Jesús Estrada Venegas
Expediente 619/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Estrada Venegas
Actuaciones
- Principal
En diez de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio registrado con el folio 12937. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, diez de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se acepta competencia. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia; en atención a su contenido, se le tiene informando que mediante proveído de ocho de septiembre pasado, dictado en los autos que conforman el juicio de amparo 1192/2023, de su consecutivo, ese órgano de control constitucional, se avocó al conocimiento de la declinatoria planteada en este asunto; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, se dejan sin efectos las providencias decretadas en auto de cinco de septiembre pasado; lo anterior, hágase del conocimiento a las autoridades responsables, para los efectos legales subsecuentes. Por otro lado, en relación a la petición que hace la oficiante, en el sentido de que se vincule el juicio constitucional 1157/2023, del consecutivo de este órgano de control constitucional; al respecto, infórmese que a esta fecha, no se cuenta con el registro de amparo que aduce; no obstante lo anterior, se procede a la vinculación del presente asunto, para efectos de su consulta. En consecuencia, se comisiona a la analista jurídica del Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes (SISE), proceda a habilitar los permisos correspondientes. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 19, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General de siete de junio de dos mil veintitrés, el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Una vez que cumpla seis meses de archivo, en su oportunidad, destrúyase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos que remite la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia; en su atención, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el exhorto ********************/2022, número de orden ********************/2022, del consecutivo de este órgano jurisdiccional, librado en el presente asunto para notificar al promovente ********************, quien se ostentó como defensor particular del quejoso ********************, del que se advierte que se verificó la diligencia encomendada, por medio de lista de trece de los actuales. Dese de baja la comunicación oficial de mérito y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
En ocho de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con cuatro oficios y anexos, registrados bajo los folios 11479, 11506, 11507 y 11510. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Incorpórense a los autos los oficios y anexos signados por las autoridades responsables siguientes: Director Jurídico de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado de Michoacán de Ocampo, en representación del Titular. Encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán; Integrantes del Comité Técnico del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán. En su atención, téngase a la primera de las autoridades mencionadas, informando las gestiones realizadas parar dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada por este Juzgado a la parte quejosa, lo que acredita con el anexo que adjunta al oficio de cuenta. Asimismo, dicha autoridad informa que el quejoso ********************, fue trasladado al Centro Penitenciario de Apatzingán; sin embargo, no es el caso hacer del conocimiento al titular de ese centro penitenciario la suspensión de plano y de oficio que fue concedida a ********************, en auto de cinco de septiembre del año en curso; toda vez que con los anexos que se adjuntan, se advierte que ya se hizo lo propio. Por otra parte, se tiene al Encargado de Despacho de la Dirección, así como a los Integrantes del Comité Técnico, del precitado centro penitenciario, informando la imposibilidad material que refieren para dar cumplimiento a la suspensión de plano y de oficio decretada en favor del solicitante de amparo, toda vez que el mismo, ya no se encuentra en el centro de reclusión a su cargo, sino que fue trasladado al diverso Centro Penitenciario de Apatzingán, Michoacán. Finalmente, informan que la autoridad responsable señalada en la demanda de amparo como: PERSONAL DE CUSTODIA PENITENCIARIA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE LA PIEDAD, MICHOACÁN, ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRASLADOS, no existe en dicho centro de reclusión. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
El suscrito Iván Paredes Escobar, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que ******************** y********************, no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Uruapan, Michoacán de Ocampo, a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Conste. En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con una demanda de amparo, presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada con el folio 11405. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Registro. Por recibida la demanda promovida por ********************, quien se ostenta defensor particular de ********************, contra actos del Coordinador del Sistema Penitenciario en el Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número ********************/2023. 1.2. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura integral de la demanda de cuenta, se advierte que la parte quejosa, reclama la incomunicación y la orden de traslado que pretenden llevar a cabo las autoridades responsables en contra de ********************, del lugar donde se encuentra recluido, que lo es del Centro Penitenciario de La Piedad, a diverso centro de reclusión, así como la ejecución de dicho acto; además solicita la suspensión de los mismos. 1.3. Pronunciamiento sobre la suspensión de plano y de oficio respecto de la incomunicación. Tomando en consideración que el impetrante de amparo hace consistir su reclamo, en la incomunicación de que está siendo objeto, al interior del Centro Penitenciario de La Piedad, Michoacán de Ocampo; con fundamento en los artículos 15, 109, 125 y 126 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO A LA PARTE QUEJOSA, para que las autoridades responsables la cumplan de inmediato, y bajo la más estricta responsabilidad, hagan cesar el acto reclamado consistente en la incomunicación, así como cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, tales como malos tratos, palos, azotes, tortura física y psicológica. 1.3.1. Requerimiento. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informen el cumplimiento exacto e inmediato que den a la suspensión concedida, una vez recepcionado el oficio de conocimiento. 