o no produce algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como lo identifique el agraviado. Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Cabe resaltar que la suspensión de oficio no tendrá como efecto extraer al directamente al quejoso del lugar en el cual se encuentra, en atención a que ese efecto jurídico no se encuentra previsto en el último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para los efectos siguientes: 1. Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, específicamente en el lugar donde se encuentra Jesús Fernández de Luna y dé fe del lugar y condiciones en que éste se encuentre. 2. Haga del conocimiento al quejoso el contenido de esta determinación y lo requiera a fin de que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su nombre por María Guadalupe Terrón Cruz. 3. Le requiera para que manifieste si es su deseo autorizar a la promovente, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. 4. Le aperciba que de no ratificar la demanda de amparo, se tendrá por no presentada en términos del artículo 15 de la ley de la materia. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las diligencias que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, procédase a realizar las notificaciones en el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso José Luis Enriquez Velázquez. Finalmente, se requiere a la Directora del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México para que brinde las medidas de seguridad necesarias a efecto de que el actuario judicial de esta adscripción pueda realizar la diligencia de notificación. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en donde se encuentra recluido. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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