Jesús Enrique Díaz Sosa
Expediente 42/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 42/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/06/2018
Partes del expediente
- Jesús Enrique Díaz Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad de México, a quince de junio de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En ese sentido, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción II del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo remitido por la agente del Ministerio Publico responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.
- Principal
V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 42/2018, promovido por Jesús Enrique Díaz Sosa, contra las omisiones reclamadas de la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial y Procuración de Justicia COY-1 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las omisiones de la autoridad que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El promovente de amparo narró los antecedentes de las omisiones reclamadas, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se transgredieron su derechos fundamentales, previstos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El veintidós siguiente, se registró el asunto con el orden 42/2018; se previno al quejoso y una vez que desahogó el requerimiento relativo, por auto de treinta y uno del mes y año referidos, se admitió a trámite la demanda; se requirió a la autoridad señalada como responsable rindiera informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en diversas ocasiones. IV. En su oportunidad se emplazó a Leonora Rojas Mena y Raúl Juan Contreras Bustamante, en su calidad de terceros interesados. V. Por último, se realizó la audiencia constitucional, en sus dos primeras etapas, de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de las omisiones reclamadas. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, atendiendo a la causa de pedir, se precisa que las omisiones reclamadas de la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial y Procuración de Justicia COY-1 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se hicieron consistir en: 1. La abstención de responder el escrito signado por el peticionario de amparo y presentado el quince de diciembre dos mil diecisiete, dirigido a la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-2C/D/03465/11-2017, en que tiene la calidad de víctima u ofendido, por el que solicitó se decretaran a su favor medidas provisionales y precautorias; y 2. La abstención de determinar dicha carpeta. No se soslaya que en el auto admisorio se estableció la omisión precisada en el numeral 1 como "la abstención de decretar las medidas provisionales y precautorias que solicitó el quince de diciembre de dos mil diecisiete", como indicó el quejoso al desahogar la prevención que se le formuló; sin embargo, la fijación que ahora se realiza atiende a la causa de pedir del justiciable, pues tal apreciación se realiza con base en las constancias que remitió la autoridad responsable, de las que se obtiene que esta última no notificó al amparista el acuerdo quince de diciembre del año pasado, que recayó a su petición, razón que pone de manifiesto que este último, al momento de la presentación de la demanda, desconocía tal determinación, aunado a que la forma en que el peticionario de amparo especificó tal omisión, corresponde a un aspecto de legalidad, cuyo análisis corresponde al fondo de la litis constitucional. TERCERO. Son ciertas las omisiones reclamadas, pues así se aprecia del informe de ley que rindió la autoridad ministerial responsable, así como del anexo que remitió en apoyo al mismo, dado que a la fecha de la presentación de la demanda no se había notificado al quejoso la respuesta que recayó a su solicitud de medidas provisionales y precautorias, asimismo, no se había determinado la carpeta de investigación de origen; documental que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obstante la certeza de las omisiones reclamadas, es innecesario analizar el fondo del asunto, ya que se advierten dos diversas causas de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, en relación con la abstención de responder el escrito signado por el peticionario de amparo, presentado a la autoridad responsable el quince de diciembre dos mil diecisiete, se actualiza el supuesto que prevé la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, ya que tal omisión cesó en sus efectos. Así se considera porque, de la documental que anexó la autoridad responsable a su informe de ley, se advierte el acuerdo de quince de diciembre del año pasado, en que proveyó lo relativo a la solicitud del quejoso, pues estableció que "no nos encontramos en los supuestos del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales", determinación de la que el peticionario de amparo tiene pleno conocimiento, pues es materia del juicio 287/2018, del registro de este juzgado, que se tiene a la vista como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, situación que pone de manifiesto que ya no existe materia respecto de la cual pudiera tener eficacia la concesión del amparo en el presente controvertido. Es aplicable la jurisprudencia identificada con el orden 198, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal de Justicia del País, consultable en la página 216 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y Sobreseimiento, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Respecto de la restante omisión, tomando en consideración que deriva de la facultad investigadora de la autoridad ministerial de referencia y define el curso de la indagatoria, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la ley de la materia, dado que contra la misma procede el recurso innominado, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues así se determinó en las jurisprudencias 27/2018(10a.) y 28/2018(10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo conocimiento se obtuvo el veinticuatro del mes actual, a través de la página oficial de internet de ese Máximo tribunal de justicia, que respectivamente disponen: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En relación con la obtención de los datos vía internet, es aplicable la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, de rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR". No se soslaya que dichos criterios obligatorios se emitieron después de la admisión de la demanda; no obstante, no debe perderse de vista que la jurisprudencia constituye un medio de desentrañar el sentido de la ley, para el efecto de que los juzgadores puedan aplicarla en forma debida y con criterio uniforme al momento que pronuncien el fallo correspondiente, por lo que dicha disposición de observancia obligatoria no está sometida al principio de irretroactividad, lo cual permite aplicarla aún a los hechos anteriores a su adopción. Es aplicable, dado que no se opone a la legislación de la materia vigente, la jurisprudencia emitida por el Pleno del Máximo tribunal de justicia del país, identificada con el orden 150, localizable en la página 1071, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Irretroactividad de la ley y de su aplicación, cuyo título es: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY". Con base en lo expuesto, al quedar evidenciadas las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, fracción V, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Enrique Díaz Sosa, contra las omisiones reclamadas de la Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación Uno Sin Detenido de la Coordinación Territorial y Procuración de Justicia COY-1 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en: 1. La abstención de responder el escrito signado por el peticionario de amparo y presentado el quince de diciembre dos mil diecisiete, dirigido a la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-2C/D/03465/11-2017, en que tiene la calidad de víctima u ofendido, por el que solicitó se decretaran a su favor medidas provisionales y precautorias; y 2. La abstención de determinar dicha carpeta.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Ciudad de México, a seis de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que el tercero interesado Raúl Juan Contreras Bustamante se imponga de las constancias de este expediente. Por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y, para tal efecto, se señala el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas.
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