Jesus Enrique Vela Navarrete
Expediente 970/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jesus Enrique Vela Navarrete
- Subsecretario de la Policia Estatal de Investigacion
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el acuerdo mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes, por tanto, al tratarse de un asunto concluido se ordena el archivo del asunto. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es destruible toda vez que en el mismo se tuvo por no presentada la demanda. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Por otro lado, glósese a los autos el oficio remitido por la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Yucatán "1", por conducto del Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de su adscripción, a través del cual solicita la información del promovente del amparo a efecto de hacer efectiva la multa que le fue impuesta en auto de nueve de mayo del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración que derivado de las gestiones realizadas por el mencionado Moisés Velázquez Cuevas se logró la localización del directo quejoso, además de que en el auto de esta fecha se ha ordenado el archivo del presente asunto; este órgano de control constitucional, de conformidad con el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, considera dable dejar sin efecto la multa impuesta en el citado proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós. Ello, cuenta habida que dicha medida de apremio, fue fijada ante la contumacia del promovente a efecto de proporcionar los datos de localización del quejoso, lo cual se advierte, se ha logrado en estos autos. Por tanto, comuníquesele lo anterior a Administrador Desconcentrado de Recaudación de Yucatán "1", con sede en esta ciudad de Mérida, a efecto de que ordene a quien corresponda, la cancelación de la multa de marras. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan lo presentes autos y toda vez que de ellos se advierte la constancia levantada el veinticuatro de los corrientes por la Actuaria de la adscripción, en la cual se asentó que el directo quejoso Jesús Enrique Vela Navarrete no ratificó la demanda de amparo interpuesta a su favor por Moisés Velázquez Cuevas; en consecuencia, con fundamento en el numeral 15 de la Ley de Amparo, se TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO; por ende, déjense sin efectos las medidas suspensionales decretadas en el presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, déjese sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán; a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierten los oficios suscritos por la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jueza Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, mismos que ya obran glosados a los presentes autos, y que son la totalidad de las autoridades que han tenido participación en el presente asunto, con los cuales informan lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, dado que mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las autoridades que han tenido injerencia a lo largo del presente asunto, sin que a la presente fecha hubiere hecho manifestación al respecto; consecuentemente, este Órgano de Control Constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo AMPARÓ Y PROTEGIÓ al quejoso ANASTACIO AMILCAR RAMIREZ HERRERA, también conocido como AMILCAR RAMÍREZ HERRERA, contra los actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en la denegación de justicia atribuida a la autoridad antes mencionada, al no otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada. Inconforme con esa determinación la parte tercero interesada ENRIQUE GAMBOA MEDINA, interpuso el recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de referencia, de la cual tocó conocer por razón de turno al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, formándose el toca 367/2018. Los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, resolvieron dicha revisión, y por testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 367/2018, en la cual en su primer punto resolutivo se confirmó la sentencia recurrida y en su segundo punto resolutivo declaró que la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ANASTACIO AMÍLCAR RAMÍREZ HERRERA o AMÍLCAR RAMÍREZ HERRERA, contra el acto que reclama al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta Ciudad. De manera que la autoridad responsable estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: Efectos de la concesión: ".En las relatadas condiciones, al resultar la conducta de omisión de la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado, violatoria de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución General de la República en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es conceder a ANASTACIO AMILCAR RAMIREZ HERRERA, también conocido como AMILCAR RAMÍREZ HERRERA, el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la citada autoridad responsable de inmediato, proporcione los elementos necesarios a fin de desahogar el auxilio de la fuerza pública solicitada, que en su oportunidad instó la Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en autos del expediente relativo a las diligencias de Jurisdicción Voluntarias 213/2010. Concesión que se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública de la Entidad, para que una vez recibida la orden del Gobernador Constitucional, en su calidad de auxiliar del Poder Judicial en la administración de justicia, proporcione el auxilio de la fuerza pública instada, en la inteligencia de que el citado Gobernador Estatal no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculada a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia, proporcionándole los datos necesarios (nombre, domicilio, etcétera), todo con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos restitutorios.". Mediante proveído de cuatro de abril de dos mil diecinueve, se requirió al Gobernador Constitucional del Estado, y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Asimismo, mediante oficio CJ/DCLP/OD/247/2019, de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, signado por la Delegada del Gobernador Constitucional de Yucatán, dicha responsable manifestó que mediante diverso oficio DGOB/0572/2018, de cinco de octubre de dos mil veintiocho, se concedió el auxilio de la fuerza pública a su cargo. Luego entonces, por oficio SSP/DJ/15700/2019, de tres de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó que la ejecutoria se encontraba en vías de cumplimiento, toda vez que programó el día veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, a las diez horas con treinta minutos, a fin de llevar a cabo la fuerza pública solicitada. Cabe destacar, que mediante oficio SSP7DJ71655/2019, de diez de mayo de dos mil diecinueve, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado manifestó que el día nueve de mayo de dos mil diecinueve recibió el oficio 1145/2019 