Jesús Felix García Loaeza

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Felix García Loaeza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    PRAL 646/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa en vías de cumplimiento. Agréguese el oficio firmado por el instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual informa que en auto de dieciséis de noviembre de este año, dictado en el expediente ******************** de su estadística, dio vista a la parte actora para que, en el término de cinco días, manifieste lo que a su derecho corresponda sobre el cumplimiento dado a la sentencia definitiva dictada en el referido expediente. Por ello, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo se tiene a dicha autoridad responsable rindiendo informe en vías cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 646/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estados de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables, a) Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México y b) subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, dentro del plazo de tres días, cumplan en sus términos la ejecutoria de amparo. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 258 y 238 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. 3. Publicación de los datos personales. Por otro lado, toda vez que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento, en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Devolución de tomo anexo. Devuélvase a la autoridad responsable, magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, la copia certificada de diversas constancias deducidas del expediente 126/19-PC4-2 de su estadística, que obra como tomo anexo I relativo a este juicio. 5. Se acuerda oficio reservado. Por otra parte, toda vez que en proveído de diecisiete de octubre de este año se reservó proveer respecto del oficio firmado por el instructor de la Segunda Ponencia de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México (folio 12491), hasta en tanto causara ejecutoria la referida sentencia, lo cual ya aconteció; por lo tanto, se provee: Téngase a dicha autoridad responsable, informando las gestiones adoptadas para cumplir con la sentencia dictada en este juicio de amparo; por ello, con fundamento en el artículo 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene a dicha autoridad responsable rindiendo informe en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 646/2023 MESA 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad acusa recibo. Agréguese el primer oficio firmado por el magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio por el cual se le notificó la sentencia dictada en autos; lo anterior, para los efectos legales procedentes. 2. Se reserva oficio. Por otra parte, glósese el segundo oficio de cuenta firmado por el instructor de la Segunda Ponencia de la referida Sala, mediante el cual informa las medidas tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto cause ejecutoria la citada resolución. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 646/2023 MESA 6 Vistos para resolver el juicio de amparo ********************, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el tres de julio de dos mil veintitrés ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, en la misma fecha, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de otras autoridades; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de cuatro de julio de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente ******************** y se previno a la parte quejosa en los términos ahí indicados. Previo cumplimiento a la prevención efectuada, en auto de doce de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y los actos se reclaman a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: A. De la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México: La omisión de hacer efectivas las multas al a) subdelegado de prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y b) titular de la Unidad Jurídica de dicho Instituto, en su carácter de autoridad vinculada, por el incumplimiento de la sentencia definitiva dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve e interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ambas dictadas en el juicio de nulidad ********************. La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia iniciado en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés dictado en el juicio de nulidad ********************. La omisión de emitir acuerdos eficaces para que la autoridad demandada y la autoridad vinculada cumplan con la sentencia dictada en dicho juicio. B. Del subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. C. Del jefe, encargado o titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve e interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ambas dictadas en el juicio de nulidad ********************. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados al jefe, encargado o titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se procede analizar lo relativo a la existencia o inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable, jefe, encargado o titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para estar en condiciones de estudiar las causas de improcedencia o en su caso, ingresar al estudio de su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sobre ese aspecto se cita la jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, página 68, tomo 76, abril de 1994, registro 212775, del rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así, al rendir el informe justificado, la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en representación del titular de la Unidad Jurídica de esa misma dependencia, negó el acto reclamado, argumentando únicamente que se encontraba realizando las gestiones necesarias para dar respuesta al acto reclamado por la parte quejosa. Negativa que queda corroborada con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el que se advierte que le corresponde al subdelegado de Prestaciones de ese instituto dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones derivadas de la Ley y sus reglamentos, además de resolver y dar seguimiento a las peticiones, recursos administrativos y judiciales; por lo que, no se encuentra dentro de las facultades del jefe o responsable o titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la de autorizar los pagos respectivos; de ahí que se tienen por inexistentes los actos que se le reclaman. Aspecto que también fue sustentado con el oficio REP/OAX/UJT/********************/2023, de veinticuatro de abril de este año, suscrito por la titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que obra en el cuaderno varios 2023 de este Juzgado, mismo que se invoca como hecho notorio en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en el que puntualizó que: Actualmente no existe representante en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contando únicamente con los titulares de las