Jesús Emmanuel Ruvalcaba Corona

Expediente 34/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
34/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
11/09/2023

Partes del expediente

  • Jesús Emmanuel Ruvalcaba Corona
  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • Manuela Elva Arana Manríquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Así, en atención al oficio que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, se le tiene informando a este juzgado que mediante acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y el cual quedó registrado como amparo en revisión 358/2023. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Verónica Uranga Luviano, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y toda vez que el presente juicio de amparo está debidamente integrado, remítase de inmediato al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad en turno, a efecto de que se substancie el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, promovido por********************, contra actos de las autoridades, Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua; y, RESULTANDO: Primero. Por escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua residentes en Chihuahua capital, y turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua el mismo día, la parte quejosa de referencia, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, a quien reclamo: "4. ACTO RECLAMADO: reclamamos de la autoridad responsable, la negativa y/u omisión de proporcionar el derecho a la salud, en específico brindar a mi cónyuge el C. ********************, la atención médico debida, toda vez que tiene la calidad de beneficiario reconocido por la citada institución, debido a que es cónyuge de la suscrita derechohabiente. Dado que tiene el riesgo de perder a vida y sufrir una afectación a su salud al no contar con ningún servicio médico es muy grande."(sic) Segundo. El trece de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua admitió a trámite la demanda de tutela constitucional únicamente por cuanto a********************, por su propio derecho, teniendo que fue registrada con el número ********************; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó dar la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita quien no formuló pedimento; finalmente, se citó a las partes a la audiencia constitucional que hoy se celebra. Tercero. Cumplidos los requisitos legales, se inició la audiencia constitucional a las trece horas con cuarenta y cuatro minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Cuarto. Mediante proveído de seis de junio de dos mil veintitrés, en cumplimiento al punto de acuerdo 113/202, relativo al envió de remesa para el auxilio en el dictado de sentencias entre los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, así como atendiendo al contenido del oficio SECNO/STCCNO/584/2023, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se tuvo por recibido vía electrónica por medio de la vinculación respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes el juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente, ordenándose para tal efecto realizar la vinculación de los expedientes a través del referido sistema, así como registrándose como cuaderno auxiliar 34/2023; por lo que, CONSIDERANDO: Primero. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México. Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito, es exclusivamente la de resolver, los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite, seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo 113/2023 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México; además, como se dijo, la presente sentencia se emite en términos del citado oficio, tomando como punto de partida y referencia documental, el expediente electrónico remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; es decir, con las constancias que integran el expediente electrónico. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 107/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." Segundo. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, número 1347, página 1511, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así pues, el examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que la parte quejosa reclama lo siguiente: ( La cancelación y negación de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua de proporcionar atención médica a ********************, quien es esposo de la derechohabiente********************. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la aquí quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Se procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos reclamados, dado el así lo manifestó Pensiones Civiles del Estado, por conducto del Coordinador Jurídico de dicho organismo, al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad refiere que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." Como se observa, el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Luego, las responsables refieren que se actualiza dicha causa de improcedencia dado que la negativa a brindar atención medica fue derivada de la baja de ********************, del servicio médico que otorga dicha institución, con motivo de la resolución dictada en el Juicio de Acción Colectiva ********************y sus acumulados ******************** y ********************, promovido por los ahora quejosos, entre otros, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en la ciudad de Chihuahua. No obstante lo anterior, tal argumentación debe desestimarse, toda vez que la materia de la Litis en la acción colectiva fue el otorgamiento del servicio médico para los cónyuges o concubinarios de los titulares afiliados, mientras que en el presente asunto lo es la negativa por parte de las responsables de brindar atención médica a ********************, quien es cónyuge