1.3.2. Apercibimiento. Se les apercibe que, en caso de no realizar dicha manifestación, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262 fracción III, de la Ley de Amparo, y de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. 1.4. Pronunciamiento de la suspensión de plano y de oficio respecto de la orden de traslado. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal; y, cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. En ese orden, el artículo 126, de la Ley de Amparo refiere que la suspensión de plano y de oficio, se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento y las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) tal acto sea dictado fuera de procedimiento, no siendo dable añadir como requisito la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de trato únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. Criterio que dio origen a la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/10 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1487 de registro digital 2022582 y rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Sin embargo, dicho criterio en el presente caso no es aplicable, pues no se contraviene lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, en tanto este órgano jurisdiccional, con la postura asumida no está resolviendo contra jurisprudencia. Esto así, porque el posicionamiento en cita sostenido por el Supremo Tribunal del País, surgió con motivo de los actos arbitrarios que se suscitaban fuera de todo procedimiento porque carecían de la vigilancia o revisión de un juez y, por ende, atentaban contra la libertad en contravención al artículo 22 constitucional; y, en ese momento aún no entraba en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que tutela el sistema penitenciario, en el cual se encuentran comprendidas, las cuestiones de internamiento de las personas privadas de la libertad (sean inculpados o sentenciados), específicamente, los traslados voluntarios o involuntarios. Bajo ese orden de ideas, es preciso dejar establecido que tratándose de los actos a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, en términos del primer párrafo de dicho precepto legal, los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, razón por la cual resulta evidente que en relación a dichos actos deben existir situaciones de modo, tiempo y lugar, de las cuales se infiera que las violaciones a ese precepto sean reales y no simples expectativas o suposiciones de su posible existencia. En atención a lo anterior, este juzgado determina que los hechos en los que se basa la parte quejosa para solicitar la suspensión, no son de aquéllos contemplados en los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, ni tampoco actos que tengan o puedan tener por efecto privar total parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrados a los núcleos de población ejidal o comunal, ni tampoco la confiscación o decomiso de bienes, como lo indica, ya que estos últimos deben de entenderse como la pérdida total del patrimonio que defiende la parte quejosa, lo que en el caso no sucede, pues refiere tuvo conocimiento que lo iban a trasladar a un diverso centro de reclusión, lo cual se desprende de la lectura de los antecedentes de la demanda de amparo. Por lo tanto, resulta improcedente otorgar la suspensión de plano y de oficio a la parte quejosa respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado a un diverso centro de reclusión al no ubicarse en los supuestos de procedencia para tal efecto. 1.5. Incompetencia legal. En otro contexto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece tres hipótesis para fijar la competencia de un juez de distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: a) Será competente el juez federal del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigua ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de distrito de esas jurisdicciones, a prevención ante el que se presente la demanda; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el particular, se considera actualizada la primera regla de competencia, pues los actos que se reclaman, consistentes la orden de traslado que pretenden llevar a cabo las autoridades responsables en contra del quejoso para trasladarlo del Centro Penitenciario de la Piedad, a diverso centro de reclusión así como la ejecución de dicho acto, requieren de una ejecución material, la cual no se verificará en el territorio en que ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito, toda vez que, se aprecia que el quejoso, en su escrito de demanda, manifestó que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Piedad. Tal manifestación, revela que la ejecución de los actos que se reclaman no serán dentro de la circunscripción territorial correspondiente a este juzgado, sino que ésta tendrá verificativo en La Piedad, Michoacán de Ocampo, pues ahí es donde se encuentra el centro penitenciario en que guarda reclusión, de ahí que se estime que los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, son los competentes para conocer de la demanda de amparo. En esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, en turno, que es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde pretenden ejecutar los actos reclamados, a fin de que provea lo que conforme a derecho corresponda. Remítase el presente expediente, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, para que por su conducto lo turne al juzgado correspondiente. Solicítese al juez que corresponda conocer de su contenido, se sirva acusar el recibo de estilo respectivo. Háganse las anotaciones en los medios electrónicos correspondientes y, fórmese el cuaderno de antecedentes. 1.6. Se ordena notificar a la parte quejosa mediante exhorto. Ahora, dado que el domicilio para recibir notificaciones personales, señalado por el promovente, se encuentra fuera de esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, en turno, para que por su conducto ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en calle Fuente de la Rana, número 71, colonia Fuentes de Morelia, en la ciudad del mismo nombre y notifique personalmente el presente proveído al promovente ********************, quien se ostenta defensor particular de ******************** o, al autorizado********************. Sin que sea necesario que acuse recibo de la presente comunicación, pues genera el mismo el propio sistema. Se solicita de la manera más atenta, a la autoridad que conozca del referido exhorto, lo devuelva por la misma vía. Para lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. 1.7. Autorizado. Se tiene como autorizando únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a********************, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredite como licenciado en derecho. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 2.1. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
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