Jesús Felipe Rodarte Gómez

Expediente 677/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
677/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Jesús Felipe Rodarte Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito con residencia en esta ciudad, comunica el contenido del auto de seis de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el recurso de queja civil 95/2021 del índice de dicho órgano colegiado, en el cual, se acusa recibo del oficio mediante el que se remitieron copias certificadas del juicio de amparo 677/2021-I, con motivo del recurso de queja interpuesto contra el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,

  2. Principal

    Visto el escrito signado por el quejoso...mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, que desechó de plano la demanda; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de agravios que se acompañan y en su oportunidad, remítase al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, el original del escrito de agravios, copia certificada de todo lo actuado incluyendo la notificación del presente acuerdo y ríndase el informe de ley correspondiente. Notifíquese por lista a las partes, que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

  3. Principal

    Como el acto reclamado, no es de imposible reparación, por no vulnerar materialmente derechos sustantivos, ante lo indudable y manifiesto de dicha causal de improcedencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese de manera personal al quejoso.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LO SIGUIENTE: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LO SIGUIENTE: - DESECHAMIENTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará la demanda de amparo, y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se 09/06/23 21:49:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.85 Juventino Lamas Guzmánsustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". En ese sentido, en el presente caso opera la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Los numerales en cita prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Conforme al último de los preceptos, los actos de imposible reparación se definen aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, sostuvo que el artículo 107 de ese ordenamiento ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en esas disposiciones -sostuvo el Máximo Tribunal-, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, estos 09/06/23 21:49:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.85 Juventino Lamas Guzmánúltimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada contradicción de tesis dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, cuyos rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden '... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación', seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos 09/06/23 21:49:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.85 Juventino Lamas Guzmáncasos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto '... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza 'material' de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Ahora, con la finalidad de dilucidar la naturaleza de los actos reclamados, para establecer si tienen efectos irreparables o no, o si afecta algún derecho sustantivo de la solicitante del amparo de manera directa e inmediata (relativos a la vida, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera), es menester reiterar que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria, en la que ordenó la acumulación de los autos del expediente número 431/2020 al expediente número 469/2019. 09/06/23 21:49:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.85 Juventino Lamas Guzmán9 ??????????????? En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales de la quejosa, por lo que la sentencia interlocutoria, en la que ordenó la acumulación de los autos del expediente número 431/2020 al expediente número 469/2019, por sí mismo no le puede causar afectación y si le llegara a causar, podría desaparecer al obtener un fallo favorable a los intereses del quejoso, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación procesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en el juicio de origen, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas de la quejosa y en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, mientras tanto la parte quejosa tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la sentencia definitiva que resuelva el juicio, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Obsérvese como en la especie, la quejosa en sus conceptos de violación propuestos en su demanda, no señala de manera específica que en el acto reclamado se hubiere afectado algún derecho sustantivo, por ejemplo el de propiedad, con la acumulación determinada. Por el contrario, se advierte que se queja de que la responsable ordenadora, viola en su perjuicio lo previsto en el artículos 29 y 672 del Código Adjetivo Civil de la entidad, lo que implica violación a los derechos de debido proceso legal. En efecto, en el presente caso, la posible violación procesal no producirá de manera cierta e inmediata una afectación a los derechos fundamentales del quejoso, cuenta habida que aun cuando se haya decretado la acumulación de los procesos y no el sobreseimiento del segundo, puede obtener un fallo favorable, con lo que desaparecerían fácticamente los efectos de la violación 09/06/23 21:49:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.85 Juventino Lamas Guzmánprocesal, dejando intacta su esfera jurídica al no alterarse ningún derecho sustantivo; por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva correspondiente en el juicio sucesorio, cuando pueda apreciarse si el proceder de la responsable vulneró o no las defensas del quejoso y en su caso, si la supuesta violación procesal trascendió al resultado del fallo, mientras tanto la parte quejosa tiene la posibilidad de combatirla conjuntamente con la sentencia definitiva que resuelva el juicio, si ésta resultara desfavorable a sus intereses. Se afirma lo anterior, además, pues el acto reclamado al versar esencialmente sobre actos de naturaleza meramente adjetiva (haber decretado la acumulación de dos juicios), no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa. Esto último es así, porque para que la afectación a derechos sustantivos se actualice, respecto de actos en juicio de imposible reparación, debe ser de manera evidente e inmediata, es decir que la afectación a los derechos sustantivos, verbigracia, libertad de trabajo, libertad personal, seguridad jurídica, legalidad, etcétera, deben verse afectados inmediatamente con el acto de autoridad, lo que en el caso no acontece, porque el acto que se reclama no está dirigido a afectar de manera directa ni inmediata alguna de las libertades del quejoso, sino que se trata de medidas procesales que permiten darle cause el juicio en el que se emitieron, de tal forma que tales actos no inciden en la esfera de derechos sustantivos del quejoso, sino que se erigen, como se ha insistido, en eventuales afectaciones procesales que de trascender en el resultado del procedimiento del que derivan, el quejoso estará en aptitud de reclamarlos como violaciones procesales, en el juicio de amparo directo que en su caso llegare a presentar, en términos de los numerales 170, fracción I, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, o incluso mediante el amparo adhesivo, en el caso de resultarle favorable el fallo, de conformidad con el artículo 182, fracción II, de la misma norma, a efecto de hacer valer las violaciones procesales correspondientes. De lo anterior se sigue, que cuando un particular -como en el caso del quejoso- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento formal o materialmente jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una acción autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, que pretenda privarlo de dichos derechos, sino que se da justamente dentro del mismo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. En suma, si los actos que reclama no afectan sus derechos sustantivos, sino que se trata de actos procesales susceptibles de ser reparados por diversa vía constitucional, así como que no se trata de persona extraña al procedimiento de origen, lo que no acontece en la especie, por ser la quejosa una parte formal (albacea) en el juicio sucesorio; por lo que subsiste la posibilidad de que la parte promovente del amparo obtenga satisfecha su pretensión de en caso de una resolución favorable a sus intereses en el juicio de referencia, o en su defecto, que haga valer las violaciones procesales que estima existentes, en diversa instancia constitucional contra la sentencia definitiva desfavorable que en su caso se dicte, por tratarse dicha infracción de una violación procesal y no de un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues lo cierto es que la resolución al recurso de revocación reclamada, no produce de manera inmediata afectación a derecho fundamental alguno, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de que es parte el Estado Mexicano, ya que a través del citado acto no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, mismos que pueden ser impugnados, en los términos ya apuntados. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 5, Décima Época, Materia Común, registro digital 2013364, de rubro y texto: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que 09/06/23 21:49:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.85 Juventino Lamas Guzmán13 ??????????????? tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." En las relatadas consideraciones, como el acto reclamado, no es de imposible reparación, por no vulnerar materialmente derechos sustantivos, ante lo indudable y manifiesto de dicha causal de improcedencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese de manera personal al quejoso

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