Jesús Enrique del Moral Alarcón

Expediente 667/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
667/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Jesús Enrique del Moral Alarcón
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
  • Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, Xalapa, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días para que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del auto de cinco de noviembre de dos mil veinte, en el que se tuvo puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, transcurrió sin que lo hubieran hecho; por lo tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívense las actuaciones como asunto concluido. ... Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando tercero de la resolución dictada en el recurso de revisión 61/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector dictado por el superior jerárquico, obliga a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, a realizar lo siguiente: "1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil diecinueve, (sic) dictada en el juicio ordinario civil 321/2019 de su índice. 2.- En su lugar, dicte otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión del amparo. 2.1.- Se abstenga de señalar que el deudor alimentario debía justificar en este momento su capacidad económica. 2.2.- En plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de reclamación interpuesto ante su potestad, tomando en cuenta que al menos para efectos de la reclamación, que el deudor tiene otro acreedor alimentario que a la fecha es menor de edad y, por tanto, goza de la presunción de necesitar alimentos." Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió lo siguiente: Copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 321/2019-I, de su índice. De la actuación enunciada se advierte que la potestad realizó estas acciones: En estricto cumplimiento al fallo protector, dejó sin efectos la resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, a través de la cual declaró infundado el recurso de reclamación hecho valer por el quejoso Jesús Enrique del Moral Alarcón, en contra del proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable fijó como pensión alimenticia el veinticinco por ciento de su salario y demás prestaciones que recibe como empleado de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a favor de la actora en reconvención, aquí tercera interesada, y confirmó la misma. Asimismo, en estricto acatamiento al fallo amparador, la Juez Décimo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, dictó una nueva resolución el veinte de octubre de dos mil veinte, en la que, para resolver el recurso de reclamación en comento, se abstuvo de señalar que el deudor alimentario debía justificar en ese momento su capacidad económica, y consideró el hecho de que el deudor alimentario, aquí quejoso, tiene otro acreedor alimenticio, siendo éste un menor de edad, quien goza de la presunción de necesitar alimentos. En ese sentido, la juez responsable regraduó el porcentaje de la pensión alimenticia provisional, bajo la premisa de que el deudor, aquí quejoso, demostró tener otro acreedor alimentario que a la fecha es menor de edad, por lo que, al tener la presunción de necesitar alimentos, determinó modificar la medida cautelar al quince por ciento de su salario y demás prestaciones que recibe como empleado de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a favor de la actora en reconvención, aquí tercera interesada. Ahora, de las actuaciones antes precisadas, mediante escrito de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el autorizado de la parte quejosa desahogó la vista concedida en proveído de veintiuno de octubre del mismo año, realizando diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, pues considera que la misma incurre en defecto al haber establecido en el punto resolutivo tercero: ". Y una vez que se tenga por bien cumplida se ejecutara (sic) la misma informándole dicha resolución a la fuente laboral del recurrente"; en virtud de que no restituye al quejoso en el goce de sus derechos humanos, pues no puede condicionarse la ejecución del fallo constitucional al hecho de que se declare por cumplido el mismo, ya que el mismo implica la ejecución de la nueva resolución dictada. En ese sentido, cabe precisar que dentro de los efectos por los que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, no se encuentra implícito la ejecución de la resolución que en su caso emitiere la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; por lo que el hecho de que la autoridad responsable esté en la espera de que su resolución cause ejecutoria, es indudable que dicha cuestión es meramente formal para respetar el derecho de seguridad jurídica de las partes. Por ello, al ser ajena la ejecución de la resolución dictada por la autoridad responsable para tener por cumplido el fallo protector, se insiste en que la juez responsable requiere que su resolución adquiera firmeza jurídica para estar en condiciones de ejecutarla, de lo contrario, transgrediría la esfera jurídica de las partes. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de revisión 61/2020, de su índice, haya determinado, como efecto de la protección constitucional, que la autoridad responsable: "1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 321/2019 de su índice..", y que así lo haya requerido este órgano jurisdiccional en proveído de trece de octubre pasado, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 321/2019-I, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, y no la que, por un error involuntario, el superior jerárquico señaló en el primer efecto de la concesión del amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada, y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: V i s t o el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el considerando tercero de la resolución dictada en el recurso de revisión 61/2020, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector dictado por el superior jerárquico, obliga a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, a realizar lo siguiente: "1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil diecinueve, (sic) dictada en el juicio ordinario civil 321/2019 de su índice. 