Áreas. A la Unidad Jurídica de ese instituto únicamente le asiste la representación legal de las áreas administrativas y médicas, sin que se encuentre obligada al pago de ejecutorias de amparo. Hasta el momento no existe modificación en relación a las Delegaciones Estatales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a pesar de que desde el seis de enero de dos mil veintitrés fue publicada la reforma al Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El área de competencia de la Subdelegación de Prestaciones está determinada en el artículo 26 del Reglamento de Delegaciones del ISSSTE, y le asiste la obligación de gestionar y programar los pagos establecidos en el área de su competencia. Sin que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa logren desvirtuar dicha negativa, pues aun cuando se aprecia la participación del jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el juicio de nulidad de origen, esto, al haber interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia ahí dictada, tal aspecto la realizó como representante de ese Instituto; empero, como ya se precisó, es a diversa autoridad a quien le corresponde la obligación de gestionar y programar los pagos establecidos en el área de su competencia; sin perjuicio que para el cumplimiento de la sentencia de origen sea vinculada cualquier autoridad a fin de lograr el mismo. En ese contexto, conforme a lo previsto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, se sobresee en el juicio de amparo, respecto a los actos reclamados al jefe, encargado o titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Registro 1002350, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, la autoridad responsable, Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, a través del magistrado presidente, negó la existencia del acto reclamado, porque afirma que en el juicio de nulidad sí existen actos tendientes a hacer cumplir lo ordenado en la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil diecinueve dictada en el juicio de nulidad ********************. No obstante, su negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto reclamado, ya que de las constancias de autos se aprecia, en primer lugar, que, a la fecha, no ha sido cumplida la sentencia e interlocutoria de queja dictadas en el juicio de nulidad ******************** y, en segundo lugar, la parte quejosa presentó su demanda de amparo el tres de julio de dos mil veintitrés, en tanto que la Sala responsable en acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés hizo efectiva una multa a la que fue conminada la autoridad demandada; de ahí que, evidentemente, al momento en que la parte quejosa promovió su demanda de amparo, sí existía la omisión que se combate en este juicio de amparo. Por su parte, al rendir el informe justificado, la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en representación del subdelegado de Prestaciones, negó el acto que se reclama; sin embargo, manifestó que se encontraba realizando las gestiones necesarias para dar respuesta al acto reclamado por la parte quejosa. Además, el artículo 26 del Reglamento de Delegaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, establece que le corresponde al subdelegado de Prestaciones de ese instituto dictaminar, conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones derivadas de la Ley y sus reglamentos, además de resolver y dar seguimiento a las peticiones, recursos administrativos y judiciales. De ahí que se desvirtúa dicha negativa y se tiene por cierto el acto que se le atribuyó. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 1******************** y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se aprecia que: 1. El cinco de diciembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva en el expediente ********************, y se declaró la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada. 2. Inconforme con esa sentencia, la autoridad demandada, a través del jefe de la unidad jurídica de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, interpuso recurso de revisión fiscal, que correspondió conocer al Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que mediante fallo de diez de septiembre de dos mil veinte desechó por improcedente dicho recurso y declaró firme la sentencia recurrida. 3. A través del escrito presentado en la oficialía de partes de dicha Sala el veintidós de abril de dos mil veintiuno la ahora quejosa promovió queja por omisión al cumplimiento de la sentencia definitiva; misma que por auto de dos de agosto del mismo año se admitió. 4. Mediante interlocutoria dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Sala responsable declaró fundada la queja que interpuso la parte actora contra la omisión de la autoridad demandada para cumplir con la sentencia definitiva dictada en el expediente ********************; y concedió a la autoridad demandada el plazo de tres días para emitir la resolución que dé correcto y total cumplimiento a la sentencia definitiva. 5. El veintitrés de enero del año en curso, ante la omisión de la autoridad demandada de cumplir con la sentencia de mérito e interlocutoria de queja, la Sala responsable requirió su acato de nueva cuenta. 6. En auto de dos de agosto de dos mil veintitrés (fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo) determinó que la demandada había sido omisa en acatar el fallo e impuso al titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, una medida de apremio equivalente a trescientas unidades de medida y actualización, por lo que giró oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y requirió nuevamente a la autoridad demandada cumpliera con la sentencia de amparo. Sin que a la fecha se advierta el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio natural. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. SÉPTIMO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". No obstante, cabe mencionar que, de conformidad con lo establecido en el numeral 76 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de los motivos de disenso en forma conjunta o separada o en diverso orden al propuesto, así como los razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión, efectivamente, planteada, con la salvedad de no cambiar los hechos expuestos en la demanda. OCTAVO. Estudio de fondo. La parte quejosa refiere, en esencia, que se vulnera en su perjuicio el principio de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque desde el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en que se inició el procedimiento oficioso de ejecución de sentencia, previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la fecha en que promovió demanda de amparo (tres de julio de dos mil veintitrés), no se ha dado cumplimiento a la sentencia que emitió. Son fundados los referidos conceptos de violación, como enseguida se examinará. