Jesús Fabián Hernández Ramírez
Expediente 1409/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Jesús Fabián Hernández Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que mediante proveído de veinticuatro de agosto del presente año, se ordenó la depuración del presente juicio, más no así la del incidente de suspensión derivado del mismo, en tales condiciones, en términos de lo previsto por la fracción III, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN no cuenta con documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN UNA VEZ TRANSCURRIDOS LOS SEIS MESES EN QUE SE DICTÓ EL AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA DE SU PUBLICACIÓN; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso Torreón, Coahuila, veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, del cual se advierte que transcurrió el plazo de tres días, concedido a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveídos de quince de marzo y diez de agosto de dos mil dieciocho, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por las autoridades responsables Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón y actuarios de su adscripción y Secretaria de Oficina y por la Directora Registrado del Registro Público, todas con residencia en esta ciudad, sin que lo hicieran; por tanto, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jesús Fabián Hernández Ramírez, para que el juez responsable deje insubsistente el emplazamiento realizado por edictos a dicho quejoso dentro de los autos del juicio especial hipotecario número 724/2014, así como toda actuación derivada del mismo, incluyendo la sentencia definitiva dictada en dicho juicio y los autos emitidos en su ejecución. En apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 74/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo X, noviembre de 1999, página 209, que enlista lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental". Concesión amparatoria la que no tiene por objeto dejar insubsistente el emplazamiento de los codemandados, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio pasivo, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verificaría, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad que rige el juicio de amparo. Por ende, la reposición del juicio como efectos de la sentencia de amparo que se le concede al quejoso, solo tiene el alcance de dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, con excepción de los emplazamientos realizados a los codemandados en el juicio natural. En apoyo a lo expuesto se invoca, la jurisprudencia 1a./J. 72/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro I, octubre de 2011, tomo 2, materia común, página 933, registro electrónico 160821, del tenor siguiente: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende, que a fin de determinar si en el presente caso las autoridades responsables cumplieron o no con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Este juzgado estima que, en el caso, se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Torreón, dejó sin efecto legal alguno el emplazamiento decretado en autos por acuerdo de radicación de fecha siete de enero de dos mil quince, así como los edictos realizados en fecha quince, veintiuno, veintisiete y treinta de enero y seis de febrero, todos del dos mil quince y todos los actos derivados del mismo, incluyendo la sentencia dictada el diez de abril de dos mil quince y el proveído de trece de julio de dos mil quince, mediante el cual se ordenó la adjudicación de los bienes dados en garantía; de igual forma, la autoridad responsable Director del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad, canceló la adjudicación del bien inmueble ubicado en calle Ali Chumacera número 01, del fraccionamiento Villas San Agustín, de esta ciudad, el cual se encuentra inscrito en favor y dominio del quejoso Jesús Fabián Hernández Ramírez; con lo cual cumplió con la obligación a que se le constriñó en la ejecutoria en comento; por tanto, es inconcuso que llevó a cabo los deberes que le fueron impuestos. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". En tal virtud, en el presente juicio se estima que la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que se advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó cumplió con las obligaciones a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haber omitido alguna de ellas. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Se notifica al quejoso, el auto. Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por la Secretaria de Oficina y por la Directora Registradora del Registro Público, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA; MEDIANTE OFICIO AL TERCERO INTERESADO INSTITUTO NACIONAL DEL FONDO DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Directora Registradora del Registro Público y secretaria de Oficina, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de diecisiete de julio de dos mil dieciocho. En tales condiciones, con copia del oficio en mención, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento de no hacerlo, se hará el pronunciamiento correspondiente conforme a los lineamientos de la ejecutoria. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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