2.- En su lugar, dicte otra en la que reitere lo que no fue materia de concesión del amparo. 2.1.- Se abstenga de señalar que el deudor alimentario debía justificar en este momento su capacidad económica. 2.2.- En plenitud de jurisdicción, resuelva el recurso de reclamación interpuesto ante su potestad, tomando en cuenta que al menos para efectos de la reclamación, que el deudor tiene otro acreedor alimentario que a la fecha es menor de edad y, por tanto, goza de la presunción de necesitar alimentos." Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió lo siguiente: Copia certificada de la resolución de veinte de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 321/2019-I, de su índice. De la actuación enunciada se advierte que la potestad realizó estas acciones: En estricto cumplimiento al fallo protector, dejó sin efectos la resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, a través de la cual declaró infundado el recurso de reclamación hecho valer por el quejoso Jesús Enrique del Moral Alarcón, en contra del proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve, en el que la autoridad responsable fijó como pensión alimenticia el veinticinco por ciento de su salario y demás prestaciones que recibe como empleado de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a favor de la actora en reconvención, aquí tercera interesada, y confirmó la misma. Asimismo, en estricto acatamiento al fallo amparador, la Juez Décimo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, dictó una nueva resolución el veinte de octubre de dos mil veinte, en la que, para resolver el recurso de reclamación en comento, se abstuvo de señalar que el deudor alimentario debía justificar en ese momento su capacidad económica, y consideró el hecho de que el deudor alimentario, aquí quejoso, tiene otro acreedor alimenticio, siendo éste un menor de edad, quien goza de la presunción de necesitar alimentos. En ese sentido, la juez responsable regraduó el porcentaje de la pensión alimenticia provisional, bajo la premisa de que el deudor, aquí quejoso, demostró tener otro acreedor alimentario que a la fecha es menor de edad, por lo que, al tener la presunción de necesitar alimentos, determinó modificar la medida cautelar al quince por ciento de su salario y demás prestaciones que recibe como empleado de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz a favor de la actora en reconvención, aquí tercera interesada. Ahora, de las actuaciones antes precisadas, mediante escrito de veintiocho de octubre de dos mil veinte, el autorizado de la parte quejosa desahogó la vista concedida en proveído de veintiuno de octubre del mismo año, realizando diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado al fallo protector por la autoridad responsable, pues considera que la misma incurre en defecto al haber establecido en el punto resolutivo tercero: ". Y una vez que se tenga por bien cumplida se ejecutara (sic) la misma informándole dicha resolución a la fuente laboral del recurrente"; en virtud de que no restituye al quejoso en el goce de sus derechos humanos, pues no puede condicionarse la ejecución del fallo constitucional al hecho de que se declare por cumplido el mismo, ya que el mismo implica la ejecución de la nueva resolución dictada. En ese sentido, cabe precisar que dentro de los efectos por los que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, no se encuentra implícito la ejecución de la resolución que en su caso emitiere la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector; por lo que el hecho de que la autoridad responsable esté en la espera de que su resolución cause ejecutoria, es indudable que dicha cuestión es meramente formal para respetar el derecho de seguridad jurídica de las partes. Por ello, al ser ajena la ejecución de la resolución dictada por la autoridad responsable para tener por cumplido el fallo protector, se insiste en que la juez responsable requiere que su resolución adquiera firmeza jurídica para estar en condiciones de ejecutarla, de lo contrario, transgrediría la esfera jurídica de las partes. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos. No es óbice a la anterior determinación el hecho de que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el recurso de revisión 61/2020, de su índice, haya determinado, como efecto de la protección constitucional, que la autoridad responsable: "1.- Deje insubsistente la resolución reclamada de quince de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el juicio ordinario civil 321/2019 de su índice..", y que así lo haya requerido este órgano jurisdiccional en proveído de trece de octubre pasado, toda vez que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es la resolución de cinco de julio de dos mil diecinueve, dictada en los autos del juicio ordinario civil 321/2019-I, del índice del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, y no la que, por un error involuntario, el superior jerárquico señaló en el primer efecto de la concesión del amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y a la tercera interesada, y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista concedida en proveído de veintiuno de octubre de la presente anualidad, realizando manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector decretado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad en el recurso de revisión 61/2020, de su índice; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, en el entendido de que dichas manifestaciones serán consideradas en el momento procesal oportuno.

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