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto constitucional fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así, ese precepto constitucional, en esta última etapa, acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 48, noviembre de 2017, tomo I, página 151, registro 2015591, del rubro siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Parte a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. El aspecto material se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 284, Materia(s): Constitucional, registro 2018637, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, emitió sentencia el cinco de diciembre de dos mil diecinueve en el juicio de nulidad ********************. Para hacer cumplir la sentencia dictada en ese juicio de nulidad, en auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés inició el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento". Análisis de la omisión reclamada. En el caso, la Sala Regional responsable ha inobservado ese procedimiento a fin de doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con la prestación a que fue condenada, vulnerando en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 constitucional. Al respecto, la actuación de la referida autoridad responsable para que se cumpla con la sentencia ha sido en los siguientes términos: Como la autoridad demandada no cumplió con la sentencia emitida, la parte actora, aquí quejosa, promovió queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia; así, por interlocutoria dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Sala responsable declaró fundada la queja que interpuso la parte actora contra la omisión de la autoridad demandada para cumplir con la sentencia definitiva dictada en el expediente ********************; y concedió a la autoridad demandada el plazo de tres días para emitir la resolución que dé correcto y total cumplimiento a la sentencia definitiva. Ante la omisión de la autoridad demandada de cumplir con la sentencia de mérito e interlocutoria de queja, la Sala responsable por auto de veintitrés de enero del año en curso requirió su acato de nueva cuenta; iniciando con lo anterior, el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Posterior a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio de amparo, en proveído de dos de agosto de dos mil veintitrés esa sala responsable determinó que la autoridad demandada había sido omisa en acatar el fallo e impuso al titular de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca una medida de apremio equivalente a trescientas unidades de medida y actualización, por lo que giró oficio al administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; requirió nuevamente a la autoridad demandada cumpliera con la sentencia de amparo, sin que se aprecie haya cumplido con la misma. Así, aunque concedió un plazo de tres días a la demandada para que cumpliera con la sentencia que se emitió en el juicio de que se trata, fue hasta doce meses después en que se pronunció sobre la conducta omisiva de la autoridad para ello, pues en acuerdo de dos de agosto de dos mil veintitrés le impuso la multa prevista en el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Con ello se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal, que establece una prerrogativa en favor de las personas, consistente en contar con un acceso pronto, completo e imparcial a la administración de justicia para la solución de sus controversias, que incluye los medios eficaces para la plena ejecución de lo resuelto por los tribunales, de manera que las decisiones judiciales, con fuerza legal, de ninguna forma queden incumplidas o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos, sino que sean efectivas e integrales, desde un punto de vista material y no únicamente formal. En efecto, la autoridad responsable no ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dentro de los términos y plazos que ahí se establecen y, por tanto, no se ha cumplido la sentencia que emitió en el juicio de origen, vulnerándose así el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 constitucional. Lo que se hace extensivo al acto reclamado al subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, por no reclamarse por vicios propios, pues de las constancias que obran en el juicio de nulidad ******************** no se advierte ninguna actuación de su parte a fin de dar cumplimiento a la resolución emitida en ese expediente. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, para el efecto de que: 1. La Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México: Emita las determinaciones conducentes en el juicio ordinario ********************, en los términos que establece el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada cumpla plenamente con la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en relación con la interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ambas dictadas en el juicio de nulidad ya referido, lo cual significa que deberá ser diligente en el trámite de la ejecución de la sentencia, a efecto de que el procedimiento no quede paralizado. 2. El subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Acatará los efectos de la sentencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, en relación con la interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, dictadas en el juicio ordinario ********************, respecto del requerimiento de cumplimiento que le formule la Sala responsable, conforme al procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. DÉCIMO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la sentencia sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados a la autoridad, jefe, encargado o titular de la Unidad Jurídica de la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a ********************, contra las autoridades y actos reclamados siguientes: A. De la Sala Especializada en Materia del Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de México: La omisión de hacer efectivas las multas al subdelegado de prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por el incumplimiento de la sentencia definitiva dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve e interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ambas dictadas en el juicio de nulidad ********************. La omisión de continuar con el procedimiento de ejecución de sentencia iniciado en acuerdo de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad ********************. La omisión de emitir acuerdos eficaces para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia dictada en dicho juicio. B. Del subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca. La omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el cinco de diciembre de dos mil diecinueve e interlocutoria de queja por omisión al cumplimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, ambas dictadas en el juicio de nulidad ********************. Por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta sentencia y para los efectos precisados en el diverso considerando noveno de esta resolución. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

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