Jesús Emanuel Hernández Centeno

Expediente 530/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
530/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
17/12/2020

Partes del expediente

  • Jesús Emanuel Hernández Centeno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada en autos por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara que dicha sentencia, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya trascurrió el término a la totalidad de las partes para la interposición del recurso de revisión; en atención a que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; de ahí que la resolución no les irroga prejuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) y artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción y el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se sobreseyó en el presente juicio y en el incidental se concedió la suspensión provisional, debiendo conservarse en los incidentes las resoluciones de su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, incisos a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el cuaderno de mención.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 530/2020-VI; promovido por xxxxxxx; y, Resultando Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, Jesús Emanuel Hernández Centeno demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra actos del Juez de Control y Oralidad Penal de la Tercera Región con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: orden de presentación y/o aprehensión, girada en su contra, así como su ejecución, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, y 16 Constitucionales. Segundo. Trámite del juicio. Por auto de quince de octubre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda de amparo con el número 530/2020-VI, la admitió a trámite; solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues los actos reclamados pueden tener ejecución en esta ciudad de Celaya; de tal manera que es competente este órgano jurisdiccional ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo con el análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como acto reclamado: orden de presentación y/o aprehensión, librada en contra de Jesús Emanuel Hernández Centeno y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las siguientes autoridades responsables, en su denominación correcta: Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato; Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede y base Salvatierra; Juez de Control de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, actuando en la base Cortázar; Juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Apaseo el Grande; Juez de Control de la sede de Salvatierra del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la base de Santa Cruz de Juventino Rosas; Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la base Moroleón; Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro actuando en la base Uriangato; Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en Acámbaro, y, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios I, II, III, IV y V de la Fiscalía Regional "C" de Celaya, Dichas autoridades al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se le atribuye. En consecuencia, como la negativa informada por la responsable no fue desvirtuada por el quejoso, ni de autos se advierte la existencia de la orden de aprehensión y/o presentación que se les atribuye; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Al no oponerse a la actual legislación, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por xxxxxx, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando segundo de este fallo y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    Inexistencia autoridades. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto a la imposibilidad que se tuvo para emplazar a las autoridades responsables que señaló en su escrito de demanda como: ""JEFE DE GRUPO DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS DE LA REGIÓN "C" EN CELAYA, GUANAJUATO"; "JEFE DE GRUPO DE LA POLICÍA MINISTERIAL ENCARGADO DE LA CUMPLIMENTACIÓN DE MANDAMIENTOS JUDICIALES, ÓRDENES DE COMPARECENCIA Y APREHENSIÓN DE CELAYA, GUANAJUATO" y "AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE HOMICIDIOS, EN SALVATIERRA, GUANAJUATO". Sin que lo haya hecho; por tanto, se hacen efectivos los apercibimientos contenidos en autos de diecinueve y veintidós de octubre del año en curso, se declaran como inexistente esas autoridades y se suspende toda comunicación. Diferimiento audiencia constitucional. En ese orden, del estado procesal de autos de los que se advierte que se encuentra transcurriendo la vista concedida a las partes en proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, respecto del informe justificado rendido por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Región "C" de Celaya, el cual se notificó por lista publicada el seis del mismo mes y año, por lo que a efecto de que se impongan de su contenido, ello con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las catorce horas con treinta y siete minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para su celebración. Sirve de apoyo la Jurisprudencia por contradicción de tesis número 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, materia común, página 5, que es del rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".

  4. Incidental

    Vistos los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 530/2020-VI, promovido por xxxxxxx; y, Resultando: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito acordado quince de octubre de dos mil veinte, xxxxxxx demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Juez de Control y Oralidad Penal de la Tercera Región con residencia en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: orden de presentación y/o aprehensión, girada en su contra, así como su ejecución, por estimarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales. Segundo. Trámite de la demanda e incidencia. Admitida la demanda, se ordenó formar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión; se concedió a la quejosa la suspensión provisional solicitada; se pidió a las autoridades responsables sus informes previos, los cuales se recabaron, y finalmente la audiencia incidental se llevó a cabo en los términos del acta precedente. Considerando. Primero. Precisión de los actos reclamados. Con apego en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: orden de presentación y/o aprehensión, librada en contra de Jesús Emanuel Hernández Centeno y su ejecución. Segundo. Negativa de actos. Las siguientes autoridades responsables: Jueza de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado, con sede en Celaya, Guanajuato; Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región en el Estado, sede y base Salvatierra; Juez de Control de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Salvatierra, actuando en la base Cortázar; juez de Control en materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Apaseo el Grande; Juez de Control de la sede de Salvatierra del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del estado de Guanajuato, actuando en la base de Santa Cruz de Juventino Rosas; Juez de Control Oral en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro, actuando en la base Moroleón; Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Acámbaro actuando en la base Uriangato; Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato con sede en Acámbaro, y, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios I, II, III, IV y V de la Fiscalía Regional "C" de Celaya, Todos negaron la existencia de los actos que les atribuye el quejoso. Por tanto, si la parte peticionaria de la tutela federal no ofreció prueba para desvirtuar la negativa de las autoridades de que se trata, es procedente aceptarla en sus términos, pues en el sumario no existe elemento de convicción idóneo que demuestre lo contrario; en consecuencia, se niega la suspensión definitiva, por falta de materia sobre la cual decretarla. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva al quejoso xxxxxxx, respecto de los actos y autoridades precisados en esta resolución.

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