Jesus Esau Chale Briceño
Expediente 1192/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 38 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1192/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Esau Chale Briceño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada el catorce de junio de dos mil veintidós, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico e incidental como los impresos, coinciden en su totalidad con los electrónicos generados con la FIREL. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JESÚS ESAU CHALÉ BRICEÑO, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, Tabasco; Agente Investigador del Ministerio Público de la Agencia de Colaboraciones y Extravío de Documentos del Estado; y Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos con sede en esta capital; por las razones precisadas en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Incidental
VISTOS para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1192/2021-VII-B, promovido por Jesús Esau Chalé Briceño, contra los actos que reclama del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, así como de otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, el nombrado quejoso solicitó la suspensión definitiva contra el acto que reclama de las siguientes autoridades: 1. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco. 2. Fiscal Investigadora Especializada en la Atención de Colaboraciones y Extravíos de Documentos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado. 3. Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el siete de julio de dos mil veintiuno, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe previo; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, por lo que hace a la autoridad local, y en esta fecha se lleva a cabo respecto de la foránea conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: El cierre de registro de inscripción del predio número trescientos cinco, de la calle dos letra "E", del municipio de Kanasín, Yucatán, ordenado por el Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Dirección General de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco, en la averiguación previa DGI-180/2013, sin que se haya seguido un procedimiento en su contra. SEGUNDA. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en virtud de así haberlo reconocido expresamente al rendir su informe previo (foja 173). TERCERA. Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es dable analizar en primer término la naturaleza del acto reclamado, el cual consiste en un acto consumado con efectos positivos, ya que resulta incontrovertible que los mismos ya se llevaron a cabo. Sin embargo, al producir consecuencias, es sobre éstas que procede hacer el análisis sobre la procedencia de la medida cautelar citada. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Por ello, en cuanto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado precepto de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En ese tenor, para resolver sobre la suspensión debe examinarse, en primer lugar, si la parte quejosa la solicitó y si acredita cuando menos, su interés suspensional, ya que tal interés se encuentra vinculado con la afectación que los actos reclamados pudieran ocasionar en la esfera de la parte quejosa. De ahí que, si tales actos reclamados no afectan el interés o no causan un perjuicio o agravio a la parte quejosa, es innecesario el análisis de tal medida suspensional, pues es menester abordar en primer lugar, si dichos actos pueden causar o no un perjuicio a la impetrante del amparo, esto es, si el solicitante de la medida cautelar cuenta con un interés tutelado que le pueda ser afectado con la ejecución o continuación de la ejecución de tales actos reclamados. En el caso, se tiene que la parte amparista sí solicitó la medida cautelar, como se advierte del escrito de demanda. Asimismo, el interés suspensional se encuentra acreditado con la copia certificada por Notario Público del testimonio de escritura pública de fecha trece de marzo de dos mil trece, que contiene el contrato de compraventa del predio número trescientos cinco, de la calle dos letra "E", del municipio de Kanasín, Yucatán -cuya compulsa se ordenó en el expediente principal para que obre en estos autos-, del que se presume legalmente el hoy quejoso es su propietario. Ahora bien por cuanto hace al segundo de los requisitos citados, se advierte que no se satisface toda vez que de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que lo acompañan, se colige que el cierre de registro de inscripción del referido inmueble, fue ordenado por el Fiscal responsable por guardar relación con la integración de la averiguación previa DGI-180/2013, por hechos posiblemente delictuosos que involucran ese inmueble. Por lo que de concederse la suspensión provisional, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que podría interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a cuestiones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. En consecuencia, por no encontrarse reunidos los requisitos del precepto legal invocado, se niega la SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicita la parte quejosa. Sirve de apoyo la tesis: PC.I.P. J/66 P (10a.), publicada por los Plenos de Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiuno de febrero de dos mil veinte, Décima Época, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CUANDO LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DEVOLVERLO DERIVA DE LA EXISTENCIA DE DILIGENCIAS MINISTERIALES PENDIENTES. Conforme al artículo 21, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que converge con el esclarecimiento de los hechos, que es uno de los objetivos del proceso penal, de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción I, de la misma Constitución. Por su parte, el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales cataloga el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación ministerial y su objeto, durante el desarrollo de ésta, es mantener el bien en el estado en que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se alteren, destruyan o desaparezcan huellas, o porque pudiera tener relación con el delito. En este sentido, como el aseguramiento es de un vehículo automotor, los artículos 236 y 237 del citado Código Nacional prevén que el propietario, el poseedor o el tenedor legítimo puede solicitar al Ministerio Público su devolución con o sin reservas, después de realizadas las acciones de peritaje y registro señaladas en el primer precepto, siempre y cuando no haya sido medio eficaz para la comisión del delito. Ahora, si el Ministerio Público niega la solicitud de devolución, porque faltan diligencias y/o actos de investigación que realizar, esta contestación forma parte de las circunstancias fáctico-jurídicas que el órgano jurisdiccional de amparo debe ponderar como parte de la naturaleza del acto reclamado, al resolver sobre la suspensión provisional a petición de parte. En este orden, en atención a la naturaleza del acto reclamado, es improcedente conceder la suspensión provisional con los efectos restitutorios provisionales que prevé el artículo 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de que el vehículo automotor asegurado sea entregado temporalmente al quejoso que acreditó su propiedad en la carpeta de investigación, si de los datos contenidos en la demanda de amparo y los documentos que la acompañan, se colige que el Ministerio Público negó su devolución porque existen diligencias ministeriales pendientes; pues de concederse la suspensión provisional con esos efectos, se seguiría un posible perjuicio al interés social, ya que puede interferir en la investigación del delito, al ponerse en riesgo la pérdida de huellas o indicios que pudieran estar relacionados con los hechos investigados; lo que responde a disposiciones de orden público, pues el aseguramiento de bienes, como técnica de investigación, tiene como objetivo garantizar el correcto esclarecimiento de los hechos; por lo que debe privilegiarse el interés social, sobre el interés particular. Lo anterior no implica soslayar los intereses del quejoso en el incidente de suspensión, ya que la resolución de la suspensión provisional deberá tener efectividad como medida cautelar instrumental, en términos del artículo 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, para conservar la materia del juicio, impidiendo que el acto se consume irreparablemente; aunado a que, como lo dispone el párrafo segundo de ese precepto, podrá modificarse y operar también con efectos restitutorios provisionales, cuando se cumplan las condiciones que prevén los artículos 236 y 237 del Código Nacional de Procedimientos Penales y así se demuestre en el incidente de suspensión, ante el órgano jurisdiccional de amparo." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE NIEGA a Jesús Esau Chalé Briceño, la suspensión definitiva contra el acto que reclama al Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, por los motivos expuestos en la consideración tercera de esta interlocutoria. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, así como el anexo que al mismo se acompaña; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Por lo que hace al anexo remitido por la responsable, consistente en copia certificada de la averiguación previa AP-DGI-180/2013; déjese al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. En cuanto al número telefónico y correo electrónico señalados, no ha lugar a acordar de conformidad, ya que el exhorto realizado en auto de radicación a fin de que se proporcionaran a este órgano jurisdiccional un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico con la finalidad de establecer contacto, de resultar necesario por esas vías, se encontraba dirigido únicamente a las partes quejosa y, en su caso, tercero interesada, no así para las autoridades responsables; por lo que se toma solamente nota de ello. Notifíquese.
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