Jesús Emeterio Chong Soto
Expediente 55/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jesús Emeterio Chong Soto
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. QUEDA FIRME AUTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. REMISIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, devuélvanse al Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, el tomo de pruebas documentales relativas a los autos originales del expediente 800/2016 de su índice; toda vez que la retención de dicho expediente es innecesaria en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente auto. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE ACEPTA COMPETENCIA Vista la certificación que antecede, téngase por recibido el oficio 44/2018, procedente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo 421/2017, promovido por JESÚS EMETERIO CHONG SOTO, de conformidad con la ejecutoria dictada en sesión pública ordinaria de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, que se remite en copia autorizada; en la que dicho órgano colegiado determina que en contra del acto que se reclama no procede el amparo directo, al tratarse de una resolución dictada fuera de un juicio y en etapa de ejecución, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; para lo cual, remite demanda de amparo y anexos descritos en la certificación que antecede. Por tanto, por razón de turno este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por JESÚS EMETERIO CHONG SOTO. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se ordena formar el expediente respectivo y realizar su registro en el Libro Uno de Juzgado, con el número de expediente 55/2018-2A. Por lo que respecta al legajo del expediente 800/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, para su mejor manejo y cuidado de los autos, que se identificará como Tomo I de pruebas. DESECHAMIENTO Ahora bien, del estudio integral de la demanda, se advierte que la misma debe desecharse de plano, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, dado que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV, ambos de la Ley de Amparo, numerales que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Dicho lo anterior, es preciso establece que el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, es claro al establecer que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Así lo estimó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J./32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 31, correspondiente a la Novena Época, con número de registro 190035, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Lo anterior es así, porque el mencionado párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución; esto es, el legislador de amparo pretende evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan intentar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo al impugnar la última resolución dictada, puede hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se le hubieren cometido. Entonces en el caso concreto, si el promovente de amparo reclama la la sentencia de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de la ciudad de Mexicali, Baja California, dentro del juicio vía de apremio ejecución de convenio número 800/2016, en la que se declaró vencido en forma anticipada el plazo del crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, otorgado mediante escritura pública número 6,259, del volumen ochenta y nueve, de veintinueve de agosto de dos mil, pasado ante la fe del Notario Público número trece de esta ciudad y convenio de reconocimiento de adeudo de tres de diciembre de dos mil doce. En la que además, condenó al demandado, aquí quejoso al pago de 140.0322 (ciento cuarenta punto cero tres veintidós) veces el salario mínimo mensual por concepto de suerte principal al mes de septiembre de dos mil dieciséis, equivalente a $310,928.89 pesos moneda nacional (trescientos diez mil novecientos veintiocho pesos 89/100 moneda nacional). En mérito de lo resuelto, se tuvo al quejoso dando expresamente en pago el inmueble identificado como lote 16, de la manzana 05, del fraccionamiento Gran Hacienda de esta ciudad, con superficie de 130.340 metros cuadrados, objeto de compraventa establecido en el contrato base de la acción, debiéndose fijar el precio del mismo mediante un solo dictamen pericial que nombrará el actor en los términos de la cláusula décima octava del convenio. En ese entendido, se advierte que el acto reclamado no constituye la última resolución que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total del convenio de reconocimiento de deuda y forma de pago celebrado por las partes o declare la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, no ordena el archivo definitivo del expediente, al tratarse de la sentencia definitiva dictada dentro del juicio 800/2016, en vía de ejecución forzosa, por el Juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, relativa al convenio de tres de diciembre de dos mil doce, celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, por conducto de su apoderada legal y el quejoso Jesús Emeterio Chong Soto, ante el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Baja California, dentro del folio 2956/2012, expediente número C-949/2012, como si se tratare de sentencia ejecutoriada y con la categoría de cosa juzgada, visible a fojas trece a dieciocho del expediente de origen. Es inconcuso que el acto de reclamo no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del convenio o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del convenio que nos ocupa. Tampoco se advierte que afecte un derecho sustantivo de la demandada, aquí parte quejosa. Ahora, es menester precisar que de acuerdo con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos que tienen ejecución