Jesús Englis García Santiago

Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 53 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
356/2018
Año
2018
Actuaciones
53
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Jesús Englis García Santiago

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    MESA 1-B.- Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido y agréguese a sus autos, el telegrama enviado por el secretario de acuerdos del ramo civil, encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, con sede en esa ciudad, mediante el cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que se encuentra pendiente de dar trámite al recurso de apelación interpuesto en la causa penal que se le instruye al quejoso Jesús Englis García Santiago, ante ese juzgado. En atención a lo solicitado, infórmese por la vía telegráfica a la autoridad oficiante, que mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa como asunto concluido; asimismo, hágase de su conocimiento que la parte quejosa no interpuso el recurso a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    MESA 1-B.- Agréguese a los autos el sobre devuelto por la oficina postal de esta ciudad, que contiene el oficio 15519/2020, dirigido a la autoridad responsable Director General de la Policía Especializada en Comitán de Domínguez, Chiapas, por el que se le notifica el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, toda vez que no lo recibieron ya que la denominación actual de dicha autoridad es Comandante Regional de la Policía Especializada, con sede en esa ciudad. En obvio de dilaciones innecesarias, con inserción del citado auto, remítase oficio a la autoridad responsable, con la denominación correcta, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    MESA 1-B Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Encuentra aplicación al caso la jurisprudencia 54/2014 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I, decima época, página 18, con registro electrónico 2007918, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II.- Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 141-159), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa en el presente juicio de amparo en los siguientes términos: ". para los efectos de que la autoridad responsable el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas, realice lo siguiente: a).- Examine si se encuentra satisfecho el requisito de procedibilidad consistente en la querella de parte ofendida, con base en las constancias que obran el a causa penal y exponiendo los razonamientos lógicos y jurídicos. De encontrarse satisfecho el mencionado requisito, realice lo siguiente. 1. Con base en las constancias que obran en autos, analice el elemento consistente en la posesión del bien inmueble en cuestión, inherentes al delito de despojo imputado al aquí quejoso. 2. Analice la agravante del delito de despojo, para ello debe examinar y valorar las pruebas, para determinar si con las mismas se acredita las hipótesis que prevé el artículo 306 del Código Penal del Estado de Chiapas, vigente en la época del delito. 3. Respecto a la probable responsabilidad del incriminado, hoy quejoso, analice minuciosamente el caudal probatorio existente en autos, procediendo en los términos indicados y sin que le sea permisible limitarse a relacionar, citar o transcribir los medios de prueba. 4. Igualmente en ese mismo rubro "la probable responsabilidad", realice un verdadero análisis exhaustivo de todas las pruebas en su integridad, no sólo transcribir las conclusiones, ponderando las circunstancias destacadas, para posteriormente determinar de manera objetiva si las pruebas que obran en la indagatoria, resultan idóneas y suficientes para acreditar que el aquí quejoso, en las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión de ejecución del delito que se le imputa hizo uso un inmueble ajeno, sin el consentimiento. 5. y Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." Inconforme con dicha resolución, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado, interpuso recurso de revisión en contra de dicha resolución (fojas 174-188). Correspondiéndole conocer por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, quien mediante sesión de diecisiete de enero del año en curso, resolvió confirmar la sentencia recurrida (fojas 282-331). Por lo que en auto de treinta y uno de enero de la presente anualidad, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (fojas 332-334). En proveídos de trece, dieciocho, diecinueve, veinticuatro de febrero y cinco de marzo todos de dos mil veinte, previo requerimiento, se tuvieron por recibidos los telegramas y oficio signados por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, Chiapas; Comandante Regional de la Policía Especializada, Zona Fronterizo Sierra y Fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, ambos residentes en Comitán, Chiapas; Subdirector Jurídico de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; informaron sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, la primera autoridad remitió copia certificada de las constancias relativas a su cumplimiento (fojas 343, 347, 354, 364 y 395). Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja 395). En consecuencia, por cuanto el término apuntado feneció sin que realizara la parte quejosa manifestación de inconformidad alguna al respecto, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Del análisis de las constancias remitidas por las autoridades responsables, las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que mediante resolución de veintisiete de febrero del año en curso, el juez responsable, dejó insubsistente y sin ningún valor jurídico la orden de aprehensión librada el tres de octubre de dos mil dieciséis, en contra de Jesús Englis García Santiago, como probable responsable del delito de despojo, cometido en agravio de Artemio Samayoa Gómez, y negó la orden de aprehensión en contra del citado quejoso (fojas 371-394). Por lo tanto, es evidente que las autoridades responsables han cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el incidente de suspensión una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado acuerdo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. 3. Depurar el original del cuaderno de incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, inciso a), del punto Séptimo del Acuerdo en cita, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. 4. Destruir el duplicado del referido incidente de suspensión, de conformidad con la fracción II inciso a) del ordinal Vigésimo del Acuerdo General referido, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y mediante oficio a la parte tercera interesada y a las autoridades responsables.

  4. Incidental

    1-B Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se ordena: 1. Transferir el expediente principal y el incidente de suspensión una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el citado acuerdo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 18 del citado acuerdo. 3. Depurar el original del cuaderno de incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18, inciso a), del punto Séptimo del Acuerdo en cita, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. 4. Destruir el duplicado del referido incidente de suspensión, de conformidad con la fracción II inciso a) del ordinal Vigésimo del Acuerdo General referido, una vez que transcurran seis meses a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del incidente y anotaciones correspondientes en los libros respectivos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido vía electrónica el oficio signado por la secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, mediante el cual solicita diversas constancias en el presente incidente de suspensión. Como lo solicita la autoridad oficiante, remítasele por la vía que solicita, las copias que refiere en el oficio de cuenta, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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