Jesús Enrique Castro Pérez
Expediente 845/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Jesús Enrique Castro Pérez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintisiete de octubre dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Jesús Enrique Castro Pérez, María del Socorro Márquez Rodríguez y Juan Manuel González Aguilar, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar... Háganse las anotaciones correspondientes y envíese al archivo...Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes...
- Principal
Se notifica por lista a Jesús Enrique Castro Pérez, en su carácter de representante común de la parte quejosa, del acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, en los siguientes términos: Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Enrique Castro Pérez, María del Socorro Márquez Rodríguez y Juan Manuel González Aguilar, contra actos del Congreso del Estado de Aguascalientes y de otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 845/2020-IV. la parte quejosa carece de interés legítimo para impugnar el Acuerdo Legislativo para la Evaluación del Desempeño para la Reelección de la Magistrada licenciada Gabriela Espinosa Castorena, integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, publicado el cinco de octubre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado; en cuanto al artículo cuarto. Esto es, la sola circunstancia de que los quejosos ejerzan la profesión de Licenciado en Derecho en esta entidad federativa, a través de la cual obtienen el sustento para su familia y aduzcan estar interesados en que la función jurisdiccional se desarrolle de la mejor manera, no les confiere interés legítimo para reclamar el acto que tildan de inconstitucional, consistente en el Acuerdo Legislativo para la Evaluación del Desempeño para la Reelección de la Magistrada licenciada Gabriela Espinosa Castorena, integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, publicado el cinco de octubre de dos mil veinte, en el Periódico Oficial del Estado; cuyo artículo cuarto contempla recabar opinión de diversas asociaciones y no precisamente de los quejosos en lo particular. Así se considera porque no se evidencia ni señalan cómo ese hecho les irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, sino que la pretensión se hace descansar en que 14/08/21 10:12:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.35 Alejandra Lizeth Barraza Canales 16 como parte de la sociedad profesionista tienen interés en que los funcionarios judiciales cumplan con los requisitos que para tal efecto establecen los ordenamientos jurídicos; esto es, no se evidencia cómo dicho acto o sus consecuencias afectan directa o indirectamente sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico" ni se advierte alguna situación de hecho o de derecho, concreta que se vería afectada o beneficiada con la concesión o negativa del amparo y menos aún, cuál sería el beneficio real y específico, inmediato o mediato, que en su esfera jurídica concreta pudieran obtener con la regulación de la legalidad de los actos que reclama. En esa línea argumentativa, el interés propio de la parte quejosa no es distinto del de cualquier otro gobernado que, incluso ejerza la profesión de Licenciado en Derecho, en tanto que el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, -que como lo estableció la Primera Sala en la resolución referida-, ese tipo de reclamos de naturaleza abstracta y general, no son aptos para ser dirimidos en sede de control constitucional. En tal virtud, se aprecia indefectiblemente que la situación de los quejosos respecto del acto de autoridad implica interés simple y, por tanto, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable que no requiere la sustanciación del juicio, pues, como se anticipó, esta circunstancia constituye una cuestión de derecho que no es desvirtuable en su tramitación, en tanto, que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar ese hecho. Por esas razones este juzgado, estima que la quejosa no podría acreditar durante la secuela del juicio, a través de ningún medio de convicción, el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que le permitiera combatir dichos actos, sin la necesidad de ser titular de un derecho subjetivo; por lo que se estima su notoria y manifiesta improcedencia del juicio. En consecuencia, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Vista la pieza postal de Correos de México de cuenta, que contiene el oficio 21715/2020 dirigido al tercero interesado Policía Federal, División de Seguridad Regional Coordinación Estatal Jalisco, Estación Tepatitlán, al domicilio ubicado en Calzada Lazaro Cárdenas 4040 Don Bosco, Vallarta, en Zapopan Jalisco, en el que se hizo constar la leyenda "rehusado no hay dependencia". Ahora bien, del sobre cerrado en mención se advierte que se rehusó a recibir el mismo según lo asentado Correos de México en el mismo. Luego, los artículos 26, fracción II, inciso b) y 28, fracción I, párrafo segundo y II, de la Ley de Amparo en vigor, disponen lo siguiente: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. [.] II. Por oficio: [.] b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado, .". "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. [.] Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos. [.]". De los precitados artículos se advierte que las notificaciones en los juicios de amparo se realizaran por oficio, entre otras, a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, con la circunstancia de que si tienen su domicilio fuera del lugar del juicio, se enviara oficio por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, del mismo ordenamiento, para el caso que las autoridades se nieguen a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y, si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de negativa de la autoridad de recibir el oficio, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar el actuario, evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que, como acontece en este juicio, obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con esta misma fecha, se tiene por hecha la notificación ordenada al tercero interesado Policía Federal, División de Seguridad Regional Coordinación Estatal Jalisco, Estación Tepatitlán y realícense las subsecuentes notificaciones que le correspondan, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Cobra aplicación, por la similitud de razones que contiene, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 1439 del tomo XXI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su tenor literal dice lo siguiente: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Notifíquese por lista a las partes, .... 1010/2019-VIII
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