de imposible reparación respecto de los cuales procede el juicio de amparo indirecto son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente; sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que dicho concepto de irreparabilidad puede analizarse, en la etapa de ejecución y otorgarle procedencia de manera excepcional al juicio de amparo biinstancial, cuando dicho acto afecte derechos sustantivos. Apoya el anterior criterio, la jurisprudencia P./J. 108/2010 que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, tomo XXXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, cuyo rubro y contenido dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Situación que no ocurre en la especie, ya que la resolución reclamada en el presente asunto fue dictada en vía de apremio de ejecución de convenio y de la misma no se advierte que dicha resolución afecte derechos sustantivos; de ahí que el acto reclamado no le otorga procedencia a la presente instancia; pues si bien se trata de un acto de tribunal judicial fuera de juicio y en etapa de ejecución, no constituye, como se ha analizado, la última resolución. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis XXVII.3o.90 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable a foja 1680, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011255, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL DE SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE LA ADJUDICACIÓN DE UN INMUEBLE OBJETO DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA. Por regla general para la procedencia del juicio de amparo contra actos después de concluido el juicio debe tomarse en cuenta si la resolución es dictada: a) fuera o después de un procedimiento de ejecución o remate; b) en un procedimiento de ejecución, sólo procede contra aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; c) en un procedimiento de remate, sólo procede contra aquella que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; lo anterior, en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, el citado numeral, en su fracción V establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuando afectan materialmente derechos sustantivos, por lo que se considera que dicha regla de procedencia opera en el procedimiento de ejecución tratándose de actos de imposible reparación ajenos a la cosa juzgada, lo que implica que deben ser autónomos a ésta. En este sentido, el acto que se reclame como de imposible reparación en el procedimiento de ejecución deberá cumplir con las siguientes características: i) Ser intermedio dentro del procedimiento de ejecución; ii) Ser autónomo a la institución de la cosa juzgada; y, iii) Lesionar derechos sustantivos. Estos supuestos tienen como sustento teleológico, que el legislador privilegió en todo momento la ejecución de la sentencia por tratarse de una cuestión de interés general, en tanto que como cosa juzgada debe llevar aparejada su realización fáctica a favor de la parte vencedora del litigio, como vertiente del derecho fundamental de acceso a la justicia, además de que concreta la acción jurisdiccional del Estado, como parte de sus fines y, por ende, de la sociedad en general. Empero, no debe pasar inadvertido que este derecho constitucional puede ser lesionado dentro del procedimiento de ejecución, mediante un acto de imposible reparación, lo que conllevaría la procedencia del amparo indirecto, como en el caso en que se reclama el acuerdo por el que no se provee de conformidad la solicitud de adjudicación directa del inmueble objeto de la ejecución de sentencia, con motivo del incumplimiento de un requisito procesal, porque debe atenderse a que la finalidad de dicha solicitud es agilizar la etapa ejecutiva de la sentencia y no obstaculizarla, por lo que es de carácter autónomo por no derivar de la cosa juzgada y podría lesionar el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales, en tanto que su objeto es analizar si es correcto o no que exista un obstáculo legal que impida la culminación del procedimiento de ejecución." Debe hacerse hincapié, la naturaleza jurídica del acto reclamado por la parte quejosa tiene como fin dar cumplimiento al convenio elevado a cosa juzgada; por ende, el acto aquí reclamado no es más que una consecuencia directa e inmediata de convenio celebrado entre las partes ante Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California, por lo que también está vinculada con actuaciones tendentes a lograr su ejecución en la vía de apremio ejecución y por tanto, no es ajena a la cosa juzgada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere para ello, con excepción de Stephanie Jaqueline Rubio Moreno, a quien únicamente se le autoriza en términos de la segunda parte, del párrafo segundo del numeral en cita, toda vez que al realizar una minuciosa búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no se encontró registro de cédula a su nombre. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe. SSA La suscrita Secretaria, Diana Reyes Amaya, hago constar, que en esta fecha, se realizó el registro ordenado en el auto que antecede en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo. Conste. ________________________________________ Sello y firma Oficial Administrativo que auxilió en el registro. La suscrita Secretaria, Diana Reyes Amaya, hago constar, que en esta fecha, se realizó la captura ordenada en el auto que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. _____________________________ Sello y firma Analista Jurídico del SISE La suscrita Secretaria Diana Reyes Amaya, HAGO CONSTAR, que en esta fecha, la determinación judicial que antecede, se incorporó al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la vigente Ley de Amparo. Doy fe.
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