Jesús Enrique Acevedo Barriga
Expediente 635/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 635/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Enrique Acevedo Barriga
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por el actuaria judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual informa la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso Jesús Enrique Acevedo Barriga; contra el acuerdo de siete de julio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; radicándose el expediente 2********************/2023, de lo que esta autoridad toma conocimiento. Notifíquese.YNJR/kpp*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jesús Enrique Acevedo Barriga; atento a su contenido, se tiene al promovente interponiendo recurso de queja contra el auto de siete de julio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de protección derechos fundamentales. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, remítase el original del escrito mediante el cual se formula la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, al que se acompaña copia certificada de las actuaciones que se han practicado hasta el momento en el presente expediente y ríndase informe en el sentido de que es cierto el acto materia de la queja, ya que en el referido auto se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Notifíquese.AMH/kpp*
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos, los dos telegramas remitidos por el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Gerencia de lo Contencioso, Subgerencia de Juicios Fiscales de la Jefatura de Proyectos de Juicios de Amparo, y por el personal de Telégrafos de México. Ahora, referente al telegrama con número de registro 11962, se advierte que el Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Gerencia de lo Contencioso, Subgerencia de Juicios Fiscales de la Jefatura de Proyectos de Juicios de Amparo, informa que en atención al auto de siete de junio del año en curso, no ha recibido en las oficinas de esa Subdirección, el oficio 4575 relativo a la sentencia dictada el veintiséis de abril de este año. Sin embargo, no se hace pronunciamiento alguno, ya que visto el estado que guardan los presentes autos, se observa que obra agregado el acuse de recibo del oficio 4575 (foja 162), relacionado con la indicada resolución, dirigido a la autoridad responsable Gerencia de Servicios a Usuarios de la Subdirección General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, mismo que fue recibido el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Por otra parte, en cuanto al telegrama con número de registro 12001, remitido por el personal de Telégrafos de México, se advierte que informa que el oficio 454 dirigido a la citada autoridad responsable no fue recibido por estar mal dirigido; de lo que este juzgado toma conocimiento. No obstante, resérvese de acordar lo conducente, puesto que el aludido oficio 454 dirigido a la autoridad responsable Gerencia de Servicios a Usuarios dependiente de la Subdirección de la Administración de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la Ciudad de México, fue también remitido por vía servicio postal mexicano, por lo que estese en espera de que se reciba el acuse correspondiente, para proveer lo que en derecho proceda. Notifíquese.MRR/maad
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 07/07/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, siete de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta signado por Jesús Enrique Acevedo Barriga; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 635/2023-1 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud. Ahora, del escrito de demanda se observan los antecedentes y el acto reclamado como se destaca a continuación: La persona moral Santander Vivienda, Sociedad Anónima, de Capital Variable, demandó por la vía especial hipotecaria a Jesús Enrique Acevedo Barriga. Con motivo de lo anterior, se admitió a trámite el juicio 304/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en Veracruz, Veracruz y ordenó el emplazamiento de la parte demandada; quien mediante auto de dieciséis de abril se tuvo a dicha parte dando contestación a la demanda, la cual se dejó a vista de la parte actora. El tres de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia prevista en el artículo 451-K, del Código Civil de Estado de Veracruz; empero, no se turnaron los autos a resolver por encontrarse recurso pendientes de resolver en el aludido juicio. Mediante escrito de tres de marzo de dos mil veintitrés, el abogado patrono de la parte demandada, solicitó se concediera el derecho de formular alegatos a efecto de manifestar lo que a su derecho conviniera conforme a las excepciones y defensas planteadas; a lo que recayó el acuerdo de veintiocho de marzo de este año. Por escrito de tres de abril de la presente anualidad, el aquí quejosos, interpuso recurso de apelación, contra el proveído mencionado en el párrafo anterior. Por último, mediante auto de doce de junio de este año, la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, -a quien le correspondió conocer del recurso de apelación-, radicó el toca 1074/2023 y desechó el medio de impugnación aludido, por estimarlo notoriamente improcedente, lo que constituye el acto reclamado. Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el precepto 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, como se expondrá a continuación. Para justificar lo anterior, procede traer a contexto el aludido numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." (.) Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa (idóneo), dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. También se obtiene del citado numeral que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, es decir, que opera un caso de excepción, en las siguientes hipótesis: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En consonancia con lo anterior, procede señalar que ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para verificar la procedencia de un recurso, debe atenderse a la norma vigente al momento de la emisión del acto que se pretende combatir. Ahora bien, a efecto de demostrar la causa de improcedencia a que se hace referencia, es necesario traer a contexto los artículos 56 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, los cuales disponen: "Artículo 56. Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuanto entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores." (.) Artículo 508. De los decretos y autos del tribunal de segunda instancia puede pedirse la reposición, que se substanciará en la misma forma que la revocación." De los preceptos legales transcritos, se deduce que contra los decretos y autos que hayan sido emitidos por el Tribunal de Alzada, procede el recurso de reposición, a través del cual la determinación controvertida puede ser modificada, revocada o nulificada. Por tanto, si en el caso se reclama una determinación emitida en segunda instancia, en la que desechó un recurso de apelación, dicho auto es impugnable a través del citado recurso de reposición y, por ende, este debe ser agotado antes de acudir a la vía constitucional. Tienen aplicación al caso la tesis VII.1o.C.4 C (10a.), visible en la página 928, noviembre de 2005, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 176643, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN EN MATERIA CIVIL. PROCEDE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA EL AUTO DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 508 del Código de Procedimientos Civiles del Estado establece: "De los decretos y autos del tribunal de segunda instancia puede pedirse la reposición, que se substanciará en la misma forma que la revocación.", precepto del que se advierte claramente su sentido y alcance que, de ningún modo es oscuro o deja dudas con respecto a su contenido, pues de su interpretación literal se observa que la reposición es un medio de impugnación contemplado para autos o decretos emitidos por los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles; por tanto, si la ley es clara al determinar la procedencia de ese medio de impugnación contra el auto que desecha la apelación, no puede hacerse interpretación alguna que sea contraria al precepto legal de referencia. En ese tenor, la resolución que desecha el recurso de apelación no es propiamente una sentencia, sino un auto que resuelve una cuestión de trámite, pues el código adjetivo civil de la entidad en su artículo 56 dispone: "Las resoluciones judiciales son: I. Sentencias, cuando deciden el asunto principal controvertido; II. Autos, cuando entrañan un mandamiento de pago, de entrega, de hacer o de no hacer, cuando deciden sobre personalidad, competencia o cualquiera otra excepción dilatoria, procedencia de demanda, reconvención, compensación, denegación de pruebas y todas las que resuelvan un incidente, y III. Decretos, todas las demás no comprendidas en las anteriores.-Todas las resoluciones serán autorizadas con la firma entera de los Magistrados, Jueces o secretarios que intervengan.", de lo que deriva que la resolución que desecha la apelación no puede considerarse una sentencia, sino un auto; consecuentemente procede la reposición al establecer el citado numeral 508 de manera genérica que puede pedirse contra todos los autos dictados por el tribunal de alzada, incluyéndose el que desecha la apelación." Asimismo, la jurisprudencia 45/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 106, Tomo XXI, Junio 2005, , Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 178152, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN. ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE DESECHA LA APELACIÓN EN UN JUICIO MERCANTIL Y DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación literal del artículo 1334 del Código de Comercio se advierte que procede el recurso de reposición contra cualquier decreto o auto dictado por los tribunales superiores, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia. Ahora bien, si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales, no se puede hacer una interpretación en contrario, por lo que, contra la resolución del tribunal de alzada que desecha o declara inadmisible una apelación en materia mercantil sí procede el recurso de reposición. Ello es así porque el citado numeral establece en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y los decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." De ahí que el recurso de reposición es un medio de impugnación contemplado para autos o decretos emitidos por tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles; y en el presente asunto, el acto reclamado consiste en el acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado por la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, en el que desechó el recurso de apelación interpuesto por el abogado patrono de la parte demandada; por lo que se concluye que contra esa decisión judicial procedía dicho recurso de reposición previsto como medio ordinario de defensa en el artículo 508 Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual resulta idóneo para revocarla, lo cual permite que sea exigible el agotamiento del citado recurso antes de acudir al juicio constitucional. Además, no se advierte que se actualice alguno de los supuestos de excepción señalados anteriormente, ya que la parte quejosa no es extraña al procedimiento, y el acto reclamado: a) No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) No consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, ni un auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, una orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; c) No es un auto de vinculación a proceso. d) La procedencia del recurso o medio de defensa no está sujeto a interpretación adicional pues claramente lo contempla la norma vigente al momento de la emisión del acto reclamado y su fundamento legal es suficiente para determinarla. En tales condiciones, al no haber agotado la parte quejosa, el medio ordinario de defensa existente contra la determinación que señaló como acto reclamado, es patente que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de protección de derechos fundamentales, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Sustenta la presente determinación, la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro 2021644, de rubro y texto: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el señalado en el escrito de demanda de derechos fundamentales. Asimismo, se tienen como autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes que menciona en el escrito de demanda, ya que no acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Asimismo, téngasele al promovente solicitando se autorice para acceder y consultar de manera electrónica el presente juicio de amparo, en el portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con el usuario "********************. Por tanto, de acuerdo a lo peticionado se instruye a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este órgano de control constitucional, para que conforme a los lineamientos recibidos por las instancias administrativas competentes del Consejo de la Judicatura Federal, realice las acciones técnicas necesarias a fin de habilitar al quejoso de mérito con el nombre de usuario "********************, para que pueda acceder y consultar vía internet el juicio de amparo en que se actúa mediante el expediente electrónico, con fundamento en los artículos 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órgano jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.YNJR/kpp*
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