Jesús Ernesto Delgado Valverde

Expediente 108/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
108/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
06/12/2021

Partes del expediente

  • Jesús Ernesto Delgado Valverde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, mediante la cual, por una parte, se sobreseyó, y por otra parte, se negó el amparo en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355, 356, fracción II y 357, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA; hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. ARCHIVO Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, inciso b), se prevé que es susceptible de depuración los expedientes relativos a juicio de amparo en las que se haya negado o concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente toda vez que en este juicio de amparo se negó el amparo y protección y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.

  2. Principal

    El Actuario adscrito Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, acusa de recibo de nuestro oficio 7073/2021, mediante el cual se le notifico la sentencia de veintidós de marzo del presente año.

  3. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo en relación con el acto reclamado a la Sala Superior de Justicia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa por los motivos expuestos en la consideración tercera de este fallo federal. Así mismo, se SOBRESEE el juicio de amparo por el acto reclamado al Actuario-notificador adscrito a la Oficina de Recaudación, dependiente de la Dirección de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, por los motivos y fundamentos expuestos en la consideración QUINTA, de esta resolución constitucional. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso , por su propio derecho como Director General, representante legal y titular de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa, respecto del acto reclamado a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, consistente en la imposición de las multas contenidas en los acuerdos de siete de enero y cinco de marzo, ambos de dos mil diecinueve, dentro del juicio de nulidad 1693/2016-I.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de tres de noviembre del presente año, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remitió diligenciado el exhorto enviado a efecto de emplazar a juicio a la tercero interesada ********************. Asimismo, en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, se ordenó hacer del conocimiento a las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de agosto del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó la designación de la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, como Titular de este Juzgado, en lugar del Juez José Luis Estrada Amaya, con efecto a partir del uno de septiembre del año en curso, según consta en el oficio SEADS/407/2020, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, hágase del conocimiento de la citada tercero interesada ********************, para el efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto de las causas de impedimento que pudieran hacerse valer, en términos del artículo 51 de la Ley de Amparo, y conforme al punto 7 de la circular SECNO/8/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se instruye a las partes a formular los impedimentos que estimen actualizados desde el Portal de Servicios en línea o al correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 4jdo12cto@correo.cjf.gob.mx por escrito digitalizado; inclusive, si no están actuando de manera electrónica. En el entendido que sólo se recibirán las promociones hasta antes de celebrar la audiencia constitucional. Tiene aplicación en lo conducente, la tesis 2a./J. 104/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, Julio de 2010, visible en la página 312, registro: 164217, que a la letra dice: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En consecuencia, se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la precitada audiencia constitucional. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.

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