de la derechohabiente********************. Asimismo, la autoridad responsable aduce que no puede ser considerada como autoridad responsable, toda vez que al ser prestadora de un servicio médico asistencial a sus derechohabientes, actúa dentro de un plano de coordinación, al hacerlo como mero ente asegurador, por tanto, no le resulta el carácter de responsable No le asiste la razón a la responsable, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 341/2015, expresó que la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo, que define el numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la misma Sala, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto, determinó que el juicio de amparo, en relación con el derecho de petición, es procedente cuando se pone en evidencia que el funcionario o servidor público obligado a contestar una solicitud, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responder la petición, pues esto supone una violación al derecho establecido en el artículo 8° de la Carta Magna, lo que hace necesario acudir directamente al juicio de amparo indirecto, sin que medie la jurisdicción ordinaria, a fin de obtener la protección efectiva del derecho humano involucrado. En consecuencia, expresó que considerando que el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con la legislación que lo rige, está facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios; estimó que cuando se atribuye al citado instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. En tal virtud, resultan incorrectos los argumentos que exponen las autoridades responsables, pues precisamente el acto reclamado consiste en la negativa de proporcionar atención medica al quejoso ********************, quien es cónyuge de la derechohabiente********************, acto contra el cual, se determinó la procedencia del juicio de amparo, por la necesidad de garantizar la protección efectiva del derecho humano trasgredido. De ahí que, al no ser coincidentes la Litis en ambos procedimientos, es infundada la causa de improcedencia invocada. Luego, no habiendo hecho valer las partes diversas causales de improcedencia, ni advirtiéndose de oficio la actualización de alguna otra, se procede al estudio de los conceptos de violación. Los motivos de agravio son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue hacerlo, de manera que deviene innecesaria su transcripción . Sexto. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones. La parte agraviada, en esencia señala que las autoridades responsables vulneran sus derechos fundamentales, toda vez de que le negaron a ********************, el servicio médico que otorga el Instituto de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Lo anterior, sin tomar en consideración que aquél, es esposo de********************, quien tiene número de afiliación ********************, toda vez de que es empleada del Gobierno del Estado de Chihuahua y, como consecuencia, tiene el carácter de derechohabiente. Motivo por el cual, los agraviados señalan que, tal negativa de las autoridades responsables, transgreden el derecho fundamental de acceso a la salud, que consagra el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es infundado, ya que debe señalarse que, si bien con motivo de la medida cautelar derivada de la Acción Colectiva ********************y sus acumulados ******************** y ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, se proveyó que se le otorgara el servicio médico por parte de las responsables. No obstante, al resolver dicha acción colectiva el promovente causó baja del servicio médico que le otorgara dicha institución al no acreditar el vínculo de cónyuge con la beneficiara, ni esta última su afiliación a dicha dependencia, según las pruebas aportadas en dicho sumario, pues únicamente exhibió una copia simple, lo que se estimó insuficiente. Así también, la parte quejosa al presente procedimiento exhibió el acta de matrimonio entre ambos, recibo de pensión de********************, quien tiene número de afiliación ********************, así como, diversos estudios realizados a ********************, expedidos por la propia autoridad responsable, en la cual se advierte que se encontraba afiliado a la institución de salud con el número ********************/2. Por otra parte, en el informe justificado, las autoridades responsables señalaron que la atención médica que recibió el ahora quejoso, le fue otorgada con motivo de la acción colectiva indicada, tramitada en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, en la cual, la parte quejosa no exhibió alguna constancia que acreditara su vínculo de cónyuge con la beneficiara del servicio médico, por lo cual, no resultó beneficiado con motivo del citado procedimiento y por ende, causó baja de la afiliación temporal generada de manera extraordinaria por el citado motivo. Luego, como se indicó en párrafos que antecede, se estima infundado el agravio de la parte quejosa, pues, a pesar de que señalan que se vulneró su derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4°, párrafo cuatro, Constitucional, con la negativa de las autoridades responsables de otorgar la atención médica; para arribar a tal conclusión, el análisis debe hacerse con base en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la propia Ley suprema y no con el precepto constitucional antes citado, porque la negativa es consecuencia, según dijo la parte quejosa, de que las autoridades responsables desconocieron que la quejosa es derechohabiente como asegurada de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al ser empleada del Gobierno del Estado y por ende, su cónyuge es beneficiario de la misma. Así, en principio, es necesario destacar lo que establece el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), que refiere lo siguiente: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [.] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley." Precepto constitucional, que establece las prerrogativas en materia de seguridad social de los trabajadores y sus familiares. La razón de ese precepto constitucional subyace en la interpretación auténtica del legislador, en la exposición de motivos de siete de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, que dio origen al actual dispositivo, y en lo que interesa, establece lo siguiente: ".La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren, en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, corno (sic) los de sus familiares: jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el trabajo escalafón para los ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, así profesionales como no profesionales, jubilación, protección en caso de invalidez, vejez y muerte, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, así corno las medidas protectoras indispensables para las mujeres durante el periodo de la gestación, en el alumbramiento y durante la lactancia.". "[.] el trabajo no constituye una simple mercancía sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre, y que la adición que propone el texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y consagra las bases mínimas de protección social que aseguraba en lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar personal, como los de su familia. [.] Esta adición al 123 consagra las bases mínimas de protección a los trabajadores que en esta forma aseguran su tranquilidad personal y el bienestar que sus familiares disfrutan; del señalamiento de jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos, vacaciones, escalafón para ascensos, derecho de asociación, derecho de huelga, protección en caso de accidentes y enfermedades, medicinas, hospitalización, jubilación, seguro de vejez, centros vacacionales y de recuperación, habitaciones baratas en arrendamiento o en venta, seguro de maternidad, centros de capacitación profesional y administrativa, campos deportivos, almacenes y tiendas para obtener víveres baratos. En esta forma se satisface plenamente al individuo que entrega su vida al Estado y se penetra en su hogar, protegiendo a su familia. Cabe recordar la expresión del señor Presidente "... el trabajo no es una simple mercancía; sino que forma parte esencial de la dignidad del hombre..." [.] Este concepto es la base sobre la cual se apoya la construcción social de la Revolución Mexicana, que siempre tiende a elevar el nivel de vida de todos los mexicanos, ya que el trabajo es el único medio honorable de que disponemos para cuidar de nuestra propia vida y de los seres dependen de nosotros. (dictamen/revisora, 23 de diciembre de 1959)." De la lectura del precepto constitucional preinserto y del proceso legislativo del cual derivó, se advierte lo siguiente: a) Que en él se instituyeron las bases mínimas de previsión social que aseguran en lo posible, la tranquilidad y bienestar personal de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares. b) Se elevaron a rango constitucional las disposiciones orientadas a procurar el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y sus familiares y adoptar bases mínimas de seguridad social con igual propósito. c) El objetivo que persigue es elevar el nivel de vida tanto de los trabajadores al servicio del Estado como de las personas que dependan económicamente de ellos (familiares). De acuerdo con lo anterior, el Estado tiene la obligación de otorgar seguridad social de toda persona, sobre todo, de la familia cuando se trata de cónyuges, hijos y de las personas que están a cargo. Esto es así, porque, la seguridad social es el derecho que tienen las personas de recibir prestaciones como: pensiones por invalidez, enfermedad, viudez, atención médica por maternidad, enfermedad o gastos excesivos en relación a la salud (como compra de medicamentos). Esa prerrogativa tiene como finalidad proteger a las personas en su vida productiva y a las que dependan económicamente de ellas, en particular para los cónyuges, hijos y los familiares a cargo, en el entendido de que éstos no cuentan con los ingresos procedentes del trabajo. Entonces, de la interpretación literal del numeral analizado, se desprende que la asistencia médica que se les otorgue a los familiares del trabajador asegurado, se proporcionará únicamente a los sujetos que se establezcan en la propia norma. Por ello, en el caso, también es menester referir los artículos 25, fracción II, 26, 27 y 28, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, que establecen lo siguiente: "Articulo 25.- Son beneficiarios de los asegurados para efectos de la prestación de los Servicios Médicos: (.) II.- El cónyuge, cuando sufra incapacidad total permanente y no esté recibiendo indemnización por ello, o sea mayor de 55 años de edad y no perciba cuando menos el salario mínimo general, fijado para la zona económica en que resida; (.)". "Articulo 26.- Para que los trabajadores y sus beneficiarios tengan derecho a los servicios establecidos en este Reglamento, deberán afiliarse previamente a Servicios Médicos Estatales en la localidad donde desempeñen sus labores, presentando para tal efecto, solicitud por escrito, con su firma, en que se contengan los siguientes datos: a) Nombre completo; b) Sexo; c) Lugar y fecha de nacimiento; d) Domicilio; e) Generales de sus beneficiarios y las circunstancias por las cuáles deben gozar de tal carácter". "Artículo 27.- A la solicitud de afiliación deberán acompañarse los documentos idóneos para acreditar los datos a que se refiere el precepto anterior y las circunstancias a que se refiere el artículo 25 de este Reglamento". "Articulo 28.