Jesus Ernesto Zepeda Matamoros

Expediente 673/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 27 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
673/2023
Año
2023
Actuaciones
27
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jesus Ernesto Zepeda Matamoros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso ********************mediante el cual en atención al requerimiento de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, manifiesta que sí es su deseo interponer incidente de insolvencia económica, para que este órgano jurisdiccional, determine si está o no en condiciones de sufragar el costo de los edictos a su costa, lo anterior, con la finalidad de emplazar a juicio al tercero interesado ********************. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos artículo 27, fracción III, inciso c), 66 y 67 de la Ley de Amparo, se ordena el trámite del incidente de insolvencia económica para el pago de los edictos. Por tanto, con fundamento en el primer párrafo del artículo 67 de la ley de materia, dese vista a las partes por el término de tres días hábiles, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes, y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, provéase lo que en derecho corresponda. Sirve de apoyo lo anterior, por analogía jurídica la tesis I.3o.C.973 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Julio de 2011, Tomo XXXIV, página 2009, con número de registro 161635 cuyo y rubro son del tenor siguiente: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." Asimismo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como medio de prueba las documentales que anexa a su ocurso de cuenta, mismas que tomaran en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente y córrase traslado con el escrito registrado bajo folio 17901.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por Roberto Carrillo Rivas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que se regularice el procedimiento a fin de que se suspenda el plazo para sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia en virtud del término otorgado para solventar el pago de edictos a costa de la parte quejosa, hasta en tanto no fenezcan los tres días hábiles otorgados a la parte promovente en auto de dieciséis de noviembre del año en curso. Atento a lo anterior, dígase al promovente que se deberá estar a lo acordado en el proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, en el que se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara dentro del plazo establecido para tal efecto, si era su deseo promover el incidente de insolvencia económica; es decir, que en caso de omisión (transcurrido el plazo), este órgano jurisdiccional acordará lo que en derecho corresponda en relación con la publicación de los edictos a fin de emplazar a la parte tercero interesada a costa del quejoso, lo que comprende la reanudación del plazo con el que cuenta el quejoso para exhibir los edictos ordenados en auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés. Finalmente, por lo que hace a su diversa petición, devuélvase la credencial original exhibida con el escrito registrado bajo folio 16948; previa copia que se deje en autos para constancia. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito y anexo presentado por la parte quejosa, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado de nueve de octubre del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es una persona de bajos recursos, por lo que se vería imposibilitado para solventar el pago de la publicación de edictos a fin de emplazar a juicio a la parte tercero interesado ********************, para lo cual intenta acreditar la insolvencia económica con la diversa documental que adjuntó al escrito de cuenta. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computados, manifieste si es su deseo tramitar un incidente de insolvencia económica, para que este órgano jurisdiccional, determine si está o no en condiciones de sufragar los costos de los edictos ordenados en autos; y, en caso de solicitar la tramitación de dicho incidente, lo promueva conforme a derecho tal y como lo prevé en los artículos 66 y 67, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 16, marzo de 20145, tomo II, página 1110, materia común, con número de registro 2008746, cuyo rubro y texto dicen: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso." En el entendido de que en caso de omisión este órgano jurisdiccional acordará lo que en derecho corresponda en relación con la publicación de los edictos a fin de emplazar a la parte tercero interesada a costa del quejoso. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que antecede se obtiene que la actuaria de la adscripción asentó la imposibilidad que tuvo para emplazar a la parte tercero interesado Ángel Eduardo Torres Berumen en el domicilio ordenado en auto de diecisiete de octubre del año en curso por los motivos ahí expuestos. Atento a lo anterior, y toda vez que en proveído de diecisiete de octubre del año en curso se suspendió de manera temporal el plazo otorgado a la parte quejosa en el proveído de nueve de octubre de este año, a fin de que realizara las gestiones para la publicación de los edictos para emplazar al citado tercero interesado, hasta en tanto se tuviera conocimiento del resultado de la diligencia ordenada en auto de diecisiete, lo que en el caso ya aconteció; por tanto, subsistente el requerimiento efectuado el nueve de octubre del presente año, por lo que se hace del conocimiento al directo quejoso que una vez que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído se reanudará el plazo otorgado en el citado proveído. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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