suscrito por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en el que hizo de su conocimiento que se promovió una tercería excluyente de dominio marcada con el número 543/2018, en contra de las partes en el juicio 213/2010, del índice de dicha autoridad, por lo que el procedimiento se encontraba suspendido con la sola interposición de la referida tercería, razón por la que no se pudo llevar a cabo la diligencia de fuerza pública ya programada. A raíz de ello, este Juzgado de Distrito ha girado diversos oficios al Juez Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, para que una vez que resolviera la tercería excluyente de dominio con número 543/2018 y levante el estado de suspensión, lo comunicara de inmediato a este Juzgado, a fin de continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo; en consecuencia a ello, mediante oficio 2044/2021, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, signado por la Jueza Segundo de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, autoridad vinculada en el presente asunto, informó el estado procesal en el que se encontraba el juicio de tercería excluyente de dominio 543/2018, promovido ante dicha autoridad, señalando que ya había sido emitida la sentencia correspondiente, la cual fue recurrida impugnada mediante el recurso de apelación, y de cuyo contenido se advierte que en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió el aludido recurso en contra de la sentencia definitiva dictada en el citado juicio de tercería, la cual ya se encontraba en trámite en la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tal y como lo acredito con el oficio 1988/2021, de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, atendiendo al estado procesal que guardaba el referido juicio de tercería, por acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de dicho acuerdo, comunicara a este juzgado el estado procesal en el que se encontraba dicho recurso y remitiera las constancias conducentes, a fin de estar en condiciones de cumplir con la ejecutoria de amparo, razón por la que la Magistrada Primera y Presidenta de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, informó el estado procesal en que se encontraba el recurso de apelación interpuesto dentro del juicio de tercería excluyente de dominio 543/2018, en atención al requerimiento mencionado, y del contenido de su oficio se advirtió que la Sala referida, en fecha nueve de marzo en curso, emitió un proveído en el que por las razones ahí expuestas, consideró que la tercería promovida es un juicio ordinario y autónomo respecto de la cual, dicha Sala carecía de competencia; de igual forma, determinó corregir el procedimiento y se reencausó a la autoridad competente, remitiendo el original del expediente 543/2018 a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia, junto con diversas constancias para la substaciación del recurso interpuesto. Por lo que, mediante oficio de veinte de abril de dos mil veintidós, se le requirió a la citada Sala para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación de dicho acuerdo, comunicara a este juzgado el estado procesal en el que se encuentra dicho recurso y remita las constancias conducentes, a fin de estar en condiciones de cumplir con la ejecutoria de amparo. Derivado de ello, por oficio 1157 de dos de mayo del año que transcurre, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, informó el estado procesal del toca 260/2022, de su índice, señalando que dicho medio de impugnación hasta la presente fecha no ha sido resuelto. En mérito de lo anterior, atendiendo a lo informado por las diversas autoridades involucradas en el cumplimiento de la sentencia de mérito, puede apreciarse que EXISTE UNA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, ya que las circunstancias jurídicas actuales, difieren de aquellas en las que se emitió la sentencia de amparo; esto es así, pues al momento de dictarse la sentencia de amparo, existía una determinación firme en el procedimiento civil de origen 213/2010, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, que otorgaba legalidad a la solicitud de la quejosa en su demanda de amparo; empero, dicha circunstancia ha cambiado, con la promoción del juicio de tercería que hasta el momento se encuentra inconcluso, al no haber adquirido firmeza legal la determinación emitida en el mismo. De las constancias de autos, puede advertirse que se encuentra aún pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por MARISSA DE LOURDES GAMBOA ORTIZ, contra la sentencia definitiva de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el Juicio Ordinario Civil de Tercería Excluyente de Dominio promovido por dicha recurrente, en contra de las partes del expediente 213/2021, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria por la disolución de una copropiedad; motivos por los cuales, SE REITERA EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia PC.III.P. J/16 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, página 1739, de la Décima Época, con registro digital 2017531, con el rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO PUEDE DECLARARSE, DE PLANO O INTERLOCUTORIAMENTE PREVIO TRÁMITE INCIDENTAL. Conforme al artículo 196, párrafo último, de la Ley de Amparo, el órgano de control constitucional puede decretar de plano la imposibilidad de cumplir una sentencia protectora cuando la causa que la genera está probada fehacientemente y no se tenga duda sobre su operatividad; en cambio, si dicha imposibilidad no está plenamente acreditada o depende de lo que pueda exponer el quejoso, incluso si existe la posibilidad de cumplimiento a través de la adopción de determinadas medidas, debe ordenar abrir un incidente innominado, en términos del artículo 193, párrafo cuarto, de la ley citada para que se decida, interlocutoriamente, lo procedente." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes auto el escrito signado electrónicamente por el promovente del amparo Moisés Velázquez Cuevas, con el cual, en cumplimiento el requerimiento realizado el trece de mayo del año en curso y proporciona el número de teléfono del directo quejoso Jesús Enrique Vela Navarrete. Ahora, conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, dada las medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el artículo 28 del citado acuerdo general, comisiónese al Actuario de la adscripción en turno a efecto de que, haciendo uso de las herramientas tecnológicas a su alcance, como pudiera ser a través del uso del sistema de video llamadas, se cerciore de la identidad del quejoso Jesús Enrique Vela Navarrete; posterior a lo cual, deberá dar fe de la identificación respectiva y prevenirle a efecto de que ratifique o no la demanda de amparo promovida a su favor por Moisés Velázquez Cuevas, en términos del acuerdo de cuatro de abril del año en curso. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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