- Recibida la solicitud y documentos comprobatorios requeridos, Servicios Médicos Estatales asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirse éstos". De las anteriores disposiciones, de manera general se desprende lo siguiente: a) El cónyuge o concubino varón es beneficiario para la prestación de servicios médicos del cónyuge mujer asegurada. b) Para que los beneficiarios tengan derecho a los servicios médicos, deben afiliarse previamente a los Servicios Médicos Estatales, presentando su solicitud por escrito, con los datos enumerados en el artículo 26. c) A la solicitud deberá acompañarse los documentos idóneos para acreditar los requisitos establecidos en el artículo 25. d) Recibida la solicitud y documentos, Servicios Médicos Estatales le asignará número de registro y la unidad de servicios en que deberán recibirlos, de lo que se desprende que, tal afiliación ocurrirá cuando Servicios Médicos Estatales determine la procedencia de la afiliación del beneficiario. Por otra parte, también debe destacarse lo que dispone el artículo 27, fracción II, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, que es del tenor siguiente: "Artículo 27. Al Departamento de Afiliación y Vigencia le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: (.) II.- Atender y determinar, de acuerdo con la normatividad aplicable, la procedencia de las solicitudes de afiliación que presenten los asegurados y sus derechohabientes; (.)". Del citado precepto, se desprende que corresponde al Jefe de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, determinar la procedencia de la afiliación de los beneficiarios o derechohabientes de los asegurados. Es decir, de lo expuesto, si bien, ********************, está contemplado como beneficiario de su cónyuge, para la prestación de los servicios médicos a cargo de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua; sin embargo, para que reciba esa prestación, debe solicitar por escrito ante el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia del citado instituto, con la documentación requerida, la afiliación correspondiente y será esa autoridad quien determine si procede o no, lo anterior, en términos de los artículos 25, fracción II, 26, 27 y 28, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua y 27, fracción II, del Estatuto Orgánico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Por tanto, no basta con que el citado Reglamento contemple al esposo de la quejosa, como beneficiario de la prestación de servicios médicos, sino también, éste debe solicitar su afiliación con la documentación correspondiente, para que el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, determine si tiene esa calidad y, por ende, lo afilie, le asigne su registro y la unidad de servicios donde recibirá la atención médica. De esta manera, si en el juicio de amparo la parte quejosa sólo exhibió el acta de matrimonio entre ambos, recibo de pensión de********************, quien tiene número de afiliación ********************, así como, diversas recetas y estudios realizados a ********************, de lo cual se permite concluir que éste sí tiene el carácter de beneficiario de la quejosa; empero, no presentó documento alguno, en el que aparezca que********************, ya solicitó la afiliación de su cónyuge y que fue procedente, para que tenga derecho a la prestación de los servicios médicos. Asimismo, del artículo 1°, del Manual del Procedimientos de Estudios Socioeconómicos para la Afiliación de Beneficiarios, se advierte que pueden ser beneficiarios de un asegurado, entre otros, el cónyuge, para efectos de la prestación del servicio médico asistencial, siempre que aquél se apersone ante el Departamento de Afiliación y Vigencia para llenar y entregar el formato de solicitud que al efecto le proporcione alguno de los trabajadores sociales adscrito a esa área. En consecuencia, la omisión de las autoridades responsables de otorgar la atención médica al cónyuge de la beneficiaria derechohabiente, está justificada, porque ésta no ha realizado el procedimiento administrativo de afiliación de su esposo, o cuando menos no lo acredito en la presente controversia constitucional, ya que la prestación de los servicios médicos está supeditado a que el Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia, determine la procedencia de la afiliación mediante el análisis de la documentación, a la que la asegurada está obligada a exhibir para ese trámite, lo anterior, conforme los artículos 25, fracción II, 26, 27 y 28, del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. Por consiguiente, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer, y al no advertir motivo para suplir la deficiencia de la queja, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Finalmente, debe precisarse que la cita de las jurisprudencias llevada a cabo, se realizó con sustento en los artículos transitorios sexto y décimo de la Ley de Amparo, este último en relación al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en vigor al día siguiente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 217 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra los actos y autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando de éste fallo. Notifíquese a las partes en los términos de Ley por conducto del Juzgado de origen.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponden. Así, en atención a los escritos presentados por Juan Tapia Alfaro, autorizado por la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene solicitando se declare ejecutoriada la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por las razones que expone en sus escritos de cuenta. Al respecto, dígasele que no es favorable acordar a su petición, toda vez que mediante proveído de nueve de junio del presente año, se tuvo al Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda, en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, interponiendo recurso de revisión contra la referida sentencia en el presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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